Legislativo
El autoritarismo avanza: proponen anular el nuevo Estatuto de la Policía Federal por violar derechos básicos
La diputada nacional Mónica Macha presentó un proyecto para declarar nulo el Decreto 383/2025, que otorga poderes excepcionales a la Policía Federal sin control judicial. Acusa al gobierno de Milei y a la ministra Bullrich de querer institucionalizar la vigilancia y la represión por decreto.
Un decreto que habilita el espionaje sin límites
El reciente Decreto 383/2025, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aprobó un nuevo Estatuto para la Policía Federal Argentina (PFA) que despertó fuertes cuestionamientos desde el arco político opositor y desde organizaciones de derechos humanos. La diputada nacional Mónica Macha (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para declarar nulo ese estatuto por considerar que habilita «una grave violación al orden constitucional» y representa una amenaza directa a las libertades civiles.
“De ninguna manera el Presidente de la Nación tiene facultades para disponer tal aberración jurídica”, sostuvo Macha en los fundamentos del proyecto. A su vez, advirtió que el nuevo régimen “constituye una amenaza grave a los derechos y garantías de los argentinos y argentinas”.
Requisas sin orden, acceso a bases privadas y vigilancia digital
El núcleo del rechazo al nuevo Estatuto radica en tres puntos centrales:
- Requisas personales y vehiculares sin orden judicial, con la sola sospecha de ocultamiento de objetos vinculados a delitos.
- Acceso sin autorización judicial a bases de datos públicas y privadas, en el marco de tareas de inteligencia criminal.
- Vigilancia digital en redes sociales, sitios web y otros espacios públicos online, también sin intervención de la justicia.
Según el proyecto presentado, estas disposiciones constituyen una regresión gravísima en materia de garantías constitucionales y habilitan una Policía Federal con facultades casi ilimitadas para espiar, intervenir y reprimir sin controles.

Autogobierno policial y fin de la jefatura civil
Otro punto crítico del nuevo Estatuto es el requisito para que el jefe de la PFA sea un oficial superior de la máxima jerarquía, ya sea en actividad o retirado, eliminando la posibilidad de conducción civil de la fuerza. “Esto garantiza el autogobierno policial y elimina todo control democrático sobre el accionar de la fuerza”, denunció Macha.
El modelo propuesto en el decreto refuerza una lógica de seguridad “preventiva” que, según la diputada, habilita arbitrariedades como la intervención espontánea de la policía en protestas o manifestaciones públicas. “La utilización de conceptos vagos como ‘operativo de prevención’ busca justificar requisas personales y la violación de derechos”, sostiene el proyecto.
Riesgo de persecución política y discriminación
La diputada advierte que este marco habilita un uso discrecional y político de la Policía Federal, con potencial para aplicar criterios selectivos en la vigilancia y represión. “Se busca ampliar discrecionalmente las facultades de la fuerza y usarlas en persecuciones políticas y sociales, implementando sesgos racistas y discriminatorios”, expresa el texto presentado en la Cámara Baja.
El avance del Gobierno sobre las libertades individuales por medio de decretos ya había generado alarma entre especialistas en derecho constitucional, que alertaron sobre la utilización del DNU como vía paralela al Congreso para reformar leyes sensibles sin debate parlamentario.
Un nuevo frente de disputa institucional
La presentación del proyecto de nulidad por parte de Mónica Macha abre un nuevo frente de disputa política e institucional entre el Ejecutivo y el Congreso. Desde Unión por la Patria y otros bloques opositores se buscará bloquear la aplicación del nuevo estatuto, con el respaldo de organizaciones de derechos humanos que ven en este decreto un regreso a prácticas de vigilancia propias de etapas oscuras de la historia argentina.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que las reformas apuntan a “modernizar y profesionalizar” la fuerza de seguridad frente a nuevas amenazas. Sin embargo, lo hace sin contemplar límites judiciales ni garantías básicas, en un contexto donde el poder punitivo del Estado parece querer expandirse sin freno.
Puntos clave:
- El Decreto 383/2025 otorga a la Policía Federal facultades de requisa, vigilancia y espionaje sin orden judicial.
- La diputada Mónica Macha presentó un proyecto de ley para declarar nulo el nuevo Estatuto por inconstitucional.
- Organismos de derechos humanos y especialistas alertan por una grave regresión en materia de libertades civiles.
- El decreto elimina la posibilidad de conducción civil de la fuerza y refuerza el autogobierno policial.
- Se advierte un uso potencial de la PFA para persecuciones políticas y con sesgos discriminatorios.
Elecciones
El PJ y las 62 Organizaciones abrieron el camino hacia 2027 con agenda sindical y programa común
Teresa García recibió a la conducción del brazo político de la CGT en la sede partidaria de la calle Matheu. El encuentro, de más de dos horas, puso sobre la mesa la demanda histórica de representación sindical en las listas del PJ y la necesidad de construir una propuesta federal antes de hablar de candidaturas.
El Partido Justicialista Nacional abrió sus puertas a las 62 Organizaciones Peronistas en una reunión que marcó el inicio formal de una articulación político-sindical orientada al ciclo electoral de 2027. La secretaria general del PJ, Teresa García, recibió a la conducción del histórico brazo político de la CGT en la sede partidaria de la calle Matheu 130, en la Ciudad de Buenos Aires, en un cónclave que se extendió por más de dos horas y tuvo como hilo conductor la reconstrucción de la unidad del movimiento peronista.
Programa antes que candidaturas
El eje del encuentro no fue la especulación electoral, sino algo más estructural: la necesidad de construir un programa político y sindical común antes de discutir nombres y listas. Hubo coincidencias en que el peronismo debe recuperar iniciativa política con propuestas concretas frente a la situación laboral, económica y social que atraviesa el país bajo la gestión de Javier Milei. «Si estamos todos divididos, perdemos fuerza», sintetizó Karina Álvarez, referente mercantil recientemente elegida como titular de las 62 Organizaciones en la zona de Moreno, quien además subrayó que el diálogo debería reproducirse en el territorio: «primero habría que plantear qué vamos a hacer en medio de la crisis que viven los trabajadores y el país productivo, y después hablar de la construcción política para el 2027».
En esa misma línea, Joaquín Santucho, delegado mercantil y titular de las 62 Organizaciones en Morón, Ituzaingó y Hurlingham, remarcó que el espacio pretende ser «una herramienta de unidad», aunque no circunstancial, sino una articulación capaz de pasar de la discusión interna a la acción territorial concreta.
La deuda histórica: representación obrera en las listas
El secretario general de las 62 Organizaciones a nivel nacional, José Ibarra, puso sobre la mesa una demanda que el sindicalismo peronista arrastra desde hace años: recuperar la representación orgánica del movimiento obrero en las listas del PJ. Ibarra señaló que desde hace tiempo no cuentan con legisladores que hayan llegado a sus bancas directamente desde la estructura sindical y reclamó que «se respete la participación de los trabajadores organizados en los futuros armados electorales».
García, por su parte, destacó el rol histórico de los gremialistas dentro del peronismo y comprometió una próxima reunión con una mayor cantidad de dirigentes, con la intención de ampliar el diálogo a provincias y municipios, especialmente allí donde el peronismo ejerce gobierno.
Un nombre en el horizonte y la apuesta federal
Uno de los momentos salientes del encuentro fue la referencia de García a Julio Rubén Ledesma, secretario general del SEOCA Zona Oeste, cuyo nombre fue evocado por la secretaria general del PJ por su trayectoria como diputado nacional y senador provincial, y especialmente por su trabajo territorial en el Conurbano bonaerense, un dato que no pasó inadvertido entre los sindicalistas presentes.
La delegación sindical que participó del cónclave estuvo encabezada por Ibarra junto a Fabián García, de SOECRA; Guillermo Mangone; Rubén Grimaldi; y dirigentes de distintos gremios y regionales del país, entre ellos representantes de Químicos y Petroquímicos, Caucho, USAFIP, Estaciones de Servicio, Comercio e Informáticos, además de las conducciones de las 62 Organizaciones de Moreno, Morón, Salta y Esteban Echeverría. La apuesta es consolidar una estructura federal que permita llevar al territorio una agenda común y recuperar protagonismo de cara al ciclo electoral que se avecina.
El sindicalismo organizado también reclamó que intendentes y dirigentes territoriales acompañen las normalizaciones de las 62 Organizaciones y se involucren activamente en el proceso de reconstrucción política. La señal es clara: el movimiento obrero peronista no quiere quedar como convidado de piedra en el armado que viene.
Puntos clave
- Teresa García recibió a la conducción de las 62 Organizaciones Peronistas en la sede del PJ de la calle Matheu 130, en un encuentro de más de dos horas.
- El eje central fue construir un programa político y sindical común antes de avanzar en el armado electoral de 2027.
- José Ibarra reclamó representación orgánica del sindicalismo peronista en las listas del PJ, señalando que hace años no cuentan con legisladores propios de la estructura gremial.
- Se acordó una próxima reunión con mayor cantidad de dirigentes y la intención de replicar el diálogo en provincias y municipios con gestión peronista.
- El encuentro reunió a referentes de más de diez gremios y de las 62 Organizaciones de diversas regiones del país.
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