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Judiciales ⚖️

Kim Gómez: su papá celebró el pedido de juicio al asesino y reclamó cambios urgentes en la ley

La fiscal solicitó la elevación a juicio del joven de 17 años implicado en el crimen de la niña de 9 años en La Plata. La familia destacó el accionar judicial y pidió cambios urgentes en el abordaje de delitos cometidos por menores.

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La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata pidió este miércoles que el joven de 17 años acusado de participar en el robo y asesinato de Kim Gómez sea sometido a juicio. La decisión fue confirmada por la fiscal Carmen Ibarra, quien concluyó la instrucción de la causa a menos de cuatro meses del crimen.

Kim, de 9 años, murió el pasado 22 de marzo tras ser arrastrada durante más de 15 cuadras en un automóvil que fue robado por dos adolescentes en el barrio El Mondongo. La niña iba en el asiento trasero del vehículo que conducía su mamá y no pudo ser rescatada a tiempo. El impacto del caso generó movilizaciones y pedidos de endurecimiento de penas para menores implicados en delitos graves.

_“La elevación es un progreso que venimos peleando. La fiscal hizo un trabajo rápido desde el día uno y muy bueno”, sostuvo Marcos, el papá de Kim.

La decisión final quedará en manos de la jueza Lescano

El expediente ahora será evaluado por la jueza María José Lescano, quien deberá determinar si hay mérito suficiente para avanzar hacia un juicio oral. En audiencias previas, la magistrada ya había considerado que el joven de 17 años y el menor de 14 —su cómplice— fueron responsables del robo del auto y de provocar la muerte de Kim al arrastrarla.

_“Estoy contento de que se lo tomen en serio. Esto marca que cuando se quieren hacer las cosas bien y rápido, se puede”, remarcó Marcos.

La fiscal Ibarra imputó al adolescente por homicidio criminis causa, un delito que contempla la pena máxima dentro del régimen penal juvenil. A pesar de su edad, si se lo encuentra culpable, podría recibir hasta 15 años de prisión, según el artículo 4 de la Ley 22.278.

Qué pasará con el menor de 14 años

En el caso del segundo implicado, que por su edad es no punible según la legislación vigente, la jueza resolvió que permanezca internado durante dos años en el Instituto Gambier, una medida de seguridad excepcional que solo puede aplicarse ante delitos gravísimos. Su abogado defensor solicitó el cese de esa medida, pero la Justicia ratificó que el riesgo procesal justifica su permanencia.

En Argentina, la edad de imputabilidad penal es de 16 años, aunque desde distintos sectores políticos se impulsa su reducción a los 14, especialmente tras casos de fuerte repercusión social como el de Kim Gómez. El Gobierno de Javier Milei ya anunció que enviará un proyecto al Congreso para debatir una reforma integral del régimen penal juvenil.

Un caso que reabrió el debate social y político

El asesinato de Kim Gómez revivió discusiones postergadas sobre el rol del Estado frente a la violencia ejercida por menores y la necesidad de fortalecer las redes de protección social. Mientras el oficialismo busca avanzar en una respuesta punitivista, organismos de derechos humanos, como el CELS, advirtieron sobre los riesgos de reducir la edad de imputabilidad sin garantizar primero acceso a educación, salud y contención en los barrios más vulnerables.

La familia de Kim, en cambio, reclama respuestas urgentes:

_“Ojalá esto sirva para cambiar o mejorar algo. Para mí los costos son altísimos, porque mataron a mi hija”, concluyó el padre.

Investigación 🔎

Allanamientos por Tandanor: secuestran US$ 367.110 por presuntas coimas

La Policía Federal realizó cinco procedimientos ordenados por Sebastián Casanello. La investigación busca establecer si un exgerente del astillero ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.

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La investigación por presuntas coimas busca reconstruir el circuito del dinero en Tandanor.

La Policía Federal secuestró US$ 367.110 en cinco allanamientos vinculados a una investigación por presuntas coimas en el astillero estatal Tandanor. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata, según informaron fuentes judiciales y policiales.

El expediente puso bajo la lupa a Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor. La Justicia busca determinar si le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda que la compañía mantenía con el astillero estatal.

La hipótesis que sigue la Justicia

La deuda rondaba los USD200.000. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra bajo análisis alcanzaría al menos los USD220.000, aunque la pesquisa todavía debe reconstruir el circuito del dinero y establecer las responsabilidades de cada involucrado.

El dinero fue encontrado entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. En los procedimientos también aparecieron un recibo manuscrito por USD100.000 y otro por $12,7 millones, además de cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y contratos.

Una denuncia nacida dentro del astillero

La causa se inició luego de una auditoría interna realizada en Tandanor tras un cambio de autoridades. Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia presentada por la propia empresa, un dato que ahora queda en el centro de la trama judicial y que deberá ser contrastado con la documentación secuestrada.

Además del dinero y los comprobantes, los investigadores secuestraron una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. El material será analizado para determinar si respalda la hipótesis de los pagos exigidos y cómo se habría desplegado el vínculo entre el exgerente y el empresario.

El juez delegó la pesquisa en una unidad anticorrupción

Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. Esa dependencia intenta reconstruir el circuito de los pagos bajo sospecha, mientras el expediente avanza sobre una pregunta incómoda para la administración de una empresa estatal: si una deuda podía convertirse, según la hipótesis acusatoria, en la puerta de entrada a un pedido de dinero.

Puntos clave

  • La Policía Federal secuestró USD367.110 durante cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello.
  • Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata.
  • La Justicia investiga si Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor, ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
  • La pesquisa también incorporó un recibo manuscrito por USD100.000 y $12,7 millones, junto con documentación y dispositivos electrónicos.
  • La causa surgió de una auditoría interna de Tandanor y fue denunciada por la propia empresa.
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