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Juicio por el crimen de Rafael Nahuel: fiscal pidió sólo 5 años cárcel para los responsables

«¿De qué enfrentamiento habla? A mi hijo le pegaron un tiro por la espalda. El juicio está por terminar y nunca dieron la cara. Manga de asesinos», gritó el padre de la víctima, Alejandro Nahuel, quien al igual que su esposa, Graciela Salvo, se levantó de su silla apenas terminó el alegato fiscal y cuestionó al funcionario.

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El pedido para que se condene a cinco años de prisión al grupo de prefectos responsable del asesinato de Rafael Nahuel en 2017, formulado por la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca, generó el repudio de los padres del joven mapuche, quienes expresaron sus dolidas quejas a los jueces durante la audiencia.

El fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó este miércoles una condena de 5 años de cárcel para los cinco miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de matar a Nahuel.

El pedido del representante del Ministerio Público, que encuadró el delito cometido por los uniformados en el de «homicidio agravado con exceso en la legítima defensa», embargó de tensión el cierre de la audiencia.

«¿De qué enfrentamiento habla? A mi hijo le pegaron un tiro por la espalda. El juicio está por terminar y nunca dieron la cara. Manga de asesinos», gritó el padre de la víctima, Alejandro Nahuel, quien al igual que su esposa, Graciela Salvo, se levantó de su silla apenas terminó el alegato fiscal y cuestionó al funcionario.

La mamá de Rafael Nahuel también exclamó: «Queremos justicia por Rafael, porque a mi hijo lo mataron; llegaron (los Albatros) en un solo día y le quitaron la vida».

Ante esa situación, el presidente del tribunal, Alejandro Silva, pidió «un minuto» para ordenar la audiencia, pero los padres de Nahuel continuaron con sus reclamos y se decidió dar por terminada la jornada.

Mientras tanto, en la puerta del tribunal, un grupo de unas 50 personas reclamaba por la condena a prisión perpetua de los asesinos.

A ese grupo se sumó luego la familia de la víctima y se vivieron nuevos momentos de tensión cuando el fiscal Vehils Ruiz intentó salir por la puerta delantera del edificio.

Los manifestantes increparon al fiscal, quien se vio obligado a reingresar al edificio. “¡Asesinos!” y “¡Perpetua!” fueron las palabras que gritaron quienes acompañaban a la familia.

En la audiencia, el fiscal Vehils Ruiz dijo que la actuación “desobediente e irresponsable” de los involucrados concluyó con la muerte de Nahuel.

Planteó que existió un enfrentamiento con armas de fuego y que el delito de los prefectos fue cometido sobrepasando los límites que impone el ejercicio de la defensa en casos de este tipo.

De esta manera, no adhirió a los planteos de las querellas, para quienes en el debate oral del juicio quedó demostrado que los prefectos persiguieron y mataron al joven sin que medie un enfrentamiento y en un contexto de racismo contra el pueblo mapuche.

Consultado por Télam, el abogado de la familia de Rafael Nahuel, Rubén Marigo, dijo que “el alegato del fiscal fue una excelente defensa» y agregó: «Si yo fuera (Marcelo Hugo) Rocchetti (abogado de tres de los prefectos) adheriría a los planteos del fiscal”.

Para Marigo, la intervención del representante del Ministerio Público “le da una pátina de impunidad a lo hecho por los asesinos”.

Durante su alegato de dos horas, el fiscal y su auxiliar Juan Manuel García Barrese, repasaron los testimonios, pruebas y pericias incorporadas a la causa durante la etapa de juicio oral y público y concluyeron que existían “indicios” sobre la presencia de armas en manos de los mapuches.

García Barrese planteó como “prueba indiciaria” el informe pericial químico sobre las manos y ropa del propio Nahuel y de Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, los jóvenes que bajaron el cuerpo de la víctima.

Sin embargo, el propio fiscal Vehils Ruiz había dicho a Télam y a otros medios a comienzos de septiembre pasado que no encontraba argumentos para sostener la teoría del enfrentamiento, haciendo hincapié en la falta de certeza y en el hecho de que la víctima mortal y los otros dos heridos habían recibidos los disparos por la espalda.

En tanto, también en la audiencia de hoy, la querella de la familia de Rafael Nahuel, solicitó prisión perpetua para los cinco integrantes del grupo Albatros involucrados y pidió que se incorpore a la causa el agravamiento por «odio racial» y que se considere como un caso de «violencia institucional equiparable al terrorismo de Estado».

Así lo expresaron los abogados de la familia, Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, en el alegato que pronunciaron esta mañana.

La próxima semana llegará el turno de los alegatos de las dos defensas que representan a los prefectos Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Velntín Sosa (en manos del abogado Marcelo Hugo Rocchetti) y de Ramón Obregón y Sergio García (a cargo de las abogadas Anabella Schmidt y Alejandra Bussetti).

Según pudo saber Télam, solicitarán la absolución de sus defendidos basándose en las contradicciones de las pericias balísticas y en la imposibilidad de determinar la procedencia del disparo mortal que acabó con la vida de Nahuel.

De acuerdo con lo constatado en las pericias balísticas, que fue reiterado por las querellas, los uniformados dispararon unas 151 veces con munición de plomo utilizando dos tipos de armas: pistolas Beretta 9 milímetros, y subfusiles MP5.

En principio está previsto que el 22 de noviembre el TOF lea el veredicto del caso, aunque el Presidente del Tribunal, Alejandro Silva, adelantó que podría postergarse debido a las nulidades planteadas por la defensa.

En este sentido, Marigo reiteró a esta agencia el pedido realizado para que esa lectura de la sentencia se realice en Bariloche, el lugar donde se produjo el crimen y donde vive la familia de Rafael.

«Es una forma de garantizar el acceso a la Justicia», planteó el abogado.

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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión

La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.

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La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión

★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.

La nueva causa y el fiscal que la lleva

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.

En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».

Las cifras bajo la lupa fiscal

Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.

Una segunda causa que se monta sobre la primera

Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.

Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.

La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación

El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.

El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.

Doble estándar en la cima del fisco

La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.

Puntos clave:

– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.

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