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Se inició el juicio a 17 ex integrantes de la Policía Federal por delitos de lesa humanidad

El juicio abarca seis operativos represivos ilegales llevados adelante en la Ciudad de Buenos Aires y en el partido bonaerense de San Martín por los grupos de tareas de la Superintendencia de Seguridad Federal, conocida también como Coordinación Federal.

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El Tribunal Oral Federal 6 comenzó a juzgar hoy a 17 exmiembros de la Policía Federal acusados de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 12 personas durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1977.

De esas víctimas, diez fueron asesinadas y otras dos permanecen desaparecidas, según informó la Secretaría de Derechos Humanos que es querellante en este proceso oral y público.

La audiencia comenzó pasadas las 10 en los tribunales de Comodoro Py, fue seguida por la plataforma zoom por los imputados y se transmitió en vivo a través del canal de YouTube del Poder Judicial.

El juicio «abarca seis operativos represivos ilegales llevados adelante en la Ciudad de Buenos Aires y en el partido bonaerense de San Martín por los grupos de tareas de la Superintendencia de Seguridad Federal, conocida también como Coordinación Federal», se explicó en un comunicado.

El organismo que conduce Horacio Pietragalla Corti indicó que los expolicías serán juzgados por su responsabilidad en los operativos en los que fueron asesinados Jorge Hugo Casoy, María Marta Imáz Garzón Maceda de Casoy, Bernardo Levenson, Mario Lerner, Carlos Jeifetz, Nora Salvarezza de Jeifetz, Mario Frías Pereira, Patricia Clariá Pedernera, Liliana Griffin y Oscar De Cicco y por la privación ilegítima de la libertad de Marta Graciela Treptow y Alberto Gorrini, quienes permanecen desaparecidos.

Los acusados son en su mayoría miembros de los departamentos Sumarios y Táctico de la Superintendencia, como Juan Carlos Carrera, Esteban Adolfo Sanguinetti, Antonio Ángel Imbrogiano, Miguel Ángel Boiffier, Guillermo Dolz, Carlos Jorge Berón, Norberto Julio Varcasia, Rafael Oscar Romero, Osvaldo Nestor González, Daniel Pablo Amarillo, Juan Adolfo Ríos, Horacio Alfredo Ortiz, Miguel Enrique Carlos Olarte, Eduardo Norberto Comesaña, Gerardo Jorge Arráez y Germán Ricardo Rimoldi.

Alberto Mattone, por otro lado, fue jefe de la Zona 1 de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, se precisó.

Cuatro de ellos tienen condenas previas por crímenes de lesa humanidad (Comesaña, Arráez, Romero y Ortiz), mientras el resto «será la primera vez que deberán responder por su rol en el terrorismo de Estado», indicó la Secretaría.

«Su participación en los operativos represivos ilegales se pudo probar a partir de sumarios y de documentos de los Consejos de Guerra que se realizaron durante la dictadura en el Primer Cuerpo del Ejército, a cargo de la jurisdicción, en los que se buscaban dar una apariencia de legalidad a la actuación represiva», se explicó.

La Secretaría añadió que «durante la instrucción, fueron importantes los aportes realizados por el equipo de investigación de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales de la Secretaría, que realizó varios informes sobre algunos de los operativos y de los imputados que permitieron ampliar la acusación».

Durante la audiencia de hoy, que se extendió por casi seis horas, se dio lectura a los resúmenes de los requerimientos de la elevación a juicio de la fiscalía a cargo de Pablo Ouviña, a los resúmenes de la auto elevación a juicio así como los requerimientos de la elevación a juicio de la querella.

«La Policía Federal en tanto institución fue parte del plan criminal, en sus dependencias funcionaron centros clandestinos de detención y algunos de sus funcionarios fueron protagonistas de los hechos ocurridos en ellos», se consignó en el resumen de los requerimientos de la fiscalía.

Asimismo, se efectuó una descripción de cada operativo de lo cual se desprendió que «los hechos por los cuales se acusa a los imputados constituyeron homicidios» los cuales quisieron ser «justificados bajo la excusa de enfrentamientos armados que tuvieron lugar en virtud de procedimientos policiales al amparo de las leyes que reprimen delitos de la llamada subversión».

«Sin embargo las irregularidades de esos procedimientos apartan cualquier duda respecto a su ilegalidad en tanto se caracterizaron por la falta de orden judicial para llevar a cabo el operativo, la asimetría de fuerzas, la brutalidad desplegada durante los procedimientos y el asesinato de las víctimas», señaló la fiscalía.

«Todos los hechos que integran este juicio son un ejemplo paradigmático de los métodos habituales aplicados en estos operativos», refirió el fiscal Ouviña en una de sus intervenciones aclaratorias.

Tras seis horas de audiencia se fijó un cuarto intermedio hasta el próximo encuentro que se llevará a cabo el 24 de febrero a las 10.

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Amnistía denunciará a Milei a nivel internacional por hostigar a periodistas

La ONG cerró los escritos para presentar la denuncia formal esta semana. Según FOPEA, en 2025 hubo 278 ataques contra la prensa y el Presidente fue autor de 119. La frase sobre la hoguera, dicha en la Fundación Faro, aceleró el reclamo.

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El Argentino Diario-Javier Milei.
FOPEA registró 278 ataques a la prensa en 2025, un 55% más que en 2024, y señaló a Milei como autor de 119.

El jefe de Estado argentino, Javier Milei, fue autor de 119 de los 278 ataques contra la prensa que se registraron durante 2025, y ahora Amnistía Internacional prepara una denuncia en su contra ante organismos internacionales. El dato surge del último informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que la organización utilizó como uno de los argumentos centrales de su presentación.

Amnistía Internacional, la organización de defensa de los derechos humanos, anunció a través de su cuenta oficial de X que denunciará al presidente Javier Milei por sus recientes declaraciones contra periodistas, a las que calificó como una «escalada de hostilidad hacia la prensa y un ataque a la libertad de expresión en Argentina». La entidad aseguró que los dichos del mandatario «profundizan el hostigamiento a la prensa» y confirmó que «está cerrando los escritos» para que las presentaciones formales se realicen «esta semana».

El discurso en la Fundación Faro

El origen del reclamo es el discurso que Milei brindó en la Fundación Faro, el think tank libertario que encabeza Agustín Laje. Según Amnistía, allí el Presidente individualizó y agredió a periodistas que cubrieron el caso de la criptomoneda $LIBRA, una causa que compromete al propio Gobierno.

En ese mismo discurso, Milei afirmó que quienes considera sus adversarios «se tienen que quemar en la hoguera». Para Amnistía, la frase evoca «una violencia extrema» y constituye un motivo de preocupación por el impacto que tienen los mensajes presidenciales sobre el ejercicio de la libertad de expresión.

La directora ejecutiva de la organización, Mariela Belski, calificó el accionar del mandatario como «gravísimo» porque la máxima autoridad del país «naturalizó los insultos, las amenazas y el hostigamiento» contra quienes ejercen el periodismo. Y fue más allá: «La libertad de expresión también implica poder investigar, cuestionar y publicar información incómoda para el poder sin temor a represalias. El Presidente tiene la obligación de respetar ese derecho, incluso cuando las críticas le molestan. Cuando el discurso oficial busca intimidar a quienes informan, el mensaje alcanza a toda la sociedad: hay voces que es mejor callar. Y eso es inadmisible», sentenció.

Los números del hostigamiento

El informe de FOPEA que cita la ONG contabilizó 278 ataques contra la prensa durante 2025, un 55% más que en 2024. Más de cuatro de cada diez de esos episodios, 119 en total, tuvieron al propio Presidente como autor. Amnistía sostuvo que el objetivo de los insultos de Milei al periodismo es «silenciar para generar autocensura».

La denuncia también recuerda otras acciones ya documentadas: las restricciones que sufrieron los periodistas acreditados para acceder a la Casa Rosada y las demandas judiciales que el Poder Ejecutivo llevó adelante contra periodistas críticos del Gobierno nacional.

Un reclamo que no es nuevo

La preocupación de Amnistía por el trato del oficialismo hacia la prensa viene de lejos. En julio de 2024, a casi ocho meses del inicio de la gestión libertaria, la organización advirtió que cerca de 30 periodistas habían recibido hostigamiento en redes y medios de comunicación. Dos años después, el escenario no solo persiste sino que escala de la mano del propio jefe de Estado.

En septiembre de este año, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) también llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia formal por los ataques del Gobierno de Milei contra periodistas y trabajadores de prensa, y exigió explicaciones y el cese inmediato de esas prácticas.

Cuando la voz más poderosa del país convierte la crítica periodística en blanco de insultos y amenazas, el daño no se limita a los periodistas señalados: se extiende a todo el debate público. La presentación que Amnistía concretaría en los próximos días busca que la comunidad internacional tome nota de esa deriva.

Lo que tenés que saber

  • Amnistía Internacional denunciará a Javier Milei ante organismos internacionales por sus ataques a periodistas; las presentaciones formales se harían esta semana.
  • El detonante fue el discurso del Presidente en la Fundación Faro, donde agredió a periodistas que cubrieron el caso $LIBRA.
  • Milei dijo que sus adversarios «se tienen que quemar en la hoguera»; la ONG advirtió que esa frase evoca «una violencia extrema».
  • FOPEA registró 278 ataques a la prensa en 2025, un 55% más que en 2024, y señaló a Milei como autor de 119.
  • La denuncia suma las restricciones de acceso a la Casa Rosada y las demandas judiciales del Ejecutivo contra periodistas críticos.
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