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Ahora «nadie es Vicentin»: no pagan sueldos y dueños amagan con cerrar

La agroexportadora enfrenta un conflicto por incumplimientos salariales. Sindicatos y trabajadores exigen respuestas urgentes mientras crecen las protestas.

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Lo que tenés que saber

  • Vicentin pagó solo el 30% de los salarios de febrero, lo que generó una escalada de protestas y cortes de ruta.
  • El SOEA de San Lorenzo y la FTCIODyARA respaldaron el reclamo y exigieron intervención del Estado.
  • Los trabajadores denunciaron precarización laboral y una crisis sostenida en la empresa desde hace años.
  • El directorio de Vicentin justificó los retrasos en dificultades financieras y un extenso concurso de acreedores.
  • La incertidumbre sobre el futuro de la firma pone en riesgo miles de empleos en la región.

Movilización y protestas por falta de pago en Vicentin

El conflicto en la agroexportadora Vicentin sigue escalando luego de que la empresa abonara solo el 30% de los salarios correspondientes a febrero. En respuesta, trabajadores apoyados por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) realizaron una jornada de protesta que incluyó cortes en la Autopista Rosario-Santa Fe.

Desde el sector gremial calificaron la situación como «insostenible» y denunciaron que la empresa no ofrece soluciones concretas para regularizar los pagos.

Denuncias por precarización y crisis estructural

Los trabajadores no solo exigen el pago del 70% restante de sus haberes, sino que también advierten sobre una precarización laboral que se arrastra desde hace tiempo. «Estamos viviendo una situación desesperante. No podemos alimentar a nuestras familias con el 30% de nuestro sueldo», expresó uno de los manifestantes, señalando que la incertidumbre sobre el futuro de la empresa agrava el malestar.

El SOEA y la FTCIODyARA responsabilizaron a la administración de Vicentin por «mala gestión» y exigieron que tanto el gobierno nacional como el provincial intervengan para evitar el colapso de la compañía.

La postura de Vicentin ante el conflicto

Desde la empresa argumentaron que los problemas financieros se deben a un prolongado concurso de acreedores que lleva más de cinco años sin resolverse. «Las dilaciones judiciales han impedido nuestra reactivación financiera», expresaron desde el directorio, asegurando que «se está haciendo el máximo esfuerzo» para generar ingresos y cumplir con los compromisos pendientes.

Sin embargo, los gremios rechazaron esta justificación y acusaron a la compañía de usar el concurso como excusa para evadir sus responsabilidades con los trabajadores.

El impacto de la crisis en la región

Vicentin cuenta con más de 1.000 empleados directos y se estima que genera otros 2.000 puestos de trabajo de manera indirecta. Un posible cierre de la agroexportadora podría provocar una grave crisis económica en la zona, afectando a cientos de familias.

A pesar de la presión gremial, hasta el momento no se ha definido una solución concreta para el conflicto. Mientras tanto, los trabajadores mantienen el estado de alerta y anticipan nuevas medidas de fuerza si la empresa no regulariza los pagos en los próximos días.

Desregulación

AySA privatizada: el agua del AMBA ya tiene nuevo dueño

El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, en el que participa el empresario Mauricio Filiberti, se quedó con el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos por US$340,2 millones, monto que quedó por debajo de los US$500 millones que pretendía el Gobierno. La operación, amparada en la Ley Bases, consumó la segunda privatización de la empresa que brinda agua potable y saneamiento a 14 millones de personas en la Ciudad y el conurbano.

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De proveedor a dueño del agua: Filiberti se queda con AySA y consolida un negocio sin competencia real.

El agua que beben 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense quedó, a partir de este 8 de octubre de 2026, bajo control privado por primera vez en dos décadas. El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX superó en la licitación al grupo Roggio y se quedó con el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$340,2 millones, casi un 20% más que la oferta rival de US$285 millones, pero muy lejos de los US$500 millones que el Ministerio de Economía esperaba recaudar.

El proceso, encuadrado en la Resolución 704/2026, se inició con la Ley Bases 27.742 aprobada en 2024, que incluyó a AySA en el listado de empresas sujetas a privatización. El 10% restante de las acciones permanecerá en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada, cuyo referente sindical es Omar Lingeri. La adjudicación definitiva aún aguarda la revisión final de la Comisión de Evaluación.

Un proveedor que ahora será el dueño

El consorcio ganador está encabezado por Rowing S.A., firma de ingeniería e infraestructura fundada por Walter Román, cuyas empresas aportaron $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza en 2023. Lo integran también Transclor, del empresario Mauricio Filiberti; la brasileña Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav; y el fondo de inversión PHX AQUA AR BV, con sede en los Países Bajos. Arcos opera agua y cloacas en 15 estados y más de 890 municipios de Brasil, y fue designada como Operador Técnico de la concesión.

La figura de Filiberti merece una lectura aparte. Transclor es proveedora exclusiva de AySA desde 2009 del policloruro de aluminio, el insumo más importante para la potabilización del agua. Al ganar la concesión, Filiberti pasa de proveedor a controlante de la misma empresa a la que le vende su principal insumo. Además, es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor, distribuidora eléctrica que tiene a AySA entre sus mayores clientes. El encadenamiento de negocios regulados en torno a un mismo grupo concentrado no es un detalle menor: es la radiografía de cómo funciona el llamado «círculo rojo» empresarial cuando el Estado decide soltar activos estratégicos.

Historia de ida y vuelta: de Menem a Kirchner, de Kirchner a Milei

AySA no siempre se llamó así ni siempre fue estatal. Su historia condensa cinco décadas de disputas sobre quién debe controlar el agua. La empresa se llamó Obras Sanitarias de la Nación (OSN), fundada en 1912, hasta que Carlos Menem la privatizó en 1993 y la concesionó al consorcio Aguas Argentinas, operado mayoritariamente por el grupo francés Suez. Ese proceso judicial derivó en la determinación de que la empresa había sido vendida a menos de una quinta parte de su valor real.

En 2006, Néstor Kirchner rescindió el contrato con Suez por incumplimientos en las inversiones de infraestructura comprometidas, creó AySA y colocó el 90% del capital bajo control estatal. Desde entonces y hasta 2022, la cobertura de agua potable en el área original de concesión subió del 76% al 85%, y la de cloacas del 57% al 72,6%, según datos de Chequeado. El Gobierno de Milei eligió destacar otro ángulo: desde la reestatización, la empresa requirió aportes del Tesoro por más de US$13.400 millones.

El contrato y los compromisos de inversión

El holding ganador confirmó un compromiso de inversión de US$1.940 millones en los primeros cinco años de concesión y de US$15.040 millones a lo largo de los 30 años del contrato. El nuevo pliego establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El programa contempla aproximadamente $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones destinados a la operación.

Las metas de cobertura también quedaron fijadas: para 2031 se prevé alcanzar el 75,3% en agua y el 63,9% en cloacas; al finalizar el período inicial de concesión, los pisos suben al 90% y 75% respectivamente. El Gobierno asumió además la deuda de la empresa por US$70 millones, que será transferida a los adjudicatarios. Los que paguen las tarifas también pagarán esa deuda.

Un negocio que sale debajo del precio de reserva

La oferta ganadora de US$340,2 millones equivale, considerando el 10% en manos del sindicato, a un precio implícito de US$378 millones por el 100% de la empresa. El Ministerio de Economía había proyectado recaudar US$500 millones. La diferencia de US$160 millones entre lo esperado y lo obtenido es la brecha entre el discurso de eficiencia del mercado y la realidad de una licitación con apenas dos oferentes, de un proceso que comenzó con 17 grupos interesados y terminó con solo dos dispuestos a presentarse.

Así funciona la privatización de servicios esenciales en mercados cautivos: sin competencia real, el precio lo pone el comprador. Los 14 millones de usuarios no eligieron al nuevo concesionario ni votaron la Ley Bases que lo habilitó.

Lo que tenés que saber:

  • El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX se adjudicó el 90% de AySA por US$340,2 millones, por debajo de los US$500 millones esperados por el Gobierno.
  • Mauricio Filiberti, a través de Transclor, era el proveedor exclusivo de cloro para potabilización de AySA desde 2009 y ahora pasará a ser parte del grupo controlante.
  • La empresa brinda agua potable y saneamiento a 14 millones de personas en CABA y 26 municipios del conurbano.
  • AySA fue creada en 2006 por Néstor Kirchner tras rescindir el contrato con el grupo francés Suez; su privatización es la segunda en la historia de la empresa.
  • El grupo controlante asumirá una deuda de US$70 millones de la empresa y se comprometió a invertir US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión.
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