Según la acusación, entraron de madrugada, sin orden judicial, y golpearon a los jóvenes que estaban en la casa, entre ellos una adolescente. Después se los llevaron a la comisaría, donde, según denunciaron las víctimas, siguieron los golpes, las amenazas de muerte y los insultos racistas. Seis años después de aquella noche en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, diez policías del Chaco se sientan en el banquillo, y una de ellas llegó al juicio con un ascenso firmado por el gobernador Leandro Zdero.

El debate oral comenzó el lunes ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, en la causa 12.386/2020-1. El tribunal está integrado por Dolly Fernández, como presidenta, Cristina Pisarello y Ernesto Azcona, y la acusación está a cargo del fiscal de Derechos Humanos Luciano Santos. La querella del Estado quedó unificada en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que actúa también en representación del área de Derechos Humanos de la provincia. Entre los acusados está Claudia Beatriz Lucena, que dirigía la Comisaría Tercera de Fontana cuando ocurrieron los hechos.

Qué pasó el 31 de mayo de 2020

Según la acusación, cerca de las 4.30 de la madrugada del 31 de mayo de 2020 un grupo de efectivos irrumpió en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y golpeó a varios jóvenes de una familia de la comunidad qom. La versión policial de ese momento era que buscaban a personas que supuestamente habían apedreado una dependencia de la fuerza. En la casa había además dos chicos pequeños.

Cuatro jóvenes fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Tercera. Allí, de acuerdo con sus denuncias, continuaron las agresiones y los insultos racistas; también relataron que los rociaron con alcohol y los amenazaron con prenderles fuego. Las denuncias sostienen, además, que parte de esas agresiones quedó registrada por las cámaras de la dependencia. El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia institucional con mayor repercusión en la provincia, en plena cuarentena y contra una comunidad indígena históricamente postergada.

Los cargos

Lucena enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal cometida por un funcionario público. La acusación le atribuye no haber puesto a la adolescente detenida a disposición del juzgado correspondiente y no haber denunciado las vejaciones que habría presenciado en su unidad.

Los otros nueve policías afrontan distintas combinaciones de imputaciones, entre ellas vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, falsedad ideológica agravada y detención ilegal. Son acusaciones que el tribunal deberá examinar: ninguno de los diez efectivos tiene condena y todos están amparados por la presunción de inocencia hasta que haya sentencia.

Un ascenso con la causa en marcha

El dato que salpica al gobierno actual es administrativo y tiene fecha. El decreto 974/25, firmado por Zdero el 13 de junio de 2025, promovió a Lucena de comisario inspector a comisario mayor, con vigencia retroactiva al comienzo de ese año. La propuesta fue elevada por el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, y contó con los avales administrativos correspondientes.

Romero no es un nombre nuevo en esta causa. Era jefe de la Policía cuando ocurrieron los hechos de Fontana y renunció el 13 de julio de 2020, junto con el subjefe, después de que el gobierno de Jorge Capitanich rechazara reincorporar a cuatro efectivos imputados en el expediente. En ese momento, Romero argumentó que la normativa policial obligaba a reintegrar al servicio a los agentes que habían recuperado la libertad. En diciembre de 2023, Zdero lo designó otra vez al frente de la fuerza.

Para entonces, Lucena estaba imputada desde septiembre de 2021 y el expediente había sido elevado a juicio en abril de 2022. El ascenso llegó, por lo tanto, después de que la oficial quedara formalmente acusada y después de que la Justicia resolviera llevar el caso a debate oral. Hasta el momento no se conoció una explicación oficial sobre por qué la promoción avanzó con ese antecedente.

En declaraciones recogidas por el diario El Ancasti, el abogado querellante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Darío Edgardo Gómez, confirmó que Lucena «fue ascendida ahora ya en la gestión del gobernador (Leandro) Zdero».

Seis años de demoras

El juicio llegó a su primera audiencia tras sucesivas reprogramaciones. La última postergación fue en septiembre, por el cambio de defensor de uno de los imputados, y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura había cuestionado públicamente las demoras. El cronograma prevé nuevas audiencias los días 13, 14, 15, 27 y 28 de octubre, y el 3 y el 12 de noviembre.

Lo que tenés que saber:

• Diez policías del Chaco son juzgados desde el lunes en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por el operativo del 31 de mayo de 2020 contra jóvenes qom en Fontana.
• Según la acusación, los efectivos entraron sin orden judicial a una vivienda, golpearon a varios jóvenes, entre ellos una adolescente, y detuvieron a cuatro.
• La oficial Claudia Beatriz Lucena, que en 2020 dirigía la Comisaría Tercera de Fontana, está acusada de encubrimiento agravado y detención ilegal.
• Zdero la ascendió a comisario mayor por el decreto 974/25, de junio de 2025, a propuesta del jefe de Policía Fernando Romero, que también encabezaba la fuerza en 2020; la causa ya estaba elevada a juicio desde abril de 2022.
• Las audiencias seguirán en octubre y noviembre; ninguno de los acusados tiene condena.