Santa Fe
Pullaro cedió tras la protesta policial y anunció aumentos salariales
Después de pasar a disponibilidad a 20 agentes y acusar «acciones violentas», el gobernador dio marcha atrás y reconoció que el reclamo fue «justo y genuino». El sueldo mínimo policial pasará de $960.000 a $1.438.835 con adicionales incluidos.
★ El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo este miércoles que el reclamo policial en la provincia fue «justo y genuino» y «merecía ser escuchado», por lo que anunció un incremento salarial que será efectivizado a través de un decreto. El anuncio se produjo apenas dos días después de que su ministro Pablo Cococcioni pasara a disponibilidad a 20 policías acusándolos de «acciones violentas» y vínculos con sectores corruptos.
«El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir un sueldo inferior a 1.350.000 pesos«, aclaró Pullaro en conferencia de prensa desde la Sala Walsh de la Sede de Gobierno en Rosario.
Del castigo al reconocimiento en 48 horas
El cambio de discurso del gobierno provincial resulta llamativo. El lunes, cuando agentes activos y retirados de la Brigada Motorizada y Orden Público se manifestaron frente a la Casa de Gobierno y la Jefatura de Rosario con quema de cubiertas y cortes de tránsito, la respuesta oficial fue de mano dura.
El ministro Cococcioni denunció que «se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de intereses particulares, acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal policial y sembraron fake news«. También señaló que detectaron «gente allegada a sectores desplazados de la Policía de Santa Fe y que, en algunos casos, están vinculados a delitos de corrupción gravísimos«.
Sin embargo, apenas 48 horas después, Pullaro reconoció que el reclamo era legítimo y anunció las mejoras salariales que los efectivos venían exigiendo desde hace semanas.
Los números del aumento
El mandatario provincial explicó que «hoy el sueldo va entre 960 mil pesos y 1.002.000 pesos, pero con la incorporación al sueldo de la garantía de canasta básica y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de 1.438.835 pesos».
El incremento representa un aumento del 50% respecto al salario base actual, aunque el gobierno provincial incorpora adicionales (canasta básica y TAP) al sueldo para alcanzar esa cifra.
«En el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina, hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación», subrayó Pullaro.
El gobernador no especificó si el aumento alcanzará también al personal retirado de la policía y del Servicio Penitenciario provincial, quienes también participaron activamente de las protestas de los últimos días.
La presión de la calle doblegó la mano dura
La movilización policial se extendió por dos días consecutivos en la capital santafesina y Rosario, con efectivos apostando patrulleros frente a la Casa de Gobierno y realizando un «sirenazo» en la ciudad más afectada por la violencia narco.
El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) dispuso corte total de tránsito en ambos sentidos de la calle Gutiérrez por la manifestación, y se registró quema de cubiertas sobre la avenida Ovidio Lagos.
El abogado de los policías autoconvocados se presentó el martes en la Casa de Gobierno sin cita previa y fue atendido por una funcionaria de segunda línea, mientras Pullaro se reunía con el ministro Cococcioni. En ese momento, el gobierno no ofreció ninguna propuesta concreta.
La persistencia del reclamo y la visibilidad pública de la protesta terminaron forzando al gobierno provincial a dar marcha atrás en su postura inicial de represión y castigo.
Policías en la primera línea de fuego
Los efectivos de la Policía de Santa Fe trabajan en uno de los distritos más peligrosos de Argentina. Rosario registró durante años la tasa de homicidios más alta del país, devastada por el narcotráfico y la violencia armada.
Aunque Pullaro exhibe una baja del 64% en los homicidios durante su gestión (dato difundido en conferencia de prensa junto a Patricia Bullrich en agosto de 2024), los policías santafesinos siguen exponiendo su vida a diario en las calles de una provincia que apenas está saliendo de una crisis de seguridad profunda.
Los reclamos salariales se enmarcan en la presión inflacionaria que afecta a todos los trabajadores del sector público, pero con el agravante de que los policías enfrentan riesgos laborales extremos en territorios donde el crimen organizado mantiene presencia activa.
La medida de fuerza evidenció un malestar que atraviesa tanto a personal activo como retirado de las fuerzas de seguridad provinciales, lo que sugiere un conflicto de larga data que no encuentra canales de resolución institucional adecuados.
El giro pragmático del gobernador
El cambio de estrategia de Pullaro, del castigo al reconocimiento, muestra el pragmatismo político que caracteriza su gestión. El gobernador, que suele autoproclamarse como «el más duro entre los duros» en materia de seguridad, optó esta vez por ceder ante la presión de la calle.
Sin embargo, el anuncio no aclaró qué pasará con los 20 policías pasados a disponibilidad el lunes por orden de Cococcioni, ni si se levantarán las sanciones disciplinarias contra quienes participaron de la protesta.
Pullaro cerró su conferencia subrayando que el aumento se dará «en el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina», en una referencia velada a las políticas del gobierno nacional de Javier Milei, con quien mantiene una relación de alineamiento político pero también de tensiones presupuestarias.
Puntos clave:
• Pullaro reconoció que el reclamo policial fue «justo y genuino» tras días de protestas con cortes y quema de cubiertas
• El sueldo mínimo policial pasará de $960.000 a $1.438.835 incluyendo canasta básica y tarjeta alimentaria
• El anuncio se produjo 48 horas después de que el ministro Cococcioni pasara a disponibilidad a 20 agentes acusándolos de «acciones violentas»
• El gobierno no aclaró si levantará las sanciones disciplinarias contra los manifestantes
• Los policías santafesinos trabajan en uno de los distritos más peligrosos de Argentina, exponiendo su vida diariamente ★
Economía 💲
Lácteos Verónica pidió el concurso preventivo con un pasivo de $15.945 millones
La tradicional empresa santafesina, con plantas en Clason, Lehmann y Suardi, presentó el pedido ante la Justicia comercial porteña para evitar la quiebra. El pasivo acumula deudas bancarias con nueve entidades y más de 2.900 cheques rechazados. La cooperativa cordobesa Copalac ya opera a fasón en Suardi.
Lácteos Verónica, una de las marcas históricas de la industria láctea argentina con tres plantas de procesamiento en la provincia de Santa Fe (Clason, Lehmann y Suardi), solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores. El pasivo declarado asciende a $15.945 millones, producto de meses de parálisis productiva y cesación de pagos salariales que dejaron a sus trabajadores sin cobrar y a sus proveedores tamberos con acreencias acumuladas sin respuesta.
La presentación judicial y el desglose del pasivo
El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17, Secretaría N° 34, con sede en la ciudad de Buenos Aires, con el patrocinio del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo. La administración de la empresa, conducida por la familia Espiñeira, presentó un balance financiero deteriorado que la Justicia deberá evaluar para decidir si habilita el proceso concursal.
El pasivo total se descompone en dos grandes bloques. Por un lado, $4.745 millones en obligaciones bancarias con nueve entidades: Catalinas Cooperativa de Crédito, Credibel, Banco Galicia, Banco Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco Industrial, Banco Nación y Banco Macro. Por el otro, más de 2.900 cheques rechazados por un saldo que alcanza los $11.200 millones, una cifra que refleja la magnitud de la cesación de pagos que venía arrastrando la firma desde hace meses.
Los tamberos y el intento previo de crisis
El derrumbe de Verónica no fue repentino. Antes del concurso, la empresa intentó un Procedimiento Preventivo de Crisis que buscaba desvincular a unos 200 empleados, un camino que tampoco pudo sostener. Paralelamente, la parálisis operativa golpeó de lleno a los 150 productores tamberos que abastecían a la empresa, quienes acumulan acreencias por 60 millones de dólares sin perspectivas claras de cobro.
El dato no es menor en un contexto donde la industria láctea nacional atraviesa una crisis estructural agravada por el ajuste macroeconómico del gobierno de Javier Milei, que deprimió el consumo interno y encareció los costos de producción. Para una empresa exportadora como Verónica, que entre enero de 2020 y abril de 2025 colocó manufacturas por más de 102 millones de dólares en mercados internacionales, el contraste entre ese historial y la situación actual refleja con crudeza el impacto de las políticas de desregulación y ajuste sobre la cadena agroalimentaria.
El Estado provincial frente al desastre anunciado
Desde el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, a cargo de Roald Báscolo, la respuesta fue de una honestidad incómoda: «era sabido que podría ocurrir». La cartera provincial tuvo que articular asistencia alimentaria junto a la Municipalidad de Suardi para auxiliar a los operarios que quedaron sin percibir sus haberes, un cuadro que desnuda la ausencia de herramientas preventivas efectivas frente al colapso de una industria estratégica para la economía santafesina.
Ante la falta de comunicación directa del directorio de la empresa con su personal, el delegado de Atilra en la planta de Lehmann, Domingo Possetto, expresó la situación con palabras que condensan el desconcierto de los trabajadores: «No sabemos qué puede ocurrir. Los trabajadores no quieren confrontar sino trabajar y cobrar, algo que hace mucho tiempo no pueden hacer».
Copalac entra a escena: operación a fasón en Suardi
En ese marco, la cooperativa cordobesa Copalac acordó operar a fasón las instalaciones de la planta de Suardi para ingresar leche cruda y producir leche en polvo. El convenio otorga ocupación provisoria a 30 trabajadores de esa sede. Desde Atilra dejaron en claro el alcance de la responsabilidad asumida: «Copalac asumirá la responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social de los empleados que se incorporen a prestar tareas en el marco de este acuerdo». Se trata de una solución parcial que interrumpe momentáneamente la parálisis pero no resuelve la situación global de la empresa ni la de la totalidad de su plantilla.
El concurso preventivo es el mecanismo legal que permite a una empresa en cesación de pagos negociar con sus acreedores bajo supervisión judicial para evitar la quiebra y la liquidación de activos. La apertura del proceso no garantiza la continuidad de la firma; dependerá de la capacidad del directorio de la familia Espiñeira para presentar un acuerdo viable ante los acreedores dentro de los plazos que fije el juzgado.
Puntos clave:
- Lácteos Verónica presentó el concurso preventivo ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17 de Buenos Aires con un pasivo total de $15.945 millones.
- El pasivo incluye $4.745 millones en deudas bancarias con nueve entidades y más de 2.900 cheques rechazados por $11.200 millones.
- 150 productores tamberos reclaman acreencias por 60 millones de dólares sin perspectiva de cobro.
- La cooperativa Copalac acordó operar a fasón en la planta de Suardi, dando ocupación provisoria a 30 trabajadores.
- Entre 2020 y abril de 2025, Lácteos Verónica exportó más de 102 millones de dólares en manufacturas lácteas.
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