La defensa de Martín Santiago Del Rio, detenido y procesado con prisión preventiva por el doble crimen de sus padres ocurrido el último 25 de agosto en una casona de Vicente López, recusó a los tres fiscales que investigan el caso al considerar que tienen «una mirada sesgada» contra su cliente y que actúan con «arbitrariedad y falta de objetividad».

El planteo fue formulado por la abogada Mónica Chirivin ante el Juzgado de Garantías Nro. 1 de San Isidro, cuyo titular Ricardo Costa fijó una audiencia para su tratamiento para el próximo jueves.

Los recusados son los fiscales de Vicente López, Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería, quienes conformaron un grupo especial por decisión del fiscal general de San Isidro, John Broyad.

Para Chirivin, hay una “absoluta pérdida de confianza» en la actuación de los representantes del Ministerio Público Fiscal y al respecto, mencionó “la falta de vocación para posibilitar el descubrimiento de la verdad por cuanto poseen una mirada sesgada”.

“El equipo de fiscales no asegura la garantía de objetividad, a lo largo de esta investigación actuaron con arbitrariedad en relación a la acusación», señaló la abogado, quien criticó que se manejen como “amos y señores de la prueba, afectando de esta forma garantías constitucionales del imputado como ser la defensa en juicio y el debido proceso».

Los cuestionamientos se basan en seis puntos y de allí que solicite la recusación de los fiscales Gómez, Musso y Semería, con los mismos argumentos en que se apeló el procesamiento con prisión preventiva de Martín Del Río ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro.

El direccionamiento de las preguntas a los testigos, el proceder en manipular el informe de las autopsias, los reconocimientos en las filmaciones, mantener en paralelo la acusación contra la empleada doméstica María Ninfa Aquino Chamorro (a pesar de ser liberada por falta de mérito), son algunos de los planteos formulados por la abogada defensora

También se adelantó que denunciará a estos fiscales ante la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires para que se investigue «la posible comisión de delitos y/o falta administrativa».