Salta
Mujer policía dijo que no sabía que llevaba cocaína en el tubo de gas que explotó
Se trata de la sargento de la bonaerense Sofía Chaparro, quien se desempeñaba en la comisaría séptima de La Matanza, con sede en Villa Celina. Se encontraba con carpeta médica.
La sargento de la policía bonaerense que quedó detenida el miércoles luego de que su auto explotara y cerca de 20 kilos de cocaína quedaran esparcidos en una estación de servicios de la ciudad salteña de Orán aseguró este viernes al declarar ante la Justicia que no sabía que había droga en el tubo de gas del vehículo y que acababa de retirarlo de un taller mecánico, informaron fuentes judiciales.
En la diligencia que se realizó esta mañana en el Juzgado Federal 2 de Orán, a cargo del magistrado Gustavo Montoya, y ante la fiscal federal de esa ciudad, María del Carmen Núñez, la sargento Sofía Chaparro negó su vinculación con la cocaína y los «panes» de esa sustancia que quedaron esparcidos en la estación de GNC la noche del miércoles último, dijeron los voceros consultados por Télam.
Durante la diligencia, la policía aseguró que acababa de retirar el auto de un taller mecánico y que se disponía a regresar a Buenos Aires con sus tres hijas de 9,13 y 14 años, que estaban con ella cuando ocurrió la explosión.
Los voceros dijeron que, tras la indagatoria, Chaparro permanecerá bajo prisión preventiva por los próximos 60 días mientras sigue adelante la investigación en el marco de la causa en la que se le imputa el delito de «transporte de estupefaciente agravado por ser cometido por personal policial».
En tanto, fuentes de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense informaron a Télam que el sargento fue apartada de sus funciones mientras avanza la pesquisa.
Según esos voceros, Chaparro se desempeñaba en la comisaría séptima de La Matanza, con sede en Villa Celina, aunque estaba con carpeta médica y había viajado a Corrientes y luego a Salta junto a sus hijas.
El hecho ocurrió la noche del miércoles pasado en la estación de GNC «Géminis Gas», ubicada en la avenida Palacios de la ciudad salteña de Oran, adonde Chaparro llegó a bordo de su auto con sus tres hijas.
Las ocupantes del rodado descendieron y la policía le pidió al playero que le realizara una carga mínima de gas, momento en que el auto explotó, tal como quedó registrado en un video de las cámaras de seguridad del lugar.
Tras el estallido, los presentes advirtieron que el auto y los alrededores quedaron cubiertos de un polvo blanco que, luego se determinó, era cocaína.
También por la explosión volaron varios paquetes envueltos con papel amarillo y que contenían más de esa droga.
Los pesquisas que trabajaron en el lugar tras el arribo de la policía estimaron que la cantidad de estupefaciente que había en el tubo de gas alcanzaba los 20 kilos.
Tanto la droga como cinco teléfonos celulares que pertenecen a Chaparro y a sus hijas fueron secuestrados por efectivos de Gendarmería Nacional (GNA) que quedaron a cargo de la investigación y peritajes en el marco del caso.
Si bien la sargento y las niñas resultaron ilesas tras la explosión, fueron llevadas al hospital de Orán para ser sometidas a una revisación.
Las fuentes dijeron que fue en ese centro asistencial donde en una primera declaración sin validez legal ante la policía, Chaparro dio por primera vez la versión de que desconocía que había cocaína en el tubo de gas del auto y que acababa de sacarlo del taller mecánico, lo mismo que reiteró hoy frente al juez y la fiscal.
Antes de la indagatoria, la policía se hallaba detenida en la sede del Escuadrón 20 de Orán de GNA, y ahora se aguarda a que el juez resuelva si continúa alojada en ese sitio o si es enviada a algún penal.
Los pesquisas cuentan ahora con 60 días para recaban información acerca de la procedencia de la cocaína y cuál era el destino, al tiempo que procurarán establecer si la policía desplegó la maniobra de manera individual o si pudo haber integrado alguna organización, añadieron las fuentes.
Los informantes policiales agregaron que hasta hace una semana el sargento cumplía funciones no operativas en la fuerza, ya que tenía un problema de salud, y que había viajado a Corrientes desde donde se dirigió a Salta antes de regresar a Buenos Aires.
Judiciales ⚖️
Fraude con certificados truchos en Salta: cómo una red en Facebook burló los controles de la provincia
Una red de falsificación de títulos y diplomaturas con aval ficticio de instituciones reales afectó los procesos de designación del Ministerio de Salud de Salta. La maniobra se detectó tras una auditoría interna que encontró casi 300 inscripciones con documentación apócrifa.
★ La Justicia de Salta imputó a 53 docentes por presentar certificados falsos para aumentar puntajes en concursos y procesos de designación del Ministerio de Salud provincial. La investigación, que arrancó el 17 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia formal del secretario de Gestión Educativa, expuso una red organizada de falsificación de instrumentos privados que operó a través de redes sociales y cobró entre 95.000 y 360.000 pesos por certificado apócrifo.
Así lo informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta en un comunicado oficial que detalla el alcance de la maniobra y los roles que cada uno de los imputados habría cumplido dentro de la organización.
La auditoría que destapó la olla
La denuncia que activó la investigación judicial partió del propio sistema educativo provincial. Según el MPF salteño, la auditoría interna detectó 291 inscripciones con documentos falsos, 286 registros adulterados y un universo de 237 profesores implicados en total, de los cuales 53 ya fueron formalmente imputados en esta primera etapa procesal.
La pesquisa quedó en manos de la Unidad de Delitos Complejos (UDEC), que determinó que las Juntas Calificadoras comparten base de datos, lo que facilitó tanto la detección de las irregularidades como la identificación de duplicaciones y numeraciones de títulos inexistentes.
Facebook como vidriera del fraude
La red operaba de manera abierta en Facebook, a través de perfiles como «Cursos Educar» o bajo el alias «Ana Guzmán». Desde esas cuentas se ofrecían diplomaturas con puntaje aparentemente avaladas por instituciones educativas reales; una modalidad que, según la fiscalía, resultó lo suficientemente convincente como para captar a cientos de docentes en distintas regiones de la provincia.
Una vez acordado el servicio, los interesados realizaban el pago, y a cambio recibían certificados en formato PDF con sellos y firmas escaneadas, sin ningún respaldo en registros oficiales. Miembros de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmaron que los números de los certificados no existían en las bases de datos estatales.
Roles identificados dentro de la red
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio fue quien trazó el mapa de responsabilidades dentro de la organización. Según la funcionaria judicial, la estructura se articulaba en tres funciones diferenciadas:
- Una docente del sur provincial se encargaba de la captación de clientes y el cobro de los pagos.
- Una mujer en el norte brindaba soporte y canalizaba consultas bajo una identidad ficticia.
- Un hombre radicado en Bariloche fue señalado como administrador digital y receptor de los fondos.
Dos mujeres fueron detenidas y acusadas de manera provisoria por los delitos de falsificación de instrumento privado en concurso ideal con fraude a la administración pública, y asociación ilícita en concurso real, según informó el MPF.
Un escándalo que pone en jaque la selección de personal en salud
Más allá de la dimensión penal, el caso expone una grieta estructural en los mecanismos de control del sistema de designaciones en salud pública provincial. Que una red de este tipo haya podido operar durante un tiempo considerable, captando a cientos de docentes y manipulando registros sin ser detectada de inmediato, pone en cuestión la solidez de los sistemas de verificación de credenciales en el Estado salteño.
La magnitud del número de inscripciones adulteradas (286 sobre un universo de 291 detectadas como irregulares) sugiere que se trata de una práctica que encontró condiciones favorables para instalarse. La investigación judicial deberá determinar si existieron complicidades internas o simplemente fallas en los controles institucionales.
Puntos clave
- 53 docentes imputados en una primera etapa; el universo total investigado alcanza los 237 profesores.
- La auditoría interna detectó 291 inscripciones con documentos falsos y 286 registros adulterados.
- La red operaba en Facebook y cobraba entre $95.000 y $360.000 por certificado apócrifo.
- Dos mujeres fueron detenidas y acusadas por falsificación, fraude a la administración pública y asociación ilícita.
- La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio identificó tres roles diferenciados dentro de la organización criminal. ★
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