Judiciales ⚖️
«Tengo mucha bronca», dijo la madre de Lara Fernández sobre la fuga del acusado del crimen
«Estoy muy indignada, tengo mucha bronca, yo lo que no quiero es que a otras personas les pase lo que me pasó con mi hija, no quiero que arruine a otra familia, eso es lo que más tristeza me da», señaló María Laura Fernández.
La madre de Lara Fernández, la adolescente de 17 años asesinada de un balazo en la nuca en el Año Nuevo de 2022 durante un robo en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, dijo hoy que siente «mucha bronca» luego de que el principal acusado del crimen se fugara de una institución de La Plata en la que estaba alojado, y señaló que no quiere «que arruine a otra familia».
«Estoy muy indignada, tengo mucha bronca, yo lo que no quiero es que a otras personas les pase lo que me pasó con mi hija, no quiero que arruine a otra familia, eso es lo que más tristeza me da», señaló esta tarde a A24 María Laura Fernández.
Por otro lado, expresó: «Se escapa levantando un alambrado y se va caminando, no estamos hablando de un instituto que supuestamente es de máxima seguridad, levanta un alambrado y se va caminando, como lo haría cualquier persona.»
«Yo entiendo que a veces la Justicia hace lo que puede hasta donde puede, pero veo que hay muchas falencias y esto es indignante, y yo lo que no quiero es que (el prófugo) mate a otra persona en la calle, por un celular o porque le vaya a robar el auto o una moto», concluyó la mujer.
Según fuentes de la investigación, el acusado del crimen de la adolescente fue trasladado el viernes al Instituto de Menores «Francisco Legarra», ubicado en las calles 520 y 226 de la localidad platense de Abasto, y precisaron que el sábado se escapó por encima de un alambre perimetral y se dio a la fuga perdiéndose en las malezas de la zona.
Al conocerse ese hecho, la fiscalía lo declaró «en rebeldía» y ordenó su «inmediata captura».
El crimen de Lara fue cometido la mañana del 1 de enero de 2022, a las 6.20 en la esquina de las calles Olmos y Homero de la localidad de Parque Barón, partido de Lomas de Zamora, al sur del conurbano, adonde efectivos de la comisaría 9na. acudieron tras un llamado al teléfono de emergencias 911 que alertó acerca de una persona con una herida de arma de fuego.
Los uniformados se entrevistaron con varios jóvenes que estaban en el lugar y refirieron que previamente se encontraban junto a la amiga baleada en la calle esperando a vengan a buscarla tras haber festejado la fiesta de la llegada del año y fueron interceptados por cuatro delincuentes armados que les sustrajeron los teléfonos celulares.
En ese marco, una de las chicas del grupo, Lara, se resistió al robo, por lo que uno de los asaltantes la golpeó en la cabeza con la culata de un arma de fuego, la tomó por la espalda, le puso un arma en la cabeza y le disparó.
De acuerdo a los testigos, escucharon la detonación y advirtieron que la víctima había recibido un impacto de bala en el cráneo, mientras que los ladrones escaparon del lugar con los teléfonos de todos y dejaron a la herida tirada ensangrentada en el medio de la calle.
La adolescente fue trasladada de inmediato al hospital Municipal de Llavallol, donde finalmente ingresó fallecida a raíz de la gravedad de la herida de arma de fuego, informaron fuentes policiales.
Por el hecho, el adolescente fue arrestado cuando tenía 15 años, el 3 de marzo de 2022, y además se detuvo a tres hombres que serán llevados a juicio oral por el Tribunal Oral Criminal 5 de Lomas de Zamora.
Si bien el adolescente no será sometido a juicio oral por ser inimputable, los acusados que llegarán a juicio son Alan Benjamín González (19) y Cristian Mario Maidana (25), ambos detenidos tras el hecho; y Leandro Strassera (21), quien fue apresado en mayo pasado por otro robo y, si bien se hizo pasar por otra persona, finalmente los pesquisas lo identificaron y descubrieron que tenía pedido de captura por el crimen de Lara.
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Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto
La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.
La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.
Más arrestos en una causa que suma imputados
La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.
El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.
Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva
Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.
Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.
La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación
La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.
María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.
Un negocio sin habilitación y sin controles
La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.
La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.
Puntos clave
- La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
- Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
- La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
- El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
- La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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