★ Axel Kicillof enfrenta esta semana una encrucijada legislativa decisiva para las finanzas bonaerenses. El gobernador busca que la Legislatura provincial apruebe el próximo miércoles el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y la Ley de Financiamiento, tres herramientas que considera indispensables para sostener la administración provincial en un contexto de ajuste nacional sin precedentes.

El paquete de proyectos, enviado a principios de noviembre, llega en un momento crítico: es la primera vez desde 2023 que Kicillof cuenta con un Presupuesto tratado formalmente por el cuerpo legislativo. En 2024 y 2025, la falta de acuerdo obligó a prorrogar el existente, una situación que el oficialismo bonaerense busca evitar este año.

La clave: autorización para endeudarse por 3.034 millones de dólares

El núcleo de la negociación pasa por la Ley de Financiamiento, que requiere dos tercios de los votos legislativos para su aprobación. El proyecto solicita autorización para tomar deuda por hasta 3.034 millones de dólares, fondos destinados a cubrir vencimientos de deuda pública previstos para marzo y septiembre de 2025.

Según fuentes oficiales del gobierno bonaerense, esos recursos no solo garantizarán el cumplimiento de obligaciones financieras de la provincia, sino que serán vitales para los 135 municipios que atraviesan serias dificultades para afrontar el pago de sueldos y aguinaldos en diciembre.

El proyecto de endeudamiento contempla dos grandes solicitudes: una por hasta 1.045 millones de dólares y otra por hasta 1.990 millones de dólares. Además, incluye la emisión de letras por 250 millones de dólares y autorizaciones específicas para empresas del Estado provincial: 150 millones de dólares para Centrales de la Costa y 250 millones para AUBASA.

Garantía para los intendentes: Fondo de Fortalecimiento Municipal

Una de las concesiones más significativas que realizó Kicillof en el marco de las negociaciones con la oposición y con intendentes peronistas fue la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Según el artículo 3 del proyecto de endeudamiento, este fondo se compondrá del 8% de la deuda que logre colocar la administración central bonaerense.

El entorno del gobernador dejó trascender que este fondo estará garantizado independientemente de si finalmente se logra tomar la deuda o no, una señal política dirigida a los jefes comunales que venían reclamando respaldo financiero concreto.

La medida busca responder a la demanda histórica de los intendentes, tanto de la oposición como del peronismo, que enfrentan restricciones fiscales severas producto del recorte de recursos que implementó el gobierno nacional de Javier Milei.

Negociaciones a contrarreloj y tensiones internas

Las tratativas que encaran los funcionarios más cercanos a Kicillof muestran avances, aunque persisten incertidumbres. No está claro si el gobernador contará con los votos de los legisladores más referenciados en Máximo Kirchner, en medio de la profunda interna peronista que se agudizó tras la derrota electoral del 26 de octubre.

Esa tensión interna del peronismo bonaerense agrega complejidad a una negociación que el oficialismo considera estratégica. El miércoles 26 será la jornada definitiva: ambas cámaras legislativas deberán pronunciarse sobre el paquete completo de proyectos.

El ajuste de Milei y la crisis municipal

La urgencia de Kicillof por aprobar estas leyes se inscribe en un escenario nacional adverso. Desde que asumió en diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei implementó un ajuste fiscal sin precedentes que impactó directamente sobre las provincias y municipios.

El recorte de transferencias discrecionales, la reducción de programas sociales y la eliminación de fondos específicos para obras públicas generaron una crisis financiera en cascada que golpeó especialmente a los gobiernos locales. Muchos intendentes, incluso de signo político diverso, vienen alertando sobre la imposibilidad de sostener servicios básicos y cumplir con obligaciones salariales.

En ese marco, la Ley de Financiamiento que impulsa Kicillof representa una herramienta para oxigenar las arcas municipales y provinciales en un momento donde el gobierno nacional mantiene una política de «motosierra» sobre el gasto público, sin distinguir entre lo prescindible y lo esencial.

¿Qué pasa si no se aprueba?

Si el oficialismo bonaerense no logra los dos tercios necesarios para la Ley de Financiamiento, la provincia enfrentará serias dificultades para honrar vencimientos de deuda y para transferir recursos a los municipios. Eso implicaría prorrogar nuevamente el Presupuesto 2023, una situación que limitaría la capacidad de gestión.

La administración de Kicillof ha enfatizado que el endeudamiento solicitado no es para gastos corrientes sino para refinanciar obligaciones existentes y sostener la inversión pública en un contexto de desfinanciamiento nacional sistemático.

Puntos clave:

• Kicillof busca aprobar el miércoles 26 de noviembre el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y la Ley de Financiamiento en la Legislatura bonaerense

• La autorización de endeudamiento por hasta 3.034 millones de dólares requiere dos tercios de los votos legislativos

• El Fondo de Fortalecimiento Municipal garantizará el 8% de la deuda colocada para asistir a 135 municipios con dificultades financieras

• Es la primera vez desde 2023 que un Presupuesto provincial se trata formalmente tras dos años de prórroga

• La negociación ocurre en medio de tensiones internas del peronismo bonaerense tras la derrota electoral de octubre