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Legislativo

Más endeudamiento: sesión caliente en Diputados por el DNU del acuerdo con el FMI

El debate en la Cámara baja se da mientras, en las inmediaciones del Congreso, miles de jubilados y organizaciones sociales se movilizan en rechazo a la brutal represión y al ajuste de las pensiones y jubilaciones.

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La Cámara de Diputados vive una jornada de alta tensión al debatir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza al presidente Javier Milei a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso, miles de jubilados y organizaciones sociales se movilizan en rechazo al ajuste de las pensiones y jubilaciones.

Debate encendido y polémicas en el recinto

La sesión especial comenzó a las 10:24 horas, con 131 diputados presentes, el quórum necesario para iniciar el debate sobre el DNU 179/2025. Este decreto permite al Ejecutivo negociar un nuevo programa de facilidades extendidas con el FMI, sin la aprobación previa del Congreso.

El primer cruce se produjo cuando el presidente del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, cuestionó al titular de la Cámara, Martín Menem, por la propuesta de limitar el horario de la sesión hasta las 17 horas, coincidiendo con el inicio de la marcha de los jubilados. «¿Vos quién te creés que sos?», increpó Martínez, manifestando su desacuerdo con la restricción temporal del debate.

Por su parte, la diputada de la izquierda, Vanina Biasi, solicitó suspender la sesión y pasar a un cuarto intermedio hasta que se levantara el operativo de seguridad en las adyacencias del Congreso. La legisladora denunció una «militarización» de la zona y exigió garantías para la protesta pacífica de los jubilados.

Operativo de seguridad y movilización masiva

Desde temprano, el Congreso y sus alrededores amanecieron vallados y con un fuerte operativo de seguridad que incluyó a más de 1.500 efectivos de las fuerzas federales. El objetivo: prevenir incidentes como los ocurridos en la marcha anterior, que terminó con heridos y detenidos tras enfrentamientos entre manifestantes y policías.

La convocatoria a la movilización fue encabezada por jubilados y pensionados, acompañados por sindicatos y organizaciones sociales. Las consignas principales son el rechazo al acuerdo con el FMI y la exigencia de justicia por Pablo Grillo, manifestante herido gravemente en la protesta anterior.

Contexto económico y social

El nuevo acuerdo con el FMI busca refinanciar los 44.000 millones de dólares recibidos en 2018 y fortalecer las reservas del Banco Central. Sin embargo, la falta de claridad en las negociaciones ha generado incertidumbre en los mercados, elevando el Riesgo País y depreciando el peso argentino.

Las medidas de ajuste implementadas por el gobierno de Milei, especialmente en el sistema previsional, han sido duramente cuestionadas por amplios sectores de la sociedad. Los jubilados, uno de los colectivos más afectados, han salido a las calles para defender sus derechos y oponerse a lo que consideran un «saqueo» de sus conquistas históricas.

Puntos clave:

  • La sesión en Diputados está marcada por enfrentamientos verbales y desacuerdos sobre el procedimiento y el contenido del DNU.
  • La movilización de los jubilados y las organizaciones sociales evidencia el descontento popular con las políticas de ajuste y el acuerdo con el FMI.
  • La falta de consenso político y social plantea interrogantes sobre la viabilidad y legitimidad de las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo.
  • La tensión entre las instituciones y la ciudadanía podría profundizarse si no se abren canales de diálogo y participación efectiva.

Judiciales ⚖️

Magistratura: LLA y el peronismo se preparan para otra guerra en el Senado

La incorporación del riojano Fernando Rejal al bloque Justicialista convirtió al peronismo en primera minoría del Senado y reabrió la pelea por dos de las cuatro bancas en el Consejo de la Magistratura. La Libertad Avanza resiste y evalúa ir a los tribunales, con un organismo que selecciona y remueve jueces como botín.

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El Argentino Diario-Senado de la Nación.
El peronismo es primera minoría en el Senado y reclama dos lugares en el Consejo de la Magistratura; LLA amenaza con la Justicia.

Ocho lugares en el organismo que decide quién llega a ser juez y quién puede ser removido, y una amenaza de judicialización antes de que empiece la discusión formal. El Congreso debe definir antes del próximo 18 de noviembre a sus representantes en el Consejo de la Magistratura, y el Senado ya se encamina a un nuevo choque entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA).

El senador José Mayans, jefe del bloque Justicialista, se prepara para reclamar dos de las cuatro bancas que le corresponden a la Cámara alta, mientras que la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, anticipó que rechazará esa pretensión. La última palabra será de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, que deberá determinar qué bloque representa a la primera minoría y cómo se aplica el criterio de reparto.

El movimiento que encendió la mecha

El detonante fue la incorporación del riojano Fernando Rejal al bloque Justicialista. Hasta el viernes, el peronismo y LLA tenían 21 senadores cada uno y mantenían una situación de virtual empate. Con la llegada de Rejal, el Justicialismo pasó a ser la primera minoría, y Mayans pretende usar ese nuevo escenario para reclamar la mitad de los lugares del Senado en el Consejo.

Bullrich cuestionará que un cambio en la composición parlamentaria producido a último momento pueda utilizarse para alterar el reparto de representantes. En el oficialismo libertario sostienen además que existe un antecedente demasiado cercano como para ignorarlo, y según trascendió, en LLA anticipan que podrían recurrir a la Justicia si el peronismo insiste en que la nueva composición alcanza para modificar la distribución.

El antecedente de 2022 y sus diferencias

El argumento libertario se apoya en lo ocurrido en 2022. Entonces, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso la división del bloque del Frente de Todos, que contaba con 35 senadores, en dos espacios: el Frente Nacional y Popular, con 21 integrantes, y Unidad Ciudadana, con 14. Aquella maniobra permitió al oficialismo de entonces quedarse con tres de los cuatro representantes del Senado, que fueron Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Martín Doñate, mientras el lugar que reclamaba el entonces senador del PRO Luis Juez quedaba en el centro de la polémica.

El conflicto terminó en la Corte Suprema, que rechazó la maniobra y ordenó que Juez asumiera en el Consejo. Ese fallo es hoy el arma política que prepara LLA para enfrentar el reclamo de Mayans: el oficialismo sostiene que no permitirá que una modificación de bloques diseñada en función del Consejo vuelva a utilizarse para alterar la representación parlamentaria.

Hay, sin embargo, una diferencia que no es menor y que será central en el debate: en 2022 se fragmentó una bancada para multiplicar representantes, mientras que ahora el cambio surge de la incorporación de un senador a un bloque ya existente. La discusión de fondo es si una modificación sobrevenida en la correlación de fuerzas debe reflejarse en el reparto o congelarse.

Los nombres que circulan en el Senado

Mientras se define la distribución, el peronismo ya puso sobre la mesa dos nombres: Eduardo «Wado» de Pedro y Sergio Uñac. De acuerdo a la lectura política que circula en la Cámara alta, ambos tienen vínculos distintos al kirchnerismo más duro y una relación más fluida con sectores de la Justicia, un rasgo que puede pesar en un organismo donde las negociaciones internas son decisivas.

LLA, por su parte, analiza postular a la senadora Nadia Márquez y a Belén Montes de Oca, mientras que el cuarto lugar sigue atravesado por la interna radical: aún no está definido si continuará Eduardo Vischi o si la candidatura recaerá en Maximiliano Abad, actual vicepresidente de la Comisión de Acuerdos y uno de los radicales con mayor participación en temas vinculados al Poder Judicial.

Diputados: otra pulseada, con otra relación de fuerzas

La disputa se replica en la Cámara baja, pero con los roles invertidos. LLA reclamará dos de los cuatro lugares como primera minoría y busca renovar el mandato de Gonzalo Roca, quien asumió en diciembre en reemplazo de la radical Roxana Reyes; también aparece como posible candidato el santafesino Nicolás Mayoraz.

El peronismo pretende conservar dos lugares, aunque el nuevo escenario parlamentario amenaza con dejarlo con uno solo. Entre los nombres que circulan figuran los kirchneristas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, mientras el Frente Renovador también busca espacio. En paralelo, Álvaro González pretende conservar su banca y espera el respaldo de sus aliados del PRO, la UCR, Por Santa Cruz, el MID y Adelante Buenos Aires, que integran el interbloque Fuerzas del Cambio.

Un organismo clave en la disputa de poder

El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros y lo preside el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Además cuenta con ocho legisladores (cuatro diputados y cuatro senadores), cuatro jueces, cuatro abogados, dos representantes del ámbito académico y un representante del Poder Ejecutivo. Quien controle más lugares tendrá una herramienta de peso sobre uno de los organismos más sensibles del sistema judicial, encargado de intervenir en la selección y remoción de magistrados.

Los mandatos duran cuatro años y en este proceso deben renovarse los representantes del Congreso, los abogados, los jueces y el sector académico. La elección de los abogados ya definió a Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Itatí Demarchi Arballo y Fernando Levene, mientras que por el estamento judicial ingresarán Marcelo Gallo Tagle, Juan Manuel Culotta, Gabriela Vázquez y Paula Castro.

Lo que tenés que saber:

  • El Congreso debe definir a sus ocho representantes en el Consejo de la Magistratura, que asumirán el 18 de noviembre.
  • Con la llegada de Fernando Rejal, el bloque Justicialista pasó a ser la primera minoría del Senado, después de un empate en 21 bancas con LLA.
  • José Mayans reclamará dos de las cuatro bancas del Senado; Patricia Bullrich lo rechazará y en LLA evalúan judicializar el conflicto.
  • La decisión final sobre el reparto quedará en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
  • En 2022, la Corte Suprema rechazó la división del bloque del Frente de Todos y ordenó que Luis Juez asumiera en el Consejo.
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