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Se negó a declarar la mujer imputada por el secuestro y asesinato de Matías Berardi en 2010

El debate comenzó pasadas las 9.30 ante el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, a cargo del juicio a Alexia Souto Moyano, quien era menor de edad al momento del hecho y resultó absuelta en el primer proceso realizado en 2013, en el que otras diez personas fueron condenadas.

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La mujer acusada de haber participado del secuestro extorsivo seguido de muerte del adolescente Matías Berardi, cometido en 2010 en Campana, se negó hoy a declarar en el inicio del segundo debate oral que se lleva a cabo por el caso y que se realiza de manera virtual.

El debate comenzó pasadas las 9.30 ante el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, a cargo del juicio a Alexia Souto Moyano, quien era menor de edad al momento del hecho y resultó absuelta en el primer proceso realizado en 2013, en el que otras diez personas fueron condenadas.

Como su absolución fue revocada por la Cámara Federal de Casación, la mujer se sentó hoy nuevamente en el banquillo como acusada por el delito de «secuestro extorsivo seguido de muerte agravado por tratarse la víctima de un menor de edad», luego de que fracasó días atrás un intento de su defensa por acordar una pena en un juicio abreviado.

A poco de iniciarse la audiencia virtual y de que se leyera el requerimiento de elevación a juicio, la defensa planteó que el debate fuese solo de acceso a la partes y no público, al recordar que la acusada tenía 17 años cuando se cometió el crimen.

La defensora oficial Diana Bergel y el defensor de menores reclamaron que el juicio se desarrolle de manera reservada, lo que comúnmente se conoce como juicio a puertas cerradas, frente a lo cual el abogado de la familia Berardi, Eduardo Durañona, pidió que el debate sea público «para que pueda ser visto por toda la sociedad, para que entiendan cómo se cometió este crimen aberrante».

Luego de escuchar a todas las partes y tras un cuarto intermedio, el presidente del tribunal, Walter Venditti, consideró que el caso «es verdaderamente de interés público, tiene y tuvo trascendencia más allá de las cuatro paredes de una audiencia oral y pública».

No obstante, el magistrado resolvió que la declaración indagatoria de la acusada y las testimoniales se realicen solo con presencia de las partes -entre las cuales están los padres de Matías-, mientras que los alegatos y el veredicto serán con difusión pública.

Por su parte, Juan Pablo Berardi como María Inés Daverio, padres de la víctima, asistieron virtualmente a la audiencia mientras exhibían una foto de Matías.

En tanto, por la tarde declararon dos vecinos del barrio donde residía Souto Moyano y los principales condenados, Marcelo Godoy y Maxi Ponce; y el primer de ellos ubicó a la imputada en el lugar y momento en el que ocurrieron los hechos.

A su vez, Godoy dijo que se cruzó con la acusada y Ponce, lo que fue confirmado por esté en su respectiva declaración, detallaron fuentes judiciales.

Con 16 años, Matías Berardi era el mayor de cuatro hermanos y cursaba el quinto año del colegio Saint George de Escobar cuando la madrugada del 28 de septiembre de 2010 regresaba de una fiesta de egresados en la Capital Federal y se bajó de una combi en Panamericana y Ruta 26 para volver a su casa en ese partido del norte del conurbano.

Según surgió de la investigación, Matías fue secuestrado allí por una banda integrada por un clan familiar -matrimonio, hijas, cuñados y amigos involucrados- que lo mantuvo en cautiverio en una casa de la avenida Sarmiento 407 de Benavídez, partido de Tigre, desde donde se realizaron los primeros llamados extorsivos a sus padres para exigirles un rescate de 30.000 pesos.

Pero tras pasar 14 horas cautivo, el adolescente logró escapar, salió a la calle y pidió ayuda entre los vecinos, a quienes les dijo que lo tenían secuestrado, pero no logró que nadie lo refugiara y la banda lo recapturó y decidió asesinarlo.

No obstante, antes de hacerlo, los secuestradores llamaron por última vez para saber cuánta plata había reunido la familia, que exigió una prueba de vida que nunca llegó.

El cadáver de Berardi fue hallado al día siguiente en un camino de tierra a 300 metros de la ruta 6, en Campana con un tiro efectuado con una pistola 11.25, que ingresó por el omóplato derecho y le ocasionó la muerte.

En el primer juicio de 2013, el TOF 3 de San Martín condenó a prisión perpetua al herrero Richard Souto y a Néstor Maidana, Damián Sack, Gabriel Figueroa y Gonzalo Álvarez.

También condenó a penas de 24 años de prisión a Ana Moyano; a 17 años de cárcel a Jennifer Souto Moyano; a 19 a Celeste Moyano; a 21 a Federico Maidana y a 18 a Elías Vivas.

Los jueces de aquel debate no pudieron comprobar que Alexia Souto Moyano, otra de las hijas de Richard Souto y Ana Moyano, haya estado en el galpón donde estuvo retenida y ocultada la víctima, por lo que la absolvieron, aunque en 2016 esa decisión fue finalmente revocada.

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Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

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El Argentino Diario-Karina Milei.

Lo que tenés que saber

  • Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
  • El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
  • La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
  • Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
  • Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
  • Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
  • También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.

Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.

La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.

El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.

Las irregularidades señaladas en la licitación

Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.

La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.

Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.

Señalamientos sobre el rol de la administración

La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.

En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.

También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.

Pedido judicial y medidas solicitadas

La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.

También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.

La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.

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