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Guzmán renunció tras anunciar que viajaba a Francia y en medio del discurso de Cristina

El ahora ex ministro tenía planeado partir este lunes, el objetivo era cerrar un acuerdo para reestructurar esa deuda, cuyos pagos de capital habían sido diferidos hasta 2024. A continuación los detalles de lo que deberá retomar el nuevo titular de Economía.

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N de R: nota publicada horas antes de que Martín Guzmán anunciara su renuncia.

Las negociaciones para cerrar un acuerdo de reestructuración de la deuda por US$ 2.400 millones que el país mantiene con el Club de París, quedan a la espera de la designación del nuevo titular del Palacio de Hacienda, tras la renuncia presentada por Martín Guzmán está sábado al cargo de ministro de Economía, Martin, quien tenía previsto viajar a Francia el lunes para preparar la reunión formal prevista para el próximo miércoles 6 de julio.

Por Mara Laudonia

El ministro de Economía, Martín Guzmán, partirá este lunes rumbo a Francia con el objetivo de encarar las negociaciones que le permitan cerrar un acuerdo, para reestructurar la deuda por US$ 2.400 millones que el país mantiene con el Club de París y cuyos pagos de capital habían sido diferidos hasta 2024.

Así lo indicaron a fuentes oficiales, quienes confirmaron que la reunión formal con los representantes del Club de Paris se realizará el próximo miércoles 6 de julio.

Guzmán viajará a Paris con la aprobación de la primera revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional y la modificación de las metas para el segundo trimestre – sin tocar las metas anuales- a raíz del impacto de la querra entre Rusia y Ucrania.

El acuerdo con el Fondo y su cumplimiento es clave para el Club de Paris, que ya dio señales en marzo último de cooperación con el país.

Días antes de que se aprobara el acuerdo con el Fondo, Guzmán y el presidente del Club de París, Emmanuel Moulin, acordaron una nueva extensión del entendimiento alcanzado en junio del 2021, que otorgaba plazo para encarar una nueva reestructuración, a cambio de pagos parciales de intereses, y que posponía la negociación hasta finales de junio.

Este pacto, asimismo, incluía garantías financieras por parte del Club de París en respaldo al programa de Facilidades Extendidas que tiene una duración de treinta meses, permitiéndole a la Argentina asegurar las fuentes financieras identificadas en el acuerdo con el FMI.

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Guzmán busca un acuerdo de «facilidades extendidas», en sintonía con el firmado con el FMI.

Las garantías financieras otorgadas establecen que, durante la vigencia del programa, Argentina realizará pagos parciales a los miembros de Club de manera proporcional a los que efectúe a otros acreedores bilaterales, de acuerdo con los términos establecidos en el entendimiento de junio de 2021.

La negociaciones de la Argentina con el Club de Paris adquieren singular importancia en el actual contexto internacional, particularmente por la aceleración de las eventuales inversiones extranjeras directas en el área energética, deslizaron fuentes cercanas a las negociaciones.

El presidente Alberto Fernández, durante su reciente gira en Alemania, se reunió con los líderes del G7, muchos de los cuales tienen un peso directo en las negociaciones con el Club de París.

En particular, Fernández mantuvo distintos encuentros con el canciller alemán Olaf Scholtz; con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la titular de la Comisión Europea (el Ejecutivo de la Unión Europea), Ursula von der Leyen, entre otros, con quienes aprovechó la oportunidad para plantear la posición argentina sobre la deuda en cuestión, como previa a las negociaciones que encarará Guzmán en Europa.

A cambio, los mandatarios europeos se mostraron interesados en armar una agenda común que incluya temas de energía y alimentos, potenciales sectores para la inversión, en un contexto donde se estima que la guerra entre Rusia y Ucrania continuará.

Según trascendió, Macron destacó la necesidad de acuerdos con «el Sur», en el sentido de que Europa antes miraba a África y ahora amplió el espectro a Latinoamérica.

Scholz, por su parte, tenía en carpeta reactivar el proyecto de la central hidroeléctrica Chihuidos, donde aparece la alemana Siemens, y negociar con otros países europeos la exportación de gas desde Vaca Muerta, a fin de desplazar a Rusia en la importación de este insumo energético clave para Europa.

Por su parte el primer ministro italiano, Mario Draghi ,también se refirió a potenciales desarrollos en Vaca Muerta y a negocios de valor agregado en alimentación, más allá de la suerte de un acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur.

En tanto, la reestructuración de la Declaración Conjunta de 2014 se considera crítica a efectos de restablecer relaciones con las agencias de crédito para la exportación nucleadas en el Club de París.

El Gobierno llegó a un acuerdo a fin del mes pasado con el Club de París para diferir los pagos de deuda hasta el 30 de septiembre de 2024, mientras se avanza en un entendimiento que contemple un nuevo mecanismo de repago de los compromisos.

De todas formas, el objetivo del Gobierno es alcanzar una renegociación en el que se incluyan nuevas condiciones de tasas de interés, plazos e incorporación de los US$ 430 millones ya abonados en dos pagos en febrero de 2022 y julio de 2021.

«El objetivo es encontrar mejores condiciones para el país, lo antes posible. La expectativa y lo que estamos trabajando es finalizar a la brevedad la renegociación con las autoridades del Club de Paris», detallaron fuentes de Economía.

La fecha del 30 de septiembre de 2024 obedece a un acuerdo entre ambas partes a sabiendas de que el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el FMI otorga como plazo máximo, aunque la meta es cerrar el entendimiento mucho antes.

Actualmente, el Gobierno está trabajando en negociaciones con cada uno de los países acreedores y con las autoridades del Club para llegar a un esquema de nuevo esquema de repago.

Según el cronograma heredado de las gestiones anteriores, la Argentina debía afrontar el 31 mayo de 2021 un pago cercano a los US$ 2.450 millones -correspondientes a 40 créditos otorgados por 14 países y en ocho monedas distintas- en los términos del Acuerdo firmado en 2014, el cual contemplaba un periodo de gracia de 60 días.

El acuerdo del 2022 permitió posponer los pagos de deuda hasta 2024 para no caer en default, y dar tiempo para pactar una nuevo esquema de pago de intereses y renegociación de tasas, como pretende el Gobierno.

El saldo de capital, los plazos e intereses se definirán en la negociación en la que Argentina ahora avanza de forma paralela con las autoridades del Club y los 16 países integrantes, que quedará fijada en los términos de un nuevo acuerdo, que ya no tendrá como base el entendimiento de 2014.

Impuestos

Las PyMEs argentinas enfrentan 62 obligaciones tributarias y administrativas por año

Un relevamiento del IARAF y la CAC contabilizó 34 gravámenes y 28 regímenes de percepción, retención e información para una empresa representativa. Aunque hubo una reducción respecto del año anterior, persisten los costos administrativos y los fondos inmovilizados.

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Las pequeñas y medianas empresas argentinas deben afrontar una estructura de obligaciones que comprende impuestos nacionales, provinciales y municipales, además de distintos procedimientos administrativos. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el relevamiento de 2026 identificó 34 tributos y 28 regímenes de percepción, retención e información.

El documento, denominado Vademécum tributario argentino de PyMES 2026, citado por NA, contabiliza un total de 62 obligaciones entre gravámenes y trámites formales. Aunque las cifras muestran una reducción respecto del año anterior, el estudio advierte sobre los costos de cumplimiento y la acumulación de saldos a favor que pueden afectar los recursos de las empresas.

El informe identificó 34 tributos para las PyMEs argentinas

De acuerdo con el relevamiento del IARAF y la CAC, los tributos identificados se distribuyen entre los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal.

En el ámbito nacional se contabilizaron 16 tributos. Entre ellos figuran el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias para sociedades, el Impuesto al Cheque, los derechos de importación y exportación, y las contribuciones patronales.

En el nivel provincial, el estudio identificó ocho tributos. Los principales ejemplos son el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), el Impuesto Inmobiliario provincial, el Impuesto del Automotor y el Impuesto de Sellos.

Por su parte, el ámbito municipal reúne diez tributos, entre los que se encuentran la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), el Derecho de Publicidad y Propaganda y distintas tasas inmobiliarias y automotrices.

La cantidad de tributos disminuyó respecto del relevamiento anterior

El informe registró una reducción en la cantidad de tributos contemplados en comparación con el año previo: pasaron de 37 a 34.

Según el documento, la variación responde a la eliminación de los impuestos internos que gravaban los seguros y la telefonía celular, además de un cambio metodológico que excluyó la Tasa de Ocupación de Espacios Públicos por corresponder a actividades específicas.

También se redujo la cantidad de regímenes de percepción, retención e información, que pasó de 30 a 28.

Sin embargo, el estudio precisó que solo una de esas bajas representó una reducción efectiva de alcance generalizado: la eliminación del régimen vinculado al Impuesto PAIS. La otra correspondió a la supresión de un mecanismo exclusivo del sector de escribanías.

Qué empresa se tomó como referencia para calcular las obligaciones

Para elaborar el vademécum, la investigación definió un modelo de PyME constituida como sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.), con características operativas que permiten contemplar distintas obligaciones fiscales.

La empresa representativa cuenta con establecimiento propio, empleados en relación de dependencia, flota de vehículos y equipamiento tecnológico. Además, opera con cuentas bancarias, importa insumos y exporta parte de su producción.

El cálculo también considera los impuestos directos e indirectos incorporados en las facturas de servicios básicos, como electricidad, gas natural, agua, telefonía celular e internet.

De esta manera, el relevamiento contempla tanto los tributos vinculados directamente con la actividad empresarial como aquellos que inciden en los costos de funcionamiento.

Retenciones y percepciones: los costos administrativos que señala el estudio

El informe identifica dos obstáculos principales asociados a los 28 regímenes de percepción, retención e información.

El primero es la carga administrativa que deben afrontar las empresas para cumplir con presentaciones periódicas y otros procedimientos formales. Estas tareas requieren recursos operativos y exponen a las PyMEs al riesgo de sanciones o multas ante eventuales incumplimientos.

El segundo problema es la acumulación de saldos a favor, generada por la proliferación de retenciones y percepciones. Según el documento, la lentitud y la burocracia de los procedimientos de devolución dificultan la recuperación de esos fondos.

La situación puede provocar que parte de los recursos de las empresas quede inmovilizada mientras se tramitan las devoluciones correspondientes.

Los saldos a favor pueden representar fondos inmovilizados para las empresas

El vademécum advierte que los importes retenidos o percibidos en exceso pueden convertirse en un problema financiero cuando las empresas no consiguen recuperarlos con rapidez.

El informe sostiene que, ante las demoras administrativas, esos fondos inmovilizados se transforman en la práctica en un incremento encubierto de las alícuotas tributarias.

El relevamiento del IARAF y la CAC plantea así dos dimensiones de la carga que enfrentan las PyMEs argentinas: el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas, por un lado, y las dificultades para disponer de recursos propios que quedan acumulados como saldos a favor, por el otro.

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