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Aportantes truchos: para Teresa García «ahora hay que seguir con causa penal»

La senadora bonerense ponderó la decisión judicial de Alejo Ramos Padilla al rechazar los estados contables de Cambiemos e instó a ir por el fuero penal

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La senadora del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, celebró hoy la decisión del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla que desaprobó los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos desarrolló en territorio bonaerense para a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2017, cuando el distrito era gobernado por María Eugenia Vidal, y destacó que «ahora hay que seguir con la causa penal».

«Es un avance el hecho de multar o sancionar económicamente respecto del incumplimiento de la ley de financiamiento de partidos políticos, pero creo que hay que seguir con la causa penal porque el tema es muy grave», aseveró la legisladora.

En el fallo, el magistrado ordenó «extraer testimonios» de lo obrado en ese expediente «e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito».

Además, el juez sancionó con multas a los espacios que conforman la alianza Cambiemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fé, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.

Se trata de una causa en la que la Justicia investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos a Diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y el binomio de postulantes a Senadores que integraban Esteban Bullrich y Gladys González.

El caso se conoció por una nota periodística difunda en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante.

Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.

En declaraciones a radio Universidad de La Plata, Teresa García recordó que presentó una denuncia penal en 2018 «no solo por el incumplimiento de esta ley, que es muy clara, donde no sólo estaba Vidal como presidenta del Pro, sino también su ex ministro de Economía, Federico Salvai, el actual intendente de Vicente López, Jorge Macri y el de Lanús, Jorge Grindetti, además de la ex contadora de la provincia de Buenos Aires María Fernanda Inza,».

Indicó que en esa denuncia constaba que «se tomaron bases de datos de programas sociales, bases del Andes y automáticamente se afilió a personas sin su consentimiento, y luego aparecieron como aportes del Pro».

Por otro lado, recordó que le costó «muchísimo» encontrar el acta de constitución del Pro en la provincia de Buenos Aires «porque habían desaparecido de todos los archivos». Agregó que:»era el acto que consignaba que María Eugenia Vidal era la presidenta del Pro. Y la ley es muy clara y dicen que todos los que estén en una comisión directiva de un partido político son corresponsbles de cualquier acto ilícito».

«En su artículo 10 establece las sanciones», afirmó y recordó que » fue el propio (Miguel) Del Sel que lo sufrió» al no poder ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires porque fue condenado al no poder justificar los gastos de su campaña electoral.

Teresa García dijo que agradece que «la causa siga teniendo un poquito de respirador, porque es un tema muy grave, se ha vulnerado la identidad de las personas, hay también una supuesta violación de la ley de Habeas Data, que también tiene sanciones penales porque se ha hecho uso de base de datos de programas sociales justamente para fraguarlos como afiliados a un partido».

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La querella valoró la condena al Pity Álvarez por el crimen de Cristian Díaz

Fernando Burlando, abogado de la familia de Díaz, valoró el fallo de 12 años de prisión. La defensa del músico anunció que recurrirá la sentencia.

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Fernando Burlando, abogado de la familia de Cristian Díaz

La familia de Cristian Díaz, a través de su abogado Fernando Burlando, valoró la condena de 12 años de prisión contra Cristian Pity Álvarez. La reacción de la querella llegó después de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 dictó el fallo por el homicidio ocurrido en Villa Lugano.

Burlando dijo a Noticias Argentinas que su parte había pedido 11 años y dos meses. El tribunal fijó una pena mayor y dispuso el arresto domiciliario. El abogado calificó el resultado como «algo bueno».

El lugar de la familia en el fallo

Díaz murió el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré. El tribunal declaró culpable a Álvarez por el homicidio, agravado por el uso de un arma de fuego. La intervención de Burlando puso en primer plano la posición de la familia tras el veredicto.

Qué adelantó la defensa

El defensor Javier Baños adelantó que recurrirá la sentencia. Durante el juicio, la defensa había pedido la absolución y, como planteo subsidiario, una pena de cinco años por exceso en la legítima defensa. La Fiscalía había solicitado 18 años y seis meses.

Otro abogado del músico, Sebastián Queijeiro, dijo que quedó conforme tras el fallo. Álvarez le entregó un mensaje manuscrito después de la condena. La reacción del músico se conoció mientras su defensa aguardaba los fundamentos para avanzar con el recurso.

Lo que tenés que saber

  • La querella había pedido 11 años y dos meses de prisión.
  • El tribunal condenó a Álvarez a 12 años y dispuso el arresto domiciliario.
  • La defensa anunció que recurrirá el fallo.
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