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Coparticipación

El Gobierno recorta fondos a las provincias para transferir $190.000 millones a CABA

El ajuste presupuestario beneficia a la Ciudad gobernada por Jorge Macri y debilita la asistencia financiera al resto del país. También destina $14.300 millones extras al Senado que preside Victoria Villarruel.

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★ El gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 mediante la Decisión Administrativa 2/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, reasignando $190.000 millones para la Ciudad de Buenos Aires y $14.300 millones adicionales para el Senado de la Nación. La medida implica un recorte directo en la asistencia financiera que reciben las provincias y municipios del interior del país.

Transferencia millonaria a CABA con cargo al Tesoro Nacional

La normativa oficial justifica la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires como cumplimiento de la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia en el conflicto por la coparticipación. Según la resolución, estos recursos saldrán del Tesoro Nacional como transferencias corrientes, lo que significa una detracción directa de los fondos destinados originalmente al resto de las jurisdicciones provinciales.

El texto publicado señala que la adecuación presupuestaria responde a la necesidad de «afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido», sin especificar qué partidas específicas del interior serán afectadas por este recorte.

Refuerzo presupuestario para el Senado de Villarruel

La misma decisión administrativa incorpora $14.300 millones al presupuesto del Senado que conduce la vicepresidenta Victoria Villarruel. De ese monto, $10.611 millones se destinarán a gastos de consumo y servicios, mientras que $3.689 millones se emplearán en adquisición de maquinaria y equipo.

La norma argumenta que es «menester incorporar en el presupuesto del H. Senado de la Nación créditos necesarios para atender gastos que hacen a su normal funcionamiento». Los fondos también provendrán del Tesoro Nacional, sumándose al impacto sobre las cuentas públicas.

Ajuste interno en el Ministerio de Economía

Dentro de la estructura del Ministerio de Economía se realizó una compensación técnica de $400 millones, extraídos de partidas de servicios no personales para reforzar el presupuesto de «Personal – Gabinete de Autoridades Superiores». Esta reasignación interna evidencia movimientos de fondos hacia gastos de estructura política dentro del área económica.

Además, la resolución incorpora $42.570.000 al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organismo del Poder Legislativo que recibirá recursos provenientes del convenio de subvención con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH). En este caso, el financiamiento es externo y no impacta en el Tesoro Nacional.

Contexto político de la medida

La decisión de privilegiar a la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Jorge Macri (PRO), en detrimento de las provincias, profundiza las tensiones federales en un contexto de ajuste fiscal. Mientras el gobierno nacional argumenta cumplir con un fallo judicial, la forma de implementación mediante recorte directo a las provincias genera cuestionamientos sobre el federalismo y la distribución equitativa de recursos.

El refuerzo presupuestario al Senado, en tanto, ocurre en momentos de creciente protagonismo político de Villarruel, quien ha sostenido públicas diferencias con otros sectores del oficialismo.

Puntos clave

  • El gobierno reasigna $190.000 millones a CABA mediante recorte directo a fondos de provincias y municipios
  • El Senado recibe $14.300 millones extras del Tesoro Nacional para funcionamiento y equipamiento
  • La medida se formaliza por Decisión Administrativa 2/2026 publicada en el Boletín Oficial
  • El Ministerio de Economía realiza ajuste interno de $400 millones desde servicios no personales hacia gabinete de autoridades
  • El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura incorpora fondos de la ONU sin impacto en el Tesoro ★

Coparticipación

Presupuesto 2027: discapacidad, universidades y transporte frenan el acuerdo

El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y sentar el proyecto en el recinto el miércoles 25, cinco días antes de que termine el período ordinario. Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban la negociación.

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Vista del exterior del Palacio del Congreso de la Nación Argentina con su cúpula característica. Imagen ilustrativa generada con IA.

Tres partidas tienen frenado el Presupuesto 2027. Los recursos para las prestaciones por discapacidad, el aumento de los fondos para las universidades nacionales y los subsidios al transporte del interior son los puntos que los bloques aliados pusieron sobre la mesa para acompañar el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 15 de septiembre, la fecha límite que fija la ley de administración financiera.

La negociación la conducen el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Del lado del Ejecutivo participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que mantiene conversaciones con los gobernadores de los bloques dialoguistas. El oficialismo descartó el 18 de noviembre y ahora apunta a firmar dictamen el martes 17 para llevar el proyecto al recinto el miércoles 25, cinco días antes de que concluya el período de sesiones ordinarias.

Los tres reclamos que traban el dictamen

El primero es la discapacidad. Las prestaciones quedaron en el centro de la discusión después de que Amnistía Internacional advirtiera que el proyecto asigna a ese rubro 24% menos de fondos que en 2023. El segundo son las universidades: el texto contempla $7,3 billones para el sector, mientras los rectores reclaman $11 billones. El tercero es el transporte del interior, con los subsidios y el Fondo Compensador como eje. A esos puntos se suma un pedido transversal: la rebaja del Impuesto a los Combustibles, con el argumento de que la recaudación no se destina al mantenimiento de las rutas nacionales ni al 2,55% que corresponde al fondo del transporte del interior.

La Jurisdicción 91: $14,8 billones sin destino fijo

Los bloques aliados sostienen que hay margen para atender los reclamos sin romper el equilibrio fiscal y apuntan a la Jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro. El proyecto le asigna $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y la partida funciona como una reserva que administra la Secretaría de Hacienda: no tiene edificio ni empleados propios y puede reasignarse durante la ejecución. Cerca de la mitad de esos recursos está prevista para cubrir déficits y transferencias a empresas estatales, entre ellas Ferrocarriles, ENARSA, EducAr y el Correo. El mecanismo existe desde la década del 90 y ahora los dialoguistas quieren que parte de ese fondo se destine a discapacidad y universidades.

Las demandas de cada bloque

Cada espacio sumó reclamos propios. El PRO exige garantizar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, bajar del 21% al 10,5% la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados y fijar un mecanismo que asegure plazos y tarifas en las obras de rutas nacionales.

La UCR, con el mendocino Lisandro Nieri como negociador, pide eliminar cuatro artículos del texto. Los bloques provinciales reclaman que se avance con las obras ya acordadas y que se amplíen los $503.000 millones previstos para compensar los déficits de las cajas jubilatorias de las 13 provincias que no fueron transferidas a la Nación. Los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, sumaron el pedido de tratar la Ley de Biocombustibles, que quedó frenada por un reclamo de legisladores bonaerenses.

Las cuentas del proyecto

El texto prevé gastos totales consolidados por $216 billones y recursos por $219,3 billones, con subas de 25,3% y 26,2% respecto de la base de comparación que usa el Gobierno. Las partidas de servicios sociales ascienden a $150,9 billones y los servicios de la deuda pública a $18,6 billones. La discusión de fondo es qué se recorta para sostener el superávit primario y el equilibrio fiscal que el Ejecutivo puso como condición de cualquier cambio.

El reloj de las ordinarias

Si el proyecto no se aprueba antes del 30 de noviembre, el tratamiento pasa a sesiones extraordinarias, que el Gobierno puede convocar desde el 1 de diciembre. Y si el Presupuesto no se sanciona, la ley 24.156 obliga a prorrogar el del año anterior, con lo que el Ejecutivo recupera discrecionalidad sobre las partidas. La apuesta oficialista es que el dictamen llegue el 17 y que el recinto vote el 25, con el margen justo para evitar ese escenario.

Lo que tenés que saber

  • El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y a tratar el Presupuesto 2027 en el recinto el miércoles 25.
  • Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban el acuerdo con los bloques aliados.
  • La Jurisdicción 91 concentra $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y los dialoguistas quieren reasignar parte de esos fondos.
  • El proyecto prevé $7,3 billones para universidades frente a los $11 billones que piden los rectores, y $503.000 millones para las cajas jubilatorias provinciales.
  • Si no hay ley antes del 30 de noviembre, rige la prórroga del Presupuesto anterior.
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