Conectate con El Argentino

Judiciales ⚖️

Para la defensa, los policías actuaron en cumplimiento del deber y deben ser absueltos

“Han obrado en el cumplimiento del deber, en legítima defensa y sin ningún dolo previo de comprender un homicidio”, afirmó Soto.

Publicado hace

#

La defensa de los tres policías de la Ciudad acusados de ser los autores materiales del homicidio de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021, solicitó hoy las absoluciones de ellos al considerar en su alegato ante el tribunal a cargo del juicio que «obraron en cumplimiento del deber, en legítima defensa y sin ningún dolo previo de comprender un homicidio».

El abogado Fernando Soto, quien representa al inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Fabián Andrés López, (48) y el oficial Juan José Nieva (38), integrantes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad aseguró enfáticamente en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 que «no hubo delito» y pidió que los tres sean absueltos, tanto por el homicidio de Lucas como por la tentativa de homicidio de los tres amigos que acompañaban a la víctima en el momento del hecho.

“Han obrado en el cumplimiento del deber, en legítima defensa y sin ningún dolo previo de comprender un homicidio”, afirmó Soto, al finalizar su alegato que se extendió en un poco más de dos horas y media.

Para el defensor, tanto la fiscalía como la querella “no analizaron las conductas particulares de cada uno de los imputados: donde estaban parados, desde donde dispararon, solo dijeron dispararon”.

En su alegato, Soto no mencionó las modulaciones que realizaron los policías en las que indicaban que se trató de un “enfrentamiento armado” con “cuatro individuos armados” dentro de un vehículo Volkswagen Suran color azul, y cuyo contenido fue incorporado al expediente judicial.

“Entiendo que la acusación debe tener precisión, pero no establece una descripción clara del momento de los disparos. Nieva, López e Isassi no estaban merodeando por una presa para cazar, estaban ahí por un mandato preciso, de un fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (Ufeide), que les pedían tareas de investigación discretas en un lugar determinado”, señaló.

El letrado mencionó que la investigación a la cual estaban abocados los tres policías era para determinar la actividad en una barbaría ubicada sobre la calle Luna al 1500, en la cual se comercializaba marihuana, y que, en la recorrida, los miembros de la brigada vieron salir a los cuatro jóvenes “y no a un contingente de chicos vestidos con ropa deportiva”, que de ser así, “no los hubieran seguido”.

“El procedimiento fue porque estaban en el marco de una investigación judicial en dos expedientes. Porque salieron ellos nada más, se subieron al vehículo y tenían la razonable sospecha que podían estar vinculado al tráfico de estupefacientes”, expresó.

Soto, que ejerce la codefensa junto a Martín Sarubbi, manifestó que Isassi, Nieva y López “querían identificarlos y evaluar si estaban vinculados al procedimiento”, y reconoció que “hubo deficiencias en la identificación en el vehículo”.

“Ellos (los policías) ejercieron una reacción de defensa. Y estaban respondiendo a una agresión que ponía en riesgo su integridad física y su vida. López, estando facultado para disparar al auto, lo hizo al piso. Nieva e Isassi dispararon como pudieron al momento de ser embestidos, pero estaban dentro de la ley 5688/16 (Sistema Integral de Seguridad Pública)”, indicó Soto.

Sobre el disparo de Nieva dijo que no hay una pericia que indique dónde realizó el disparo, y que, presuntamente, el proyectil que salió del arma de Isassi ingresó por un ventilete de la Volkswagen Suran y fue uno de los que impactó en el cuerpo de Lucas, pero que los análisis de la Policía Federal Argentina no lograron determinar desde qué posición tiró ni la dirección del disparo.

Con respecto al tiro de López, dijo que fue “un rebote” que impactó en el guardabarro de la Suran y que disparó “en legítima defensa de terceros”, es decir, de sus dos compañeros.

“Existen dos pericias, hechas por la misma división. El primer informe dice la que la trayectoria del proyectil del encamisado H, impacta de adelante hacia atrás, de afuera hacia adentro. Es la presuntamente disparada por Nieva. En la segunda pericia dice que no se pudo establecer la trayectoria. Una semana de diferencia en cada pericia, una del 14 de diciembre y la otra del 20 de diciembre de 2021”, sostuvo.

En el inicio de su alocución, Soto pidió las nulidades en el procedimiento del secuestro del denominado encamisado H, que fue incautado en la sala del shock room del hospital Penna, donde fue atendido Lucas, y de los agravantes por placer y odio racial.

“Ellos ejercieron legítima defensa. Isassi y Nieva pensaban que estaban habilitados defenderse en el cumplimiento del deber. Los disparos de López fueron por rebote, ejerce legítima defensa por terceros, no puso en riesgo las vidas, por lo que no puede haber tentativa de homicidio, no hubo delito”, sostuvo Soto, quien añadió que “no existe el concurso premeditado de dos o más personas, es decir, que no hubo un plan”.

También solicitó que no se tenga en cuenta al momento del veredicto los dichos del principal Héctor Cuevas (50), quien señaló ante el TOC que Isassi fue a buscar la réplica de arma de fuego hallada en el auto de los adolescentes, al considerar que «no puede incluirse en este proceso porque afecta el principio de incongruencia».

El juicio por el crimen de Lucas González continuará el próximo jueves con el último alegato por parte de las defensas del oficial Sebastián Jorge Baidón (28), otro de los 11 agentes imputados por el encubrimiento, a cargo de la letrada Valeria Corbacho y Fernando Lirman.

En la última jornada del debate oral realizada la semana pasada expusieron los defensores de los policías de mayor jerarquía involucrados en el encubrimiento del hecho y las omisiones de torturas de los adolescentes.

Las defensas del comisario inspector Daniel Alberto Santana (53); de los comisarios Fabián Alberto Du Santos (52) y Juan Horacio Romero (51), y del subcomisario Roberto Orlando Inca (47), negaron las participaciones en el hecho y solicitaron sus absoluciones.

Antes ya habían alegado los abogados del comisario Rodolfo Alejandro Ozán (54), el subcomisario Ramón Jesús Chocobar (48), el principal Héctor Claudio Cuevas (50), y de los oficiales Daniel Rubén Espinosa (33), Ángel Darío Arévalos (34) y Jonathan Rubén Martínez (33), quienes pidieron también sus absoluciones.

En la misma audiencia, y a partir de las exposiciones de dos de esas defensas, los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero ordenaron extraer testimonios y remitirlos a un juzgado de instrucción para que investigue la actuación que tuvo en el caso el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard.

Por otra parte, se espera que los jueces den a conocer el veredicto entre el 11 y 13 de julio, luego de las últimas palabras de los catorce imputados.

Según adelantó una fuente judicial, el veredicto se desarrollará en la sala principal de los tribunales federales de Comodoro Py, donde se realizaron las dos primeras audiencias del juicio.

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.

En Iriarte y Vélez Sarsfield, los jóvenes fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.

Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

América Latina

Causa Cerimedo: las causas penales, la cuenta que no cierra y un nuevo perfil bajo

El exasesor de Javier Milei enfrenta en Bolivia acusaciones por tentativa de feminicidio, violencia familiar, legitimación de ganancias ilícitas y presunta cobertura al narcotráfico. Desde la cárcel de Palmasola ensaya su nueva estrategia: negar que actuó en nombre de nadie, aunque los documentos judiciales demuestran lo contrario.

Publicado hace

#

Fernando Cerimedo, el hombre que supo jactarse de operar en las sombras de los gobiernos de derecha latinoamericanos, ahora prefiere el anonimato.

Detenido en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, publicó esta semana desde la cárcel: «Jamás actué en nombre de nadie». La frase es la síntesis de una estrategia defensiva que procura lo inverso de lo que alguna vez buscó; ya no quiere figurar como operador de presidentes, sino desaparecer del mapa político para no incomodar a quienes lo amparan. El problema es que los expedientes judiciales no cooperan con esa versión.

Cuatro causas y una declaración que no cierra

La justicia boliviana abrió al menos cuatro expedientes contra el exasesor del presidente boliviano Rodrigo Paz. El primero y más grave es la causa por tentativa de feminicidio, por la que ya cumple 180 días de prisión preventiva al ser señalado como el autor intelectual del ataque a balazos que sufrió Nadia Beller, su expareja, el 17 de agosto pasado. En su teléfono celular se encontraron anotaciones vinculadas a eliminar «la Nadia«.

El segundo expediente, por violencia familiar, analiza conductas previas al intento de asesinato; en las conversaciones de WhatsApp halladas en el dispositivo de Cerimedo quedaron registradas referencias a episodios de violencia física, que Beller también relató públicamente en distintas entrevistas. En esa causa se abstuvo de declarar esta semana.

El tercer expediente es por legitimación de ganancias ilícitas, iniciado a partir de hallazgos de dinero en efectivo en los allanamientos. Ante la fiscalía, Cerimedo sostuvo que no cobraba dinero del Estado y que vivía de lo que facturaban sus empresas de consultoría y comunicación radicadas en Argentina y Estados Unidos, con ingresos de alrededor de un millón de dólares mensuales durante 2025 y 2026.

La cuarta causa, iniciada de oficio por el fiscal Alexander Mendoza, investiga una presunta cobertura al narcotráfico en el Departamento de Beni, zona amazónica fronteriza con Brasil, donde también se detectaron pistas de aterrizaje ilegales. La maniobra habría incluido la colocación de GPS en aeronaves para monitorearlas mientras sobrevolaban suelo boliviano.

El auto con sirena y los contactos en inteligencia policial

Los allanamientos realizados en La Paz aportaron elementos que refuerzan las sospechas sobre los vínculos institucionales del asesor. Entre los objetos secuestrados se encontró un automóvil equipado con sirena y una placa de la policía boliviana.

Además, el senador boliviano Leonardo Roca afirmó esta semana en Radio 10 que Cerimedo participaba habitualmente de reuniones con altos mandos policiales y militares. En consonancia con eso, en su teléfono celular se hallaron intercambios por WhatsApp con una persona agendada como ECG, que se investiga si podría ser Érik Correa González, un teniente coronel que se desempeña como jefe de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, quien además habría estado vinculado a los movimientos en torno al Swiss Hotel la noche del ataque contra Beller.

Paz lo desautoriza; Beller lo desmiente con fotos

El presidente Rodrigo Paz publicó un video en el que intentó reducir el perfil de Cerimedo: lo describió como un contacto de campaña que nunca tuvo un vínculo formal con su gobierno. La respuesta llegó de inmediato desde la cuenta de Facebook de Nadia Beller, quien publicó fotografías de Cerimedo participando de reuniones de alto nivel junto al mandatario. La imagen más elocuente lo muestra en un encuentro con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que el propio Departamento de Estado difundió en marzo pasado. La contradicción entre el relato presidencial y la evidencia fotográfica es el nudo central del caso político que se teje alrededor de la causa judicial.

En paralelo, Beller continúa aportando información a la justicia boliviana. Tras sobrevivir al ataque y recibir el alta médica, denunció un nuevo intento de atentado en su contra. Embarazada, sostuvo que está dispuesta a declarar también en Argentina y que ya no encuentra motivos para proteger a quien intentó asesinarla.

El operador que ahora niega haber operado

La paradoja de Cerimedo es que su defensa se apoya en negar aquello de lo que antes hacía gala. El hombre que fue responsable tecnológico de la campaña de La Libertad Avanza en las primarias de agosto de 2023 y que firmó documentos en nombre del equipo de Milei para designar a la empresa Latin American Advisory Group como agente de lobby en los Estados Unidos ahora sostiene que jamás actuó en nombre de nadie. Eso surge de documentos judiciales revelados por el periodista Andrés Lerner en el programa Minuto Uno por C5N. Su caso demuestra, precisamente, que no hacen falta firma ni cargo para tener poder; algo que Cerimedo, especialista en manipulación a través de redes sociales y lobbying, sabe mejor que nadie.

Lo que tienes que saber sobre Cerimedo

  • Cerimedo cumple 180 días de prisión preventiva en Palmasola acusado de ser el autor intelectual del intento de asesinato de Nadia Beller.
  • Se investigan cuatro causas penales en Bolivia: tentativa de feminicidio, violencia familiar, legitimación de ganancias y cobertura al narcotráfico.
  • En los allanamientos se secuestró un auto con sirena y placa policial; su celular registra contactos con inteligencia antinarcóticos.
  • Beller refutó con fotos el relato del presidente Paz, quien intentó minimizar el vínculo con el asesor argentino.
  • Documentos judiciales lo identifican como responsable tecnológico de la campaña de LLA en 2023 y firmante de contratos de lobby en nombre del equipo Milei.

Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo