Sociedad
Simuló ser el hijo de una jubilada y tener Covid para robarle pero lo atraparon
«Mamá, escuchame, tengo Covid», la maniobra del joven que intentó estafar a jubilada en el barrio porteño de Flores y terminó preso
Un joven fue procesado con prisión preventiva por haber intentado robarle a una jubilada de 89 años 33.000 dólares que tenía depositados en un banco, al hacerse pasar por su hijo con el ardid de que estaba contagiado de Covid y necesitaba comprar medicamentos, en el barrio porteño de Flores, informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata de Mariano Benjamín Acuña (22), a quien el juez Osvaldo Bonanno, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 33, le imputó el delito de «estafa en concurso real con estafa en grado de tentativa» y le trabó un embargo por 900.000 pesos.
En el fallo de 15 páginas, el magistrado determinó que el hecho ocurrió el viernes último, alrededor de las 12.30, cuando el acusado le sustrajo 3.000 dólares estadounidenses e intentó perjudicarla patrimonialmente por la suma de otros 30.000.
«Hola mamá, soy tu hijo, escúchame, tengo Covid, me siento muy mal, tengo fiebre, necesito dinero y quería comentarte, además, hay un riesgo con el dinero que tenemos en el banco. En un rato va a ir un amigo a buscar el dinero, te pido que me informes los números de serie del billete…», fue lo que le dijo la persona que llamó a la mujer.
Ante esa situación, la víctima tomó 3.000 mil dólares, los colocó en un sobre y le solicitó a su cuidadora que bajara y le hiciera entrega al supuesto amigo de su hijo el sobre con el dinero.
Seguidamente, continuando con la comunicación telefónica, la damnificada le indicó al sujeto «ya le hice entrega del dinero a tu amigo ¿Qué hacemos con el dinero que hay en la caja de seguridad?», a lo cual el estafador le indicó «mamá tenés razón, ahora va a pasar mi amigo para llevarte al banco, pásame tu número de celular».
La mujer bajó de su departamento y en un auto Ford Ka bordó la estaba esperando un joven con el que se dirigió a la sucursal del Banco Francés ubicada en avenida Rivadavia al 6400 del barrio de Flores.
De acuerdo al fallo, la jubilada retiró 30.000 dólares de la caja de seguridad pero su hijo, que había estado intentando llamarla sin éxito, fue a la casa de su madre, tras lo cual la cuidadora le contó lo que había pasado.
El hombre concurrió a la entidad bancaria tras llamar al 911 y junto a los policías vieron en la puerta de la sucursal al auto Ford Ka que comenzó a escapar a toda velocidad por avenida Rivadavia y que tomó la calle Lautaro. La persecución continuó hasta Membrillar y Bonifacio, donde el rodado chocó con un auto estacionado, dio marcha atrás y colisionó contra el móvil, por lo que Acuña fue detenido allí.
«Acuña -tal vez junto a otro sujeto que pudo haberle brindado asistencia-, conociendo las condiciones de su víctima, una mujer de edad mayor, aprovecharon tales circunstancias, haciéndole creer que recibía una llamada de su hijo, el cual le pedía que le entregue dinero, a lo cual la damnificada, bajo dicho engaño, accedió», explicó el juez.
Para el magistrado, «dicho accionar constituyó un modo de ardid o engaño, que hizo incurrir a Cruz en un error por el cual resultó perjudicada por la suma de tres mil dólares, toda vez que el dinero no pudo ser habido, encontrándose así el primer hecho consumado».
«En cuanto a la segunda maniobra, es preciso sostener que no ha superado la etapa de tentativa, en tanto si bien la víctima llegó a sacar el dinero del banco, Acuña no pudo hacerse del mismo por circunstancias ajenas a su voluntad, esto es, debido a que el hijo de la damnificada descubrió lo que estaba sucediendo y alertó a personal policial», sostuvo Bonnano.
En tanto, el magistrado indicó que el procesamiento se hará con prisión preventiva dado que puede haber «entorpecimiento de la investigación, pues Acuña reside en el mismo barrio que la víctima, siendo una mujer de edad mayor, de la cual conoce su domicilio y su entorno y, por ende, su libertad puede no sólo poner en peligro la averiguación de la verdad, sino que representaría un agravamiento de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima y la de su hijo».
Además, «el imputado registra una causa en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12, que se encuentra a la espera de fijar fecha de debate oral, en la cual fue excarcelado bajo caución real el 7 de julio de 2020».
«Es decir, que a poco más de un año de haber recuperado su libertad y encontrándose la causa a la espera de la realización del juicio, Acuña se ve ahora involucrado en un nuevo hecho ilícito», afirmó.
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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