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Gremiales

Gremio aceitero rechaza el DNU 340/25 y alerta por límites al derecho de huelga

La FTCIODyARA rechaza la normativa publicada el 21 de mayo que, según afirman, pone en riesgo el ejercicio pleno del derecho a huelga.

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Lo que tenés que saber:

  • El DNU 340/25 fue publicado por el Poder Ejecutivo con foco en la Marina Mercante.
  • Reintroduce restricciones laborales ya suspendidas del DNU 70/23.
  • Amplía la categoría de servicios esenciales e incorpora el concepto “trascendental”.
  • El gremio asegura que se exige mantener la actividad laboral aún en huelga.
  • Anuncian acciones judiciales y movilizaciones sindicales como respuesta.

Gremios rechazan el DNU 340/25 por considerar que limita el derecho a huelga

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) expresó su rechazo al DNU 340/25 emitido por el Poder Ejecutivo. En un comunicado difundido tras su publicación en el Boletín Oficial el 21 de mayo, el sindicato afirmó: “Expresamos nuestro absoluto repudio ante el intento del gobierno nacional de prohibir de forma inconstitucional el derecho de huelga”.

Según el gremio, el nuevo decreto reactiva contenidos del DNU 70/23 en materia laboral que actualmente se encuentran suspendidos por la Justicia.

Nuevas categorías laborales: esenciales y “trascendentales”

FTCIODyARA advirtió que el DNU 340/25 redefine las condiciones para ejercer medidas de fuerza. El texto incorpora dos figuras clave: la extensión del concepto de “servicio esencial” y la incorporación de actividades de “importancia trascendental”. La federación considera que este criterio «incluye a casi cualquier actividad productiva, entre ellas las nuestras, tanto la aceitera como la desmotadora».

Esto implica, según el sindicato, que ante una huelga se debería mantener un funcionamiento del 75% en el caso de los aceiteros y del 50% para los desmotadores, lo cual limitaría el efecto de la medida gremial. “Es decir, que no tenga efecto la huelga”, afirman.

Críticas al modelo económico y laboral del Ejecutivo

En su declaración, el sindicato contextualiza esta normativa dentro de una serie de medidas gubernamentales que afectan a los trabajadores. “El mismo gobierno que primero licuó el salario con devaluación y ahora le pone techo a las paritarias (…) ahora nos quiere quitar la herramienta fundamental de lucha que es el derecho constitucional de huelga”, sostienen.

Acciones gremiales ante el avance del DNU

FTCIODyARA anticipó una respuesta sindical amplia frente al decreto. “Las y los trabajadores aceiteros y desmotadores enfrentaremos este ataque como hemos enfrentado todos los demás, con unidad, solidaridad y conciencia de clase”.

A su vez, detallaron que utilizarán recursos institucionales y movilizaciones: “Con cada herramienta a nuestro alcance, tanto la vía legal e institucional como la movilización y la lucha en las calles y en las fábricas”.

El comunicado cierra con una afirmación de compromiso gremial: “Defenderemos el derecho constitucional de huelga ejerciéndolo con toda la fuerza de nuestro poder obrero”.

Energía

El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.

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Ganancias récord, despidos y tercerización: la doble cara del negocio gasífero.

Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.

★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.

El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores

Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.

La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.

Precarización en un servicio esencial

El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.

La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Control regulatorio en crisis

El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.

En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.

Las exigencias del gremio

La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.

Puntos clave:

  • La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
  • El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
  • Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
  • El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
  • La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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