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Judiciales ⚖️

Citaron a Morla y Stinfale por la apropiación de bienes de Maradona

Se trata de una causa por «asociación ilícita, estafa y circunvención de incapaces» que lleva adelante la fiscal María Cecilia Corfield, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15, y el juez de Garantías 3, Pablo Raele, ambos de La Plata.

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Los abogados Matías Morla y Víctor Stinfale y otros siete imputados vinculados al entorno de Diego Armando Maradona fueron citados a declaración indagatoria por una fiscal de La Plata que los acusa de haber manipulado psicológicamente al fallecido astro del fútbol y de haberle suministrado “alcohol, fármacos y marihuana” para apropiarse de sus bienes y sus marcas para su provecho económico, informaron fuentes judiciales.

Morla y Stinfale -ambos exapoderados y letrados de Maradona- están identificados en esta causa como “organizadores del plan”, pero aparte de a ellos, la convocatoria a indagatorias alcanza también a Christian Maximiliano Pomargo (cuñado de Morla y asistente personal de Maradona), Vanesa Patricia Morla (hermana del abogado), Maximiliano Trimarchi (chofer de Maradona), Sergio Garmendia (secretario de Maradona), Carlos Orlando “Charly” Ibáñez (asistente personal de Maradona), Stefano Ceci (empresario italiano) y Sandra Iampolsky (escribana).

Se trata de una causa por «asociación ilícita, estafa y circunvención de incapaces» que lleva adelante la fiscal María Cecilia Corfield, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15, y el juez de Garantías 3, Pablo Raele, ambos de La Plata.

Este expediente era impulsado por algunos de los hijos herederos del “10” y se instruye en ese departamento judicial porque todas las maniobras denunciadas habrían ocurrido cuando Maradona, el ex DT de Gimnasia y Esgrima, vivía en el country Campos de Roca.

Al describir el hecho que les imputa, la fiscal Corfield señala: “Desde al menos finales del mes de julio del año 2020 y hasta principios del mes de noviembre del mismo año, en el Barrio Cerrado Campos de Roca ubicado en el partido de Coronel Brandsen, los imputados Víctor Stinfale, Matías Edgardo Morla, Maximiliano Pomargo, Vanesa Morla, Maximiliano Trimarchi y Carlos Orlando Ibañez redujeron a la condición de servidumbre a Diego Armando Maradona”.

Al continuar la imputación, Corfiel afirma que esos acusados le restringieron a Maradona “el contacto con familiares, amigos y allegados, tanto en forma personal como telefónica, suministrándole alcohol, fármacos y marihuana, y manipulándolo psicológicamente con distintos artilugios, con el propósito de mantenerlo bajo su poder, para beneficiarse económicamente de los ingresos generados alrededor de su figura”.

“Se encuentra acreditado que solo podían acceder a visitarlo quienes estuvieran autorizados previamente por alguno de los imputados, y si para el caso se autorizaba la visita o contacto telefónico de algún amigo o familiar, la orden era que no podían quedar solos, siempre debía estar presente uno de los imputados o persona de confianza de ellos, como lo eran los encargados de seguridad, para ver y oír todo cuanto allí sucediera y hasta, cuando se tornara inconveniente para sus intereses, intervenir para disolver el contacto”, señala la fiscal.

Corfield indica que “con el mismo fin, el de impedirle contactarse con amigos y familiares, cambiaban permanentemente sus números de abonado telefónico y le manipulaban los aparatos de telefonía celular, a los que les modificaban la agenda de contactos, o los colocaban en modo avión, para que no pueda generar ni recibir comunicaciones”.

Además, la fiscal afirma que “de forma paralela, no obstante el conocido historial de adicciones de la víctima le suministraban alcohol, fármacos y marihuana, para mantenerlo en estado de confusión mental”.

La representante del Ministerio Público agrega que todo ello era “con el fin mantenerlo bajo su poder y a la vez, facilitarles la obtención de su firma, en documentos de distinta naturaleza”.

“Aislado de familiares y amigos, los organizadores del plan, Stinfale y Morla, pusieron alrededor de la víctima a personas que respondían a sus intereses”, señala.

En ese sentido, la fiscal sostiene que “Pomargo era quién autorizaba o denegaba el ingreso de visitas a Maradona, se encargaba de la compra de bebidas alcohólicas”, que “era también quien hacía firmar a Maradona los contratos correspondientes a los negocios que realizaban con las marcas nominativas y su imagen, para lo cual esperaba el momento oportuno, cuando Maradona se hallaba en las peores condiciones, a causa del consumo”.

“Asimismo, conformó con su cuñado Matías Morla, la empresa Sattvica, a cuyo nombre registraron las marcas de Maradona, y cuyo favor se cedieron los derechos sobre su imagen”. agrega la imputación. Respecto a Vanesa Morla, la fiscal afirma que “confeccionaba las recetas y encargaba la compra y el suministro de medicamentos a Maradona”.

Sobre Trimarchi, indica que “hacía las veces de chofer, llevaba la documentación para la firma de Maradona, para que Pomargo se la hiciera firmar y los fármacos que suministraban a Maradona, con recetas confeccionadas por Vanesa Morla”.

Por último, le atribuye a Ibáñez (actualmente preso en causas por robos y tenencia de armas) que “era el encargado directo de darle el alcohol, la marihuana y los medicamentos a Maradona”.

En cuanto al empresario Ceci y la escribana Iampolsky, la fiscal les imputa haber estado involucrados en la firma del documento en el que Maradona cedía sus marcas a la firma Sattvica, conformada por Morla y su cuñado Pomargo, y a la que se vinculó también al coimputado Garmendia.

Según la resolución, «el día 17 de agosto del año 2020, en la vivienda en Campos de Roca, sin su conocimiento ni consentimiento, hicieron firmar a Maradona, un contrato de concesión de licencia para la explotación económica de sus derechos de imagen, que le irrogó un perjuicio económico de envergadura», y le reconocen al astro del fútbol una ganancia del 50%.

«Traducido, los empleados le reconocen una compensación al dueño del negocio», dice la fiscal en su escrito. Las fechas fijadas por la fiscalía para las indagatorias son: Matías Morla, 22 de marzo; Stinfale, 23 de marzo; Pomargo, 29 de marzo; Vanesa Morla, 30 de marzo; Trimarchi, 31 de marzo; Garmendia, 5 de abril; Ibáñez, 6 de abril; Ceci, 7 de abril; y Iampolsky, 12 de abril.

En el marco de esta misma causa, Dalma y Gianinna Maradona -hijas del exfutbolista-, a través de sus abogados ya había solicitado una serie de detenciones e indagatorias para Morla y algunos miembros de su entorno.

DDHH

Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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