Actualidad
La justicia pidió 15 años de cárcel para el “Rey de la Efedrina”
Mario Segovia, junto a otros cuatro acusados, está señalado por la justicia como parte de una asociación ilícita y de ofrecer armas y explosivos a narcocriminales de la ciudad de Rosario.
En ese sentido, la fiscalía solicitó una pena de quince años de prisión y el pago de una multa de $50 millones pidieron contra el “Rey de la Efedrina” ya que para la justicia está probado que dirigía desde la cárcel de Ezeiza dicha asociación.
El titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, pidió en la tarde del miércoles al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata que condene al traficante internacional de precursores químicos, de 50 años, por la importación de partes de armas de gran poder de fuego y de explosivos, que tras su ensamble eran ofertados a bandas narcocriminales que operan en Rosario.
En la misma jornada, Iglesias solicitó también la imposición de pena a otros cuatro acusados: 10 años de prisión y una multa de $50 millones para el ex policía de la provincia de Santa Fe, Hernán Jesús Segovia, hermano de “el Rey de la Efedrina”.
También 10 años de cárcel y una multa de $30 millones para Gonzalo Rodrigo Ortega, cuñado de Mario. Cinco años y 6 meses de prisión, junto con una multa de $20 millones para Matías Segovia, hijo del principal acusado.
Por último, cinco años de prisión y multa de $10 millones para Ezequiel Hernán Bergara, a quien el fiscal acusó de colaborar con el clan familiar desde un lugar de menor responsabilidad.
La acusación del Ministerio Público Fiscal para los cinco imputados fue por ser autores del delito de asociación ilícita, Mario Segovia como líder y el resto como miembros. Además, se los acusa de ser coautores de contrabando de importación de un fusil semiautomático, sin marca ni numeración, calibre 5,56 milímetros del tipo m4; tenencia de armas de fuego y materiales explosivos; como también la fabricación ilegal de armas de fuego de manera habitual.
Al “el Rey de la Efedrina” y a su hijo se les sumó la acusación como autor y coautor, respectivamente, del delito de acceso sin autorización a correos electrónicos de una agencia estatal. Este delito informático constituyó la base de las actividades de la organización a través del hackeo de las cuentas de correo electrónico de dos docentes de la provincia de Formosa, lo que les permitió relacionarse con empresas extranjeras que comercializan armas y explosivos.
“De acuerdo con la acusación formulada, la asociación ilícita funcionó al menos entre septiembre de 2016 y julio de 2021, cuando se realizaron los allanamientos que derivaron en la detención de los cuatro integrantes que operaban en libertad bajo las órdenes emitidas intramuros por Mario Segovia, quien cumple una pena a 17 años y 6 meses de prisión, la cual vence en mayo del año que viene, por tráfico internacional de efedrina y psedoefedrina”, expone el escrito del MPF.
Investigación
La fiscalía indicó que en septiembre de 2016 las autoridades paraguayas detectaron en el Aeropuerto de Luque una encomienda que provenía de Canadá y que contenía dispositivos para la fabricación de explosivos ocultos en un sobre, una carpeta y un libro.
Iglesias sumó que la investigación, que se llevó a cabo tanto en Paraguay como en Argentina, determinó que “el remitente de la encomienda era la empresa canadiense Securesearch INC y que la compra había sido realizada a través del uso de dos casillas de correo electrónico del dominio @formosa.gov.ar, que pertenecían a dos docentes de esa provincia”.
El plan, de acuerdo a lo descubierto, “era que el destinatario del paquete en Paraguay se lo diera a una azafata de una empresa de colectivos, quien lo ingresaría a nuestro país y se lo entregaría a uno de los visitantes frecuentes de Mario Segovia en el penal de Ezeiza”.
Al detectar que Segovia lideraba todo desde la cárcel, se decidió que la investigación se centren en quiénes utilizaban los correos electrónicos. Con la colaboración del gobierno de Formosa, se verificaron las IP desde donde se conectaba la banda, por lo que la Policía Federal intervino los correos con una «cuenta espejo».
El fiscal añadió que, sin embargo, una IP llamó la atención por su localización en una estación de servicio Shell de Rosario, donde funcionaba un cibercafé. Los investigadores pudieron hacer el seguimiento de Matías Segovia, a quien fotografiaron operando computadoras de alquiler a la misma hora en que las cuentas de correo investigadas tenían movimientos.
Luego de toda la información obtenida de la investigación, se permitió dar el alerta aduanero respecto de varios sospechosos, para que las autoridades avisaran a los investigadores cuando detectara encomiendas a su nombre.
Tras lograr obtener información de que se intentaron realizar otros envíos, se llevaron a cabo operativos y así se logró la detención de todos los miembros de la banda, quienes llegaron a juicio el año pasado.
Córdoba
Passerini: “Queremos una Argentina de iguales, donde tengamos los mismos derechos y las mismas responsabilidades”
En la previa de la visita Papal a Córdoba, el intendente se refirió a los recortes a la salud y el transporte del interior.
El intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, junto a más de ochenta representantes de ciudades de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Chaco, Santa Cruz y Neuquén, llevaron al Congreso este miércoles un nuevo reclamo por una mejor distribución de los recursos nacionales. En esta oportunidad, el planteo estuvo centrado en los recortes al Plan Remediar y a los subsidios al transporte público.
“Cada decisión del Gobierno nacional se transforma en un atropello para nuestra gente y nuestras ciudades y, sobre todo, para algo sagrado: el federalismo y la autonomía de los municipios”, definió Passerini en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, presidida por Carolina Basualdo.

“El botiquín Remediar fue un paliativo al principio y se transformó en una solución permanente. Ese derecho adquirido fue mutilado, bajándolo de 128 a 6 productos. Nos dejaron la aspirina”, resaltó Passerini al recordar los orígenes de esa política pública, nacida de la crisis de 2001 y que el Gobierno nacional redujo drásticamente.
Respecto al tratamiento discriminatorio que reciben las ciudades y provincias, Passerini fue categórico: “Queremos una Argentina de iguales, donde tengamos los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Nos sumemos para empezar a torcer estas pésimas decisiones que están perjudicando a la enorme mayoría de los argentinos”.
Passerini advirtió sobre las consecuencias sanitarias de estas políticas: “Los amantes de los números que toman estas decisiones le complican y, a veces, les terminan la vida a la gente”. En Córdoba, la participación del programa nacional Remediar en la provisión gratuita de medicamentos cayó del 65,3% al 25,7%; representa una reducción de 2,5 veces entre 2025 y 2026.
Además, se produjo una reducción drástica del vademécum nacional, que pasó de 128 a solo 6 principios activos, lo que representa una disminución del 95,3% en la variedad de medicamentos gratuitos contemplados, que ahora están concentrados exclusivamente en la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares.

Esta reducción de más de 21 veces del vademécum nacional prioriza únicamente los principios activos relacionados con la hipertensión. De esta manera, se delega en las provincias y los municipios la responsabilidad de entregar medicamentos para tratar la diabetes, el asma, el hipotiroidismo, la anemia, las infecciones, la analgesia y cuestiones vinculadas a la salud sexual y reproductiva.
Para seguir cuidando a los vecinos sin obra social, la Municipalidad de Córdoba cubre con recursos propios el faltante de medicamentos, especialmente en un contexto de alta demanda del servicio público de salud, que acumula un incremento del 29% desde 2024. Una situación similar repercute en la economía de otras ciudades del interior del país, que también deben sostener los servicios públicos municipales para sus vecinos ante el creciente recorte de fondos nacionales.
“Señores funcionarios nacionales, dejen los pasaportes, vengan al interior, recorran, escuchen, comprendan la realidad y verán que lo que decimos es cierto. Jamás nos rendiremos, porque al mirar a nuestros vecinos, a nuestros costados tenemos la gente que espera que seamos dignos representantes y lo vamos a hacer”, cerró el intendente de Córdoba Capital, citando el documento presentado en conjunto por todos los intendentes presentes.
Intendentes del interior
Durante su intervención, Passerini leyó el documento titulado “Un país desigual es un país injusto”, suscripto por los mandatarios del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), en el que expresaron su preocupación por el “abandono del interior argentino” por parte del Gobierno nacional, a través de políticas claramente “discriminatorias”.
“En lo que va del año, la Nación destinó aproximadamente 460 millones de dólares al AMBA en concepto de compensación tarifaria. Si excluimos lo que todas las jurisdicciones (incluido el AMBA) recibimos por SUBE, el interior argentino recibe CERO PESOS”, remarcaron.
“No tenemos más desgracias porque las provincias y los municipios del país nos hacemos cargo, no porque tengamos los recursos; al contrario, esto afecta tremendamente nuestros presupuestos y tenemos nuestras cajas al límite, lo que impide la correcta prestación de otros servicios que sí son nuestra responsabilidad”, señalaron los intendentes respecto al recorte del Plan Remediar.

De manera virtual y presencial también se expresaron otros intendentes, jefes comunales y representantes de distintas localidades del país: Pablo Javkin (Rosario, Santa Fe); Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán, Tucumán); Pablo Corsalini (Pérez, Santa Fe); Rosario Romero (Paraná, Entre Ríos); Juan Manuel García (Machagai, Chaco); Isa Castagnino (Victoria, Entre Ríos); Emiliano Paredes (Tanti, Córdoba); Claudia Alejandra Godoy (San Marcos Sud, Córdoba); Silvio Miguel Sotero (San Bernardo, Chaco); Alejandro Santiago Arenas Diez (Capilla del Monte, Córdoba); Francisco Iser (General Roca, Córdoba); Franco Villar (La Playosa, Córdoba); y Juan Pablo Vazzia (Idiazábal, Córdoba).
También participaron de la reunión Sander Pío Oscar (Juan José Castelli, Chaco); Maricel Fernanda Sánchez (Charbonier, Córdoba); Guillermo Melero (Sarmiento, Córdoba); y Pablo Grasso (Río Gallegos, Santa Cruz); y se sumaron representantes de organismos provinciales y municipales del resto del país.
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