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Legislativo

Diputados busca convertir en ley restricciones a los DNU y pone en jaque al Gobierno de Milei

La oposición busca limitar el uso discrecional de decretos presidenciales con un proyecto que ya tiene media sanción del Senado. El oficialismo se apresta a resistir una iniciativa que cambiaría las reglas del juego institucional.

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⬛ Los bloques opositores de la Cámara de Diputados intensifican su ofensiva contra el uso excesivo de decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Gobierno de Javier Milei. Este martes desde las 12 horas, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento tratará la media sanción del Senado que restringe significativamente la capacidad presidencial para gobernar mediante decretos.

La iniciativa pasará a la firma el 30 de septiembre para quedar habilitada para su votación inmediata en el recinto, según confirmaron fuentes parlamentarias consultadas por este medio. La aceleración del cronparlamentario responde al emplazamiento aprobado por la oposición en la última sesión, una herramienta reglamentaria que obliga al tratamiento del tema.

Un cambio de reglas que inquieta al oficialismo

El proyecto que llegó desde el Senado propone modificaciones sustanciales al régimen actual de DNU, establecido durante el gobierno de Néstor Kirchner a instancias de un proyecto presentado por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2006.

Aquella ley blindó los decretos presidenciales al establecer que basta la aprobación de una sola cámara para mantener vigentes sus efectos jurídicos. Para derogarlos, en cambio, se necesita el rechazo de ambas cámaras, algo que ocurrió en contadas ocasiones hasta la llegada de Milei al poder.

Con el actual gobierno, la oposición logró voltear varios decretos: el DNU sobre fondos reservados de la SIDE, el que eliminaba Vialidad Nacional, los que reestructuraban el INTA y el INTI, la reorganización del Banco Nacional de Datos Genéticos, organismos de Cultura y el decreto que modificó el régimen de la Marina Mercante.

Los ejes centrales del proyecto opositor

La propuesta que tratarán los diputados invierte la lógica actual: bastaría con el rechazo de una sola cámara para anular cualquier decreto presidencial. Además, establece un plazo perentorio de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial para que el Congreso convalide el DNU, caso contrario pierde automáticamente su validez y efectos jurídicos.

La iniciativa también reduce a 48 horas hábiles el plazo para que una cámara comunique a la otra su pronunciamiento sobre la validez de los decretos en cuestión.

Una cláusula adicional dispone que «rechazado un DNU o de delegación legislativa el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario», lo que limitaría la reiteración de medidas ya rechazadas por el Congreso.

El uso histórico y la excepcionalidad perdida

El instituto de los DNU fue incorporado en la reforma constitucional de 1994 con la intención de que los gobiernos pudieran dar respuestas excepcionales en circunstancias extraordinarias que no admitieran la demora de los tiempos institucionales del Congreso.

Sin embargo, todos los gobiernos posteriores, en mayor o menor medida, han hecho un uso discrecional de esta herramienta, aplicándola en situaciones que no presentaban la urgencia necesaria para justificar el bypaseo del debate parlamentario.

El gobierno de Milei ha intensificado esta práctica, utilizando los DNU como mecanismo habitual para implementar políticas públicas en lugar de enviar proyectos de ley al Congreso, lo que motivó la reacción opositora.

Hacia una sesión especial decisiva

Según fuentes parlamentarias, la oposición planea llevar este proyecto a una sesión especial programada para el 1 de octubre. El temario incluiría además los cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto presidencial sobre la actualización de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y la derogación de los decretos sobre identidad de género y el estatuto de la Policía Federal.

La estrategia opositora apunta a generar un paquete de medidas que tensionen al máximo la relación con el Ejecutivo y pongan a prueba la capacidad de resistencia del oficialismo en el Congreso.

Puntos clave:

• La oposición acelera el tratamiento de la ley que restringe los DNU presidenciales
• El proyecto invertiría la lógica actual: bastaría el rechazo de una cámara para anular decretos
• Se establecería un plazo de 90 días para la convalidación parlamentaria obligatoria
• El Gobierno no podría reiterar decretos sobre la misma materia durante el año parlamentario
• La sesión especial del 1 de octubre incluiría un paquete de medidas contra el Ejecutivo

Legislativo

Bullrich canceló el informe de Adorni en el Senado para evitar una interpelación de ocho horas

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado anuló la presentación del jefe de Gabinete prevista para el 2 de julio, argumentando que no tenía sentido «castigarlo en público». Adorni respondió por X que estará «a disposición» para concurrir. La maniobra exhibe la fractura interna del oficialismo a más de dos meses de conocerse el escándalo patrimonial del funcionario.

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El Argentino Diario-Patricia Bullrich-Manuel Adorni.
Bullrich anuló el informe de Adorni en el Senado; el jefe de Gabinete dijo que irá el 2 de julio.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó este martes en su cuenta de X que se encuentra «a disposición para presentarme el día 2 de julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional», horas después de que se conociera la cancelación de esa misma presentación. La decisión de anularla la tomó Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, y el cruce público entre ambos expuso ante la opinión pública una interna oficialista que ya lleva más de dos meses sin resolución.

El argumento de Bullrich: evitar «ocho horas de castigo»

La legisladora oficialista justificó la cancelación ante la prensa con una frase que, lejos de apagar el fuego, lo atizó: «No tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete». La afirmación de Bullrich desnudó el verdadero problema: hasta el cierre de esta edición, ningún bloque dialoguista ni opositor había presentado preguntas sobre la gestión de gobierno, una señal política inequívoca de que el arco parlamentario no reconoce a Adorni como interlocutor legítimo en materia de conducción del Ejecutivo, según informaron fuentes parlamentarias.

Lo que sí recibió el Senado fueron pedidos de interpelación sobre el crecimiento patrimonial del funcionario investigado por la Justicia, un trámite distinto al informe de gestión y políticamente mucho más explosivo para el Gobierno de Javier Milei.

La maniobra parlamentaria: dos tercios para interpelarlo

Paralelamente a la cancelación del informe, Bullrich impulsó una nueva acta de Labor Parlamentaria con bloques aliados que establece que los pedidos de interpelación sin dictamen de comisión solo podrán habilitarse con los dos tercios del cuerpo. El acuerdo fue firmado en una reunión presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, con la participación de Eduardo Vischi (bloque radical, Corrientes), Carlos Espínola (Provincias Unidas, Corrientes), la peronista salteña Flavia Royón, Carlos Arce (Encuentro por Misionero) y los senadores oficialistas Ezequiel Atauche y Agustín Coto. Notoriamente ausentes: el peronismo y el bloque Convicción Federal, que conduce Carolina Moises.

El acta incorporó doce antecedentes de pedidos de interpelación o moción de censura que fueron derivados a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con lo que prácticamente todo el arco político reconoció implícitamente que hacía falta dictamen previo para tratar el tema en el recinto. Sin embargo, la nueva acta deberá ser votada en sesión plenaria, donde el peronismo planteará una disputa para imponer el criterio anterior, que fijaba condiciones menos exigentes para aprobar la interpelación.

La crisis que no cierra: patrimonio, Justicia e interna

El trasfondo de toda esta ingeniería parlamentaria es la investigación judicial por enriquecimiento ilícito que pesa sobre Adorni. El jefe de Gabinete enfrenta una causa en la justicia federal en la que se analiza un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares, que incluye refacciones de lujo en una propiedad del country Indio Cuá valuadas en 245.000 dólares en efectivo y sin factura, viajes en primera clase financiados con fondos no declarados y conexiones investigadas con contratos en la Televisión Pública.

El escándalo patrimonial desató una interna oficialista de magnitud inédita para La Libertad Avanza. Fuentes del oficialismo y de la oposición dialoguista coinciden en que la decisión final sobre el futuro del funcionario recae en el presidente Javier Milei y no en el Congreso, aunque la posibilidad de una destitución vía moción de censura permanece sobre la mesa si las explicaciones no resultan satisfactorias.

Mientras tanto, el temario de la próxima sesión del Senado se mantiene como estaba establecido la semana pasada: incluye el proyecto de propiedad privada, la aprobación de siete pliegos judiciales, entre ellos la postulación del camarista Víctor Pesino, y una serie de convenios internacionales. La suerte de Adorni, sin embargo, seguirá siendo el eje político de cualquier debate en la Cámara alta.

Puntos clave

  • Bullrich canceló el informe de gestión de Adorni en el Senado previsto para el 2 de julio para evitar una interpelación de ocho horas.
  • Adorni respondió por X que se encuentra «a disposición» para concurrir al Senado ese día.
  • El oficialismo aprobó una nueva acta de Labor que exige dos tercios para habilitar una interpelación sin dictamen previo.
  • Ningún bloque presentó preguntas sobre gestión de gobierno, solo sobre el escándalo patrimonial del jefe de Gabinete.
  • La interna del oficialismo se prolonga hace más de dos meses, desde que se conoció el enriquecimiento ilícito investigado por la Justicia.
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