Por Silvina Angiono y Diego Guglielmone

El Congreso nacional retomará en el segundo semestre del año el debate de temas pendientes, entre ellos un conjunto de iniciativas vinculadas al sistema previsional, la industria y la producción, aunque la agenda de ambas cámaras estará centrada en la discusión del Presupuesto 2023, que establece las previsiones de gastos y recursos para el próximo año, que comenzará después del 15 de septiembre.

Se trata de temas que el Gobierno nacional envió y otras propuestas elaboradas por el propio oficialismo, como el plan de pagos de deudas previsionales, que serán debatidos cuando el Parlamento retome su actividad tras el receso invernal que si bien no se convoca de manera oficial, sucede todos los años y coincide con las vacaciones de invierno y la feria judicial.

Esa agenda fue analizada días atrás en un encuentro que mantuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con la ministra de Economía, Silvina Batakis, a pocos días de asumir en el cargo, donde repasaron los temas que la Cámara baja deberá abordar en los próximos meses.

Sin embargo, el Presupuesto 2023 será el tema central que deberá abordar el Congreso, cuyo debate genera expectativas no sólo por los aspectos técnicos que incluirá la iniciativa que diseñará la nueva ministra sino también por la postura que adoptará Juntos por el Cambio, luego de que en 2021 ese interbloque opositor rechazara el texto enviado al Parlamento por el exministro de Economía Martín Guzmán.

De todos modos, el oficialismo buscará priorizar un acuerdo con el interbloque Federal, Provincias Unidas, Movimiento Popular Neuquino, y el bloque Ser, ya que si logra el respaldo de esa quincena de diputados, puede tener garantizada la sanción de la ley de gastos y recursos para el próximo año, informaron fuentes parlamentarias.

En la Cámara de Diputados, fuentes parlamentarias aseguraron que el oficialismo priorizará la agenda del Gobierno, en la que figuran iniciativas vinculadas con la industria y la producción como la de Electromovilidad, el proyecto de Fomento a la Agroindustria y la reforma a la ley de Compre Argentino, entre otras.

En la agenda de la Cámara baja se encuentra además el proyecto de ley que establece un plan de pagos de deudas previsionales para que unas 500 mil personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes puedan jubilarse este año, que comenzó a debatirse hace unos días en un encuentro informativo con especialistas en la Comisión Previsión Social.

También, Diputados tiene pendiente el proyecto que recibió dictamen el pasado 22 de junio en un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, para la creación de un Fondo Nacional para pagarle al FMI a partir de la recuperación de «dólares fugados» al exterior, impulsada por el senador Oscar Parrilli, que ya cuenta con sanción de la Cámara alta.

En diferente situación se encuentra el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura, ya que desde el oficialismo admiten que no están los votos para avanzar en la Cámara baja con ese tema, aunque ya se realizaron varias reuniones informativas, la última con la presencia del ministro de Justicia, Martín Soria.

En la Cámara de Diputados, las fuentes aseguraron que si bien no hay una comunicación oficial, la actividad disminuirá en las próximas dos semanas y estiman que la primera sesión tras este virtual receso será en los primeros días de agosto.

En el Senado, en tanto, hay un receso de hecho y la única actividad está centrada en reuniones de asesores. De hecho, en esta última semana hubo varias reuniones de asesores de comisiones en las que, por ejemplo, se continuó con el estudio de un proyecto de ley presentado por el senador del Frente de Todos Mariano Recalde para modificar la Ley de Contrato de Trabajo para incorporar como partícipes de las ganancias de una empresa a los trabajadores.

Durante las últimas semanas la Cámara alta le otorgó dictamen a varias iniciativas que, en principio, iban a ser debatidas en sesión especial del jueves 7 de julio. Ese día, el oficialismo pretendía aprobar el proyecto de ley impulsado por 16 gobernadores peronistas para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de cinco a 25. Sin embargo, y ante la renuencia de Juntos por el Cambio de tratar el tema, el Frente de Todos no pudo juntar el número necesario para sesionar y suspendió la reunión parlamentaria.

El proyecto, originalmente, iba a ser debatido en el pleno este jueves 14 de julio. Dos semanas antes, en plena sesión, el jefe del interbloque de senadores del oficialismo, José Mayans, anticipó el cambio de fecha argumentando que, ante el inicio del receso invernal escolar, iba a ser complicado encontrar pasajes para los legisladores que debían viajar desde el interior.

El proyecto para modificar el número de integrantes de la Corte quedará para, en principio, ser debatido en agosto, junto con varias iniciativas que ya obtuvieron dictamen en sus respectivas comisiones, entre ellas se encuentra el acuerdo para que designar formalmente a 62 funcionarios judiciales (entre jueces, camaristas y fiscales) de la Justicia Nacional, así como el proyecto venido en revisión de Diputados sobre asignaciones específicas para la industria de la cultura.

En la agenda parlamentaria también figuran otros dos proyectos de ley que aún deben obtener dictamen de comisión. Una de las iniciativas fue enviada por el Poder Ejecutivo en abril del año pasado y pretende modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Ese tema será debatido en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el miércoles 3 de agosto a las 11.

Finalmente, los senadores deberán continuar con el tratamiento de tres proyectos de ley (salidos del seno del Frente de Todos) que buscan modificar el mecanismo por el cual se llama a consulta popular.

Dos de ellos, los del neuquino Oscar Parrilli y la bonaerense Juliana Di Tullio, ya comenzaron a ser discutidos. El tercero, del jujeño Guillermo Snopek, será incorporado en la próxima reunión de comisiones.