DDHH
Se inició el juicio a 17 ex integrantes de la Policía Federal por delitos de lesa humanidad
El juicio abarca seis operativos represivos ilegales llevados adelante en la Ciudad de Buenos Aires y en el partido bonaerense de San Martín por los grupos de tareas de la Superintendencia de Seguridad Federal, conocida también como Coordinación Federal.
El Tribunal Oral Federal 6 comenzó a juzgar hoy a 17 exmiembros de la Policía Federal acusados de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 12 personas durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1977.
De esas víctimas, diez fueron asesinadas y otras dos permanecen desaparecidas, según informó la Secretaría de Derechos Humanos que es querellante en este proceso oral y público.
La audiencia comenzó pasadas las 10 en los tribunales de Comodoro Py, fue seguida por la plataforma zoom por los imputados y se transmitió en vivo a través del canal de YouTube del Poder Judicial.
El juicio «abarca seis operativos represivos ilegales llevados adelante en la Ciudad de Buenos Aires y en el partido bonaerense de San Martín por los grupos de tareas de la Superintendencia de Seguridad Federal, conocida también como Coordinación Federal», se explicó en un comunicado.
El organismo que conduce Horacio Pietragalla Corti indicó que los expolicías serán juzgados por su responsabilidad en los operativos en los que fueron asesinados Jorge Hugo Casoy, María Marta Imáz Garzón Maceda de Casoy, Bernardo Levenson, Mario Lerner, Carlos Jeifetz, Nora Salvarezza de Jeifetz, Mario Frías Pereira, Patricia Clariá Pedernera, Liliana Griffin y Oscar De Cicco y por la privación ilegítima de la libertad de Marta Graciela Treptow y Alberto Gorrini, quienes permanecen desaparecidos.
Los acusados son en su mayoría miembros de los departamentos Sumarios y Táctico de la Superintendencia, como Juan Carlos Carrera, Esteban Adolfo Sanguinetti, Antonio Ángel Imbrogiano, Miguel Ángel Boiffier, Guillermo Dolz, Carlos Jorge Berón, Norberto Julio Varcasia, Rafael Oscar Romero, Osvaldo Nestor González, Daniel Pablo Amarillo, Juan Adolfo Ríos, Horacio Alfredo Ortiz, Miguel Enrique Carlos Olarte, Eduardo Norberto Comesaña, Gerardo Jorge Arráez y Germán Ricardo Rimoldi.
Alberto Mattone, por otro lado, fue jefe de la Zona 1 de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, se precisó.
Cuatro de ellos tienen condenas previas por crímenes de lesa humanidad (Comesaña, Arráez, Romero y Ortiz), mientras el resto «será la primera vez que deberán responder por su rol en el terrorismo de Estado», indicó la Secretaría.
«Su participación en los operativos represivos ilegales se pudo probar a partir de sumarios y de documentos de los Consejos de Guerra que se realizaron durante la dictadura en el Primer Cuerpo del Ejército, a cargo de la jurisdicción, en los que se buscaban dar una apariencia de legalidad a la actuación represiva», se explicó.
La Secretaría añadió que «durante la instrucción, fueron importantes los aportes realizados por el equipo de investigación de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales de la Secretaría, que realizó varios informes sobre algunos de los operativos y de los imputados que permitieron ampliar la acusación».
Durante la audiencia de hoy, que se extendió por casi seis horas, se dio lectura a los resúmenes de los requerimientos de la elevación a juicio de la fiscalía a cargo de Pablo Ouviña, a los resúmenes de la auto elevación a juicio así como los requerimientos de la elevación a juicio de la querella.
«La Policía Federal en tanto institución fue parte del plan criminal, en sus dependencias funcionaron centros clandestinos de detención y algunos de sus funcionarios fueron protagonistas de los hechos ocurridos en ellos», se consignó en el resumen de los requerimientos de la fiscalía.
Asimismo, se efectuó una descripción de cada operativo de lo cual se desprendió que «los hechos por los cuales se acusa a los imputados constituyeron homicidios» los cuales quisieron ser «justificados bajo la excusa de enfrentamientos armados que tuvieron lugar en virtud de procedimientos policiales al amparo de las leyes que reprimen delitos de la llamada subversión».
«Sin embargo las irregularidades de esos procedimientos apartan cualquier duda respecto a su ilegalidad en tanto se caracterizaron por la falta de orden judicial para llevar a cabo el operativo, la asimetría de fuerzas, la brutalidad desplegada durante los procedimientos y el asesinato de las víctimas», señaló la fiscalía.
«Todos los hechos que integran este juicio son un ejemplo paradigmático de los métodos habituales aplicados en estos operativos», refirió el fiscal Ouviña en una de sus intervenciones aclaratorias.
Tras seis horas de audiencia se fijó un cuarto intermedio hasta el próximo encuentro que se llevará a cabo el 24 de febrero a las 10.
CABA
Violencia institucional: liberaron a Rocío tras violenta detención por viajar en subte con su perro
La joven viajaba con su mascota a la veterinaria y terminó tirada boca abajo y esposada por la Policía de la Ciudad en la estación Castro Barros. La liberaron el sábado por la tarde, después de pasar la noche detenida por supuesto «atentado y resistencia a la autoridad».
Un tackle, una joven boca abajo contra el piso del andén y unas esposas que se aflojaron recién cuando los policías advirtieron que los pasajeros estaban filmando. Así terminó el viaje de una mujer que intentó llevar a su perra a la veterinaria en el subte porteño. Una infracción a la normativa de transporte de mascotas se convirtió en casi 24 horas de privación de la libertad.
La joven, identificada como Rocío por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), fue detenida el viernes por la tarde, cerca de las 17, por efectivos de la Policía de la Ciudad en la estación Castro Barros de la línea A, en el barrio de Almagro. La acusaron de «atentado y resistencia a la autoridad» y la detención fue ordenada por la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo de Santiago Lipera. Recuperó la libertad en la tarde del sábado.
La versión oficial y lo que muestran los videos
Según el parte policial que difundió el Ministerio de Seguridad porteño, la mujer subió con un perro a una formación sin respetar la normativa vigente; personal policial y de Emova, la concesionaria del servicio, le advirtió que debía bajar, y la joven «se negó a descender, insultó y escupió a un oficial». Rocío niega haber escupido o insultado a ningún agente.
Los videos grabados por pasajeros, que circularon masivamente en redes sociales, muestran a dos policías varones forcejeando con la joven hasta tirarla al piso y esposarla, mientras una agente mujer interviene en el procedimiento. Uno de los efectivos la derribó boca abajo con un tackle, y cuando los uniformados notaron que estaban siendo filmados le aflojaron las esposas. En la grabación, un oficial identificado como González se acerca a una pasajera y sostiene que la joven lo había agredido.
Más tarde, cuando Rocío intentó sacar el teléfono para comunicarse con el veterinario, un efectivo la arrinconó contra la pared. «No soy un delincuente», se la escucha gritar. Finalmente, los tres agentes la esposaron con las manos a la espalda y la dejaron de pie en el andén. La escena expone una desproporción evidente entre la falta que se le atribuye y el despliegue de fuerza con que se la redujo.
Qué dice la norma sobre mascotas en el subte
La Ley 5.687 de la Ciudad y su Decreto Reglamentario 31/2017 permiten viajar con perros y gatos en el subte solo los sábados desde las 13, los domingos y los feriados. Cada pasajero adulto puede llevar un único animal, que debe ir dentro de una caja o bolso transportador cerrado y ventilado.
El viernes era día hábil, por lo que el traslado de la perra no estaba habilitado. Pero la normativa regula una condición de viaje, no habilita a convertir a una pasajera en sospechosa de un delito ni a reducirla en el piso de una estación. La imputación por atentado y resistencia a la autoridad se apoya íntegramente en el relato del propio agente que participó del procedimiento.
Una noche detenida y el reclamo de los organismos de DDHH
Rocío pasó la noche del viernes privada de su libertad y fue liberada en la tarde del sábado. Su perra quedó al cuidado de una amiga. Durante su detención recibió asistencia de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y de un abogado.
Antes de la liberación, el CeProDH difundió un pronunciamiento en sus redes sociales: «Exigimos libertad inmediata de Rocío, detenida ayer por la policía de Jorge Macri por estar en el subte con su perro. Sigue detenida de manera arbitraria como muchas otras personas ante la política represiva del Gobierno de la Ciudad».
La legisladora porteña Amanda Martín también cuestionó el accionar de los efectivos y sostuvo que la violencia policial se volvió parte de la vida cotidiana en la Ciudad. El caso vuelve a poner bajo la lupa la política de seguridad de la gestión de Jorge Macri, donde la respuesta a un conflicto menor en el transporte público terminó en violencia institucional, esposas, calabozo y una causa penal.
Lo que tenés que saber:
- Rocío fue detenida el viernes por la tarde en la estación Castro Barros de la línea A, cuando viajaba con su perra a la veterinaria.
- La Policía de la Ciudad la acusó de «atentado y resistencia a la autoridad»; la detención la ordenó la Unidad de Flagrancia Oeste.
- El parte oficial sostiene que insultó y escupió a un oficial; ella lo niega.
- Videos de pasajeros muestran cómo la tiraron al piso y la esposaron.
- Fue liberada el sábado por la tarde, tras el reclamo del CeProDH y con asistencia de CORREPI.
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