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El Gobierno enviará un proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura

Lo informó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, durante una conferencia de prensa e indicó que la iniciativa ingresará en las próximas horas al Senado.

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La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, informó que es inminente el envío a la Cámara alta de un proyecto de ley para ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura.

El Gobierno anunció este lunes que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura y así alcanzar una «representación más equilibrada» en ese cuerpo, además de incorporar cupo por género.

Así lo confirmó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que indicó que la iniciativa ingresará en las próximas horas al Senado.

De acuerdo con lo adelantado, el proyecto prevé sumar un juez, un abogado y un miembro del ámbito académico o científico, ninguno de los cuales «pertenece al estamento político», aclaró Cerruti.

«Esto permitirá avanzar en el objetivo central de recuperar la confianza de la sociedad en la justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial y el trabajo armónico», expresó Cerruti, quien adelantó también que la propuesta contemplará equidad de género.

La idea es que los distintos estamentos incorporen mujeres, tanto en los lugares reservados a los jueces, a los legisladores, a los abogados y una de las plazas destinadas a académicos o científicos.

Cerruti dijo que el Poder Ejecutivo (PEN) enviará el citado proyecto «en cumplimiento de lo que se comprometió el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo».

«Luego de haber escuchado las voces y las sugerencias del Consejo Consultivo, el Poder Ejecutivo va a enviar en las próximas horas al Congreso de la Nación para su evaluación y tratamiento un proyecto que modifica la la actual ley vigente de composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura», explicó la portavoz en el inicio de la conferencia de prensa.

«Esto permitirá avanzar en el objetivo central de recuperar la confianza de la sociedad en la justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial y el trabajo armónico».

Resaltó que, para el Gobierno, «esto va a permitir una representación más equilibrada dentro del Consejo de la Magistratura» y ayudará a «avanzar en uno de los objetivos centrales, que tiene que ver con «recuperar la confianza de la sociedad en la justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial y un trabajo armónico en el Consejo de la Magistratura»

En cuanto a las mayorías especiales requeridas para las dos funciones centrales del Consejo, la presentación de ternas y la remoción de jueces, se aclaró que no fueron modificadas y que siguen siendo mayorías agravadas

«No estuvo en debate en la ley de 2006, ni en el proyecto que envió la anterior administración, del ministro (Germán) Garavano y no está en debate ahora», señaló Cerruti ante una consulta sobre la posibilidad de que un integrante de la Corte Suprema presidiera el Consejo de la Magistratura.

Cerruti explicó la intención del Gobierno: «Se equilibra la representación de los diferentes estamentos, que es algo de lo que pide la Constitución Nacional a los legisladores cuando crea la figura del Consejo de la Magistratura». «Nos parece que este proyecto intenta mejorar como funciona hasta el momento (el cuerpo)», reflexionó la funcionaria y advirtió que la creación del consejo data del 2006.

«Pasaron 15 años desde entonces, con lo cual han sucedido cosas en la sociedad y en el mundo y nos hace pensar que esta representación (propuesta) es mas equilibrada y que esta formula que estamos presentando va a ayudar a un mayor funcionamiento de la justicia, a una garantía de la independencia del Poder Judicial y que el Consejo de la Magistratura no pueda ser un lugar de litigio de la política sino que esté al servicio de la mejor justicia de los ciudadanos», resumió.

«El Poder Ejecutivo va a enviar en las próximas horas al Congreso de la Nación para su evaluación y tratamiento un proyecto que modifica la la actual ley vigente de composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura».

Juzgó que en el Senado habrá «un amplio debate de todas las fuerzas políticas» y luego, cuando pase a Diputados, será finalmente «analizado por el Congreso en su conjunto».

El Consejo de la Magistratura es un órgano del Poder Judicial incorporado en la Constitución Nacional en su reforma de 1994.

Regulado por la ley 24.937, tiene entre sus atribuciones la emisión de propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de tribunales inferiores, el ejercicio de facultades disciplinarias sobre magistrados, la administración de recursos y ejecución de presupuestos asignados a la gestión de justicia y la apertura de procedimientos de remoción y suspensiones, entre otras.

Política 📢

Filtraciones y desconfianza: la trama detrás de la renuncia de Belén Agudiez y sus millones

La ex subsecretaria de Planificación General del círculo de Karina Milei multiplicó por 98 su patrimonio durante casi tres años en el Estado, según sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. A ese salto inexplicable se suma una denuncia penal por un presunto esquema de corrupción con compras de alimentos para Olivos y Balcarce 50 que habrían abastecido un emprendimiento privado de catering del matrimonio Agudiez-Sosa.

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De 43 mil pesos a $4,5 millones: el patrimonio de Agudiez que la Oficina Anticorrupción deberá explicar.

Entró a la administración pública con $43.000 en el bolsillo y salió con $4,5 millones declarados. El recorrido patrimonial de María Belén Agudiez, ex subsecretaria de Planificación General y figura del entorno íntimo de Karina Milei, quedó expuesto en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA): en menos de tres años de gestión, su patrimonio personal creció un 9.766%.

La revelación se conoció en el marco de la «razia» que el Ejecutivo llevó adelante en la Residencia Presidencial de Olivos, que incluyó el apartamiento de unos 12 empleados civiles bajo el argumento de «razones de seguridad» y sospechas de filtración de información, y que derivó en la salida de Agudiez de su cargo.

De $43 mil a $4,5 millones: el salto que no cierra

Cuando Agudiez ingresó al Estado, su patrimonio declarado era de apenas $43.000, distribuidos en $8.861 en cajas de ahorro y $35.000 en efectivo. Dos años más tarde, en su declaración jurada correspondiente al cierre de 2025, consignó activos por $4.500.000: un incremento de casi el 9.766% que la Oficina Anticorrupción deberá explicar.

El desglose de su última presentación revela una composición que excede con creces la lógica de un ahorro salarial: $3,5 millones en dinero en efectivo, más tenencias en fondos comunes de inversión (Mercado Fondo y SBS), posiciones en plataformas de pago (PSP) y una caja de ahorro en dólares. En el rubro de ingresos y gastos del período, Agudiez declaró haber recibido $37,6 millones y haber gastado $36 millones, lo que deja un margen de ahorro anual de apenas $1,6 millones. La brecha entre ese margen y el patrimonio acumulado es el interrogante central que la investigación deberá responder.

El cuñado, la hermana y la empresa de catering

La trama familiar agrega otra capa al escándalo. Entre los cesanteados en la purga de Olivos figuró Osvaldo Sosa, ex administrador de la residencia presidencial, quien está casado con Analía Agudiez, hermana de la ex subsecretaria. El vínculo no es menor: la diputada nacional Marcela Pagano reflotó una denuncia penal que apunta directamente al matrimonio Sosa-Agudiez.

Según la legisladora, licitaciones destinadas a la adquisición de toneladas de cortes de carne premium y alimentos para Balcarce 50 y la quinta de Olivos habrían sido desviadas para abastecer a «Pancitos Caseros», un emprendimiento privado de catering manejado por el propio matrimonio. El esquema denunciado implica el uso de recursos del Estado, compras públicas mediante licitación y una empresa privada como destino final de esos insumos.

Ante los señalamientos de Pagano, desde la Casa Rosada optaron por la cautela: plantearon que, si la legisladora cuenta con material probatorio, debe presentarlo ante la Justicia para que se investigue. La respuesta oficial elude pronunciarse sobre el fondo del asunto y traslada la carga de la prueba sin desmentir los hechos denunciados.

Filtraciones, desconfianza y el costo político para el entorno presidencial

Más allá de la denuncia penal, en el oficialismo le atribuyen a Agudiez haber filtrado información sobre la dinámica interna de la residencia presidencial hacia la prensa, una acusación que fue incrementando la desconfianza hacia su figura. «Siempre todo es acumulativo. La salida es algo más profunda», señaló una fuente que conoce de cerca el funcionamiento de la quinta.

El vínculo entre Agudiez y Karina Milei se remontaba a 2021, después de que la ex funcionaria tomara distancia de Ramiro Marra, quien la había acercado al espacio libertario. Con el tiempo quedó vinculada a tareas de asistencia directa para la secretaria general, aunque el propio oficialismo se encargó de acotar ese rol: «Cumplía un rol de secretaria. No era su mano derecha en términos de gestión», aclararon fuentes del espacio.

Marra, por su parte, no esperó a que se enfriara el escándalo y publicó en su cuenta de X: «Roma no debe pagar a traidores». El caso continúa bajo la lupa administrativa y judicial, mientras en los pasillos de Balcarce 50 buscan cerrar filas y aplacar el impacto político que salpica al núcleo duro del entorno presidencial. El puesto de subsecretaria permanece vacante.

Lo que tenés que saber

  • Belén Agudiez ingresó al Estado con $43.000 de patrimonio y lo multiplicó por 98 en menos de tres años, según sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
  • Su última declaración jurada (cierre 2025) consigna $4,5 millones en activos, incluyendo $3,5 millones en efectivo y posiciones en fondos comunes de inversión y plataformas de pago.
  • La diputada Marcela Pagano denunció que licitaciones de alimentos para Balcarce 50 y Olivos habrían sido desviadas para abastecer «Pancitos Caseros», el emprendimiento de catering del matrimonio Sosa-Agudiez.
  • Osvaldo Sosa, cuñado de Agudiez y ex administrador de la residencia de Olivos, fue cesanteado en la misma purga que derivó en la renuncia de la ex subsecretaria.
  • El caso tiene aristas judiciales y administrativas abiertas; el oficialismo no desmintió los hechos denunciados y trasladó la carga de la prueba a la legisladora.
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