Conectate con El Argentino

Legislativo

Diputados aprobó el proyecto de Ley de moratoria para jubilados

El objetivo de la iniciativa es que más 800 mil personas puedan acceder a la jubilación ya que tienen la edad para contar con ese beneficio, pero no poseen los 30 años de aporte.

Publicado hace

#

La votación, con 134 votos afirmativos, sumó los respaldos del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y bloques provinciales, y consiguió la aprobación a pesar de los y 107 negativos de Juntos por el Cambio y los partidos libertarios.

La Cámara de Diputados debatía esta tarde, en una sesión especial, el proyecto de moratoria previsional que tiene como objetivo que unas 800 mil personas puedan acceder a la jubilación ya que tienen la edad para contar con ese beneficio, pero no poseen los 30 años de aporte, en la última jornada del período de sesiones extraordinarias del Congreso nacional.

La sesión se inició cerca de las 11, con la presencia de 129 diputados -el número exacto para el quórum reglamentario- entre los cuales 117 pertenecen al Frente de Todos (FdT), cuatro al Frente de Izquierda, la misma cantidad al Interbloque Provincias Unidas y otros cuatro al interbloque Federal (dos de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño y Alejando ‘Topo’ Rodríguez, y dos socialistas, Mónica Fein y Enrique Estévez). Mientras que la bancada de Juntos por el Cambio (JxC) bajó al recinto una vez que el oficialismo reunió el quórum.

Previamente, y para organizar los tiempos y el orden de la sesión, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, encabezó en el salón «Delia Parodi» la reunión de Labor Parlamentaria de la que participaron los jefes de todos los bloques que componen la cámara.

La sesión se inició con la jura como diputado nacional del PRO de Gabriel Mraida, actual presidente del Instituto de la Vivienda porteño, que asumió en reemplazo de Waldo Wolff, designado secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en diciembre pasado.

El plenario se desarrolla un día antes de la Asamblea Legislativa que, encabezada por el presidente Alberto Fernández, dejará inaugurado el 141° período de sesiones ordinarias.

En el inicio de la sesión se presentaron 12 cuestiones de privilegio, se hicieron tres homenajes y se trataron tres apartamientos de reglamento, y se produjo una polémica cuando se quiso desalojar de los palcos al sindicalista Carlos Ortega, que representa al Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi), que diseñó los carteles contra los legisladores opositores que no habían dado quórum en las sesiones de diciembre.

También hubo una polémica entre el oficialismo y la oposición sobre el juicio político a la Corte Suprema, cuando el FDT rechazó las acusaciones de Juntos por el Cambio sobre el desarrollo de la investigación sobre la conducta de los cuatro jueces del alto tribunal.

Minutos antes de la sesión, desde JXC ratificaron su decisión de no dar quórum y, a través de un comunicado de prensa, rechazaron «la decisión de seguir emparchando el sistema previsional en perjuicio de todos los jubilados», a la vez que consideraron que «es urgente abordar con seriedad una reforma integral del sistema previsional».

«Nuestra propuesta es avanzar en una reforma que sea auténticamente inclusiva y sostenible para que todos los mayores puedan recibir beneficios sin necesidad de excepciones o parches», señalaron en el comunicado

El debate sobre el proyecto de moratoria previsional fue abierto por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien afirmó que permitirá que «muchísima gente que ha quedado fuera de la posibilidad de acceder a una jubilación pueda hacerlo». Destacó que esta medida beneficiará a unas 800 mil personas que tienen la edad pero les faltan aportes para poder acceder al beneficio.

Al exponer como miembro de la mayoría en la sesión especial en la cual se busca convertir en ley la moratoria previsional, Heller destacó que «del total de jubilados que hay en la Argentina, 65 por ciento lo hicieron con una moratoria y gracias a eso hoy el 95 por ciento en condiciones de hacerlo están jubilados».

«En la Argentina hay un gravísimo problema de informalidad laboral, con lo cual pretender decir que algunos no quisieron aportar es una barbaridad y más cuando se ve que la mayoría son mujeres que han trabajado en casas particulares y por eso no hay razón para que la sociedad no se haga cargo de esta situación», dijo.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Previsión Social, Marisa Uceda (FDT), dijo que el proyecto tiene «un espíritu solidario» ya que el hecho de que «9 de cada 10 mujeres no puedan acceder al sistema jubilatorio es un problema que debe resolver el Estado, porque hemos sido también responsables de esa crisis del sistema»

Dijo que la obligación de la clase política es «dar una solución y eso es lo que hicieron los senadores Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde cuando presentaron el proyecto que se trabajó intensamente con la directora de Anses, Fernanda Raverta, que está en el recinto y se puso al hombro la militancia de este proyecto».

Desde la oposición, el autor del dictamen de minoría, Alejandro Cacace, señaló que «no puede obtener lo mismo el que tiene todos los requisitos que quien no los tiene», y explicó su propuesta que la jubilación se calcule en base a los aportes que tiene cada ciudadano.

Agregó que el problema «es de equidad contributiva en un sistema que se basa en una lógica contributiva o de aporte, no puede obtener lo mismo quien tiene todos los requisitos cumplidos y los 30 años de aporte de quien no lo tiene, eso es así y tiene que ver con la equidad dentro del sistema».

Por su parte, el presidente del Interbloque Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, afirmó que «nuestro bloque va a acompañar este proyecto de ley pero advertimos acerca de que los gobiernos tienen que hacerse cargo de no asignar derechos cuando se rompió el derecho básico: tener un trabajo remunerado con aportes jubilatorios».

A su vez, la legisladora del FIT-U Romina del Plá afirmó que «esta moratoria solo resuelve una parte del problema, por eso vamos a seguir luchando por el derecho a la jubilación universal, por la jubilación del 82 por ciento, y por un verdadero futuro para los trabajadores y trabajadoras».

El tratamiento de esta iniciativa había fracasado el 21 de diciembre último, cuando Juntos por el Cambio y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.

Para avanzar con el debate, el FdT debió reunir el quórum propio con el apoyo de bloques minoritarios e intermedios, ya que JxC continúa con su estrategia parlamentaria de no habilitar el tratamiento de ningún otro tema mientras el oficialismo no clausure el análisis del juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia.

La sesión se realiza con la presencia en los palcos de jubilados y asociaciones gremiales y sociales que buscan visibilizar la importancia de que se apruebe la ley, que participaron del «abrazo al Congreso» realizado el miércoles pasado en el mismo sentido.

Raverta destacó la importancia de que se apruebe el proyecto de moratoria previsional, una herramienta para «800 mil argentinas y argentinos que la están esperando».

«Tengo esperanza de que los diputados bajen al recinto, puedan discutir esta ley y construir esta herramienta, que no es ni para Anses ni para el Gobierno, sino para 800 mil argentinas y argentinos que la están esperando», afirmó Raverta, a través de un comunicado.

El proyecto previsional tiene dictamen para ser tratado en el recinto desde el pasado 30 de noviembre, en un texto que lleva las firmas de los diputados del FdT que integran las comisiones de Presupuesto y de Previsión. Ese dictamen contó con el acompañamiento del interbloque Provincias Unidas y con el aval, con algunas disidencias, del interbloque Federal.

El proyecto, presentado en el Senado por la oficialista Fernández Sagasti y con media sanción desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

CABA

“Ley y orden”: Jorge Macri apuesta a la “mano dura” para llegar al 2027

El jefe de Gobierno porteño envió a la Legislatura una reforma del Código Contravencional que sube multas, endurece penas y crea nuevas infracciones. Con el slogan «Ley y Orden», Jorge Macri replica el discurso punitivista de La Libertad Avanza en un movimiento que muchos leen como un reposicionamiento electoral de cara a los comicios del año próximo.

Publicado hace

#

Jorge Macri sigue a LLA por el camino del punitivismo y la criminalización de la pobreza.

Hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes, multas de más de 58 millones de pesos por venta ilegal en el espacio público y sanciones superiores a los 7 millones por conducir alcoholizado. Esos son los ejes del proyecto de reforma del Código Contravencional que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, envió este miércoles a la Legislatura porteña.

La iniciativa modifica la Ley 1.472 (Código Contravencional) y la Ley 12 (de Procedimiento Contravencional), e introduce un paquete de cambios que incluye el aumento de multas, de las tareas de utilidad pública y de los días de arresto, la creación de nuevas contravenciones y la supresión de la condena en suspenso para adultos. La reforma también excluye la suspensión del proceso a prueba como solución alternativa para adultos y crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público.

El discurso del orden y la escenografía electoral

La presentación del proyecto estuvo cargada de una retórica que resultó difícil de distinguir de la que suele escucharse en las conferencias de prensa de La Libertad Avanza. Bajo el slogan «Ley y Orden», Macri afirmó que «al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad».

La frase fue completada con otra de tono similar: «No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos». El lenguaje utilizado por el jefe de Gobierno, que apela a la distinción entre «ciudadanos de bien» y quienes rompen la ley, es una marca de estilo propia del movimiento libertario y de la derecha punitiva internacional, y su aparición en boca de un dirigente del PRO no es casual en el contexto de la disputa por el electorado conservador que se abrirá de cara a las elecciones de 2027.

Qué cambia: las nuevas sanciones y contravenciones

El proyecto establece un aumento significativo en las sanciones existentes y suma nuevas conductas sancionables. Para la conducción con alcohol en sangre, la reforma prevé una multa de entre 1.000 y 6.000 Unidades de Fomento (UF), equivalentes a más de 7 millones de pesos, con arresto de 5 a 30 días e inhabilitación de la licencia de conducir de 6 meses a 4 años. Para las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, la multa podría alcanzar las 50.000 UF, equivalentes a 58.654.000 pesos, frente al máximo actual que no supera los 15 millones.

En el caso de los ruidos molestos, las tareas de utilidad pública pasarían de un rango de 1 a 5 días al de 3 a 15 días, con multas de hasta 600 UF y la posibilidad de hasta 10 días de arresto. El texto agrava las sanciones para reincidentes con aumentos del 50% en la primera reincidencia, del 66,6% en la segunda y del 100% en la tercera.

Entre las nuevas contravenciones incorporadas se encuentran el seguimiento o acecho en la vía pública, la obtención de claves o credenciales mediante engaños digitales, la organización de compraventa informal masiva en el espacio público, la comercialización de datos personales, la portación de dispositivos de interferencia de señales y la manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte público. También se sanciona la suplantación de identidad de agentes de autoridad, el financiamiento de contravenciones reiteradas o de agrupaciones contraventoras, la portación o distribución de materiales aptos para disturbios y el entorpecimiento de sistemas de videovigilancia pública.

Adolescentes: un régimen diferenciado, pero con sanciones

La iniciativa también alcanza a adolescentes de entre 14 y 17 años, aunque a través de un régimen diferenciado que no replica el esquema de adultos. Para ese grupo se prevén medidas como amonestación formal, acompañamiento de equipos interdisciplinarios, programas educativos, continuidad escolar, capacitación laboral, reparación del daño y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad y las aptitudes. El proyecto sostiene que su objetivo es la responsabilidad, la educación, la integración social y el interés del adolescente, aunque la incorporación de los menores en un proyecto de reforma marcadamente punitivista abre interrogantes sobre los criterios de aplicación y los mecanismos de garantía de derechos.

La lógica política detrás del paquete

La elección del momento para enviar esta reforma no es inocente. Con las elecciones legislativas de 2027 en el horizonte y el PRO intentando redefinir su lugar en el mapa político frente al avance de La Libertad Avanza sobre su propio electorado, el discurso del «orden» y la «mano dura» se convierte en una herramienta de reposicionamiento. Macri apuesta a que endurecer el Código Contravencional le permitirá capturar a un votante que en 2023 se inclinó por Milei, y que hoy observa con simpatía un discurso que equipara la presencia de vendedores ambulantes o trapitos con las «mafias» y los «violentos».

El riesgo de esa estrategia es doble. Por un lado, la reforma puede profundizar la criminalización de la pobreza y de sectores vulnerables que utilizan el espacio público como única fuente de ingresos ante la falta de empleo formal, una consecuencia que el proyecto no analiza ni previene. Por el otro, la imitación del estilo libertario puede no alcanzar para disputarle votos a LLA en su propio terreno, y en cambio acelerar la disolución de la identidad política del PRO como fuerza diferenciada.

Lo que tenés que saber:

  • Jorge Macri envió a la Legislatura porteña una reforma integral del Código Contravencional que sube multas, endurece penas y crea nuevas infracciones.
  • Las sanciones por conducción alcoholizada podrán superar los 7 millones de pesos, y por venta ilegal en la vía pública los 58 millones.
  • Se eliminan la condena en suspenso y la suspensión del proceso a prueba para adultos, y se crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público.
  • El proyecto incorpora nuevas contravenciones como el acecho en la vía pública, la interferencia de señales y el entorpecimiento de sistemas de videovigilancia.
  • El lenguaje punitivista utilizado por Macri imita el discurso de La Libertad Avanza en un movimiento que se lee como un reposicionamiento político de cara a las elecciones de 2027.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo