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Comisión determina que sin Milei la estafa de $Libra no se hubiera concretado

Comisión investigadora concluyó que la promoción presidencial de la criptomoneda Libra fue clave para la estafa e involucra a Karina Milei.

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Informe final de comisión revela patrón de promoción presidencial de criptomonedas fraudulentas.

★ La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra presentó hoy su informe final sobre el escándalo que estalló en febrero pasado y determinó que la promoción pública que realizó el presidente Javier Milei de un «negocio privado» desde su cuenta oficial constituyó una condición necesaria para que la «estafa» a miles de inversores pudiera concretarse. Por esta razón, instó al Congreso a evaluar el presunto «mal desempeño» del mandatario en el ejercicio de sus funciones.

El documento de 204 páginas contiene las consideraciones sobre la responsabilidad política del presidente y otros altos funcionarios, una descripción del entramado en el que participaron lobbystas intermediarios como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y reveló que Milei y estos mismos personajes ya habían sido parte de otras tres operatorias financieras similares con criptomonedas.

Un patrón de conducta repetido

El informe de la comisión presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) señaló que «la promoción del proyecto $LIBRA no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el Presidente de la Nación». Según el documento, Milei había participado previamente de operaciones semejantes con otras criptomonedas como Coin X y Vulcano.

Para los diputados opositores que redactaron el documento final, con una marcada participación del secretario Juan Marino (Unión por la Patria), «las afirmaciones del Presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico».

Los legisladores caracterizaron lo actuado por el mandatario como una violación a la Ley de Ética en la Función Pública y sostuvieron que «sin la promoción realizada por Milei en su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado».

El misterio del link del contrato

El informe resaltó que hasta la fecha el jefe de Estado no pudo determinar cómo obtuvo el link con el número de contrato del token Libra que publicó, «pese a que dicha información no era de circulación pública».

Según denunciaron, el presidente no consultó a los organismos de control antes de promocionar el criptoactivo en sus redes sociales, de tal forma que «comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado».

También involucran a Karina Milei

La comisión también involucró en el escándalo por presunta estafa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber autorizado el ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de los empresarios y lobbystas que participaron de «un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional».

Además, cuestionaron a los hermanos Milei y a otros altos funcionarios como Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva por haberse ausentado a las respectivas citaciones para brindar declaración testimonial, y los acusaron de «incumplimiento de deberes» ya que «su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas de esta comisión».

Conclusiones contundentes sobre responsabilidad presidencial

«Esta Comisión Investigadora entiende que este hecho plantea la necesidad de que el Congreso de la Nación, a partir de la responsabilidad política presidencial manifiesta evidenciada en este informe, evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones», señalaron en las consideraciones finales.

El documento agregó: «Del análisis integral de la prueba reunida, esta Comisión observa un patrón sostenido de acciones y omisiones por parte del Presidente de la Nación que resulta incompatible con el ejercicio adecuado de sus deberes constitucionales. La promoción pública de un token cripto no auditado, la inacción frente a advertencias formales, la omisión deliberada de activar mecanismos de control interno y el uso de instalaciones oficiales para facilitar encuentros con promotores del token constituyen conductas que exceden el marco de decisiones discrecionales y se proyectan sobre la responsabilidad institucional del Jefe de Estado».

El origen del escándalo

La reunión de este martes fue la décima y última que celebró la comisión especial investigadora, creada como respuesta institucional del Congreso ante el escándalo internacional que estalló el 14 de febrero pasado.

Ese día, el presidente promocionó en sus redes sociales el criptoactivo Libra, que difundió bajo el nombre «Viva la Libertad Project» y lo presentó como si fuera una noble causa para financiar pymes de todo el país. Sin embargo, pronto quedó en evidencia que Milei había utilizado su investidura presidencial y popularidad para inducir a miles de usuarios a invertir en un negocio en el que ganaron unos pocos con información privilegiada, provocando pérdidas millonarias para miles de usuarios.

Los señalamientos de la oposición

Durante el debate de cierre, Juan Marino señaló que la presentación que hiciera Milei de Libra como un «proyecto serio de inversión para desarrollar pymes en realidad, desde un punto de vista técnico, era más cercano a un meme coin que habían manipulado de antemano para realizar el tirón de alfombra (rug pull)».

El diputado de Unión por la Patria recordó que el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su interpelación en la Cámara de Diputados, había admitido que el presidente había evitado realizar consultas a organismos públicos de control para conocer si la promoción de Libra podía generar algún tipo de conflicto de interés que comprometiera la ley de Ética Pública.

Marino aseguró que el respaldo a Libra de parte de Milei no fue un «error» involuntario sino «una decisión deliberada para eludir los controles estatales» y apuntalar un negocio privado. «El daño a la credibilidad institucional de la Argentina continúa hasta el día de hoy», consideró el legislador.

Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) señaló que existe un «patrón de conducta» o antecedentes que involucran directamente a Milei y a Novelli, y coincidió en que lo sucedido configura un «daño muy grave a la credibilidad del país».

Por su parte, Christian Castillo (Frente de Izquierda) refutó la defensa esgrimida por Milei respecto a que el posteo fue hecho en carácter de «ciudadano común». «Lo hizo desde una cuenta que tiene tilde gris y que refiere a altos funcionarios de Estado. Es decir, que no lo hizo como un ciudadano común», desmintió el diputado del PTS.

Castillo también retrucó lo afirmado por Milei respecto a que el contrato de Libra era «público». «Él intentó dar la idea de que se encontró de casualidad con algo que era interesante para la Argentina y que por eso lo difundió. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay ninguna explicación de dónde estaba la circulación pública de ese link sin el cual toda la maniobra alrededor de Libra no se hubiera podido hacer», subrayó.

Para Castillo, «ese contrato no lo podía encontrar cualquier persona» sino solamente quienes «tuvieran información privilegiada» como el propio Milei. «Sin ese contrato no había posibilidad de estafa. No había posibilidad de hacer la maniobra de rug pull», concluyó el legislador de izquierda.

Puntos clave:

  • La comisión investigadora determinó que la promoción presidencial de $LIBRA desde cuentas oficiales fue condición necesaria para que la estafa se consumara
  • El informe identificó un patrón de conducta, ya que Milei participó de operaciones similares con KIP Protocol, Coin X y Vulcano
  • El presidente no pudo explicar cómo obtuvo el link del contrato del token, que no era de circulación pública
  • La comisión involucró a Karina Milei por haber autorizado el ingreso a Casa Rosada y Quinta de Olivos de los lobbystas vinculados al proyecto
  • El Congreso fue instado a evaluar si el presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones

Gremiales

Paro judicial de 24 horas paraliza los tribunales este viernes

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación convocó una huelga nacional de 24 horas para el viernes 9 de octubre en reclamo de un aumento salarial del 10% retroactivo al 1° de septiembre, en defensa de la obra social judicial y en rechazo al traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

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Con el fin de semana largo por el feriado del lunes 12, la actividad judicial se retomará recién el martes 13.

Los tribunales federales y nacionales de todo el país quedarán paralizados este viernes 9 de octubre durante 24 horas. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) oficializó el paro en continuidad con el plan de lucha que lleva adelante a lo largo del año, con tres ejes que se mantienen sin resolución: recomposición salarial, representación en la obra social y defensa de la estructura de la Justicia Nacional frente al proceso de traspaso al ámbito porteño.

Julio Piumato, secretario general de la UEJN, presentó una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en la que el gremio solicitó formalmente una recomposición salarial del 10% con retroactividad al 1° de septiembre. La medida comenzará a regir desde las 0 horas del viernes y se extenderá durante toda la jornada. Con el fin de semana y el feriado del lunes 12 de octubre, la actividad judicial no se normalizará hasta el martes 13.

Tres reclamos sin respuesta

El conflicto acumula meses de medidas de fuerza sin solución de fondo: los ingresos de los trabajadores judiciales arrastran una pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023 que el gremio busca empezar a compensar con el incremento reclamado. A ese eje salarial se suman las demandas por la situación de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), donde el gremio reclama representación, y el rechazo al traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, un proceso que ya motivó paros y movilizaciones durante todo el año.

La Federación Judicial Argentina (FJA) expresó su adhesión a la medida, lo que extiende el alcance del paro a múltiples jurisdicciones del interior del país. La paralización abarcará los fueros de la justicia federal: civil, penal, laboral, comercial y de seguridad social.

Alcance nacional y movilizaciones en el sur

El paro rige en todo el país: empleados de Mendoza, Tierra del Fuego y Formosa anticiparon su adhesión, y en Ushuaia y Río Grande se prevén movilizaciones callejeras.

Un plan de lucha que se extiende sin solución

El paro de este viernes no es un hecho aislado sino el eslabón más reciente de un conflicto sostenido a lo largo de 2026. La UEJN ya había parado el viernes 2 de octubre y el viernes 4 de septiembre, esta última vez en respuesta a la aprobación del traspaso de la Justicia Laboral Nacional por parte de la Legislatura porteña. Los ejes se repiten en cada convocatoria: salarios que no recuperan terreno frente a la inflación, una obra social en deterioro y una transferencia de competencias que el gremio rechaza de plano.

Lo que tenés que saber

  • La UEJN, conducida por Julio Piumato, convocó un paro nacional de 24 horas para el viernes 9 de octubre de 2026, desde las 0 horas.
  • El reclamo central es un 10% de aumento retroactivo al 1° de septiembre, solicitado formalmente a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.
  • El gremio también reclama representación en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
  • La UEJN rechaza el traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Con el fin de semana largo por el feriado del lunes 12, la actividad judicial se retomará recién el martes 13.
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