Judiciales ⚖️
Se acerca el juicio por jurados a Marcelo Macarrón por el crimen de Nora Dalmasso
En una audiencia presencial que se llevará a cabo este mes, las partes elegirán 20 jurados titulares y ocho suplentes. Según las fuentes, en esa audiencia los abogados podrán objetar candidatos preseleccionados.
Marcelo Macarrón, el viudo de Nora Dalmasso, asesinada en noviembre de 2006 en su casa de barrio Villa Golf de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, comenzará a ser juzgado el 14 de marzo próximo como acusado de ser el autor intelectual del crimen de su esposa, informaron este martes fuentes judiciales.
La Cámara Primera del Crimen 2 riocuartense fijó esta tarde esa fecha para el inicio del debate que se realizará con jurados populares, los cuáles serán seleccionados durante este mes. Fuentes judiciales informaron que el 11 de febrero se realizará el sorteo electrónico de preselección de 50 jurados populares.
Una semana después se realizará una audiencia presencial en la que las partes elegirán 20 jurados titulares y ocho suplentes. Según las fuentes, en esa audiencia los abogados podrán objetar candidatos preseleccionados.
A su vez, las partes que fueron notificadas este martes de estas fechas dispuestas por la Cámara todavía pueden realizar algún planteo alternativo, añadieron los voceros. De esta manera, el 14 de marzo Macarrón comenzará a ser juzgado por el delito de «homicidio calificado por el vínculo, alevosía, y precio o promesa remuneratoria» en calidad de «instigador», que prevé la pena de prisión perpetua.
A fines de septiembre de 2019, el fiscal Luis Pizarro -el quinto fiscal que tuvo la causa- dio por concluida la investigación y elevó el expediente a juicio con el viudo como el único imputado.
Por su parte, Facundo Macarrón, hijo de la víctima y del acusado -y que también estuvo imputado en la causa aunque finalmente fue sobreseido- publicó en diciembre pasado una carta pública en la que cuestionó a los funcionarios judiciales que intervinieron en la pesquisa al considerar que en 15 años arribaron a un «fracaso investigativo» a raíz de las «pésimas acciones y omisiones» que cometieron.
«Durante estos 15 años, mucho se habló, mucho se escribió, mucho se apuntó con el dedo a nuestra familia. Nuestro dolor es hoy mucho más grande por la impotencia que nos produce saber que ninguno de los fiscales intervinientes en la investigación buscó con seriedad ni profesionalismo al asesino de mamá. Ninguno de ellos se ocupó de darnos una respuesta como familia, y menos como sociedad», sostuvo.
A su vez, el viudo siempre aseguró ser inocente y dijo que al momento del crimen él se encontraba en la ciudad uruguaya de Punta del Este donde disputó, y ganó, un torneo de golf junto a unos amigos.
«Norita» (51) fue encontrada asesinada en la madrugada del 26 de noviembre de 2006 en su casona del exclusivo barrio Villa Golf de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba, donde residía con el traumatólogo Macarrón (60), con quien tenía dos hijos, Facundo, quien por entonces vivía en la capital y Valentina, que para esa fecha estaba de viaje.
Durante la investigación se siguieron varias hipótesis, como crimen durante un juego sexual, abuso sexual seguido de muerte, femicidio y asesinato por encargo, en tanto las pericias determinaron que Nora murió por asfixia por estrangulamiento y su cuerpo semidesnudo quedó tendido en la cama de su hija.
En el transcurso de la causa fueron imputados, además del viudo, el exasesor del gobierno cordobés Rafael Magnasco, el pintor Gastón Zárate, y Facundo Macarrón, aunque todos ellos fueron finalmente sobreseídos.
Los peritos hallaron en la escena del crimen el patrón genético del linaje Macarrón (haplotipo Y) y ese elemento fue utilizado primero para acusar a Facundo y posteriormente para apuntar al viudo, quien siempre reconoció que antes de viajar había tenido relaciones sexuales con su esposa.
En tanto, Zárate fue apodado en Río Cuarto como «perejil» y hubo marchas en su favor cuando estuvo unos días detenido, y fue desvinculado del crimen más rápidamente que el hijo de Nora, cuyo sobreseimiento demoró seis años.
Macarrón fue procesado en marzo de 2016 por el anterior fiscal Daniel Miralles, quien inicialmente puso en duda la coartada de que se encontraba en un torneo de golf en Punta del Este cuando ocurrió el asesinato y lo acusó de «homicidio calificado por el vínculo» solamente.
Cuando el fiscal Pizarro se hizo cargo de la causa modificó la hipótesis y consideró que el viudo contrató un sicario para matar a su esposa mientras él estaba ausente en su viaje por Uruguay.
Judiciales ⚖️
Cuadernos: Casación frenó el atajo de la reparación integral y sigue el juicio
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de las defensas de Cristóbal López, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio y otros imputados que buscaban extinguir la acción penal con ofrecimientos de dinero. El debate oral ante el TOF N° 7 sigue, y el único matiz lo puso el juez Slokar, que consideró que correspondía oír a las partes.
Cincuenta imputados de la causa Cuadernos ofrecieron dinero para que la Justicia extinguiera la acción penal en su contra, y la Cámara Federal de Casación Penal les cerró ese camino: la continuidad del debate oral quedó firme y el juicio sigue en pie.
La Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, declaró inadmisibles los recursos de las defensas contra resoluciones del Tribunal Oral Federal N° 7 que habían rechazado planteos de nulidad y pedidos de reparación integral del perjuicio. La decisión se conoció este jueves.
Quiénes recurrieron
Los recursos fueron presentados y acompañados por defensas de imputados entre los que figuran Cristóbal López, Carlos De Sousa, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio, Armando Loson, Juan Carlos de Goycoechea, Mario Rovella, Héctor Sánchez Caballero, Juan Manuel Abal Medina, Roberto Orazi, Miguel Marconi y Juan José Luciano, entre otros empresarios y exfuncionarios.
Los pedidos de reparación integral
En la etapa de juicio, el TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que pretendían extinguir la acción penal mediante ofrecimientos de reparación integral del perjuicio, una figura prevista en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal. Esos ofrecimientos se basaban en la actualización de embargos cautelares por sumas que iban de $300.000 a más de $1.800 millones. Los pedidos fueron rechazados con la oposición de la fiscal general Fabiana León y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La causa Cuadernos se inició en 2018 a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó supuestos traslados de dinero desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Se trata de una megacausa con más de un centenar de acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El voto de Petrone
En su voto, Petrone sostuvo que las decisiones impugnadas no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a ella por sus efectos, y que tampoco encuadran entre los autos previstos por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación para habilitar la instancia de casación.
El magistrado recordó además la doctrina de la Corte Suprema según la cual los pronunciamientos que obligan al imputado a seguir sometido a proceso no ponen fin al pleito ni generan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.
Sobre el rechazo de la reparación integral, Petrone remarcó que la complejidad de la causa, con multiplicidad de hechos e imputados, requiere que el debate oral avance para precisar los extremos fácticos de la imputación y las responsabilidades de cada interviniente.
La adhesión de Barroetaveña y el matiz de Slokar
Barroetaveña adhirió en lo sustancial al voto de su colega. Slokar, en cambio, consideró que correspondía oír a las partes, aunque aclaró que esa postura no implicaba adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión.
Lo que tenés que saber:
- La Sala I de Casación declaró inadmisibles los recursos de las defensas y dejó firme la continuidad del debate oral ante el TOF N° 7.
- La Sala está integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.
- El TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que buscaban extinguir la acción penal por reparación integral (artículo 59, inciso 6°, del Código Penal).
- Los embargos actualizados iban de $300.000 a más de $1.800 millones, y la fiscal general Fabiana León y la UIF se opusieron.
- Petrone consideró que las resoluciones no son sentencia definitiva; Barroetaveña adhirió y Slokar opinó que correspondía oír a las partes.
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