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Prisión preventiva para financista acusado de vender dólar ilegal a un narco que luego fue asesinado

El acusado, identificado como Patricio Carey y copropietario de la financiera Cofyrco SA, fue detenido el último domingo al arribar al aeropuerto de Ezeiza tras haber asistido el Mundial de Fútbol de Qatar, agregaron los informantes.

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Uno de los dueños de una financiera de la ciudad de Rosario quedó detenido cuando regresó de Qatar, donde había viajado a presenciar el Mundial de Fútbol, y permanecerá con prisión preventiva por 90 días, acusado entorpecer la investigación en una causa en la que ya está imputado por lavado de activos y encubrimiento al cambiar pesos por dólares a un narco asesinado, informaron hoy fuentes judiciales.

El acusado, identificado como Patricio Carey y copropietario de la financiera Cofyrco SA, fue detenido el último domingo al arribar al aeropuerto de Ezeiza tras haber asistido el Mundial de Fútbol de Qatar, agregaron los informantes.

Carey fue imputado el año pasado junto a sus socios por una presunta maniobra ilegal, consistente en cambiarle $2.350.000 por U$S 17.776 a Marcelo “Coto” Medrano, un hombre que había sido condenado por narcotráfico.

Medrano fue asesinado de varios balazos delante de su familia, el 10 de septiembre de 2020, en una estación de servicios de la localidad santafesina de Granadero Baigorria.

Al lado de su cuerpo baleado quedó su teléfono móvil, de cuya extracción la policía descubrió que el mismo día había cambiado pesos -presuntamente proveniente de su actividad ilegal- por dólares en la financiera Cofyrco SA.

En los meses previos, el exbarrabrava de Newell’s Medrano había cambiado U$S 35.000, según la investigación de los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos.

Sin embargo, tras la imputación por lavado de activos y encubrimiento, el financista Carey quedó en libertad mientras continúa el proceso.

Los fiscales volvieron a llevarlo a audiencia hoy para revisar aquella medida cautelar, al entender que hay “nueva evidencia del entorpecimiento probatorio” de la investigación.

En particular, los Narvaja y Moreno sostuvieron que un testigo que era asistente de la firma Cofyrco declaró en primera instancia que casi no mantenía contacto con Carey, pero el 18 de noviembre último, ante una nueva convocatoria de la Fiscalía, pidió testimonia en forma reservada y expuso sus temores a una represalia.

De ese modo, para los fiscales la libertad de Carey supone un entorpecimiento a sus tareas investigativas, en cuando puede ejercer presión sobre un testigo del caso.

En la misma causa ya fueron condenados en juicios abreviados el presidente de Cofyrco, Fernando Verseci, el director Teodoro Fracasi y Guido Garay, miembro de la financiera, accedió a una probation.

Para los fiscales, las maniobras de cambio de dólares por pesos “fue ejecutada por fuera de los canales regulados por el Banco Central”.

Además, “esta operación fue llevada a cabo con conocimiento del perfil público de Marcelo Medrano, asociado a la actividad criminal en la ciudad de Rosario”, quien ya tenía una condena por narcotráfico cumplida cuando fue asesinado.

Narvaja y Moreno sostuvieron que Cofyrco realizó el cambio de divisas “sin requerir a Medrano ningún tipo de elemento de acreditación del origen lícito de los fondos en pesos referidos, recibiéndose fondos de dinero en pesos, para ser utilizados en operaciones de compra de moneda extranjera dentro del mercado legal de cambios, en operaciones de préstamos de dinero (mutuos) a terceros, de cambio de cheques y de adelantos de sumas en efectivo”.

De esa manera, siguieron, obtuvieron “la consecuencia que dicho dinero circulara en el mercado, con la posibilidad que adquiriese la apariencia de un origen lícito”.

Según los acusadores, “los fondos en pesos que Marcelo Medrano cambió en las oficinas de Cofyrco SA eran el fruto de las actividades criminales en las que el mismo se encontraba involucrado, como única actividad económica desarrollada por el mismo, susceptible de explicar la magnitud del flujo de fondos que aplicaba a las referidas maniobras de compra ilegal de divisas”.

Además, cuando la policía allanó la sede de Cofyrco en septiembre de 2020, tras el crimen de “Coto”, encontró “174 Documentos Nacionales de Identidad en formato tarjeta, originales, de propiedad de personas físicas residentes en el país, extraviados, hurtados, o sustraídos ilegítimamente a sus propietarios”.

Con ellos, sostuvieron los fiscales, se realizaron al menos 306 operaciones de compra de dólares en forma legal –con el cupo de 200 mensuales por persona física-.

“Luego se volcaron dichos billetes en las operatorias irregulares de la firma financiera mencionada. Por tanto, obtuvieron un beneficio económico ilícito denominado ‘spread’ de cambio, es decir la diferencia existente entre la cotización del dólar oficial y el denominado dólar blue”, concluyeron.

La jueza del caso, Rosana Carrara, aceptó los nuevos elementos incorporados a la causa y dictó la prisión preventiva efectiva a Carey por 90 días, informó hoy el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.

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Sin habilitación, sin cuerdas y sin Estado: la cadena de negligencias que mató a María Eduarda.

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.

Más arrestos en una causa que suma imputados

La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.

El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.

Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva

Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.

Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.

La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación

La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.

María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.

Un negocio sin habilitación y sin controles

La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.

La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.

Puntos clave

  • La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
  • Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
  • La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
  • El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
  • La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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