Seguridad 🚨
Confusión fatal: lo mataron pensado que era ladrón, pero él creía que era víctima de un robo
Fue emboscado y atacado a tiros en una calle de Villa Ballester al ser confundido con un asaltante, mientras él intentaba escapar de lo que creyó era un atraco. Ahora los agresores serán juzgados por el crimen.
Dos hombres serán juzgados desde el miércoles próximo por el crimen de otro, a quien emboscaron y atacaron a tiros en una calle de la localidad bonaerense de Villa Ballester en agosto de 2019 al confundirlo con un ladrón, informaron este lunes fuentes judiciales.
Se trata de Guillermo Nicolás Gómez (30) y Cristian Biasutti (37), quienes llegan al juicio detenidos y acusados como autor y partícipe necesario, respectivamente, del «homicidio agravado por el uso de arma de fuego» de Jonathan Sagardoy (32) y la tentativa de asesinato de su amigo Cristian Castro, apodado «Cirilo», quien resultó herido en el mismo hecho.
Al momento de ser rodeados por los agresores que integaban un grupo de varias personas a bordo de cuatro vehículos, Sagardoy y Castro iban a encontrarse con un grupo de amigos y trataron de huir pensando que iban a asaltarlos.
«Se fue de este mundo creyendo que era víctima de un robo. Él se sintió morir sin ayuda, porque hasta la propia policía lo trató como si fuese un delincuente, me duele el alma, siento todo su dolor al sentirse morir», dijo a Télam su madre, Gilda Berri.
El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de San Martín, integrado por los jueces Adrián Fernando Berdichevsky, Luis Rubén Molinari y María del Carmen González, y se desarrollará en tres audiencias los días 3, 4 y 5 de mayo, en el edificio judicial situado en Ricardo Balbín 1753, de ese partido bonaerense.
La primera audiencia comenzará a las 9.30 con la lectura de la acusación, que en el debate será impulsada por la fiscal Paula Leiva.
Si bien durante la instrucción de la causa hubo un tercer acusado, identificado como Leonardo Morales (33), quien trabajaba en el centro de monitoreo del municipio de San Martín, éste fue liberado por falta de pruebas y no será sometido a juicio, explicaron las fuentes.
En el juicio, la familia Sagardoy estará acompañada por la asociación civil «Resurgir Después de Vos», que le brinda asesoramiento jurídico y contención.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Púbico Fiscal, la víctima, quien era empleado de «Easy» y padre de una adolescente, fue asesinado tras ser emboscado por un grupo de vecinos que lo confundió con un ladrón.
«Hoy soy la voz de Jona. Hoy no está físicamente para defenderse, pero sí está en mí para pedir justicia para él y que pueda descansar en paz. Lo asesinaron injustamente, le arrebataron su vida dejándonos destruidos, con su familia desprotegida, sin su sostén. Todo lo que logró lo hizo con sacrificio y no era delincuente», dijo su madre.
«Hoy sigo pidiendo justicia para él. Pido que el peso de la ley sea justo para los asesinos y que sean condenados por arrebatar la vida la vida de mi hijo», remarcó Gilda.
El hecho que será ventilado en el debate oral ocurrió a las 0.20 del 31 de agosto de 2019 en la esquina de Montevideo y San Pedro, de Villa Ballester, partido de San Martín, hasta donde Sagardoy, acompañado por Castro, llegó en su camioneta Peugeot Partner gris para asistir a un encuentro con un grupo de amigos.
Cuando frenó para bajarse fue sorpresivamente rodeado por cuatro vehículos, de los que bajaron dos personas que lo intimidaron.
Al creer que era víctima de un asalto, el hombre aceleró con intenciones de escapar, aunque recibió un balazo que le ingresó por la axila derecha, mientras que su amigo fue herido de un impacto en un hombro. Herido, Sagardoy condujo hasta el hospital Eva Perón, donde agonizó dos días y murió el 2 de septiembre.
Los propios allegados a la víctima acercaron a los investigadores a uno de los partícipes del ataque, quien confesó que salieron a perseguir a la camioneta de Sagardoy pensando que se trataba de un ladrón que hacía 15 días había querido robar la casa de uno de ellos, aunque se confundieron de persona.
Durante la investigación, Biasutti -quien estuvo varios días prófugo- y Gómez fueron identificados como los agresores de los amigos y al primero de ellos se le atribuye ser el dueño de un arma calibre 32 con la que se efectuaron los disparos que mataron a Sagardoy.
Durante la instrucción de la causa, se secuestraron dos proyectiles luego de deficiencias en los peritajes, ya que uno de ellos fue encontrado por un familiar de Sagardoy en la camioneta de la propia víctima que ya había sido peritada, y el otro fue recuperado tras la exhumación del cuerpo para una segunda autopsia.
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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