La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de 19 personas por presuntas coimas y maniobras de defraudación en la Agencia Nacional de Discapacidad, en un fallo que dejó firmes los embargos sobre sus bienes y ratificó que funcionó una estructura ilegal montada sobre uno de los organismos más sensibles del Estado.

El tribunal avaló las imputaciones contra Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, señalado como presunto jefe de una asociación ilícita, junto a otros cinco exfuncionarios del organismo y trece empresarios, en el marco de una causa que investigó supuestos pedidos de coimas y direccionamiento de contrataciones entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Qué resolvió la Cámara Federal

La Sala II confirmó el 22 de septiembre de 2026 el procesamiento dictado en febrero de 2026 por el juez federal Sebastián Casanello, que había enviado a juicio a los acusados tras considerar acreditado, en esta etapa preliminar, un esquema de cobro de retornos a cambio de contratos y pagos del Estado vinculados a programas y servicios para personas con discapacidad.

Los camaristas rechazaron todos los planteos de nulidad presentados por las defensas, mantuvieron vigentes los embargos sobre bienes y cuentas bancarias y ratificaron las calificaciones penales de asociación ilícita, cohecho, defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.

El fallo dejó claro que la investigación se centró en una supuesta organización estable, con roles diferenciados entre exfuncionarios y empresarios, que habría operado durante casi dos años para aprovecharse de recursos destinados a políticas de inclusión y asistencia a personas con discapacidad.

Cómo habría funcionado la presunta asociación ilícita

Según la reconstrucción judicial, Spagnuolo y un núcleo de exfuncionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad habrían utilizado sus cargos para favorecer a un grupo de trece empresarios en licitaciones, contrataciones directas y pagos vinculados a prestaciones y programas específicos, a cambio de pagos ilegales que se pactaron como retorno de un porcentaje de los montos contratados.

Los investigadores identificaron circuitos administrativos que habrían sido manipulados para direccionar expedientes, acelerar trámites de pago y excluir competidores, al tiempo que se habrían disfrazado sobreprecios y contrataciones innecesarias como refuerzos presupuestarios para mejorar la cobertura del sistema.

El corazón de la acusación planteó que cada decisión administrativa que involucró a la ANDIS en ese período pudo estar condicionada por intereses privados que se impusieron por encima de las necesidades reales de la población con discapacidad.

Los argumentos de la defensa y la respuesta del tribunal

Las defensas de los exfuncionarios y de los empresarios insistieron en que las pruebas eran insuficientes, que los procedimientos de contratación respetaron la normativa vigente y que los intercambios detectados entre privados y funcionarios respondieron a gestiones habituales en la administración pública.

También cuestionaron la validez de escuchas telefónicas, peritajes contables y testimonios de empleados de la ANDIS, a los que consideraron incompletos o sesgados, y reclamaron que se declarara la nulidad de buena parte de la investigación instruida desde diciembre de 2023.

La Sala II, sin embargo, consideró que las irregularidades denunciadas no afectaron el núcleo de las evidencias reunidas, entendió que las medidas probatorias se habían ordenado de forma legal y proporcional y concluyó que existieron elementos suficientes para mantener el procesamiento mientras se preparó el futuro juicio oral.

Para los camaristas, el volumen de mensajes, contratos observados, movimientos patrimoniales y testimonios internos ofreció un cuadro consistente de presuntas maniobras coordinadas y no de hechos aislados o meras desprolijidades administrativas.

La paradoja política: recortes y promesa de transparencia

El escándalo estalló mientras el Congreso debatió el Presupuesto 2027, que incluyó fuertes discusiones por los recortes proyectados en partidas de discapacidad, en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei defendió la necesidad de achicar el gasto y de limpiar lo que definió como privilegios y negocios en el Estado.

La confirmación de los procesamientos expuso una paradoja incómoda para el oficialismo, porque funcionarias y funcionarios de la misma administración quedaron bajo la lupa por supuestamente defraudar el sistema que el Gobierno afirmó querer sanear.

Mientras el Poder Ejecutivo sostuvo que el ajuste en discapacidad apuntó a eliminar intermediaciones y a concentrar recursos en quienes más los necesitan, la causa de la ANDIS reabrió la discusión sobre los controles reales que existieron sobre las decisiones de los altos cargos, el rol de los privados y la transparencia de los procesos de contratación.

Legisladores de la oposición utilizaron la ratificación del procesamiento como argumento para exigir mayores salvaguardas en la ejecución del Presupuesto 2027 y reclamaron que cualquier recorte fuera acompañado por mecanismos de auditoría más estrictos, para evitar que la reducción de fondos conviviera con nuevas oportunidades de negocio para grupos concentrados.

En el oficialismo, en cambio, voces cercanas al Gobierno plantearon que el avance judicial demostró que las instituciones habían funcionado y que los organismos de control respondieron ante las denuncias, aunque admitieron en privado que el impacto político del caso complicó el discurso de cambio de reglas de juego que el Ejecutivo buscó instalar.

La causa de la ANDIS se convirtió así en un símbolo del choque entre la promesa de austeridad y transparencia y las prácticas arraigadas de connivencia entre funcionarios y empresarios que atravesaron distintas gestiones.

Qué puede pasar en el juicio

Con el procesamiento confirmado, el expediente quedó listo para avanzar hacia la etapa de juicio oral, en la que el tribunal que resulte sorteado evaluará en audiencias públicas la responsabilidad penal de los diecinueve acusados y escuchará a testigos, peritos y a las propias personas imputadas.

En esa instancia, la defensa tendrá una nueva oportunidad para intentar desacreditar las pruebas, pedir absoluciones o reclasificar los delitos, mientras que la fiscalía buscará mostrar que existió una asociación ilícita que utilizó la estructura de la ANDIS para cobrar coimas de forma sistemática y para desviar recursos.

Organizaciones de personas con discapacidad y familiares anticiparon que seguirán de cerca el proceso y reclamaron que el caso derivara en cambios concretos en los mecanismos de control y en la participación de la sociedad civil en el diseño y la supervisión de las políticas del área.

Lo que tenés que saber

• La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de diecinueve personas por presuntas coimas y defraudación en la Agencia Nacional de Discapacidad.
• El principal acusado es Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, señalado como presunto jefe de una asociación ilícita integrada por otros cinco exfuncionarios y trece empresarios.
• La investigación abarcó hechos ocurridos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 e incluyó cargos por asociación ilícita, cohecho, defraudación y negociaciones incompatibles.
• La Cámara rechazó todos los planteos de nulidad de las defensas, confirmó los embargos sobre bienes y dejó el caso listo para el juicio oral.
• El escándalo impactó de lleno en el debate del Presupuesto 2027, en el que el Gobierno defendió recortes en discapacidad mientras enfrentó acusaciones por supuestas maniobras ilegales dentro de la propia ANDIS.