⬛ Los bloques opositores de la Cámara de Diputados intensifican su ofensiva contra el uso excesivo de decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Gobierno de Javier Milei. Este martes desde las 12 horas, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento tratará la media sanción del Senado que restringe significativamente la capacidad presidencial para gobernar mediante decretos.

La iniciativa pasará a la firma el 30 de septiembre para quedar habilitada para su votación inmediata en el recinto, según confirmaron fuentes parlamentarias consultadas por este medio. La aceleración del cronparlamentario responde al emplazamiento aprobado por la oposición en la última sesión, una herramienta reglamentaria que obliga al tratamiento del tema.

Un cambio de reglas que inquieta al oficialismo

El proyecto que llegó desde el Senado propone modificaciones sustanciales al régimen actual de DNU, establecido durante el gobierno de Néstor Kirchner a instancias de un proyecto presentado por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2006.

Aquella ley blindó los decretos presidenciales al establecer que basta la aprobación de una sola cámara para mantener vigentes sus efectos jurídicos. Para derogarlos, en cambio, se necesita el rechazo de ambas cámaras, algo que ocurrió en contadas ocasiones hasta la llegada de Milei al poder.

Con el actual gobierno, la oposición logró voltear varios decretos: el DNU sobre fondos reservados de la SIDE, el que eliminaba Vialidad Nacional, los que reestructuraban el INTA y el INTI, la reorganización del Banco Nacional de Datos Genéticos, organismos de Cultura y el decreto que modificó el régimen de la Marina Mercante.

Los ejes centrales del proyecto opositor

La propuesta que tratarán los diputados invierte la lógica actual: bastaría con el rechazo de una sola cámara para anular cualquier decreto presidencial. Además, establece un plazo perentorio de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial para que el Congreso convalide el DNU, caso contrario pierde automáticamente su validez y efectos jurídicos.

La iniciativa también reduce a 48 horas hábiles el plazo para que una cámara comunique a la otra su pronunciamiento sobre la validez de los decretos en cuestión.

Una cláusula adicional dispone que «rechazado un DNU o de delegación legislativa el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario», lo que limitaría la reiteración de medidas ya rechazadas por el Congreso.

El uso histórico y la excepcionalidad perdida

El instituto de los DNU fue incorporado en la reforma constitucional de 1994 con la intención de que los gobiernos pudieran dar respuestas excepcionales en circunstancias extraordinarias que no admitieran la demora de los tiempos institucionales del Congreso.

Sin embargo, todos los gobiernos posteriores, en mayor o menor medida, han hecho un uso discrecional de esta herramienta, aplicándola en situaciones que no presentaban la urgencia necesaria para justificar el bypaseo del debate parlamentario.

El gobierno de Milei ha intensificado esta práctica, utilizando los DNU como mecanismo habitual para implementar políticas públicas en lugar de enviar proyectos de ley al Congreso, lo que motivó la reacción opositora.

Hacia una sesión especial decisiva

Según fuentes parlamentarias, la oposición planea llevar este proyecto a una sesión especial programada para el 1 de octubre. El temario incluiría además los cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto presidencial sobre la actualización de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y la derogación de los decretos sobre identidad de género y el estatuto de la Policía Federal.

La estrategia opositora apunta a generar un paquete de medidas que tensionen al máximo la relación con el Ejecutivo y pongan a prueba la capacidad de resistencia del oficialismo en el Congreso.

Puntos clave:

• La oposición acelera el tratamiento de la ley que restringe los DNU presidenciales
• El proyecto invertiría la lógica actual: bastaría el rechazo de una cámara para anular decretos
• Se establecería un plazo de 90 días para la convalidación parlamentaria obligatoria
• El Gobierno no podría reiterar decretos sobre la misma materia durante el año parlamentario
• La sesión especial del 1 de octubre incluiría un paquete de medidas contra el Ejecutivo