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El padre de Milei se vio obligado a ceder 2800 hectáreas al MOCASE

Así lo determinó la justicia, tras un conflicto que data desde la década de los 90.

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Lo que tenés que saber

  • Norberto Milei, padre de Javier Milei, tuvo que ceder 2.800 hectáreas a una comunidad indígena.
  • El acuerdo resuelve un conflicto prolongado con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase)-Vía Campesina.
  • La cesión incluye tierras reclamadas desde 1995 por la Comunidad Indígena Sentimiento de Mi Tierra, del Pueblo Sanavirón.
  • Juan Grabois aplaudió irónicamente al presidente Milei por su “apertura al diálogo” en la resolución del conflicto.

El acuerdo de tierras en Añatuya

En un desarrollo significativo para la región, Norberto «Beto» Milei, padre del actual presidente Javier Milei, ha firmado un acuerdo con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase)-Vía Campesina. El convenio, firmado la semana pasada en Añatuya, estipula la cesión de 2.800 hectáreas de tierras rurales de la empresa agropecuaria La Ponderosa SA a una comunidad de agricultores indígenas.

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El terreno totaliza 5.800 hectáreas en el paraje Pampa Atún, departamento Mitre. Mientras que 2.800 hectáreas serán transferidas a la comunidad, el resto permanecerá bajo la propiedad de Norberto Milei. Las tierras en cuestión, utilizadas para el cultivo de algodón, trigo y maíz, habían sido reclamadas desde 1995 por la Comunidad Indígena Sentimiento de Mi Tierra, perteneciente al pueblo originario Sanavirón, asociado al Mocase/Vía Campesina.

La comunidad indígena ha sido reconocida oficialmente por el Estado a través del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, que confirma su presencia ancestral en estas tierras mediante documentación y mapas detallados. A pesar de enfrentar numerosos desafíos legales y órdenes de desalojo durante casi 30 años, la comunidad ha perseverado en su reivindicación.

La reacción de los líderes sociales

Juan Grabois, líder del Frente Patria Grande, expresó su reconocimiento en forma irónica a Javier Milei a través de un mensaje en la red social X. En su publicación, Grabois elogió la “apertura al diálogo” del presidente con los movimientos sociales, señalando que esta actitud facilitó la resolución “justa y pacífica” del conflicto en Santiago del Estero. Grabois espera que Milei mantenga esta postura conciliadora a nivel nacional, sugiriendo que “todo sería mejor” si se siguiera este ejemplo de tolerancia y comprensión.

Judiciales ⚖️

Cuadernos: Casación frenó el atajo de la reparación integral y sigue el juicio

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de las defensas de Cristóbal López, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio y otros imputados que buscaban extinguir la acción penal con ofrecimientos de dinero. El debate oral ante el TOF N° 7 sigue, y el único matiz lo puso el juez Slokar, que consideró que correspondía oír a las partes.

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Fachada del edificio de los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro

Cincuenta imputados de la causa Cuadernos ofrecieron dinero para que la Justicia extinguiera la acción penal en su contra, y la Cámara Federal de Casación Penal les cerró ese camino: la continuidad del debate oral quedó firme y el juicio sigue en pie.

La Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, declaró inadmisibles los recursos de las defensas contra resoluciones del Tribunal Oral Federal N° 7 que habían rechazado planteos de nulidad y pedidos de reparación integral del perjuicio. La decisión se conoció este jueves.

Quiénes recurrieron

Los recursos fueron presentados y acompañados por defensas de imputados entre los que figuran Cristóbal López, Carlos De Sousa, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio, Armando Loson, Juan Carlos de Goycoechea, Mario Rovella, Héctor Sánchez Caballero, Juan Manuel Abal Medina, Roberto Orazi, Miguel Marconi y Juan José Luciano, entre otros empresarios y exfuncionarios.

Los pedidos de reparación integral

En la etapa de juicio, el TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que pretendían extinguir la acción penal mediante ofrecimientos de reparación integral del perjuicio, una figura prevista en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal. Esos ofrecimientos se basaban en la actualización de embargos cautelares por sumas que iban de $300.000 a más de $1.800 millones. Los pedidos fueron rechazados con la oposición de la fiscal general Fabiana León y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La causa Cuadernos se inició en 2018 a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó supuestos traslados de dinero desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Se trata de una megacausa con más de un centenar de acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El voto de Petrone

En su voto, Petrone sostuvo que las decisiones impugnadas no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a ella por sus efectos, y que tampoco encuadran entre los autos previstos por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación para habilitar la instancia de casación.

El magistrado recordó además la doctrina de la Corte Suprema según la cual los pronunciamientos que obligan al imputado a seguir sometido a proceso no ponen fin al pleito ni generan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.

Sobre el rechazo de la reparación integral, Petrone remarcó que la complejidad de la causa, con multiplicidad de hechos e imputados, requiere que el debate oral avance para precisar los extremos fácticos de la imputación y las responsabilidades de cada interviniente.

La adhesión de Barroetaveña y el matiz de Slokar

Barroetaveña adhirió en lo sustancial al voto de su colega. Slokar, en cambio, consideró que correspondía oír a las partes, aunque aclaró que esa postura no implicaba adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión.

Lo que tenés que saber:

  • La Sala I de Casación declaró inadmisibles los recursos de las defensas y dejó firme la continuidad del debate oral ante el TOF N° 7.
  • La Sala está integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.
  • El TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que buscaban extinguir la acción penal por reparación integral (artículo 59, inciso 6°, del Código Penal).
  • Los embargos actualizados iban de $300.000 a más de $1.800 millones, y la fiscal general Fabiana León y la UIF se opusieron.
  • Petrone consideró que las resoluciones no son sentencia definitiva; Barroetaveña adhirió y Slokar opinó que correspondía oír a las partes.
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