Un decreto que habilita el espionaje sin límites

El reciente Decreto 383/2025, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aprobó un nuevo Estatuto para la Policía Federal Argentina (PFA) que despertó fuertes cuestionamientos desde el arco político opositor y desde organizaciones de derechos humanos. La diputada nacional Mónica Macha (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para declarar nulo ese estatuto por considerar que habilita «una grave violación al orden constitucional» y representa una amenaza directa a las libertades civiles.

“De ninguna manera el Presidente de la Nación tiene facultades para disponer tal aberración jurídica”, sostuvo Macha en los fundamentos del proyecto. A su vez, advirtió que el nuevo régimen “constituye una amenaza grave a los derechos y garantías de los argentinos y argentinas”.

Requisas sin orden, acceso a bases privadas y vigilancia digital

El núcleo del rechazo al nuevo Estatuto radica en tres puntos centrales:

• Requisas personales y vehiculares sin orden judicial, con la sola sospecha de ocultamiento de objetos vinculados a delitos.
• Acceso sin autorización judicial a bases de datos públicas y privadas, en el marco de tareas de inteligencia criminal.
• Vigilancia digital en redes sociales, sitios web y otros espacios públicos online, también sin intervención de la justicia.

Según el proyecto presentado, estas disposiciones constituyen una regresión gravísima en materia de garantías constitucionales y habilitan una Policía Federal con facultades casi ilimitadas para espiar, intervenir y reprimir sin controles.

Autogobierno policial y fin de la jefatura civil

Otro punto crítico del nuevo Estatuto es el requisito para que el jefe de la PFA sea un oficial superior de la máxima jerarquía, ya sea en actividad o retirado, eliminando la posibilidad de conducción civil de la fuerza. “Esto garantiza el autogobierno policial y elimina todo control democrático sobre el accionar de la fuerza”, denunció Macha.

El modelo propuesto en el decreto refuerza una lógica de seguridad “preventiva” que, según la diputada, habilita arbitrariedades como la intervención espontánea de la policía en protestas o manifestaciones públicas. “La utilización de conceptos vagos como ‘operativo de prevención’ busca justificar requisas personales y la violación de derechos”, sostiene el proyecto.

Riesgo de persecución política y discriminación

La diputada advierte que este marco habilita un uso discrecional y político de la Policía Federal, con potencial para aplicar criterios selectivos en la vigilancia y represión. “Se busca ampliar discrecionalmente las facultades de la fuerza y usarlas en persecuciones políticas y sociales, implementando sesgos racistas y discriminatorios”, expresa el texto presentado en la Cámara Baja.

El avance del Gobierno sobre las libertades individuales por medio de decretos ya había generado alarma entre especialistas en derecho constitucional, que alertaron sobre la utilización del DNU como vía paralela al Congreso para reformar leyes sensibles sin debate parlamentario.

Un nuevo frente de disputa institucional

La presentación del proyecto de nulidad por parte de Mónica Macha abre un nuevo frente de disputa política e institucional entre el Ejecutivo y el Congreso. Desde Unión por la Patria y otros bloques opositores se buscará bloquear la aplicación del nuevo estatuto, con el respaldo de organizaciones de derechos humanos que ven en este decreto un regreso a prácticas de vigilancia propias de etapas oscuras de la historia argentina.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que las reformas apuntan a “modernizar y profesionalizar” la fuerza de seguridad frente a nuevas amenazas. Sin embargo, lo hace sin contemplar límites judiciales ni garantías básicas, en un contexto donde el poder punitivo del Estado parece querer expandirse sin freno.

Puntos clave:

• El Decreto 383/2025 otorga a la Policía Federal facultades de requisa, vigilancia y espionaje sin orden judicial.
• La diputada Mónica Macha presentó un proyecto de ley para declarar nulo el nuevo Estatuto por inconstitucional.
• Organismos de derechos humanos y especialistas alertan por una grave regresión en materia de libertades civiles.
• El decreto elimina la posibilidad de conducción civil de la fuerza y refuerza el autogobierno policial.
• Se advierte un uso potencial de la PFA para persecuciones políticas y con sesgos discriminatorios.