El Frente de Todos (FdT) porteño pidió hoy explicaciones al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la licitación pública para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación por 30 años de una serie de espacios situados bajo el trazado de la Autopista 25 de Mayo.

El requerimiento fue a través de un pedido de informes a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta para conocer los alcances del proceso licitatorio cuya preselección de oferentes fue publicada en el Boletín Oficial en enero de este año.

«La mencionada licitación se realiza para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de los inmuebles de dominio de la Ciudad situados en Colombres 1157; Pasco 1343/ Pichincha 1348; Pichincha 1345/ Matheu1354; José María Moreno 953; y Riglos 920», precisa la resolución impulsada por la diputada del FDT Berenice Iáñez.

En ese marco, la legisladora alertó que a inicios de febrero «se presentó frente a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires una denuncia -identificada en Mesa de Entrada con el número 51/2023- por irregularidades en el procedimiento licitatorio enunciado en este proyecto».

«En la denuncia se advierten ´severos vicios de ilegalidad e irregularidades´ en el procedimiento administrativo, que podrían resultar en perjuicios para la Ciudad, ya que la empresa preseleccionada, Gerenciadora de Distritos S.A., cometió numerosas irregularidades», explicó en su pedido de informe.

Y enumeró como irregularidades a «la fundamentada sospecha de que los integrantes de la empresa conocían de antemano el llamado licitatorio y las condiciones bajo las cuales sería realizado».

«Estas y otras irregularidades habían sido denunciadas ante la Dirección General de Concesiones y Permisos y la Comisión Evaluadora de Ofertas con antelación a que se formalizara la preselección, haciendo caso omiso a las advertencias», afirmó.

La situación fue informada en una nota del diario Tiempo Argentino en la cual se dio cuenta de «compañías fundadas días antes de que salgan los pliegos, empresarios vinculados al Estado, balances truchos, millonarias sumas para impugnar una evaluación y trámites exprés» en torno a la licitación de los espacios bajo autopista.

Por ello, el pedido de explicaciones al Ejecutivo exigió datos sobre las empresas preseleccionadas como «la fecha y número de inscripción frente a la Inspección General de Justicia, los balances presentados que den cumplimiento a lo solicitado en los pliegos de la licitación y los antecedentes que justifiquen y sustenten la conveniencia de la adjudicación».

También, solicitó que sea remitida a la Legislatura «las referencias bancarias y financieras, así como la inscripción al sistema previsional y pago de ingresos brutos, la solvencia de sus integrantes y la cantidad de años de experiencia en la actividad propuesta».