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Juicio por el crimen de Rafael Nahuel: fiscal pidió sólo 5 años cárcel para los responsables

«¿De qué enfrentamiento habla? A mi hijo le pegaron un tiro por la espalda. El juicio está por terminar y nunca dieron la cara. Manga de asesinos», gritó el padre de la víctima, Alejandro Nahuel, quien al igual que su esposa, Graciela Salvo, se levantó de su silla apenas terminó el alegato fiscal y cuestionó al funcionario.

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El pedido para que se condene a cinco años de prisión al grupo de prefectos responsable del asesinato de Rafael Nahuel en 2017, formulado por la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca, generó el repudio de los padres del joven mapuche, quienes expresaron sus dolidas quejas a los jueces durante la audiencia.

El fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó este miércoles una condena de 5 años de cárcel para los cinco miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de matar a Nahuel.

El pedido del representante del Ministerio Público, que encuadró el delito cometido por los uniformados en el de «homicidio agravado con exceso en la legítima defensa», embargó de tensión el cierre de la audiencia.

«¿De qué enfrentamiento habla? A mi hijo le pegaron un tiro por la espalda. El juicio está por terminar y nunca dieron la cara. Manga de asesinos», gritó el padre de la víctima, Alejandro Nahuel, quien al igual que su esposa, Graciela Salvo, se levantó de su silla apenas terminó el alegato fiscal y cuestionó al funcionario.

La mamá de Rafael Nahuel también exclamó: «Queremos justicia por Rafael, porque a mi hijo lo mataron; llegaron (los Albatros) en un solo día y le quitaron la vida».

Ante esa situación, el presidente del tribunal, Alejandro Silva, pidió «un minuto» para ordenar la audiencia, pero los padres de Nahuel continuaron con sus reclamos y se decidió dar por terminada la jornada.

Mientras tanto, en la puerta del tribunal, un grupo de unas 50 personas reclamaba por la condena a prisión perpetua de los asesinos.

A ese grupo se sumó luego la familia de la víctima y se vivieron nuevos momentos de tensión cuando el fiscal Vehils Ruiz intentó salir por la puerta delantera del edificio.

Los manifestantes increparon al fiscal, quien se vio obligado a reingresar al edificio. “¡Asesinos!” y “¡Perpetua!” fueron las palabras que gritaron quienes acompañaban a la familia.

En la audiencia, el fiscal Vehils Ruiz dijo que la actuación “desobediente e irresponsable” de los involucrados concluyó con la muerte de Nahuel.

Planteó que existió un enfrentamiento con armas de fuego y que el delito de los prefectos fue cometido sobrepasando los límites que impone el ejercicio de la defensa en casos de este tipo.

De esta manera, no adhirió a los planteos de las querellas, para quienes en el debate oral del juicio quedó demostrado que los prefectos persiguieron y mataron al joven sin que medie un enfrentamiento y en un contexto de racismo contra el pueblo mapuche.

Consultado por Télam, el abogado de la familia de Rafael Nahuel, Rubén Marigo, dijo que “el alegato del fiscal fue una excelente defensa» y agregó: «Si yo fuera (Marcelo Hugo) Rocchetti (abogado de tres de los prefectos) adheriría a los planteos del fiscal”.

Para Marigo, la intervención del representante del Ministerio Público “le da una pátina de impunidad a lo hecho por los asesinos”.

Durante su alegato de dos horas, el fiscal y su auxiliar Juan Manuel García Barrese, repasaron los testimonios, pruebas y pericias incorporadas a la causa durante la etapa de juicio oral y público y concluyeron que existían “indicios” sobre la presencia de armas en manos de los mapuches.

García Barrese planteó como “prueba indiciaria” el informe pericial químico sobre las manos y ropa del propio Nahuel y de Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, los jóvenes que bajaron el cuerpo de la víctima.

Sin embargo, el propio fiscal Vehils Ruiz había dicho a Télam y a otros medios a comienzos de septiembre pasado que no encontraba argumentos para sostener la teoría del enfrentamiento, haciendo hincapié en la falta de certeza y en el hecho de que la víctima mortal y los otros dos heridos habían recibidos los disparos por la espalda.

En tanto, también en la audiencia de hoy, la querella de la familia de Rafael Nahuel, solicitó prisión perpetua para los cinco integrantes del grupo Albatros involucrados y pidió que se incorpore a la causa el agravamiento por «odio racial» y que se considere como un caso de «violencia institucional equiparable al terrorismo de Estado».

Así lo expresaron los abogados de la familia, Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, en el alegato que pronunciaron esta mañana.

La próxima semana llegará el turno de los alegatos de las dos defensas que representan a los prefectos Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Velntín Sosa (en manos del abogado Marcelo Hugo Rocchetti) y de Ramón Obregón y Sergio García (a cargo de las abogadas Anabella Schmidt y Alejandra Bussetti).

Según pudo saber Télam, solicitarán la absolución de sus defendidos basándose en las contradicciones de las pericias balísticas y en la imposibilidad de determinar la procedencia del disparo mortal que acabó con la vida de Nahuel.

De acuerdo con lo constatado en las pericias balísticas, que fue reiterado por las querellas, los uniformados dispararon unas 151 veces con munición de plomo utilizando dos tipos de armas: pistolas Beretta 9 milímetros, y subfusiles MP5.

En principio está previsto que el 22 de noviembre el TOF lea el veredicto del caso, aunque el Presidente del Tribunal, Alejandro Silva, adelantó que podría postergarse debido a las nulidades planteadas por la defensa.

En este sentido, Marigo reiteró a esta agencia el pedido realizado para que esa lectura de la sentencia se realice en Bariloche, el lugar donde se produjo el crimen y donde vive la familia de Rafael.

«Es una forma de garantizar el acceso a la Justicia», planteó el abogado.

Buenos Aires

Investigan la misteriosa muerte de un enfermero en Mar del Plata: tenía una jeringa clavada

Un trabajador de la salud fue encontrado sin vida dentro de un hospital bonaerense. La autopsia determinó una causa inicial de fallecimiento, pero la Justicia continúa con peritajes para establecer las circunstancias del hecho y analizar la posible presencia de sustancias.

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La Justicia investiga la muerte de un enfermero de 51 años que fue encontrado sin vida dentro del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.

El caso generó una investigación judicial luego de que se constatara que el trabajador tenía una jeringa clavada en el abdomen al momento del hallazgo.

Cómo encontraron al enfermero dentro del hospital

Según publicó NA, el cuerpo fue encontrado el miércoles por la noche por una compañera en el área de hematología del hospital, quien dio aviso inmediato a las autoridades.

Según los primeros análisis realizados en el lugar, el hombre estaba ubicado en posición cúbito dorsal, con una jeringa clavada en el vientre y dos puntas de ampollas a su lado.

La zona fue preservada para permitir la intervención de los peritos correspondientes.

La autopsia determinó un paro cardíaco

El resultado preliminar de la autopsia indicó que la causa del fallecimiento fue un paro cardíaco.

Sin embargo, la investigación continúa abierta para reconstruir las circunstancias del hecho y establecer si existió algún factor adicional relacionado con la muerte.

La fiscal Romina Díaz quedó a cargo de la causa, que fue caratulada como averiguación causales de muerte, y dispuso la realización de distintos peritajes a cargo de la Policía Científica.

Analizan si hubo intervención de sustancias

Uno de los elementos incorporados a la investigación surgió a partir de la declaración de una colega del enfermero.

Según esa declaración, el hombre solía inyectarse sustancias dentro de su lugar de trabajo, motivo por el cual se ordenaron estudios complementarios y pericias toxicológicas.

Los análisis buscarán determinar si alguna sustancia pudo estar relacionada con el fallecimiento.

Un caso que generó comparaciones con otra investigación

El episodio recordó la causa conocida como “Propofest”, relacionada con una investigación en la Ciudad de Buenos Aires por el presunto desvío de propofol e insumos del Hospital Italiano para uso privado.

En ese expediente están procesados Delfina “Fini” Lanusse y el anestesiólogo Hernán Boveri.

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