El presidente Alberto Fernández encabezó este viernes el tercer encuentro del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), junto a funcionarios del Gobierno nacional, cuatro gobernadores y representantes de otras dos provincias, ocasión en la que se analizó la importancia geopolítica y estratégica de la Vía Navegable Troncal.

El encuentro se desarrolló durante cerca de tres horas en el Salón de las Mujeres de Casa Rosada y Fernández estuvo acompañado por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; y de Transporte, Alexis Guerrera; la Portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y los secretarios de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; y de Interior, José Lepere, informaron fuentes oficiales.

Asistieron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Chaco, Jorge Capitanich; Formosa, Gildo Insfrán; y Santa Fe, Omar Perotti; además del director de Transporte Fluvial y Puertos de Corrientes, Adolfo Escobar Damus; y el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio César Rodríguez Signes.

La hidrovía constituye el principal medio fluvial para el comercio exterior de la Argentina, al trasladarse por su cauce aproximadamente el 80 por ciento de las exportaciones nacionales.

El 24 de junio pasado, en Resistencia, Chaco, en la anterior reunión del CFH, los gobernadores habían acordado elevar a Nación un pedido unificado para la inclusión de las provincias del NEA y del Canal Magdalena a la vía navegable troncal.

Esto implica reformular el Decreto que le da la concesión transitoria a la Administración General de Puertos (AGP) para poder ejecutar obras nuevas, ya que sólo habilita a realizar tareas de mantenimiento.

Esas obras van desde los accesos portuarios a la ampliación de los límites de la vía navegable troncal para llegar a Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones e incluir al canal Magdalena en aguas del Río de La Plata.

El pedido elevado a Presidencia busca promover así un plan de obras de balizamiento, señalización y dragado de la vía navegable principal, conjuntamente con las vías navegables secundarias y sus respectivos accesos.

«Pretendemos fortalecer los puertos fluviales de nuestras provincias para ayudar al desenvolvimiento de nuestras economías regionales con el objeto de tener una logística integrada de base competitiva», sostuvo el gobernador Capitanich en aquella oportunidad.

El 1 de agosto último, el Ministerio de Transporte prorrogó el contrato de concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná con la Administración General de Puertos (AGP) hasta la toma de servicio de quien resulte adjudicatario de su licitación.

La prórroga fue dispuesta a través de la resolución 515/2022 publicada ese día en el Boletín Oficial, y de esta forma, la AGP continuará con la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado, y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.

La extensión -tomada con 42 días de antelación- regirá desde el 11 de septiembre, fecha de vencimiento del plazo actual de 12 meses, y responde a que, hasta el momento, los pliegos del proceso licitatorio nacional e internacional privado no se encuentran en trámite administrativo.

Esa licitación, dispuesta a través del decreto 949/2020, está a cargo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable y cuenta con la participación de las siete provincias por donde atraviesa la traza.

El trámite consiste en la concesión a largo plazo para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la hidrovía, además del cobro del peaje de la vía fluvial.

La posibilidad de extender la operación estatal ya estaba contemplada en el decreto 427/2021 que dispuso la toma de posesión del Estado, el cual fijó un plazo de 12 meses para la concesión de la AGP prorrogable hasta la toma de servicio de quien o quienes resulten adjudicatarios de la licitación de su operación.

En 1995, las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del Paraná quedaron en manos del consorcio Hidrovía, integrado por la empresa de dragado belga Jan de Nul -que se mostró interesada en participar en la futura licitación- y la argentina Emepa; concesión que venció el 30 de abril de 2021, aunque pasada esa fecha, se le otorgó una prórroga de 90 días.

Sin embargo el Gobierno, el 1 de julio -antes de cumplirse el plazo previsto- decidió dejar a la hidrovía bajo control estatal a partir del 11 de septiembre de ese año.

La ruta fluvial atraviesa siete provincias y el tramo argentino cuenta con 1.635 kilómetros, sobre un total de 3.400 km que tiene el canal que se comparte con Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Por la misma se traslada cerca del 80 por ciento del volumen de las exportaciones y 95% de las importaciones del país al permitir la conexión con el Océano Atlántico de distintos tipos de embarcaciones de carga.