En esta guerra de sesiones, la única certeza es que Unión por la Patria tiene intenciones de dar quórum a la convocatoria que formuló la oposición dialoguista para las 11 hs, pero está exigiendo que se pida una ampliación del temario para tratar también los dictámenes sobre financiamiento universitario y FONID.

Si esto no ocurriese (y seguramente no ocurra), analizan dar igualmente quórum y pedir al comienzo de la sesión un apartamiento de reglamento para incorporar estos temas, con el objetivo de dejar expuestas a las fuerzas políticas que están en contra de debatir el presupuesto de las universidades y los sueldos docentes en la actual coyuntura crítica que atraviesa el sector educativo.

El pedido de apartamiento no tendría ningún efecto práctico, ya que para incorporar proyectos al temario se requiere una mayoría agravada de tres cuartas partes del recinto que la alianza entre el oficialismo y el PRO está en condiciones inmejorables de bloquear.

Unión por la Patria pidió (y le fue concedida) una sesión para este martes a las 14 hs, apenas tres horas después del comienzo de la otra convocatoria.

La extensión de la primera sesión, que se prevé de varias horas, hará que la segunda convocatoria se vuelva abstracta e impracticable.

“Si hay quórum en la primera sesión, estaremos todo el día discutiendo sobre las jubilaciones. No vemos la necesidad de meter todo el mismo día”, explicaron altas fuentes del bloque radical a las que Noticias Argentinas tuvo acceso.

Este escenario es el que más ansían las fuerzas de la oposición intermedia, que no quieren verse en el brete de tener que decidir si brindan quórum a la segunda sesión, a riesgo de quedar caratulados como “cómplices” del kirchnerismo, o no dar quórum y quedar una vez más en deuda con la comunidad educativa a la que dicen defender.

No quisieran repetir la imagen de desprestigio que dejaron el 24 de abril pasado, cuando a instancias de una sesión convocada por UP para tratar justamente el presupuesto universitario al día siguiente de la colosal marcha en todo el país, decidieron no bajar a sentarse en sus bancas para dar la discusión y votar.

Luego tuvieron que mover cielo y tierra para redimirse con los rectores (muchos de ellos ligados al radicalismo universitario), que le pasaron la factura por no haberse ocupado de ellos en medio de una crisis de asfixia presupuestaria.

Tuvieron que participar de una maniobra urdida junto al kirchnerismo para emplazar a las comisiones de Educación y Presupuesto a que dictaminaran sobre los dos temas en cuestión (universidades y FONID) para obtener el perdón.

Después de los dictámenes se descomprimió el conflicto cuando el Gobierno anunció un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (para aumentar en un 270% los gastos administrativos de funcionamiento de todas las casas de estudio y hospitales universitarios.

Sin embargo, este acuerdo fue de palabra y aún no se materializó en publicaciones en el Boletín Oficial, ni mucho menos en transferencias. En este contexto de incertidumbre, el jefe del bloque UCR, Rodrigo de Loredo, preferiría que el tema no llegara al recinto porque le incomoda pelearse con el Gobierno con acciones concretas que puedan ser interpretadas como “palos en la rueda” a la gestión.

En Hacemos Coalición Federal la situación es bastante similar. Hay un grupo importante de diputados que no responde a la conducción de Pichetto, y que no está preocupado por quedar más o menos cerca del kirchnerismo en una votación.

De cualquier forma, por más que se logre la sanción de estos proyectos, tanto en lo que refiere a la movilidad previsional como el presupuesto universitario y el restablecimiento del FONID, sobre todos ellos pesa la sentencia de veto.

El presidente Javier Milei hizo saber que si la oposición lograba aprobar en ambas cámaras leyes que «rompieran la caja» y dañaran el equilibrio fiscal, no le iba a temblar el pulso a la hora de hacer uso de la facultad del veto

Movilidad jubilatoria

La primera sesión, pedida por la oposición dialoguista para tratar la movilidad previsional, está prácticamente garantizada. Más allá de que La Libertad Avanza firmó un dictamen de rechazo y no contribuirá al quórum, alcanza con sumar a Unión por la Patria para superar (con creces) los 129 diputados necesarios para abrir el recinto.

En total se pondrán en consideración del recinto cinco dictámenes, entre los cuales el de Unión por la Patria es el que se firmó con la mayoría, por lo que se tratará en primer lugar.

Las fuerzas de la oposición podrán o bien acompañar en general para luego insertar sus disidencias y pedir cambios en la votación en particular, o bien votar en contra del dictamen de UP para que se pase a tratar el primer dictamen de minoría, que es el que suscribió la UCR junto a Hacemos y la Coalición Cívica.

En un momento se especuló con que UP y la UCR podían unificar los dictámenes dado que no están demasiado alejados. Esa posibilidad perdió fuerza.

El 15 de mayo pasado, en el plenario de Previsión Social y Presupuesto, UP y la oposición “dialoguista” estuvieron a punto de dar el batacazo: hubo conversaciones hasta última hora para presentar una propuesta conjunta pero no fue posible.

En esas negociaciones, Unión por la Patria accedió a rebajar sus pretensiones originales de recomponer inicialmente las remuneraciones en un 30% y se acopló a la propuesta de «los dialoguistas» de fijar esa compensación en el 20,6% correspondiente a lo perdido por los jubilados en el mes de enero.

Con esta fórmula, la jubilación mínima quedaría en 285 mil pesos en el mes de junio, según calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Al ajuste mensual por IPC (inflación medida por el INDEC) se sumaría además un aumento anual adicional: en marzo de cada año se establecería un cálculo por el cual se reconocería un aumento del 50% de la variación del RIPTE (variación salarial) por sobre la variación del IPC el año calendario anterior.

Lo que dinamitó el acuerdo con Unión por la Patria fue la decisión de Hacemos Coalición Federal de “meter por la ventana” en el dictamen la obligación de ANSES de cancelar en un plazo máximo de seis meses la totalidad de las deudas que mantiene con las cajas previsionales provinciales así como con los jubilados con sentencias firmes favorables a partir de lo producido de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo.

Además, el dictamen de la oposición moderada elimina los regímenes jubilatorios especiales para presidente y vicepresidente de la Nación.

Como muestra de buena fe del kirchnerismo y de la voluntad de llegar a un acuerdo de acá a la fecha de la sesión, el dictamen que presentó Unión por la Patria no fue el original, más ambicioso en términos de recuperación de capacidad adquisitiva para los jubilados, sino que respetó los términos del estado de negociación que se había alcanzado con los dialoguistas.

La Libertad Avanza firmó un dictamen que reproduce los dispuesto en el decreto 274/24 del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, ajuste mensual por IPC con impacto a los dos meses y compensación del 12,5%. Con esta fórmula, la jubilación mínima será de 265 mil pesos en junio.

El PRO, en tanto, firmó un dictamen que incorpora en la fórmula de actualización no solamente el IPC sino un componente vinculado a la variación salarial (RIPTE), y agregan un 8% de recomposición al 12,5% dispuesto por el Gobierno (en total 20,5%) pero dándole al Poder Ejecutivo la posibilidad de liquidar ese adicional a su criterio.

También el dictamen del PRO elimina las jubilaciones de privilegio tanto para presidente como vice, y pone esos cargos en el sistema general.

En el bloque amarillo, hasta la tarde de este lunes algunos diputados consideraban la posibilidad estratégica de acompañar el dictamen de mayoría de UP por interpretar que es “más vetable” que el de la oposición dialoguista, ahorrándole al Gobierno un costo político. No obstante, no está claro que es lo que hará el PRO este martes y si todos sus diputados sostendrán la unidad de acción.

El dictamen de minoría del Frente de Izquierda prevé que la jubilación mínima en ningún caso esté por debajo del monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor, y propone una actualización de haberes tomando alternativamente el IPC o el RIPTE, según cual resulte más favorable. Además, asegura el 82% móvil para todos los jubilados.