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“Me echó por hacer videos”: el drama del peón rural que emocionó a todo el país

Víctor Díaz trabajó 10 años sin registrar en un campo de San Vicente. Fue echado tras volverse popular en redes sociales. El Ministerio de Trabajo confirmó graves irregularidades laborales.

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Víctor Díaz, el peón rural que se volvió viral por un video en el que se despedía entre lágrimas de su perra Manchita, denunció que fue despedido por hacer videos en redes sociales, pese a que su patrón le había dado permiso previamente. Díaz trabajaba desde hacía una década como encargado de hacienda en un campo de San Vicente, provincia de Buenos Aires, pero nunca estuvo registrado.

“Me echó por hacer videos, dijo. No tiene mucho sentido. Me llamó a la oficina y me dijo: ‘Hasta acá llegamos’”, relató. El trabajador había rescatado a Manchita dos años atrás, luego de que la abandonaran en la entrada del campo. Desde entonces, la perra se convirtió en su inseparable compañera.

La situación generó una ola de apoyo en redes, donde el peón ya acumula más de un millón de seguidores en TikTok e Instagram. Sin embargo, su mayor preocupación sigue siendo poder recuperar a Manchita, que continúa en el campo. “Si mi patrón me la quiere dar, la voy a traer. Todavía no encontré lugar para llevarla”, expresó.

Despido, trabajo en negro y la reacción oficial

Según contó Díaz, su despido fue sorpresivo. Aunque en la carta formal se aludió a problemas económicos de la empresa, en la conversación cara a cara el empleador lo acusó de “ofender a ingenieros y encargados” con sus publicaciones. Sin embargo, el propio trabajador aseguró que pidió autorización dos veces para grabar contenido y que se la concedieron: “Me dijo que no pasaba nada mientras cumpliera con el horario”.

Lo más grave surgió después: al ser despedido, descubrió que había trabajado 10 años en negro. Tras la viralización del caso, el Ministerio de Trabajo bonaerense realizó una inspección en el campo y confirmó “graves irregularidades”, como cables expuestos, falta de elementos de protección personal y condiciones higiénicas precarias en la vivienda y el lugar de trabajo.

“El empleador fue intimado a regularizar la relación laboral y adecuar las condiciones de salud y seguridad”, detalló la cartera laboral en un comunicado oficial.

De San Vicente a Ezeiza, sin trabajo pero con dignidad intacta

Díaz, nacido en Paraguay, lleva 14 años radicado en Argentina. Tras el despido, se alojó en la casa de su novia en Ezeiza. A pesar del golpe anímico y económico, no pierde el optimismo: “Tengo montones de propuestas, pero no de campo. De albañil, jardinero, de todo. Yo me defiendo, al trabajo no le tengo miedo”.

Su historia encendió una alarma sobre las condiciones de empleo en el sector agropecuario. Según datos del Renatea y la UATRE, más del 60% de los trabajadores rurales no están registrados o lo están parcialmente, lo que impide el acceso a derechos básicos como obra social, jubilación y ART.

Díaz representa a miles de peones invisibles que sostienen el campo sin reconocimiento ni protección. Su video con Manchita conmovió, pero también visibilizó una deuda estructural de dignidad laboral.

Judiciales ⚖️

La Justicia pide evaluar de urgencia a Pity Álvarez tras el choque

Los abogados que representan a la hermana del músico presentaron un pedido ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4 para que se realice una evaluación interdisciplinaria en un plazo máximo de 24 horas. El episodio se suma a un cuadro de salud que la Justicia ya intervino para proteger y a un juicio penal por homicidio que sigue su curso.

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Un accidente de tránsito en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal volvió a poner sobre la mesa el estado de salud del músico Cristian «Pity» Álvarez y la necesidad de una intervención judicial urgente. En la madrugada del martes, Álvarez conducía un Volkswagen Bora e impactó contra un Peugeot 208 estacionado en la intersección de las avenidas San Martín y Nicasio Oroño, para luego retirarse del lugar sin entregar su documentación, argumentando que tenía «problemas legales».

Horas después del episodio, los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños presentaron un pedido urgente ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4, a cargo de la jueza Mariana Judith Kanefsck, para que se concrete una evaluación interdisciplinaria del músico en un plazo máximo de 24 horas. La solicitud busca determinar su capacidad jurídica ante lo que los letrados describen como un cuadro de salud delicado.

Un episodio tras otro: el fin de semana previo al choque

El accidente vial no fue el único incidente reciente. Según detalló la defensa en el escrito judicial, durante el fin de semana anterior al choque el músico se encerró en una habitación de su domicilio y se negó a salir, lo que obligó a su entorno a intervenir con la asistencia de un cerrajero. «Llamamos a un cerrajero para ingresar, pero finalmente nos abrió», precisó el abogado Queijeiro en la presentación. En el mismo documento, el letrado subrayó que «su estado de salud es delicado y es por ello que no puede permanecer solo».

Qué analiza la Justicia Civil y qué medidas ya tomó

El expediente civil en curso tiene como objetivo central analizar el diagnóstico de Álvarez, sus recursos familiares y los apoyos necesarios para que alcance su mayor nivel de autonomía posible. La jueza Kanefsck ya había ordenado a la obra social de SADAIC que concretara un examen la semana anterior, pero la medida quedó pendiente de cumplimiento hasta la fecha.

En el marco de este proceso, la magistrada designó a Silvina Andrea Álvarez Congiu, hermana del músico, como apoyo provisorio para la administración de sus recursos de salud, e impuso una inhibición general de bienes. La orden también autorizó el uso de la fuerza pública o la apertura forzada de cerraduras si fuera necesario para garantizar el traslado y la atención del artista.

El juicio penal por homicidio sigue su propio carril

La causa civil avanza de forma independiente al proceso penal que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 lleva adelante contra Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. Hasta el martes, los jueces penales mantuvieron sin modificaciones el calendario del debate oral, que tiene previstas las declaraciones de cuatro testigos propuestos por la defensa.

La acumulación de episodios recientes plantea, una vez más, la tensión entre la continuidad de un proceso penal y la necesidad de garantizar la salud y la contención de alguien cuya capacidad jurídica está siendo evaluada por la propia Justicia Civil.

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