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Judiciales ⚖️

Para la defensa, los policías actuaron en cumplimiento del deber y deben ser absueltos

“Han obrado en el cumplimiento del deber, en legítima defensa y sin ningún dolo previo de comprender un homicidio”, afirmó Soto.

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La defensa de los tres policías de la Ciudad acusados de ser los autores materiales del homicidio de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021, solicitó hoy las absoluciones de ellos al considerar en su alegato ante el tribunal a cargo del juicio que «obraron en cumplimiento del deber, en legítima defensa y sin ningún dolo previo de comprender un homicidio».

El abogado Fernando Soto, quien representa al inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Fabián Andrés López, (48) y el oficial Juan José Nieva (38), integrantes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad aseguró enfáticamente en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 que «no hubo delito» y pidió que los tres sean absueltos, tanto por el homicidio de Lucas como por la tentativa de homicidio de los tres amigos que acompañaban a la víctima en el momento del hecho.

“Han obrado en el cumplimiento del deber, en legítima defensa y sin ningún dolo previo de comprender un homicidio”, afirmó Soto, al finalizar su alegato que se extendió en un poco más de dos horas y media.

Para el defensor, tanto la fiscalía como la querella “no analizaron las conductas particulares de cada uno de los imputados: donde estaban parados, desde donde dispararon, solo dijeron dispararon”.

En su alegato, Soto no mencionó las modulaciones que realizaron los policías en las que indicaban que se trató de un “enfrentamiento armado” con “cuatro individuos armados” dentro de un vehículo Volkswagen Suran color azul, y cuyo contenido fue incorporado al expediente judicial.

“Entiendo que la acusación debe tener precisión, pero no establece una descripción clara del momento de los disparos. Nieva, López e Isassi no estaban merodeando por una presa para cazar, estaban ahí por un mandato preciso, de un fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (Ufeide), que les pedían tareas de investigación discretas en un lugar determinado”, señaló.

El letrado mencionó que la investigación a la cual estaban abocados los tres policías era para determinar la actividad en una barbaría ubicada sobre la calle Luna al 1500, en la cual se comercializaba marihuana, y que, en la recorrida, los miembros de la brigada vieron salir a los cuatro jóvenes “y no a un contingente de chicos vestidos con ropa deportiva”, que de ser así, “no los hubieran seguido”.

“El procedimiento fue porque estaban en el marco de una investigación judicial en dos expedientes. Porque salieron ellos nada más, se subieron al vehículo y tenían la razonable sospecha que podían estar vinculado al tráfico de estupefacientes”, expresó.

Soto, que ejerce la codefensa junto a Martín Sarubbi, manifestó que Isassi, Nieva y López “querían identificarlos y evaluar si estaban vinculados al procedimiento”, y reconoció que “hubo deficiencias en la identificación en el vehículo”.

“Ellos (los policías) ejercieron una reacción de defensa. Y estaban respondiendo a una agresión que ponía en riesgo su integridad física y su vida. López, estando facultado para disparar al auto, lo hizo al piso. Nieva e Isassi dispararon como pudieron al momento de ser embestidos, pero estaban dentro de la ley 5688/16 (Sistema Integral de Seguridad Pública)”, indicó Soto.

Sobre el disparo de Nieva dijo que no hay una pericia que indique dónde realizó el disparo, y que, presuntamente, el proyectil que salió del arma de Isassi ingresó por un ventilete de la Volkswagen Suran y fue uno de los que impactó en el cuerpo de Lucas, pero que los análisis de la Policía Federal Argentina no lograron determinar desde qué posición tiró ni la dirección del disparo.

Con respecto al tiro de López, dijo que fue “un rebote” que impactó en el guardabarro de la Suran y que disparó “en legítima defensa de terceros”, es decir, de sus dos compañeros.

“Existen dos pericias, hechas por la misma división. El primer informe dice la que la trayectoria del proyectil del encamisado H, impacta de adelante hacia atrás, de afuera hacia adentro. Es la presuntamente disparada por Nieva. En la segunda pericia dice que no se pudo establecer la trayectoria. Una semana de diferencia en cada pericia, una del 14 de diciembre y la otra del 20 de diciembre de 2021”, sostuvo.

En el inicio de su alocución, Soto pidió las nulidades en el procedimiento del secuestro del denominado encamisado H, que fue incautado en la sala del shock room del hospital Penna, donde fue atendido Lucas, y de los agravantes por placer y odio racial.

“Ellos ejercieron legítima defensa. Isassi y Nieva pensaban que estaban habilitados defenderse en el cumplimiento del deber. Los disparos de López fueron por rebote, ejerce legítima defensa por terceros, no puso en riesgo las vidas, por lo que no puede haber tentativa de homicidio, no hubo delito”, sostuvo Soto, quien añadió que “no existe el concurso premeditado de dos o más personas, es decir, que no hubo un plan”.

También solicitó que no se tenga en cuenta al momento del veredicto los dichos del principal Héctor Cuevas (50), quien señaló ante el TOC que Isassi fue a buscar la réplica de arma de fuego hallada en el auto de los adolescentes, al considerar que «no puede incluirse en este proceso porque afecta el principio de incongruencia».

El juicio por el crimen de Lucas González continuará el próximo jueves con el último alegato por parte de las defensas del oficial Sebastián Jorge Baidón (28), otro de los 11 agentes imputados por el encubrimiento, a cargo de la letrada Valeria Corbacho y Fernando Lirman.

En la última jornada del debate oral realizada la semana pasada expusieron los defensores de los policías de mayor jerarquía involucrados en el encubrimiento del hecho y las omisiones de torturas de los adolescentes.

Las defensas del comisario inspector Daniel Alberto Santana (53); de los comisarios Fabián Alberto Du Santos (52) y Juan Horacio Romero (51), y del subcomisario Roberto Orlando Inca (47), negaron las participaciones en el hecho y solicitaron sus absoluciones.

Antes ya habían alegado los abogados del comisario Rodolfo Alejandro Ozán (54), el subcomisario Ramón Jesús Chocobar (48), el principal Héctor Claudio Cuevas (50), y de los oficiales Daniel Rubén Espinosa (33), Ángel Darío Arévalos (34) y Jonathan Rubén Martínez (33), quienes pidieron también sus absoluciones.

En la misma audiencia, y a partir de las exposiciones de dos de esas defensas, los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero ordenaron extraer testimonios y remitirlos a un juzgado de instrucción para que investigue la actuación que tuvo en el caso el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard.

Por otra parte, se espera que los jueces den a conocer el veredicto entre el 11 y 13 de julio, luego de las últimas palabras de los catorce imputados.

Según adelantó una fuente judicial, el veredicto se desarrollará en la sala principal de los tribunales federales de Comodoro Py, donde se realizaron las dos primeras audiencias del juicio.

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.

En Iriarte y Vélez Sarsfield, los jóvenes fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.

Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

Celebridades

Denuncian a Icardi por lesiones a su hija de 11 años: qué dice el acta policial

La UFI Género de Tigre abrió una causa por lesiones tras el llamado al 911 que movilizó a la Policía y a una médica de emergencias en Nordelta. El acta registra una orden judicial sobre la permanencia con el padre hasta el 16 de noviembre y el pedido de la niña de irse con su madre.

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El Argentino Diario-Wanda Nara y Mauro Icardi.
Una orden judicial, una niña que pidió irse y un acta policial: las claves de la denuncia contra Icardi.

Una niña de 11 años salió llorando de la casa de su padre en Nordelta y le pidió a su madre que se la llevara, según consta en el acta policial del viernes 6 de noviembre. La menor se habría presentado sin calzado y con medias, y dijo ante los efectivos que su padre le había pegado y la había amenazado.

La causa, caratulada como lesiones, tramita en la UFI Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci, e involucra al futbolista Mauro Icardi, padre de la niña. El fiscal ordenó recibir declaración testimonial a la conductora Wanda Nara, su madre. La intervención del Comando de Patrullas Tigre se produjo por un llamado al 911, alrededor de las 17, al lote 17 del barrio privado La Isla, en Nordelta.

Qué consta en el acta policial

Según el parte, Nara contó a los agentes que su hija le había pedido ayuda por mensajes porque estaba sola, tenía miedo y su padre le había pegado. El documento agrega que la niña permanecía en su habitación desde hacía varias horas y que no había almorzado. Al llegar, los efectivos fueron atendidos desde la puerta por un hombre que no los autorizó a ingresar; minutos después, la niña salió de la vivienda y se acercó a su madre. También salió de la casa la otra hija de la expareja, de 10 años, que se quedó con Nara.

Una médica del sistema de emergencias de Tigre atendió a la niña en el domicilio. La menor refirió dolor de cabeza y en la rodilla izquierda; la profesional no detectó lesiones de gravedad que justificaran un traslado y recomendó una radiografía por un traumatismo leve.

Icardi invocó ante los agentes una orden judicial que establecería que la niña debe permanecer con él hasta el 16 de noviembre. Según el acta, explicó que la menor quería irse porque él no le había permitido asistir a una reunión de adolescentes. Consultada por un policía sobre con quién quería quedarse, la niña respondió que quería irse con su madre. Los efectivos trasladaron a Nara y a su hija al Destacamento Policial Villa La Ñata para dejar constancia y recibir la declaración de la conductora.

Lo que dispuso la Fiscalía

Petrucci dispuso actuaciones por lesiones, ordenó un reconocimiento médico legal a la niña y la notificación a Icardi de la formación de la causa. El parte policial indica que el futbolista permaneció dentro de la vivienda y se negó a ser entrevistado por el personal, aunque el acta también recoge su explicación a los efectivos sobre la orden judicial. El Sistema de Emergencia Social de Tigre intervino en el lugar y el documento concluye: “Se trabaja en la contención”.

Se trata de una etapa preliminar: no trascendió una imputación formal ni el resultado del reconocimiento médico legal, y el entorno de los involucrados no hizo declaraciones.

La secuencia, según el programa LAM

El periodista Pepe Ochoa reconstruyó en el programa LAM (América TV) que Nara recibía múltiples llamadas mientras grababa MasterChef Celebrity (Telefe), pero los celulares no estaban permitidos en el piso, y que fue su pareja, Martín Migueles, quien recibió el llamado. Ambos interrumpieron la grabación y viajaron a Nordelta, donde, según Ochoa, la conductora e Icardi discutieron a los gritos en la calle del barrio mientras Migueles intentaba mediar. Antes de ir a la fiscalía, el grupo pasó por un hospital de Dique Luján.

Una niña en el centro de la escena

Más allá del peso mediático de los protagonistas, el eje del caso es una niña que, según el acta, pidió irse con su madre mientras regía una disposición judicial sobre su permanencia con el padre. La Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes reconoce su derecho a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta.

Será la Justicia la que determine qué ocurrió dentro de la casa. Hasta entonces rige la presunción de inocencia para Icardi, y la prioridad es el resguardo de la menor y de su identidad.

Lo que tenés que saber

  • La UFI Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci, investiga una causa por lesiones tras la intervención policial en un barrio privado de Nordelta.
  • Según el acta policial, la niña de 11 años dijo que su padre le había pegado y amenazado, y pidió irse con su madre.
  • Una médica del sistema de emergencias de Tigre no detectó lesiones de gravedad que justificaran un traslado, aunque recomendó una radiografía.
  • Icardi invocó una orden judicial que establecería la permanencia de la niña con él hasta el 16 de noviembre.
  • No trascendió una imputación formal y el entorno de los involucrados no hizo declaraciones.
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