El kirchnerismo, la UCR, el PRO y bloques provinciales consensuaron un dictamen para modificar el régimen de los decretos de necesidad y urgencia. La iniciativa establece que con el rechazo de una sola cámara sea suficiente para invalidarlos y fija un plazo de 90 días para su tratamiento.

El consenso opositor

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Alejandra Vigo, reunió las firmas necesarias para impulsar el proyecto, que será tratado en el recinto en la próxima sesión. La decisión se tomó el miércoles pasado, tras un debate en el que confluyeron legisladores de la oposición con el objetivo de limitar el uso de los DNU por parte del presidente Javier Milei.

Actualmente, la normativa exige el rechazo de ambas cámaras para que un decreto pierda validez. La modificación propuesta busca que con una sola cámara alcance, lo que otorgaría mayor capacidad de control parlamentario.

El antecedente del DNU 70/23

Uno de los ejemplos recientes fue el DNU 70/23, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger en diciembre de 2023. El Senado lo rechazó en marzo de 2024, pero desde entonces permanece sin tratamiento en Diputados, lo que permitió que continúe vigente.

El proyecto también habilita a que las cámaras traten los decretos durante el receso parlamentario, lo que no ocurre en la actualidad. La oposición remarcó que Milei utilizó este vacío normativo en febrero para nombrar por decreto a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema, a pocas horas del inicio de las sesiones ordinarias.

El debate en comisión

La senadora Juliana Di Tullio (UxP) planteó que “hay que reglamentar el silencio legislativo ante los DNUs y en eso hay coincidencia en todos los proyectos presentados. Es lo que tiene que hacer el Poder Legislativo para proteger al sistema democrático”.

El senador Carlos Espínola, ex aliado del oficialismo, también criticó la situación: “La utilización de los DNUs, tal como está la ley hoy, habilita a un uso que va en contra del sistema democrático argentino. Empecemos a debatir leyes que den razonabilidad y equilibrio al sistema democrático”.

Desde La Libertad Avanza, el senador Juan Carlos Pagotto defendió la posición del Gobierno y advirtió: “No podemos modificar la Constitución, pero sí podemos reglamentar el ejercicio de cada herramienta”.

Plazos y Bicameral paralizada

La propuesta fija además un límite temporal: si en 90 días corridos no se aprueba un decreto, este quedará automáticamente derogado. El planteo apunta a destrabar la parálisis de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el diputado Oscar Zago, que desde marzo no emite dictámenes y mantiene varios decretos sin resolución.