Legislativo
Diputados busca convertir en ley restricciones a los DNU y pone en jaque al Gobierno de Milei
La oposición busca limitar el uso discrecional de decretos presidenciales con un proyecto que ya tiene media sanción del Senado. El oficialismo se apresta a resistir una iniciativa que cambiaría las reglas del juego institucional.
⬛ Los bloques opositores de la Cámara de Diputados intensifican su ofensiva contra el uso excesivo de decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Gobierno de Javier Milei. Este martes desde las 12 horas, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento tratará la media sanción del Senado que restringe significativamente la capacidad presidencial para gobernar mediante decretos.
La iniciativa pasará a la firma el 30 de septiembre para quedar habilitada para su votación inmediata en el recinto, según confirmaron fuentes parlamentarias consultadas por este medio. La aceleración del cronparlamentario responde al emplazamiento aprobado por la oposición en la última sesión, una herramienta reglamentaria que obliga al tratamiento del tema.
Un cambio de reglas que inquieta al oficialismo
El proyecto que llegó desde el Senado propone modificaciones sustanciales al régimen actual de DNU, establecido durante el gobierno de Néstor Kirchner a instancias de un proyecto presentado por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2006.
Aquella ley blindó los decretos presidenciales al establecer que basta la aprobación de una sola cámara para mantener vigentes sus efectos jurídicos. Para derogarlos, en cambio, se necesita el rechazo de ambas cámaras, algo que ocurrió en contadas ocasiones hasta la llegada de Milei al poder.
Con el actual gobierno, la oposición logró voltear varios decretos: el DNU sobre fondos reservados de la SIDE, el que eliminaba Vialidad Nacional, los que reestructuraban el INTA y el INTI, la reorganización del Banco Nacional de Datos Genéticos, organismos de Cultura y el decreto que modificó el régimen de la Marina Mercante.
Los ejes centrales del proyecto opositor
La propuesta que tratarán los diputados invierte la lógica actual: bastaría con el rechazo de una sola cámara para anular cualquier decreto presidencial. Además, establece un plazo perentorio de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial para que el Congreso convalide el DNU, caso contrario pierde automáticamente su validez y efectos jurídicos.
La iniciativa también reduce a 48 horas hábiles el plazo para que una cámara comunique a la otra su pronunciamiento sobre la validez de los decretos en cuestión.
Una cláusula adicional dispone que «rechazado un DNU o de delegación legislativa el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario», lo que limitaría la reiteración de medidas ya rechazadas por el Congreso.
El uso histórico y la excepcionalidad perdida
El instituto de los DNU fue incorporado en la reforma constitucional de 1994 con la intención de que los gobiernos pudieran dar respuestas excepcionales en circunstancias extraordinarias que no admitieran la demora de los tiempos institucionales del Congreso.
Sin embargo, todos los gobiernos posteriores, en mayor o menor medida, han hecho un uso discrecional de esta herramienta, aplicándola en situaciones que no presentaban la urgencia necesaria para justificar el bypaseo del debate parlamentario.
El gobierno de Milei ha intensificado esta práctica, utilizando los DNU como mecanismo habitual para implementar políticas públicas en lugar de enviar proyectos de ley al Congreso, lo que motivó la reacción opositora.
Hacia una sesión especial decisiva
Según fuentes parlamentarias, la oposición planea llevar este proyecto a una sesión especial programada para el 1 de octubre. El temario incluiría además los cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto presidencial sobre la actualización de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y la derogación de los decretos sobre identidad de género y el estatuto de la Policía Federal.
La estrategia opositora apunta a generar un paquete de medidas que tensionen al máximo la relación con el Ejecutivo y pongan a prueba la capacidad de resistencia del oficialismo en el Congreso.
Puntos clave:
• La oposición acelera el tratamiento de la ley que restringe los DNU presidenciales
• El proyecto invertiría la lógica actual: bastaría el rechazo de una cámara para anular decretos
• Se establecería un plazo de 90 días para la convalidación parlamentaria obligatoria
• El Gobierno no podría reiterar decretos sobre la misma materia durante el año parlamentario
• La sesión especial del 1 de octubre incluiría un paquete de medidas contra el Ejecutivo
Judiciales ⚖️
Milei propone a Rafecas para Casación y abre otra vacante en Comodoro Py
El Gobierno envió al Senado el pliego del juez federal para ocupar una vocalía en la Cámara Nacional de Casación. Su salida dejaría otro juzgado sin titular en Comodoro Py, donde hoy hay cuatro vacantes y donde Rafecas subroga despachos como el de la causa $Libra.
Comodoro Py tiene hoy cuatro juzgados federales sin titular y, si el Senado aprueba el pliego de Daniel Rafecas, tendrá cinco. El Poder Ejecutivo lo propuso para la Cámara Nacional de Casación y, con ese movimiento, el juez que hoy está al frente de tres despachos federales dejaría los tribunales de Retiro.
El pliego del titular del Juzgado Federal N.° 3 llegó al Senado este martes 3 de noviembre con la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y lo propone para la Vocalía N.° 7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. La propuesta había salido del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.
Un pliego con historia: del cajón de Macri y Fernández a la firma de Milei
Rafecas conduce el Juzgado Federal N.° 3 desde 2004. En 2018 concursó para una vocalía en Casación y quedó en primer lugar; en 2019 Mauricio Macri envió su pliego. En 2020, el entonces presidente Alberto Fernández lo propuso como procurador general de la Nación, pero esa postulación nunca se trató. El 11 de diciembre de 2023, un día después de asumir, Milei retiró esa candidatura, y casi tres años después es el mismo Milei quien impulsa su ascenso a otro tribunal.
Vacantes y subrogancias: un Comodoro Py a media máquina
Las cuatro vacantes actuales se explican por las jubilaciones de Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez, el fallecimiento de Claudio Bonadio y la designación de Sergio Torres en la Corte Suprema bonaerense. Esos juzgados son subrogados por los jueces en actividad, y por eso Rafecas está a cargo del juzgado N.° 6, que quedó vacante tras el retiro de Canicoba Corral, y, hasta la reincorporación de su titular prevista para la semana próxima, también del que ocupa Marcelo Martínez de Giorgi, donde tramita la causa $Libra.
Este martes, Rafecas le corrió vista al fiscal Eduardo Taiano, que promovió el sobreseimiento de Milei y de su hermana Karina en esa causa, para que se pronuncie sobre una presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra el cierre de la pesquisa, según publicó la prensa local. La decisión final quedará en manos de Martínez de Giorgi, el juez titular.
Las causas que deja en sus manos
Rafecas encabeza la investigación por los crímenes cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército durante la dictadura, en la que se dictaron más de 300 procesamientos. Actualmente analiza las declaraciones de integrantes de la Policía Federal acusados de haber liberado la zona para el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos en la parroquia de San Patricio, en Belgrano.
En septiembre procesó a ocho acusados de nacionalidad iraní y libanesa por el atentado contra la AMIA, en el marco de la ley de juicio en ausencia que impulsó el Gobierno. El Ministerio de Justicia lo celebró en un comunicado como un “avance histórico en la causa AMIA”. El juez también tiene a su cargo la causa por enriquecimiento ilícito que investiga a Francisco Adorni, hermano del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, y la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández.
Su trayectoria incluye decisiones incómodas para el poder de turno. Desestimó la denuncia que el fiscal Alberto Nisman presentó contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum con Irán, rechazó las denuncias del propio Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad, y archivó, por falta de impulso fiscal, una denuncia contra Manuel Adorni por haber llevado a su esposa en la comitiva oficial a la Argentina Week de Nueva York. Si el Senado lo confirma, quedará por definir quién se hará cargo de esos expedientes y con qué criterio.
El camino en el Senado: una Comisión de Acuerdos sin presidente
El pliego debe tomar estado parlamentario en la primera sesión, y desde ahí comienza un recorrido que se extiende entre un mes y 45 días, por lo que podría aprobarse en sesiones extraordinarias o en 2027. Luego pasa a la Comisión de Acuerdos, que hoy no tiene presidente por la muerte del senador Juan Carlos Pagotto y está a cargo de su vicepresidente, el radical Maximiliano Abad, hasta que el oficialismo consiga los consensos para designar a la neuquina Nadia Márquez.
El proceso prevé la publicación de los antecedentes del juez en el Boletín Oficial y en las redes del Senado, y una audiencia pública donde deberá defender su postulación. Para llegar al recinto hacen falta nueve firmas que conviertan el despacho en dictamen de mayoría, y allí el acuerdo se aprueba por mayoría simple. Según trascendió, Rafecas hizo saber a sus allegados que está conforme con la postulación y que considera cumplido su ciclo en Comodoro Py.
Lo que tenés que saber:
- El Gobierno envió el 3 de noviembre al Senado el pliego de Daniel Rafecas para la Vocalía N.° 7 de la Cámara Nacional de Casación.
- Comodoro Py tiene cuatro juzgados federales vacantes; serían cinco si el Senado aprueba el pliego.
- Rafecas está a cargo de los juzgados N.° 3 y N.° 6 y, hasta la semana próxima, del que ocupa Martínez de Giorgi, donde tramita la causa $Libra.
- El trámite en el Senado demanda entre un mes y 45 días y podría resolverse en extraordinarias o en 2027.
- Milei había retirado en diciembre de 2023 el pliego de Rafecas como procurador general que había enviado Alberto Fernández.
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