Judiciales ⚖️
Comisión determina que sin Milei la estafa de $Libra no se hubiera concretado
Comisión investigadora concluyó que la promoción presidencial de la criptomoneda Libra fue clave para la estafa e involucra a Karina Milei.
★ La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra presentó hoy su informe final sobre el escándalo que estalló en febrero pasado y determinó que la promoción pública que realizó el presidente Javier Milei de un «negocio privado» desde su cuenta oficial constituyó una condición necesaria para que la «estafa» a miles de inversores pudiera concretarse. Por esta razón, instó al Congreso a evaluar el presunto «mal desempeño» del mandatario en el ejercicio de sus funciones.
El documento de 204 páginas contiene las consideraciones sobre la responsabilidad política del presidente y otros altos funcionarios, una descripción del entramado en el que participaron lobbystas intermediarios como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y reveló que Milei y estos mismos personajes ya habían sido parte de otras tres operatorias financieras similares con criptomonedas.
Un patrón de conducta repetido
El informe de la comisión presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) señaló que «la promoción del proyecto $LIBRA no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el Presidente de la Nación». Según el documento, Milei había participado previamente de operaciones semejantes con otras criptomonedas como Coin X y Vulcano.
Para los diputados opositores que redactaron el documento final, con una marcada participación del secretario Juan Marino (Unión por la Patria), «las afirmaciones del Presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico».
Los legisladores caracterizaron lo actuado por el mandatario como una violación a la Ley de Ética en la Función Pública y sostuvieron que «sin la promoción realizada por Milei en su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado».
El misterio del link del contrato
El informe resaltó que hasta la fecha el jefe de Estado no pudo determinar cómo obtuvo el link con el número de contrato del token Libra que publicó, «pese a que dicha información no era de circulación pública».
Según denunciaron, el presidente no consultó a los organismos de control antes de promocionar el criptoactivo en sus redes sociales, de tal forma que «comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado».
También involucran a Karina Milei
La comisión también involucró en el escándalo por presunta estafa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber autorizado el ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de los empresarios y lobbystas que participaron de «un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional».
Además, cuestionaron a los hermanos Milei y a otros altos funcionarios como Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva por haberse ausentado a las respectivas citaciones para brindar declaración testimonial, y los acusaron de «incumplimiento de deberes» ya que «su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas de esta comisión».
Conclusiones contundentes sobre responsabilidad presidencial
«Esta Comisión Investigadora entiende que este hecho plantea la necesidad de que el Congreso de la Nación, a partir de la responsabilidad política presidencial manifiesta evidenciada en este informe, evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones», señalaron en las consideraciones finales.
El documento agregó: «Del análisis integral de la prueba reunida, esta Comisión observa un patrón sostenido de acciones y omisiones por parte del Presidente de la Nación que resulta incompatible con el ejercicio adecuado de sus deberes constitucionales. La promoción pública de un token cripto no auditado, la inacción frente a advertencias formales, la omisión deliberada de activar mecanismos de control interno y el uso de instalaciones oficiales para facilitar encuentros con promotores del token constituyen conductas que exceden el marco de decisiones discrecionales y se proyectan sobre la responsabilidad institucional del Jefe de Estado».
El origen del escándalo
La reunión de este martes fue la décima y última que celebró la comisión especial investigadora, creada como respuesta institucional del Congreso ante el escándalo internacional que estalló el 14 de febrero pasado.
Ese día, el presidente promocionó en sus redes sociales el criptoactivo Libra, que difundió bajo el nombre «Viva la Libertad Project» y lo presentó como si fuera una noble causa para financiar pymes de todo el país. Sin embargo, pronto quedó en evidencia que Milei había utilizado su investidura presidencial y popularidad para inducir a miles de usuarios a invertir en un negocio en el que ganaron unos pocos con información privilegiada, provocando pérdidas millonarias para miles de usuarios.
Los señalamientos de la oposición
Durante el debate de cierre, Juan Marino señaló que la presentación que hiciera Milei de Libra como un «proyecto serio de inversión para desarrollar pymes en realidad, desde un punto de vista técnico, era más cercano a un meme coin que habían manipulado de antemano para realizar el tirón de alfombra (rug pull)».
El diputado de Unión por la Patria recordó que el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su interpelación en la Cámara de Diputados, había admitido que el presidente había evitado realizar consultas a organismos públicos de control para conocer si la promoción de Libra podía generar algún tipo de conflicto de interés que comprometiera la ley de Ética Pública.
Marino aseguró que el respaldo a Libra de parte de Milei no fue un «error» involuntario sino «una decisión deliberada para eludir los controles estatales» y apuntalar un negocio privado. «El daño a la credibilidad institucional de la Argentina continúa hasta el día de hoy», consideró el legislador.
Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) señaló que existe un «patrón de conducta» o antecedentes que involucran directamente a Milei y a Novelli, y coincidió en que lo sucedido configura un «daño muy grave a la credibilidad del país».
Por su parte, Christian Castillo (Frente de Izquierda) refutó la defensa esgrimida por Milei respecto a que el posteo fue hecho en carácter de «ciudadano común». «Lo hizo desde una cuenta que tiene tilde gris y que refiere a altos funcionarios de Estado. Es decir, que no lo hizo como un ciudadano común», desmintió el diputado del PTS.
Castillo también retrucó lo afirmado por Milei respecto a que el contrato de Libra era «público». «Él intentó dar la idea de que se encontró de casualidad con algo que era interesante para la Argentina y que por eso lo difundió. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay ninguna explicación de dónde estaba la circulación pública de ese link sin el cual toda la maniobra alrededor de Libra no se hubiera podido hacer», subrayó.
Para Castillo, «ese contrato no lo podía encontrar cualquier persona» sino solamente quienes «tuvieran información privilegiada» como el propio Milei. «Sin ese contrato no había posibilidad de estafa. No había posibilidad de hacer la maniobra de rug pull», concluyó el legislador de izquierda.
Puntos clave:
- La comisión investigadora determinó que la promoción presidencial de $LIBRA desde cuentas oficiales fue condición necesaria para que la estafa se consumara
- El informe identificó un patrón de conducta, ya que Milei participó de operaciones similares con KIP Protocol, Coin X y Vulcano
- El presidente no pudo explicar cómo obtuvo el link del contrato del token, que no era de circulación pública
- La comisión involucró a Karina Milei por haber autorizado el ingreso a Casa Rosada y Quinta de Olivos de los lobbystas vinculados al proyecto
- El Congreso fue instado a evaluar si el presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones
Denuncia
“No hay delito”: el Gobierno da por cerrado el caso Bolsonaro antes de que la Justicia responda
Con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra todavía fresco, el oficialismo descuenta que la denuncia por la salida de Flávio Bolsonaro vía Puerto Iguazú no pasará de una etapa preliminar. La fiscal Paloma Ochoa, sin embargo, aún espera datos que podrían definir si hubo incumplimiento de funciones.
“No hay delito”, repiten en el oficialismo, aunque la Justicia todavía no respondió la pregunta central: si las autoridades argentinas sabían que Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil.
La frase resume el estado de ánimo de la Casa Rosada respecto de la denuncia que presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El expediente tramita en Comodoro Py, en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, y por ahora es solo una investigación preliminar, una instancia previa a una pesquisa formal. Según trascendió de operadores judiciales cercanos al Gobierno, en el oficialismo consideran que no existen posibilidades de que se abra una causa “real” sobre el ingreso y la salida de Bolsonaro.
El recorrido de Bolsonaro y las sospechas sobre el Gobierno
El senador y excandidato presidencial brasileño, que perdió el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, dejó su país el martes por la noche y cruzó a la Argentina por el puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, Misiones. Según confirmó la Cancillería argentina, ingresó por vía terrestre a las 22:50. Recorrió luego poco más de 20 kilómetros hasta el Aeropuerto Internacional Iguazú, donde abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly rumbo a Estados Unidos.
Las denuncias que llegaron a los tribunales recogen las sospechas que circularon en los medios en los últimos días: desde una supuesta cooperación política de Milei hasta menciones al asesor Santiago Caputo por una aparente colaboración operativa. También alcanzan a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), por los trámites migratorios y la presunta asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El viernes, el diputado nacional Esteban Paulón amplió una presentación que había hecho en Comodoro Py y apuntó contra el titular de esa fuerza y contra integrantes del Ente Binacional Yacyretá, que habrían tenido alguna participación en la trama.
Los dos argumentos que sostienen la confianza oficial
El Gobierno se apoya en dos elementos. El primero es que la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú desestimó una denuncia por el ingreso del excandidato al país al concluir que no hubo irregularidades en el accionar migratorio, decisión que respaldó la Fiscalía de Revisión. El segundo es que en Buenos Aires todavía no existe una causa formal. La fiscal Ochoa no impulsó la investigación apenas recibió la denuncia: le sugirió a la jueza Capuchetti una serie de medidas preliminares para definir, a partir de sus resultados, si corresponde avanzar hacia una pesquisa más amplia sobre las eventuales responsabilidades de funcionarios.
Esas medidas incluyen un exhorto al Gobierno nacional para que preserve las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Iguazú de los días 27 y 28 de octubre, y pedidos de informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles al avión de Baires Fly en el que Bolsonaro viajó con su familia y sobre los pasajeros que abordaron.
La pregunta que todavía no tiene respuesta
Una de las medidas más importantes apunta a determinar si las autoridades argentinas recibieron algún exhorto o aviso sobre la situación judicial de Bolsonaro y la prohibición de abandonar el país que dispuso el juez Alexandre de Moraes. Ese dato es central para establecer un eventual incumplimiento de funciones por parte de funcionarios argentinos, y es justamente el que el oficialismo no explicó.
Por ahora, Migraciones sostuvo que no existía “ningún impedimento legal” para el ingreso, algo que el jueves ratificó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Del lado brasileño, la Policía Federal informó que no constan registros de la salida de Bolsonaro y su familia, a pesar de que De Moraes también había dispuesto insertar una alerta migratoria en el sistema Sonar, que se usa en ese país para controlar los desplazamientos internacionales.
Las autoridades brasileñas aclararon además, en un mismo comunicado, que una restricción vinculada con los documentos de viaje no alcanza por sí sola para considerar fugitivo a alguien ni para autorizar un arresto, una vigilancia permanente u otras medidas cautelares. Ese punto explicaría por qué Migraciones no encontró alertas ni impedimentos en la madrugada del miércoles, cuando Bolsonaro y su familia ya volaban rumbo a Miami.
Lo que viene en Comodoro Py
La semana próxima podría haber una definición sobre la denuncia de Solano. Una vez que llegue la información requerida, lo esperable es que Capuchetti se la remita a la fiscal Ochoa, quien deberá dictaminar si corresponde impulsar la investigación y, en ese caso, proponer medidas de prueba. La fiscal también puede pedir la desestimación de la denuncia si no encuentra elementos. Hasta entonces, la tranquilidad oficial descansa en una expectativa y no en una resolución judicial.
Lo que tenés que saber:
- En el Gobierno aseguran que “no hay delito” y confían en que la denuncia de Gabriel Solano no prospere.
- La fiscal Paloma Ochoa pidió medidas preliminares y todavía no impulsó una investigación formal.
- La Fiscalía de Puerto Iguazú desestimó otra denuncia por falta de irregularidades migratorias, y la Fiscalía de Revisión respaldó esa decisión.
- Una de las medidas clave busca saber si Argentina recibió aviso de la prohibición de salida dictada por Moraes.
- La semana próxima podría haber una definición sobre si la causa avanza o se desestima.
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