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Legislativo

No habrá Pacto, al menos en mayo ¿a qué apuesta Milei?

El presidente admitió que el denominado Pacto de Mayo, que iba a firmarse el próximo 25 en la provincia de Córdoba, podría postergarse a otro mes a la espera de que el Senado finalmente sancione la norma.

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El presidente Javier Milei admitió que el denominado Pacto de Mayo, que iba a firmarse el próximo 25 en la provincia de Córdoba, podría postergarse a otro mes a la espera de que el Senado finalmente sancione la norma.

Con nuevas críticas de diversos sectores, el debate sobre la Ley Bases y la reforma fiscal continuó este martes en el Congreso en el marco de un plenario de comisiones en el Senado, mientras La Libertad Avanza sigue sin conseguir las firmas necesarias para el dictamen.

La reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales comenzó a las 14 de este martes y continuaba durante la noche.

En tanto, el presidente Javier Milei admitió este martes que el denominado Pacto de Mayo, que iba a firmarse el próximo 25 en la provincia de Córdoba, podría postergarse a otro mes a la espera de que el Senado finalmente sancione la Ley Bases, que actualmente cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

En las primeras horas de debate se escucharon los cuestionamientos del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, de Guillermo Baudino del INTI Regional NOA y de Alberto Baruj, integrante del Conicet- Instituto Balseiro

“No hay problema, las reformas estructurales son para el largo plazo y si no es en mayo, será en junio o en julio, pero las reformas estructurales tarde o temprano las vamos a hacer”, dijo Milei este martes en diálogo con C5N luego del acto en que se descubrió un busto de Carlos Menem en la Casa Rosada.

Durante la jornada de este martes, volvieron a escucharse variadas voces críticas a la Ley Bases y la reforma fiscal durante un nuevo debate.

En las primeras horas de debate se escucharon los cuestionamientos del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, de Guillermo Baudino del INTI Regional NOA y de Alberto Baruj, integrante del Conicet- Instituto Balseiro.

Héctor Daer.

Gil Domínguez fue uno de los expositores más duros, al señalar que la ley Bases busca “cambiar el orden socioeconómico a través de una reforma constitucional encubierta” y además expresó cuestionamientos al RIGI y a la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Baruj, en tanto, explicó que el artículo 3 de la ley Bases habilita a intervenir y reducir organismos de ciencia y tecnología, en tanto que el artículo 52 habilita a despedir personal científico y técnico de cualquier organismo del sistema.

“El sistema científico-tecnológico argentino tiene las herramientas para producir conocimiento que aporte al desarrollo del país, pero el Gobierno Nacional no ejecutó ni el 1% del presupuesto”, advirtió asimismo en su exposición.

La ley Bases busca “cambiar el orden socioeconómico a través de una reforma constitucional encubierta”Andrés Gil Domínguez

También expusieron la productora Vanesa Ragone en nombre de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, y Mariano Llinás, guionista y director. 

“Quienes voten la delegación de facultades serán recordados como los que mataron al cine. El cine necesita reformas pero no estas. No se trata de ahorrar plata, se trata de proteger algunas cosas de las que aún podemos enorgullecernos”, dijo enfático Llinás en su exposición.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, Pimpi Colombo, remarcó el valor de las tareas de cuidado así como su invisibilización, y además se refirió a la brecha entre varones y mujeres para poder acceder a la jubilación.

Gustavo Del Boca. Foto: @SenadoArgentina

Desde Unión por la Patria, el senador Oscar Parrilli dijo que los proyectos son como “una caja de Pandora, todos los días aparecen cuestiones ocultas”.

Este lunes había sido el turno de las centrales sindicales: uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, apuntó directo al artículo 94 de la ley Bases, que indica que “el trabajador independiente podrá contar con hasta otros cinco trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado” a reglamentarse por el Poder Ejecutivo.

“En vez de avanzar de una manera adecuada a lo que se pretende, que es la formalización, lisa y llanamente los mandamos a la informalidad”, cuestionó Daer, que mantuvo -durante el debate- un fuerte cruce con el jefe del oficialismo, el libertario jujeño Ezequiel Atauche.

El sistema científico-tecnológico argentino tiene las herramientas para producir conocimiento que aporte al desarrollo del país, pero el Gobierno Nacional no ejecutó ni el 1% del presupuesto”Alberto Baruj, integrante del Conicet- Instituto Balseiro

Luego fue el turno del titular de la CTA, Hugo Yasky: “La Ley Bases propone una reforma laboral regresiva y el Senado tiene el deber de frenarla. Hoy fuimos a manifestar nuestro rechazo en nombre de la CTA-T”, expresó anoche en sus redes sociales.

Durante su intervención, Yasky expresó: “No hay un solo artículo que respete el 14 bis y además viola el principio de no regresividad de las leyes. Alarga el período de prueba hasta un año. Pasaríamos a ser el país que tiene el período de prueba más dilatado del mundo”.

Durante la jornada de debate de este lunes, los demás oradores fueron empresarios, especialistas y abogados convocados por los sectores opositores, que rechazan la ley Bases, que continuaron exponiendo.

Desde el Gobierno nacional ya dan por descontado que habrá modificaciones en los proyectos que deberán volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados, que los había aprobado en una sesión maratónica entre el 29 y el 30 de abril, con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones.

No hay un solo artículo que respete el 14 bis y además viola el principio de no regresividad de las leyes. Alarga el período de prueba hasta un año. Pasaríamos a ser el país que tiene el período de prueba más dilatado del mundo”Hugo Yaski

Este miércoles no habrá plenario de comisiones ya que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, irá al Senado a dar su primer informe, tal como lo establece la Constitución.

El debate en el Senado entró en cuarto intermedio el jueves pasado, luego de que el oficialismo no lograra sacar dictamen ese día para poder llevar los proyectos al recinto esta semana, tal como era la pretensión del gobierno de Javier Milei, que quería contar con la sanción de los proyectos antes de la firma del Pacto de Mayo, prevista para el próximo 25.

Pero ahora tampoco está claro que pueda haber dictamen este jueves 16 para llevar al recinto los proyectos el jueves 23, dos días antes de la firma del Pacto de Mayo.

Para el día en que se debatan las leyes en el Senado, se está preparando una masiva concentración en las inmediaciones del Congreso Nacional, con el lema “Frenemos la ley”, de la que participarán sectores políticos, sociales y gremiales

El propio ministro del Interior, Guillermo Francos, admitió el viernes que se están negociando modificaciones en el tema del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) y el impuesto a las Ganancias, los puntos que se presentan como los mayores obstáculos para conseguir la sanción en la Cámara Alta.

Para el día en que se debatan las leyes en el Senado, se está preparando una masiva concentración en las inmediaciones del Congreso Nacional, con el lema “Frenemos la ley”, de la que participarán sectores políticos, sociales y gremiales.

Legislativo

El Gobierno de Milei insiste: impulsan proyecto que busca recortar pensiones por invalidez

El Ejecutivo envió al Senado el proyecto «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez» para reemplazar la Ley 27.793, que el Congreso ratificó con dos tercios tras el veto presidencial. La iniciativa deroga artículos que garantizaban universalidad en el acceso al beneficio y retrotrae el sistema a las condiciones previas a la Emergencia en Discapacidad.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.

Milei contra los más vulnerables: impulsa proyecto parchado que el Congreso ya rechazó para recortar pensiones

★ El Poder Ejecutivo nacional envió al Senado un proyecto de ley denominado «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», una iniciativa que propone derogar artículos centrales de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad y establecer un régimen más restrictivo para el acceso a pensiones no contributivas por invalidez laboral.

La presentación llega en medio de una crisis política generada por la investigación sobre presuntas coimas en la ya eliminada Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en un contexto en que la Justicia obligó al propio Ejecutivo a restituir más de 119.000 pensiones que había suspendido de forma irregular.

Un veto que el Congreso rechazó, una ley que la Justicia ordenó aplicar

El historial del oficialismo con la Ley 27.793 sintetiza su relación con los derechos de las personas con discapacidad: Javier Milei vetó la norma, el Congreso la ratificó con dos tercios de los votos en ambas cámaras y, aun así, el Ejecutivo se negó a reglamentarla. Fue necesaria una orden judicial para que la Casa Rosada comenzara a aplicarla parcialmente.

Ahora, en lugar de cumplirla en su totalidad, el gobierno presenta un nuevo proyecto para reemplazarla, repitiendo la estrategia ya utilizada con la Ley de Financiamiento Universitario: abrir un debate legislativo para ganar tiempo y eludir el cumplimiento de una norma vigente.

Según trascendió, el proyecto deroga los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley 27.793, que garantizaban criterios de universalidad en el acceso al beneficio. De aprobarse, el sistema retrotraería las condiciones al período previo a la sanción de la Emergencia, eliminando derechos conquistados por el colectivo de personas con discapacidad.

Reempadronamiento obligatorio con suspensión automática como amenaza

El corazón del proyecto es el reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones por invalidez. Quienes no acrediten su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales en los plazos que fije la reglamentación sufrirán, según el texto oficial, «la suspensión y posterior baja del beneficio». La medida afectaría potencialmente al universo de alrededor de un millón de beneficiarios actuales.

Además, el proyecto habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada en cruces de información entre ANSES, ARCA y SINTyS, con derecho a defensa pero con el beneficio ya cortado. La oposición y las organizaciones de discapacidad advirtieron que esta lógica invierte la carga de la prueba: es el beneficiario quien debe demostrar que no cometió irregularidades, mientras el Estado puede suspender sin condena previa.

Incompatibilidad con el empleo formal y desregulación de aranceles

Otro punto que generó rechazo entre organizaciones y bloques opositores es la incompatibilidad absoluta con cualquier empleo formal. De aprobarse, una persona con discapacidad no podría acceder a un trabajo registrado sin perder su pensión, lo que implica un retroceso directo en materia de inclusión laboral y contradice el enfoque de derechos humanos que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que Argentina es signataria.

En materia de prestaciones, el proyecto elimina el nomenclador nacional de aranceles homogéneos y desregula la negociación entre financiadores y prestadores. Según el análisis de El Cronista, esto conduciría en la práctica a reducciones drásticas en la cobertura, ya que los valores quedarán sujetos a acuerdos individuales sin piso mínimo garantizado. Solo en el caso del Estado nacional los valores serían fijados trimestralmente por la SENADIS.

ANDIS cerrada, coimas investigadas y presupuesto que ya prevé el recorte

El proyecto llega en un momento políticamente delicado para el oficialismo. La eliminación de la ANDIS se produjo en el marco de la investigación sobre presuntas coimas en la agencia, que involucra a su exdirector Diego Spagnuolo y que, según versiones periodísticas, llegaría a figuras del entorno presidencial. Al mismo tiempo, el Presupuesto 2026 ya preveía la eliminación de 155.000 pensiones por discapacidad, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), lo que anticipa el objetivo fiscal que subyace a la iniciativa.

La elección de ingresar el proyecto por el Senado no es casual: según diversas fuentes periodísticas, en la Casa Rosada consideran que la mayoría en la Cámara Alta es más manejable que en Diputados. Sin embargo, según consignó Los Andes, el alcance regresivo de la reforma generó malestar incluso entre sectores aliados al oficialismo.

La oposición y el sector advierten sobre un retroceso de derechos

Organizaciones de personas con discapacidad, asociaciones civiles y bloques opositores coincidieron en que el proyecto desplaza el enfoque de derechos humanos hacia uno de auditoría administrativa. El debate legislativo prometía ser intenso al cierre de esta edición, con el colectivo de discapacidad preparando su defensa y la oposición advirtiendo que la iniciativa vulnera derechos adquiridos y contradice tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Puntos clave

  • El Ejecutivo envió al Senado el proyecto «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez» para reemplazar la Ley 27.793, que el Congreso ratificó con dos tercios tras el veto presidencial.
  • La iniciativa deroga artículos que garantizaban universalidad en el acceso al beneficio y retrotrae el sistema a las condiciones previas a la Emergencia en Discapacidad.
  • Establece reempadronamiento obligatorio con suspensión automática para quienes no lo cumplan y habilita suspensiones preventivas por inconsistencias en cruces de datos.
  • Fija incompatibilidad absoluta con el empleo formal, lo que impediría a beneficiarios acceder al mercado laboral registrado sin perder la pensión.
  • El Presupuesto 2026 ya preveía la eliminación de 155.000 pensiones por discapacidad, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
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