A través del Decreto 372/2025, el Poder Ejecutivo oficializó cambios al régimen vigente desde los ’90. Mientras lo presenta como un programa de formación y oficios, especialistas advierten que se trata de un nuevo intento de control sobre la juventud empobrecida.

El retorno simbólico de la “colimba”

El gobierno de Javier Milei dio un paso más en su lógica de orden y “rescate” del Estado a través de las Fuerzas Armadas.

Con la publicación del Decreto 372/2025 en el Boletín Oficial, se oficializó la implementación de un Servicio Militar Voluntario ampliado y modificado, orientado a jóvenes de entre 18 y 28 años.

Aunque se insiste en que no se trata del regreso del servicio obligatorio —derogado en 1994 tras el crimen del conscripto Omar Carrasco—, el nuevo esquema apunta a reformular el papel de las Fuerzas Armadas como institución educativa y socializadora, en un contexto de creciente exclusión social.

Qué establece el decreto

Se requieren estudios secundarios completos como requisito de ingreso. Se excluye a quienes tengan antecedentes penales o policiales que representen “riesgo para la sociedad”. El programa se articula con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Capital Humano. Abarca formación en oficios (cocina, mecánica, vigilancia) y educación formal. Se amplían los períodos de instrucción militar inicial y se incorpora entrenamiento en gestión de emergencias y catástrofes.

¿Inclusión o disciplinamiento?

Desde el Gobierno se insiste en que el nuevo servicio tiene fines formativos. El vocero presidencial Manuel Adorni lo definió como una vía para que los jóvenes “puedan desenvolverse con dignidad” al terminar su paso por el Ejército. Sin embargo, múltiples voces críticas advierten sobre los peligros de militarizar la pobreza y ofrecer como única salida “la instrucción en armas y obediencia”.

Especialistas en derechos humanos y organizaciones sociales señalaron que:

El programa puede actuar como filtro excluyente en lugar de inclusión real. La oferta de oficios en contextos militares oculta la retirada del Estado en áreas civiles como educación y trabajo. La narrativa del “servicio a la Patria” funciona como disciplinamiento simbólico y no como emancipación.

Una postal del ajuste

La medida se enmarca en una serie de políticas donde las Fuerzas Armadas y de Seguridad adquieren centralidad, en desmedro de organismos civiles. A la vez, se recortan programas sociales, becas educativas y planes de formación profesional.

En ese sentido, el nuevo Servicio Militar Voluntario puede leerse como una alternativa autoritaria al derecho a la educación, al trabajo y al proyecto de vida autónomo, especialmente entre los sectores más vulnerables.