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Vilma Ibarra alertó que el DNU de Milei puede ser un «avasallamiento a la división de poderes»

«Si se dicta el mega DNU anunciado nos encontraremos ante una decisión inconstitucional, antirrepublicana y que inicia un camino de autoritarismo que nos debe causar una profunda alarma», alertó Ibarra.

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La ex secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, advirtió hoy que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que el presidente Javier Milei tiene previsto anunciar esta noche por cadena nacional, y que incluiría la derogación de distintas leyes, significaría «un avasallamiento a la división de poderes» y el inicio de «un camino de autoritarismo».

En una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social X (antes Twitter), Ibarra destacó que la Constitucional Nacional «autoriza DNU para circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia», por lo que si un decreto «deroga 300 leyes y modifica otras tantas» el Poder Ejecutivo se arrogaría «facultades legislativas vedadas» y significaría «un avasallamiento a la división de poderes».

«Si se dicta el mega DNU anunciado nos encontraremos ante una decisión inconstitucional, antirrepublicana y que inicia un camino de autoritarismo que nos debe causar una profunda alarma», alertó Ibarra, que se desempeñó como secretaria Legal y Técnica durante el gobierno de Alberto Fernández.

Esta mañana, en rueda de prensa, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el mensaje de Milei se difundirá hoy a las 21 y, luego, a la medianoche, se publicará en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con todos los detalles.

El paquete de medidas que anunciará Milei se basaría en un proyecto elaborado por el expresidente del Banco Central (BCRA) durante el gobierno de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, y contaría con al menos 300 artículos de derogación de distintas leyes con el objetivo de desregular algunos aspectos del sistema económico.

Ibarra explicó que si el decreto presidencial «involucra a diversas áreas del gobierno, todas ellas deben intervenir».

Además, dijo que la Secretaría Legal y Técnica tiene la obligación de analizar que el DNU «esté correctamente confeccionado, que sea legal y que el Presidente tenga las facultades constitucionales para dictarlo».

«Todo parece indicar que este mega-DNU habría sido confeccionado por estudios jurídicos privados (…) Si fueron estudios jurídicos privados es gravísimo y no puede permitirse ni normalizarse», consideró la exfuncionaria.

En ese sentido, destacó que «hace a la trasparencia de los actos de Gobierno conocer quiénes trabajaron en este DNU para saber si luego son beneficiados por las medidas allí dispuestas. Nos podríamos encontrar ante hipótesis delictivas por corrupción», advirtió.

Ibarra opinó que el mandatario «debe dar fundamentación suficiente y dictamen jurídico para explicar por qué hay necesidad y urgencia que impiden esperar el tiempo que demanda la sanción de una ley» en lugar de impulsar una medida por decreto, como tiene previsto realizar.

«El DNU -detalló- no está previsto para modificar o derogar normas de fondo. Aun durante la pandemia, cuando ello debió hacerse por necesidad y urgencia, se trató de normas temporales. Para derogar o modificar leyes está el Congreso», indicó.

La ex secretaria Legal y Técnica aseveró que las leyes que el Gobierno procura «derogar o modificar rigen la vida» de los argentinos «desde hace muchos años, por lo que «solo el autoritarismo más antirrepublicano puede avasallar las en un DNU. Habrá responsables» de ello, sostuvo.

Gremiales

Milei lleva a la Corte su venganza contra Barrionuevo por el control de UTHGRA

La Secretaría de Trabajo de Julio Cordero prepara un recurso extraordinario para no reconocer la conducción del gastronómico, que financió al libertario en 2023 y rompió con él. La oposición interna denuncia un fallo exprés de la Cámara laboral.

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El Argentino Diario-Barrionuevo.
Le puso fiscales a Milei y ahora Milei lo quiere fuera del gremio: la factura judicial contra Barrionuevo.

El Gobierno está dispuesto a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia con tal de no reconocer a Luis Barrionuevo al frente de los gastronómicos. Lo que se presenta como una discusión administrativa sobre certificados de autoridades es, en los hechos, el capítulo judicial de un ajuste de cuentas entre Javier Milei y el sindicalista que lo ayudó a llegar a la Casa Rosada.

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que conduce Julio Cordero, exabogado del departamento jurídico laboral del Grupo Techint y exvicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), elabora un recurso extraordinario contra el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que reconoció la conducción de Barrionuevo en la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), tras las elecciones de fines de 2025, y ordenó otorgar la certificación provisoria a la lista barrionuevista.

Desde el área de Cordero no hubo comentarios oficiales. Según trascendió, el planteo se apoya en la posibilidad de recurrir hasta la última instancia judicial cuando haya fallos adversos a determinaciones administrativas.

No es la primera vez que Trabajo toca la puerta de la Corte

La ofensiva tiene antecedentes. El 1 de julio, la cartera laboral ya se había presentado ante el máximo tribunal con un recurso de inconstitucionalidad, firmado por la abogada de la Secretaría María Fernanda Penas, contra una medida cautelar de la misma Sala VI que le ordenaba expedir en un plazo de diez días hábiles un certificado provisorio de las autoridades electas en el gremio. En aquella oportunidad, desde el oficialismo deslizaron que la elección que consagró al exsenador catamarqueño estuvo plagada de irregularidades.

La insistencia del Gobierno expone hasta dónde está dispuesto a usar la estructura del Estado para dirimir una pelea política con un exaliado. Y deja una pregunta incómoda sobre la libertad sindical: quién decide quién conduce un gremio cuando la autoridad laboral es, al mismo tiempo, parte interesada en la disputa.

Del pacto de los fiscales a la guerra abierta

La relación entre Milei y Barrionuevo nació de un acuerdo electoral en 2023, cuando el libertario todavía era diputado nacional y candidato presidencial. El pacto consistía en que el sindicato aportara fiscales para cuidar los votos de La Libertad Avanza en la elección de octubre. En el partido de Milei acusaron luego al extitular de Chacarita de no haber cumplido su promesa, y desde entonces el vínculo nunca se recompuso.

Hace apenas dos semanas, Barrionuevo blanqueó su rol en aquella campaña. «Yo invertí en Milei porque me interesaba que no gane Massa», afirmó en una entrevista con el canal de noticias LN+, donde también contó que una reunión de dos horas con el Presidente lo llevó a no querer volver a verlo. En esa misma charla reconoció que su sector perdió 82.000 puestos de trabajo entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

Mientras el Gobierno y el viejo caudillo gremial se disputan el sillón y el patrimonio de la UTHGRA, los trabajadores de bares, restaurantes y hoteles pagan con sus empleos el modelo que ambos ayudaron a instalar.

La oposición interna denuncia un fallo exprés

En paralelo, los apoderados de la Lista Gris/Naranja, que enfrenta a Barrionuevo en la interna gastronómica, presentaron un escrito en el que acusan a la Sala VI de haber quebrantado los reglamentos de la Justicia Nacional para apurar la sentencia antes de que las partes pudieran recusar con causa a jueces con antecedentes de prejuzgamiento en el conflicto.

Según la presentación, el expediente sufrió una alteración no justificada en el orden y la composición del tribunal. La notificación oficial establecía que votarían los camaristas Carlos Pose y Marina Pisacco, y que Gabriela Vázquez solo intervendría en caso de disidencia. Sin embargo, la sentencia fue firmada por Pisacco y Vázquez, sin voto de Pose y sin ninguna justificación formal en la causa que explicara su apartamiento.

Los denunciantes señalan además que Pose ya había fallado a favor del sector de Barrionuevo en causas conexas (entre ellas, el expediente 32.645/2025), convalidando la actuación de la junta electoral oficialista. Sobre Vázquez, recuerdan que en el expediente paralelo «Sasprizza» se había excusado de intervenir alegando prejuzgamiento. «No obstante, en esta nueva resolución reapareció en el expediente y votó en favor de la conducción sin fundamentar los motivos por los cuales cedieron los impedimentos legales expuestos con anterioridad», sostiene el documento.

A Pisacco, la oposición gremial le atribuye una «doble vara»: resolvió con rapidez dos medidas cautelares favorables al barrionuevismo mientras frenaba los recursos para que el tribunal de alzada revisara la validez de los comicios. Para la Lista Gris/Naranja, la celeridad del fallo buscó neutralizar las recusaciones que ya estaban preparadas contra la Sala VI.

Repudiado en la Casa Rosada, premiado en Morón

La disputa por la conducción de uno de los sindicatos más poderosos del país avanza así hacia una definición en la Corte Suprema. Mientras tanto, Barrionuevo sigue encontrando anfitriones: esta semana, el intendente de Morón, Lucas Ghi, le entregó un Gallito de Bronce, el máximo galardón del Municipio, durante la inauguración de una nueva sede de la UTHGRA en el distrito.

Lo que tenés que saber:

  • La Secretaría de Trabajo de Julio Cordero prepara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra el fallo de la Sala VI que reconoció a Barrionuevo al frente de la UTHGRA.
  • El 1 de julio, la cartera laboral ya había recurrido a la Corte contra una cautelar que le ordenaba emitir un certificado provisorio de autoridades.
  • La ruptura se originó en el pacto de 2023 por el cual el gremio debía aportar fiscales a La Libertad Avanza; el oficialismo acusó a Barrionuevo de no cumplirlo.
  • La Lista Gris/Naranja denunció que la sentencia fue firmada por Pisacco y Vázquez sin el voto de Pose, quien estaba designado para votar.
  • Barrionuevo reconoció que su sector perdió 82.000 empleos entre agosto de 2025 y agosto de 2026.
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