Judiciales ⚖️
Armas de fuego, drogas y penales por millones de pesos: clausuraron Deportivo Español
Había 500 personas. Tenían hasta una terna arbitral. Incautaron casi dos millones de pesos.
Veinticuatro detenidos, armas de fuego, estupefacientes incautados y alimentos sin control bromatológico fue el resultado de un operativo realizado ayer en el Club Atlético Deportivo Español. En el predio del barrio de Flores, disputaban un torneo penales clandestino que tenía premios en efectivo por hasta dos millones de pesos y autos de alta gama.

La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos del Ministerio Público Fiscal de la CABA, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, realizó el operativo el día 1 de mayo de 2022 con personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño, la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control, informaron fuentes judiciales.
En el lugar se organizaba una práctica de juegos de azar no oficial, donde prometían premios en dinero en efectivo sin contar con la autorización debida. Se trataba de un campeoanto de penales.
Al momento del operativo se constató la presencia de más de 500 espectadores, 94 participantes, doce personas apostando dinero, seis tomadores de apuestas, dos ternas arbitrales, organizadores e individuos que manifestaron ser personal de salud pero que no contaban con identificación alguna que acreditara tal extremo.
Persona policial incautó armas de fuego y estupefacientes varios, como así también grandes cantidades de alimentos sin control bromatológico.

Los organizadores del evento fueron detenidos y puestos a disposición de a jueza Gabriela Zangaro, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 22.
Deportivo Español milita en la Primera C de la Asociación de Fútbol Argentino. Entre 1985 y 1999 estuvo en Primera División. Se caracterizaba por tener planteles con futbolistas desconocidos que luego eran figuras y por ganarle a los llamados «grandes».
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El periodista que creó la causa Cuadernos declaró y se hundió: habló de “licencias literarias” y “ficción”
Diego Cabot reconoció ante el TOF 7 que parte del material de su libro sobre la causa corresponde a “hechos ficticios”, encuadrados bajo el concepto de “licencias literarias”. Carlos Beraldi denunció que Cabot hizo la presentación del su “investigación” directamente en la oficina del fiscal Stornelli, eludiendo el sorteo que correspondía en la Cámara Federal.
El periodista que inventó la causa Cuadernos declaró y se hundió: habló de “licencias literarias” y “hechos ficticios”
★ Diego Cabot, el periodista de La Nación que “destapó” la causa Cuadernos en 2018, prestó declaración ante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) con un resultado que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner calificó como devastador para la acusación. Entre contradicciones sobre el origen de su denuncia y el reconocimiento de que parte del material que publicó en un libro corresponde a «hechos ficticios», la jornada expuso las grietas más profundas del andamiaje judicial que sostiene el proceso contra la expresidenta y otros 86 imputados.
La denuncia que no entró por la ventanilla
El núcleo más explosivo de la declaración giró en torno al modo en que Cabot formalizó su denuncia. Según advirtió el abogado defensor de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, el procedimiento utilizado por el periodista habría vulnerado las reglas básicas del sorteo judicial.
«En lugar de hacer la denuncia como correspondía, a través de la mesa de entradas en la Cámara Federal y que se sorteara, Cabot terminó presentando la misma directamente en la oficina de Stornelli. Lo que demuestra, como primera cuestión, que hubo una manipulación en las reglas del concurso, en la elección de los magistrados», sentenció Beraldi. La consecuencia de ese procedimiento irregular fue que la causa quedara en manos del fallecido juez Claudio Bonadío y del fiscal Carlos Stornelli, dos magistrados cuya actuación en causas de sensibilidad política ha sido objeto de cuestionamientos reiterados.
Esta revelación cobra especial relevancia si se recuerda que, tal como este medio documentó en noviembre de 2025, durante los meses más intensos de la causa los medios cercanos al poder económico publicaban filtraciones que llegaban a las redacciones antes que a las propias defensas, violando el secreto de sumario.
«Licencias literarias» y hechos que el propio periodista reconoció como ficticios
El otro gran flanco que quedó expuesto durante la declaración de Cabot fue su propio libro sobre la causa. El periodista utilizó en reiteradas oportunidades el concepto de «licencias literarias» para referirse a parte del material que él mismo publicó.
«Dijo que no todo lo que estaba publicado ahí era cierto. Que se trata de hechos ficticios. Hizo agua por todos lados», describió Beraldi. El reconocimiento resulta de una gravedad procesal difícil de soslayar: Cabot es quien detonó pública y judicialmente la causa; si parte de su relato publicado corresponde a ficción, la pregunta que se instala de forma inevitable es cuánto de esa misma lógica narrativa permeó la investigación.
El trasfondo de una causa frágil
La declaración de Cabot no ocurre en el vacío. El juicio oral ante el TOF 7 (integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli) transita sobre una causa que desde su origen acumula señales de debilidad estructural. Como este medio informó en noviembre de 2025, la investigación se construyó sobre fotocopias de cuadernos que el propio Oscar Centeno admitió haber quemado, sin posibilidad alguna de realizar pericias sobre los originales. La cadena de custodia quedó rota desde el primer día.
En marzo de 2026, el mismo tribunal aceptó la reproducción de un video de Centeno declarando ante la justicia española, donde el exchofer afirmó no conocer a los directivos de la empresa Isolux y desconocer entregas de dinero a funcionarios públicos, contradiciendo así sus propias anotaciones en los cuadernos. La fiscal Fabiana León se opuso a la incorporación de ese material por desconocerse su cadena de custodia. La justicia española ya había descartado en 2022 las imputaciones contra directivos de la misma empresa, al considerar las pruebas insuficientes.
El patrón se reitera. En noviembre de 2025, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció que los llamados «arrepentidos» de la causa fueron en realidad «extorsionados» y sometidos a condiciones de aislamiento y vigilancia permanente que el abogado defensor Roberto Herrera describió ante TN como técnicas propias de la «tortura blanca»: su cliente estuvo un mes sin contacto, con un reflector encendido las 24 horas y filmación constante.
El «Partido Judicial» y la selección de magistrados
La denuncia de Beraldi sobre la forma en que se eligió a Bonadío y Stornelli encaja con precisión en lo que las defensas, y en particular la de Fernández de Kirchner, denominan el «Partido Judicial»: un entramado de coordinación entre magistrados, fiscales y medios de comunicación que habría operado con fines políticos. El mismo Stornelli fue procesado en una causa por extorsión y espionaje ilegal, aunque posteriormente resultó sobreseído por la Corte Suprema de Justicia.
El juicio continúa ante el TOF 7 con 87 imputados. Cada jornada, sin embargo, suma nuevos elementos que erosionan la solidez de la acusación y alimentan la tesis de la defensa sobre un proceso construido con más espectáculo mediático que sustancia probatoria.
Puntos clave:
- Carlos Beraldi denunció que Cabot presentó la denuncia directamente en la oficina del fiscal Stornelli, eludiendo el sorteo que correspondía en la Cámara Federal.
- Cabot reconoció ante el TOF 7 que parte del material de su libro sobre la causa corresponde a «hechos ficticios», encuadrados bajo el concepto de «licencias literarias».
- La causa se sustenta en fotocopias de cuadernos que el propio Oscar Centeno admitió haber quemado, sin posibilidad de pericias sobre los originales.
- En marzo de 2026, Centeno contradijo ante la justicia española sus propias anotaciones sobre la empresa Isolux.
- La justicia española descartó en 2022 las imputaciones contra directivos de Isolux por considerar las pruebas insuficientes.
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