Setenta y cuatro billeteras compraron $LIBRA por unos USD 13,5 millones, según los damnificados, 22 segundos antes de que el Presidente publicara el contrato del token. Ese dato es el eje del nuevo recurso con el que otro grupo de inversores afectados intenta evitar que se cierre la investigación que alcanza a Javier Milei y a su hermana Karina.

El escrito lo impulsa Martín Romeo, quien fue querellante en la causa, junto a otros dos pretensos querellantes, con el patrocinio del abogado Nicolás Oszust. Piden que se declare la nulidad del dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano, en el que se apoyó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi para sobreseer a Javier y Karina Milei y a otros nueve investigados, y que continúe la pesquisa por la presunta estafa con la criptomoneda.

Un sobreseimiento que, dicen, no resolvió el fondo

Los apelantes cuestionan “la totalidad de la resolución” del magistrado. Sostienen que el cierre de la causa se apoya en una decisión que no está firme y que no resolvió el fondo del asunto.

Rechazan la tesis de un “riesgo de mercado asumido”: afirman que compraron el activo digital después de un tuit presidencial cuyo contrato, según el escrito, ya habían utilizado 74 billeteras. Remarcan además que la presentación de $LIBRA como un proyecto privado para impulsar la economía argentina era falsa, porque, aseguran, detrás del lanzamiento había una extracción de liquidez planificada con “insiders”.

La cronología que describen los inversores

Según el recurso, el pool de liquidez se creó a las 18:40, pero no registró compras hasta las 19:01. En ese instante, afirman, 74 billeteras ejecutaron 87 transacciones por unos USD 13,5 millones, 22 segundos antes de que Milei difundiera un contrato que hasta entonces no era público.

Luego, las billeteras ligadas al equipo de LIBRA habrían liquidado los tokens adquiridos en el minuto cero, y la liquidez se habría consolidado en una bóveda colectora con 44.593.888 USDC. Los damnificados hablan de una “rampa de salida” preparada de antemano y denuncian que se destruyeron pruebas sobre la maniobra. También señalan una presunta coordinación con el Presidente: sostienen que se registraron llamados entre Milei y el lobbista Mauricio Novelli, uno de los impulsores de la criptomoneda, en los minutos previos y posteriores a la publicación en X.

El escrito lo resume así: “El engaño no fue una frase aislada: fue la puesta en escena completa”, y agrega que la investidura presidencial funcionó como garantía.

Karina Milei y un fiscal bajo sospecha

Sobre la acusación contra Karina Milei por tráfico de influencia y cohecho, a raíz de un supuesto acuerdo por USD 1.550.000 con Novelli para que el Presidente se involucrara, los apelantes aseguraron que ese contrato “existió y se cumplió, con o sin firmas”.

Taiano sostuvo que no hubo delito y usó como justificación un informe de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de la propia hermana del mandatario. Para los damnificados, eso equivale a considerar inocente a alguien “porque él mismo dice serlo”.

Fueron más lejos: afirmaron que el representante del Ministerio Público Fiscal “actuó como abogado defensor”. Según el escrito, seleccionó la prueba de antemano, dejó de producir la que podía comprometer a los imputados e interpretó a favor de ellos la que sí se produjo, aun cuando generaba indicios de cargo.

Más recursos y un obstáculo procesal

El martes, Juan Patricio Marchetto, otro damnificado patrocinado por Juan Grabois y Nicolás Rechanik, también apeló y pidió que se revoque la resolución y continúe la investigación. Ambas presentaciones son consecuencia de la decisión que el juez firmó el viernes 23 de octubre, a pedido de Taiano. Los once investigados fueron sobreseídos sin haber sido citados a declaración indagatoria.

Como ya informó este medio, Taiano firmó su dictamen el jueves 22 a las 11:32 y el juez suscribió la sentencia el viernes 23, apenas un día después.

El camino de los apelantes es cuesta arriba. Romeo y Marchetto fueron apartados como querellantes en julio y, según publicó la prensa local, Marchetto aguarda una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal sobre su situación procesal, por lo que apeló como pretenso querellante. La pregunta de fondo es quién puede impulsar la causa si la Justicia no reconoce a los damnificados como parte y el único acusador institucional pidió cerrarla. En paralelo, la Coalición Cívica anunció que denunciará a Martínez de Giorgi y a Taiano por presunto encubrimiento.

Lo que tenés que saber

• Un nuevo grupo de damnificados, impulsado por Martín Romeo con el patrocinio de Nicolás Oszust, apeló el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y pidió la nulidad del dictamen de Taiano.
• Alegan que 74 billeteras ejecutaron 87 transacciones por unos USD 13,5 millones, 22 segundos antes de que el Presidente publicara el contrato.
• Acusan al fiscal de actuar como abogado defensor y cuestionan que usara un informe de la Secretaría General, a cargo de Karina Milei.
• Marchetto, patrocinado por Grabois y Rechanik, apeló el martes y espera una resolución de Casación sobre su situación como querellante.
• El sobreseimiento de los once investigados se dispuso sin indagatorias.