Minutos antes de las cuatro de la tarde, con el Congreso casi vacío por el receso invernal, Federico Sturzenegger llegó al Senado de la Nación junto al secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. El objetivo era reunirse con Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la cámara alta, para intentar resolver los cortocircuitos que derivaron, la semana pasada, en el levantamiento de la sesión prevista para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, que habilita la compra de tierras argentinas por extranjeros sin límites, acumula cuatro intentos fallidos y quince versiones del texto. El Senado fijó el 6 de agosto como nueva fecha para el debate.

El detonante: federalismo o centralismo a la medida de Milei

El eje del conflicto interno fue la autonomía provincial para avalar o rechazar la venta de tierras a extranjeros. La senadora salteña Flavia Royón y una parte del radicalismo impulsaron un régimen de habilitación provincial para esas operaciones, propuesta incorporada en el último borrador que circuló antes de la sesión frustrada. Sturzenegger la rechazó. La interna fue pública y dejó a Bullrich negociando entre dos fuegos: el ministro de la motosierra y los aliados parlamentarios que necesita para sumar votos. La senadora se vio obligada a pedir un cuarto intermedio para evitar que el trabajo parlamentario acumulado desde mayo colapsara.

Tras el encuentro, Bullrich reconoció ante los periodistas que el ministro «aceptó las modificaciones» y explicó que los cambios apuntaban a «una mirada mucho más federal respecto del uso de la tierra». Sin embargo, el poroteo que circuló entre el oficialismo anticipó problemas para la votación en particular: los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se inclinarían a votar en contra. Misiones es, junto a Salta, una de las provincias con mayor porcentaje de tierras en manos extranjeras, según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia.

Una Constitución de uso selectivo

Bullrich defendió el proyecto amparándose en el artículo 20 de la Constitución Nacional, que garantiza a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos. «La soberanía está absolutamente resguardada», afirmó la senadora, y agregó que «uno no tiene limitaciones en los departamentos que posee o en las hectáreas. Es un concepto de propiedad, no de soberanía». La interpretación choca con los propios actos del oficialismo: el DNU 366/2025, que habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, invoca implícitamente la distinción entre ciudadanos y extranjeros que Bullrich ahora descarta cuando se trata de tierra. En la Legislatura bonaerense, el diputado libertario Agustín Romo presentó un proyecto para que los extranjeros sin residencia permanente paguen por el uso de hospitales públicos y universidades provinciales. El doble estándar es evidente: sin papeles, no accedés a la salud; con dólares, podés comprar territorio sin tope.

Lo que el proyecto elimina y lo que protege

La ley que el Gobierno impulsa busca derogar los límites establecidos por la Ley 26.737, vigente desde 2011. En términos concretos, elimina los topes sobre departamentos donde la extranjerización ya supera el 40 o el 50 por ciento; eso incluye zonas cordilleranas donde se concentran recursos estratégicos como el litio, el petróleo, los minerales críticos y los pasos bioceánicos. También suprime el porcentaje máximo por nacionalidad, un artículo que cobra relevancia dado que Estados Unidos es uno de los principales países de origen de los capitales extranjeros que poseen tierras rurales en Argentina.

Un estudio del CONICET y la UBA publicado en enero de 2026 reveló que 13 millones de hectáreas argentinas ya se encuentran en manos extranjeras y que 36 departamentos del país superaban el tope legal vigente. El proyecto de Milei no plantea revertir esa tendencia; la consolida sin freno normativo.

El andamiaje para los tecno-ricos que Milei admira

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no opera en el vacío. Junto con el Súper RIGI, la reforma de la Ley de Glaciares y la reforma de la Ley de Sociedades, constituye el paquete normativo diseñado para atraer a los grandes capitales de Silicon Valley que el presidente Javier Milei frecuenta y admira. La alarma llegó desde adentro del propio espacio opositor no kirchnerista: el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió en su cuenta de X que el modelo empuja hacia «una plutocracia, donde determinadas corporaciones concentran niveles crecientes de influencia, información privilegiada y capacidad de decisión sobre asuntos del Estado, derivando en una suerte de totalitarismo privado. Todo ello es incompatible y peligroso para una democracia republicana».

En las redes sociales comenzó a gestarse una convocatoria para el 6 de agosto, el día en que el Senado prevé volver a intentar aprobar la iniciativa. El recuerdo de movilizaciones previas contra proyectos similares, y la acumulación de cuatro intentos frustrados, sugieren que la resistencia social no está dispuesta a ceder terreno, literalmente.

Puntos clave

• El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada acumula cuatro sesiones frustradas y quince versiones del texto desde su dictamen en mayo.
• Sturzenegger y Bullrich se reunieron para destrabar diferencias sobre autonomía provincial en la venta de tierras a extranjeros; el Senado intentará aprobarlo el 6 de agosto.
• El proyecto elimina los topes a la extranjerización en zonas con recursos estratégicos como litio, petróleo y pasos bioceánicos.
• Un estudio del CONICET/UBA de enero de 2026 identificó 13 millones de hectáreas ya en manos extranjeras y 36 departamentos que superan el límite legal vigente.
• El gobierno aplica la Constitución de forma selectiva: sin límites para que millonarios extranjeros compren tierra, pero con aranceles y restricciones para migrantes que buscan salud y educación.