Judiciales ⚖️
La Justicia realiza allanamientos en la ANDIS: investigan coimas y contratos millonarios con la Suizo Argentina
Los procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires son en el marco de la causa que investiga irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. El caso involucra al entorno presidencial, incluida Karina Milei, y alcanza a funcionarios clave del gobierno libertario.
⬛ La Justicia federal ordenó este jueves una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires vinculados a la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los contratos millonarios otorgados a la droguería Suizo Argentina. Los procedimientos se realizan en el marco de una investigación que alcanza al círculo más íntimo del presidente Javier Milei, incluida su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Según confirmaron fuentes judiciales consultadas por este medio, los allanamientos comenzaron durante la mañana, aunque hasta el momento no se brindó información oficial sobre los domicilios específicos donde se llevan a cabo los operativos ni sobre posibles detenciones.
El escándalo que salpica a Casa Rosada
La investigación se centra en las irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos por parte de la ANDIS a la droguería Suizo Argentina, una empresa que habría resultado beneficiada con licitaciones millonarias durante la gestión actual. El expediente judicial incluye entre los investigados a Diego Spagnuolo, funcionario de estrecha confianza de Karina Milei, al diputado nacional Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados) y a José «Lule» Menem, primo del legislador y también vinculado al entorno presidencial.
La causa tomó estado público luego de que se conocieran denuncias sobre posibles pagos irregulares destinados a agilizar la firma de convenios con la droguería, en un esquema que habría involucrado a funcionarios de distintos niveles de la administración nacional. Según el expediente, la ANDIS habría direccionado contratos de provisión de medicamentos y prestaciones hacia Suizo Argentina sin cumplir con los procedimientos de transparencia exigidos por la normativa vigente.
Antecedentes: la ANDIS bajo sospecha
La Agencia Nacional de Discapacidad ya había sido objeto de cuestionamientos en los últimos meses por la demora en la entrega de prestaciones y por denuncias de organizaciones de la sociedad civil sobre recortes presupuestarios que afectaron a miles de personas con discapacidad. En ese contexto, la aparición de esta causa por presuntas coimas agregó una nueva dimensión al escándalo: la posibilidad de que funcionarios del gobierno libertario hayan utilizado la estructura estatal para favorecer a empresas amigas a cambio de dinero.
La investigación judicial se inició tras una denuncia presentada por organizaciones de usuarios de la ANDIS que alertaron sobre irregularidades en la contratación de proveedores. Posteriormente, la Oficina Anticorrupción se sumó a la causa con un informe que detectó inconsistencias en los procesos licitatórios y posibles sobreprecios en los contratos.
El rol de Karina Milei y el entorno presidencial
Uno de los aspectos más sensibles de la causa es la presencia de Karina Milei entre los mencionados en el expediente. Si bien la hermana del presidente no ha sido formalmente imputada, su nombre aparece en declaraciones de testigos que la ubican como nexo entre funcionarios de la ANDIS y el entorno empresarial beneficiado. Karina Milei, quien ejerce como secretaria general de la Presidencia sin haber sido electa, ha concentrado un poder inusual en la gestión libertaria, tomando decisiones en áreas que van desde la obra pública hasta la asignación de cargos estratégicos.
Diego Spagnuolo, considerado el operador político de Karina Milei, también figura en la investigación. Spagnuolo habría participado en reuniones donde se discutieron los términos de los contratos con Suizo Argentina, según consta en el expediente judicial. Por su parte, Martín Menem y «Lule» Menem habrían actuado como intermediarios entre la Casa Rosada y la empresa, aunque ambos negaron públicamente cualquier irregularidad.
Suizo Argentina: la droguería en el ojo de la tormenta
La droguería Suizo Argentina, con más de 100 años de trayectoria en el mercado farmacéutico argentino, se encuentra ahora en el centro de un escándalo de corrupción que podría alcanzar las más altas esferas del poder. La empresa, que tradicionalmente proveyó medicamentos al Estado, habría obtenido durante 2024 contratos por cifras millonarias con la ANDIS en condiciones ventajosas y sin la debida competencia.
Según la denuncia que dio origen a la causa, los precios pactados con Suizo Argentina superaban en algunos casos hasta un 40% los valores de mercado, lo que generó un perjuicio económico al Estado estimado en varios millones de pesos. La Justicia investiga si existieron pagos irregulares a funcionarios para garantizar la adjudicación de esos contratos y si hubo direccionamiento de licitaciones.
Reacciones políticas y sociales
Organizaciones de personas con discapacidad repudiaron el escándalo y reclamaron que se investigue a fondo el destino de los fondos de la ANDIS. «Mientras miles de familias esperan prestaciones que nunca llegan, funcionarios del gobierno estarían cobrando coimas para favorecer a empresas privadas», denunció en un comunicado la Agrupación por los Derechos de las Personas con Discapacidad (APDIS).
Desde la oposición, legisladores del peronismo y del kirchnerismo exigieron la renuncia de los funcionarios involucrados y pidieron que la causa avance sin dilaciones. El diputado nacional Leopoldo Moreau afirmó que «este gobierno que se llenó la boca hablando de transparencia está hundido en un escándalo de corrupción que alcanza al entorno más íntimo del presidente».
Hasta el momento, ni la Casa Rosada ni los funcionarios mencionados en la causa emitieron declaraciones públicas sobre los allanamientos realizados este jueves.
Puntos clave:
• La Justicia ordenó allanamientos en CABA por presuntas coimas en la ANDIS vinculadas a contratos millonarios con la droguería Suizo Argentina.
• La investigación alcanza al entorno presidencial, incluida Karina Milei, Diego Spagnuolo, Martín Menem y José «Lule» Menem.
• La causa se inició tras denuncias de organizaciones de personas con discapacidad sobre irregularidades en licitaciones y sobreprecios.
• Suizo Argentina habría obtenido contratos por cifras millonarias con precios hasta un 40% superiores a los de mercado.
• Organizaciones sociales y la oposición política exigen que la investigación avance sin dilaciones y reclaman la renuncia de los funcionarios involucrados.
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Morfina, cocaína y Estado ausente: la situación del «Pity» Álvarez que el juicio no puede ignorar
El defensor Sebastián Queijeiro reveló que las pericias detectaron consumo activo de cocaína y morfina y sostuvo que el músico no comprende lo que ocurre en el debate. La defensa insiste en suspender el proceso por falta de capacidad para afrontarlo.
La quinta audiencia del juicio que enfrenta Cristian «Pity» Álvarez por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré del barrio de Villa Lugano, debió suspenderse luego de que el músico sufriera una nueva descompensación. El episodio volvió a instalar la misma pregunta que recorre el debate desde su inicio: si el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está en condiciones de comprender y afrontar el proceso judicial que tiene en su contra.
Pericias que complican el juicio
El abogado defensor Sebastián Queijeiro fue contundente al hablar con la prensa tras la audiencia suspendida. Según explicó, los resultados periciales más recientes arrojaron resultados que dificultan la continuidad del debate. «Las pericias no le están dando bien porque están detectando que hay un consumo activo que nunca ha parado. Cocaína es una de las drogas, también detectaron que se inyecta morfina», sostuvo.
Queijeiro indicó que el músico se encuentra actualmente en su domicilio, o en ocasiones en casa de su hermana, quien es quien lo asiste en el día a día. Frente a ese cuadro, el defensor cuestionó que el tribunal pretenda avanzar con el juicio oral. Para la defensa, la dificultad de Álvarez para comprender lo que ocurre en la sala no es una táctica dilatoria sino una realidad que las propias pericias confirman.
«Como charlar con un nene de 10 o 12 años»
El abogado describió con crudeza el estado en que se encuentra su cliente. Según relató, sostener conversaciones de orden técnico vinculadas al juicio resulta prácticamente imposible. «Charlar con el Pity es como charlar con un nene de 10 o 12 años. Como un nene chiquito dice delirios. Se hace muy difícil. Las charlas técnicas las tenemos con la hermana», graficó Queijeiro.
Durante las audiencias celebradas hasta ahora, la participación del músico estuvo interrumpida en reiteradas oportunidades. De acuerdo con la defensa, Álvarez se duerme en sala, ronca, pide ir al baño con frecuencia y sufrió más de una descompensación que requirió atención médica. El SAME ya lo trasladó en una oportunidad al Hospital Fernández.
Pese a ese cuadro, el propio tribunal llegó a plantear que no sería indispensable que el imputado permanezca físicamente en la sala durante las audiencias. La defensa, sin embargo, se opone a esa salida: quiere que Álvarez esté presente precisamente para demostrar que su comportamiento no es una actuación. «Él y nosotros queremos que esté para demostrar que no está entendiendo nada de lo que sucede en el debate y no es una teatralización», remarcó Queijeiro.
La trampa de la ley de salud mental
Uno de los puntos más críticos del planteo de la defensa pasa por la Ley de Salud Mental y sus limitaciones concretas para abordar casos como el de Álvarez. Queijeiro explicó por qué, a pesar de la gravedad de la situación de consumo, el músico no permanece internado en un centro especializado. «Hay un problema enorme con la ley de salud mental. Las internaciones son voluntarias. ¿Qué persona enferma con abstinencia se va a querer quedar adentro de un centro de rehabilitación?», cuestionó.
El abogado sostuvo además que el daño neurológico que padece su cliente tiene carácter permanente, aunque eso no invalida la necesidad de tratamiento. «El daño que él tiene no es recuperable pero necesita tratamiento de por vida para que su salud siga bien», afirmó. Una sentencia que el Estado no acompaña con recursos ni con marcos legales que permitan intervenciones compulsivas en adicciones severas.
Los recitales como condena
Queijeiro también salió a defender las presentaciones en vivo que Álvarez realizó durante los últimos años, que la acusación utilizó como argumento para sostener que el músico tiene plena capacidad para estar en juicio. Para el abogado, esa comparación es incorrecta y revela un prejuicio que perjudicó a su cliente dentro del proceso. «Los recitales que dio no fueron peligrosos para él ni para terceros. Los recitales son sus medios de vida. Pero esos recitales fueron su sentencia, incomodó a la Justicia y ahora están haciendo una carnicería», denunció.
Para la defensa, la música es la principal herramienta de reinserción social con la que cuenta Álvarez y equipararla con la capacidad procesal es un error conceptual y jurídico. «Su manera de reinsertarse en la sociedad es la música. Pero los recitales incomodaron porque se hizo la mala comparación de que si puede estar en un recital no puede estar en un debate y claramente no es así», insistió Queijeiro.
El defensor fue más allá y apuntó al Estado por su ausencia histórica frente al problema de consumo del músico, que fue visible durante años sin que ninguna institución interviniera. «Cristian es una víctima, no solo del consumo que hace años todos se reían y no estuvo el Estado para ayudarlo», señaló.
El horizonte del juicio
A pesar de la insistencia de la defensa por suspender el proceso, el tribunal no ha accedido al pedido hasta ahora. El Tribunal Oral en lo Criminal N°29, que lleva el caso, rechazó en audiencias anteriores los intentos de paralizar el debate por razones de incapacidad del imputado, incluido un planteo de nulidad presentado por los defensores.
Queijeiro reconoció que el juicio llegará a una sentencia, aunque abrió la puerta a una lectura que podría modificar el encuadre jurídico del hecho. «Nosotros entendemos desde el primer día que va a haber una sentencia. Desconocemos qué va a suceder porque también vemos que encuadra en una legítima defensa si dicen que entendió lo que hacía», sostuvo. El crimen por el que se juzga a Álvarez ocurrió el 12 de julio de 2018 y la pena prevista oscila entre 8 y 25 años de prisión.
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