La Cámara Federal porteña ha emitido una resolución en la que ordena al juzgado federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti que continúe el trámite de un exhorto enviado a Estados Unidos en busca de información relacionada con el contenido de cuentas en redes sociales vinculadas a los tres individuos detenidos por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Este fallo resuelve un conflicto que se originó entre el juzgado y el Tribunal Oral Federal 6, que está preparando el futuro juicio contra los tres acusados: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, según una resolución a la que Télam ha tenido acceso.

Los jueces de la Cámara Federal, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, han aceptado una apelación presentada por el fiscal del caso, Carlos Rivolo, después de que la Justicia estadounidense emitiera un pedido de aclaratoria, con fecha de vencimiento a finales de este mes.

El Tribunal de Apelaciones ha ordenado que la jueza Capuchetti responda a esta solicitud, ya que el TOF6 se había negado previamente a seguir con el trámite iniciado por la jueza durante la etapa de instrucción del caso relacionado con el intento de magnicidio del 1 de septiembre de 2022.

Los jueces han destacado que la medida probatoria fue ordenada durante la etapa de instrucción, antes de que se llevara el caso a juicio. Además, consideran apropiado que la sede instructora sea la que envíe por vía diplomática el pedido de información solicitado, sin perjuicio de lo que se decida en caso de que se remita el contenido de la información de las cuentas de redes sociales.

Los magistrados han señalado que la urgencia en este caso se suma a la gravedad institucional del hecho investigado, lo que hace necesario llevar a cabo diligencias probatorias pertinentes para la averiguación de la verdad.

Como resultado, han revocado la decisión de Capuchetti y le han ordenado continuar con el trámite del exhorto enviado a Estados Unidos para obtener información sobre la titularidad y el contenido de las cuentas de redes sociales vinculadas a los acusados.