Presidencia
Milei reivindicó el modelo de seguridad represiva, mientras margina a sectores vulnerables
El Gobierno justifica el aumento de los recursos destinados a las fuerzas de seguridad, mientras recorta derechos sociales: una estrategia explosiva.
En un acto celebrado en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal, Javier Milei reafirmó su “compromiso” con un modelo de seguridad punitivista y represiva, en el que «el orden público es sagrado» y la manifestación o la protesta son delitos, algo que, según la justificación del jefe de Estado, es “indispensable para el crecimiento económico”.
Durante el evento, compartió escenario con la vicepresidenta Victoria Villarruel y otros funcionarios de su gabinete, en lo que significó su primera aparición pública conjunta en más de un mes, después de que Milei calificara de “error” un homenaje realizado por Villarruel a María Estela Martínez de Perón. La presencia de ambos en un acto policial subrayó la prioridad que el gobierno ha dado a las fuerzas de seguridad, en contraste con la reducción de recursos destinados a sectores sociales y de derechos humanos.
Milei se disculpó ante los efectivos policiales por «los años de escarnio» que, según él, sufrieron bajo gobiernos anteriores que, en sus palabras, desarrollaron «doctrinas para defender criminales», en referencia a los sectores vulnerables. Su postura enfatiza un enfoque de mano dura maniquea, en el que «los buenos son los de azul y los malos son los que delinquen», lo cual se alinea con la doctrina libertaria de seguridad que defiende.
La doctrina de seguridad: un cambio de rumbo
Milei detalló tres principios clave de su estrategia de seguridad:
- 1. “El que las hace, las paga”, frase utilizada habitualmente, casi a diario, por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
- 2. “El orden público es sagrado”, en defensa del protocolo represivo / antipiquetes, también impulsado por Bullrich.
- 3. “Los buenos son los de azul y los malos son los que delinquen”, posicionando al Estado como protector de la “gente de bien” frente a quienes alteran el orden público.
Milei argumentó que estos principios ya han producido “resultados sorprendentes”, aludiendo al “fin de los piquetes” y al avance en Rosario. Sin embargo, mientras el gasto en seguridad crece de manera significativa, las partidas para sectores vulnerables y programas sociales experimentan recortes, lo que ha generado cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno y las consecuencias de su enfoque represivo y punitivista.
Un modelo explosivo
El mandatario sostuvo que la inseguridad desincentiva tanto la inversión como la actividad laboral, argumentando que “la seguridad pública es indispensable para la recuperación del país”. No obstante, su política de seguridad ha desatado fuertes críticas por implicar un desvío de recursos hacia las fuerzas de seguridad, en detrimento de las políticas sociales. Este enfoque se ha convertido en el eje de una estrategia que pone al Estado en una posición de fuerza, desoyendo las necesidades de los sectores más vulnerables y obviando políticas de contención social.
Al concluir el acto, Milei condecoró al subcomisario Guillermo Armentano, quien protegió al presidente durante el ataque que sufrió en su asunción en 2023. Otros efectivos también fueron reconocidos. Luego, el jefe de Estado y Villarruel permanecieron solemnemente en sus lugares mientras se realizaba el desfile de los uniformados, un símbolo claro de un gobierno que ha elegido priorizar el gasto en fuerzas de seguridad como pilar de su gestión.
Se recortan los derechos y se aumenta la seguridad
Este modelo de seguridad podría terminar siendo explosivo en un contexto de desigualdad creciente y reducción del gasto social, algo que inmediatamente contrasta con la perspectiva de organismos internacionales de derechos humanos y podría profundizar sin más las tensiones sociales en el país.
Finalmente, vale reflexionar que justificar el aumento del gasto en materia de seguridad punitivista, en detrimento de políticas para los sectores vulnerables, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta estrategia en el mediano plazo.
Política 📢
Filtraciones y desconfianza: la trama detrás de la renuncia de Belén Agudiez y sus millones
La ex subsecretaria de Planificación General del círculo de Karina Milei multiplicó por 98 su patrimonio durante casi tres años en el Estado, según sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. A ese salto inexplicable se suma una denuncia penal por un presunto esquema de corrupción con compras de alimentos para Olivos y Balcarce 50 que habrían abastecido un emprendimiento privado de catering del matrimonio Agudiez-Sosa.
Entró a la administración pública con $43.000 en el bolsillo y salió con $4,5 millones declarados. El recorrido patrimonial de María Belén Agudiez, ex subsecretaria de Planificación General y figura del entorno íntimo de Karina Milei, quedó expuesto en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA): en menos de tres años de gestión, su patrimonio personal creció un 9.766%.
La revelación se conoció en el marco de la «razia» que el Ejecutivo llevó adelante en la Residencia Presidencial de Olivos, que incluyó el apartamiento de unos 12 empleados civiles bajo el argumento de «razones de seguridad» y sospechas de filtración de información, y que derivó en la salida de Agudiez de su cargo.
De $43 mil a $4,5 millones: el salto que no cierra
Cuando Agudiez ingresó al Estado, su patrimonio declarado era de apenas $43.000, distribuidos en $8.861 en cajas de ahorro y $35.000 en efectivo. Dos años más tarde, en su declaración jurada correspondiente al cierre de 2025, consignó activos por $4.500.000: un incremento de casi el 9.766% que la Oficina Anticorrupción deberá explicar.
El desglose de su última presentación revela una composición que excede con creces la lógica de un ahorro salarial: $3,5 millones en dinero en efectivo, más tenencias en fondos comunes de inversión (Mercado Fondo y SBS), posiciones en plataformas de pago (PSP) y una caja de ahorro en dólares. En el rubro de ingresos y gastos del período, Agudiez declaró haber recibido $37,6 millones y haber gastado $36 millones, lo que deja un margen de ahorro anual de apenas $1,6 millones. La brecha entre ese margen y el patrimonio acumulado es el interrogante central que la investigación deberá responder.
El cuñado, la hermana y la empresa de catering
La trama familiar agrega otra capa al escándalo. Entre los cesanteados en la purga de Olivos figuró Osvaldo Sosa, ex administrador de la residencia presidencial, quien está casado con Analía Agudiez, hermana de la ex subsecretaria. El vínculo no es menor: la diputada nacional Marcela Pagano reflotó una denuncia penal que apunta directamente al matrimonio Sosa-Agudiez.
Según la legisladora, licitaciones destinadas a la adquisición de toneladas de cortes de carne premium y alimentos para Balcarce 50 y la quinta de Olivos habrían sido desviadas para abastecer a «Pancitos Caseros», un emprendimiento privado de catering manejado por el propio matrimonio. El esquema denunciado implica el uso de recursos del Estado, compras públicas mediante licitación y una empresa privada como destino final de esos insumos.
Ante los señalamientos de Pagano, desde la Casa Rosada optaron por la cautela: plantearon que, si la legisladora cuenta con material probatorio, debe presentarlo ante la Justicia para que se investigue. La respuesta oficial elude pronunciarse sobre el fondo del asunto y traslada la carga de la prueba sin desmentir los hechos denunciados.
Filtraciones, desconfianza y el costo político para el entorno presidencial
Más allá de la denuncia penal, en el oficialismo le atribuyen a Agudiez haber filtrado información sobre la dinámica interna de la residencia presidencial hacia la prensa, una acusación que fue incrementando la desconfianza hacia su figura. «Siempre todo es acumulativo. La salida es algo más profunda», señaló una fuente que conoce de cerca el funcionamiento de la quinta.
El vínculo entre Agudiez y Karina Milei se remontaba a 2021, después de que la ex funcionaria tomara distancia de Ramiro Marra, quien la había acercado al espacio libertario. Con el tiempo quedó vinculada a tareas de asistencia directa para la secretaria general, aunque el propio oficialismo se encargó de acotar ese rol: «Cumplía un rol de secretaria. No era su mano derecha en términos de gestión», aclararon fuentes del espacio.
Marra, por su parte, no esperó a que se enfriara el escándalo y publicó en su cuenta de X: «Roma no debe pagar a traidores». El caso continúa bajo la lupa administrativa y judicial, mientras en los pasillos de Balcarce 50 buscan cerrar filas y aplacar el impacto político que salpica al núcleo duro del entorno presidencial. El puesto de subsecretaria permanece vacante.
Lo que tenés que saber
- Belén Agudiez ingresó al Estado con $43.000 de patrimonio y lo multiplicó por 98 en menos de tres años, según sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
- Su última declaración jurada (cierre 2025) consigna $4,5 millones en activos, incluyendo $3,5 millones en efectivo y posiciones en fondos comunes de inversión y plataformas de pago.
- La diputada Marcela Pagano denunció que licitaciones de alimentos para Balcarce 50 y Olivos habrían sido desviadas para abastecer «Pancitos Caseros», el emprendimiento de catering del matrimonio Sosa-Agudiez.
- Osvaldo Sosa, cuñado de Agudiez y ex administrador de la residencia de Olivos, fue cesanteado en la misma purga que derivó en la renuncia de la ex subsecretaria.
- El caso tiene aristas judiciales y administrativas abiertas; el oficialismo no desmintió los hechos denunciados y trasladó la carga de la prueba a la legisladora.
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