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Legislativo

Quién es Lucila Crexell: votó la Ley Bases y como premio será embajadora en Canadá

Casi dos años después del escándalo que sacudió la sesión más tensa del Senado de la era Milei, el Gobierno formalizó el premio prometido a la ex senadora neuquina. El pliego ingresó al Congreso el 13 de marzo con las firmas de Milei y el canciller Quirno. La polémica de 2024 vuelve al centro de la escena.

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★ El gobierno de Javier Milei formalizó este mes lo que gran parte de la política argentina leyó como un acuerdo desde el primer día: el pliego de la ex senadora por Neuquén Lucila Crexell para ser designada embajadora en Canadá ingresó a la Cámara de Senadores el miércoles 11 de marzo, casi dos años después de que su voto favorable a la Ley Bases en junio de 2024 desatara uno de los escándalos más resonantes del período legislativo libertario. El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno y deberá pasar por la Comisión de Acuerdos, que preside el senador riojano Juan Carlos Pagotto, antes de llegar al recinto.

La secuencia que nadie olvidó

Para entender el presente hay que volver al 12 de junio de 2024. La sesión del Senado que trató la Ley Bases fue tensa y de resultado ajustado. La posición de Crexell era observada con especial atención porque su voto podía resultar decisivo para inclinar la balanza.

En ese contexto, trascendió que la Cancillería avanzaba con rapidez en un expediente para designarla como embajadora argentina ante la UNESCO, con sede en París. La información fue revelada inicialmente por el periodista Carlos Pagni y alimentó versiones sobre un eventual intercambio político entre el voto de la legisladora y un cargo diplomático.

El documento que circuló no dejaba mucho margen para la interpretación. Se trataba de un archivo del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) del Sector Público Nacional con un borrador de la designación, en el que constaba textualmente que «la señora Lucila Crexell será designada delegada permanente de la República ante la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, una vez obtenido el correspondiente acuerdo».

El pliego para la UNESCO entró al Senado a solo un día de la votación de la Ley Bases. El ex diputado Alejandro «Topo» Rodríguez sintetizó la lectura política dominante con una frase que recorrió el Congreso: «Más que la Banelco es la UNESCO.»

La denuncia penal y la causa que cayó en Lijo

La controversia no se quedó en el debate político. El abogado Federico Paruolo presentó una denuncia penal por el posible delito de cohecho por el supuesto canje del voto a la Ley Bases a cambio de la embajada. Por sorteo, la causa recayó en el juzgado del juez Ariel Lijo, candidateado por el propio Gobierno para integrar la Corte Suprema.

El argumento jurídico de la denuncia fue preciso: «Toda vez que no es posible que la senadora sea primero designada embajadora y luego vote, puesto que ello quitaría el control a quien da la dádiva, el mensaje que la propia Cancillería ‘filtró’ hace las veces de garantía de cumplimiento del acuerdo», argumentó Paruolo. «No ha sido una filtración inocente, sino la exteriorización de la voluntad del Poder Ejecutivo de cumplir el pago prometido a Crexell», añadió.

Se llegaron a abrir investigaciones por el tema. Sin embargo, según informaron fuentes del entorno de la ex senadora a La Nación este mes, las denuncias por sobornos quedaron archivadas.

La versión de Crexell: oferta anterior, voto independiente

Frente a la tormenta, Crexell sostuvo siempre la misma línea. «En abril de 2024 se retomó la posibilidad y me ofrecieron el lugar en la Unesco. Yo como legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales. Sí es verdad que hubo una oferta y una aceptación, pero no tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases», declaró en LN+ en el momento más álgido del escándalo. En el mismo sentido, ante las versiones de que la filtración del documento buscaba presionarla para que no votara a favor, Crexell respondió: «Si pensaban que con esto me iban a amedrentar, lo único que consiguieron es fidelizar mi voto al compromiso asumido.»

La secuencia de los hechos, sin embargo, habló por sí sola: Crexell votó a favor de la Ley Bases, la designación en la UNESCO se frenó por la polémica y, casi dos años después, tres meses después de haber concluido su mandato en el Congreso, el Ejecutivo envió su pliego como embajadora, esta vez con destino en Canadá.

De París a Ottawa: el mismo premio, otro destino

El cambio de destino tiene su propia lógica. Fuentes al tanto de la designación justificaron el nuevo destino en que Canadá tiene una fuerte ligazón con la energía y la minería, dos temas vinculados a la agenda de Crexell en su provincia, donde el sector minero está en plena expansión. La explicación técnica no disuelve la pregunta política: si el vínculo entre el voto y la embajada era inexistente en 2024, ¿qué explica que el premio llegue puntualmente a los tres meses de que Crexell dejara su banca sin posibilidad de ser útil legislativamente al oficialismo?

Vale el dato de contexto: la trayectoria de Crexell está ligada a una de las familias más influyentes de la política neuquina. Es nieta de Elías Sapag e hija de Luz Sapag, referentes históricos del Movimiento Popular Neuquino. Su mandato en la Cámara alta concluyó en diciembre de 2025 y con su salida se cerró una larga etapa de presencia de la familia Sapag en el Congreso, mantenida prácticamente ininterrumpida desde 1963.

El Senado vuelve a ser juez y parte

El trámite que se inicia este miércoles en el Senado tiene una ironía institucional difícil de ignorar: la misma Cámara que en 2024 debatió si Crexell debía abstenerse de votar la Ley Bases mientras existía la posibilidad de recibir un cargo diplomático que esa misma Cámara debía aprobar, es ahora la que deberá dar su acuerdo a esa designación. La polémica podría reactivarse cuando el Senado trate su nominación, primero en la Comisión de Acuerdos y luego cuando la someta a votación en el recinto. El kirchnerismo ya anticipó que el trámite no será tranquilo.

Puntos clave

  • El pliego de Crexell como embajadora en Canadá ingresó al Senado el 13 de marzo de 2026, con las firmas de Milei y el canciller Quirno.
  • Durante el debate de la Ley Bases en junio de 2024, un documento del GDE del Estado nacional reveló el inicio del trámite para designarla embajadora ante la UNESCO un día antes de la votación.
  • La denuncia penal por cohecho presentada por el abogado Federico Paruolo recayó en el juzgado de Ariel Lijo; según el entorno de Crexell, fue archivada.
  • Crexell negó siempre que su voto estuviera vinculado a la embajada, pero reconoció que hubo «una oferta y una aceptación» en abril de 2024.
  • El pliego deberá tratarse en la Comisión de Acuerdos presidida por Juan Carlos Pagotto antes de su votación en el recinto.

Judiciales ⚖️

El operativo boicot del oficialismo frenó la sesión por Adorni en Diputados

La oposición no logró reunir el quórum necesario para tratar la interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete. LLA acordó con el PRO, la UCR e Innovación Federal para bloquear la sesión y derivar los expedientes a una comisión sin plazos de dictamen. La oposición acusó a los aliados del Gobierno de cómplices.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni.

La oposición no pudo reunir los 129 diputados necesarios para sesionar y tratar la interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A las 14.31, con apenas 117 legisladores presentes, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por caída la sesión. El resultado fue el producto de un acuerdo previo entre La Libertad Avanza y los bloques del PRO, la UCR e Innovación Federal para boicotear el quórum y derivar los seis expedientes a comisión, sin plazos obligatorios de dictamen.

La sesión especial convocada por la oposición para este martes 23 de junio terminó antes de empezar. El número no alcanzó y la estrategia del oficialismo funcionó con precisión: ningún diputado del PRO, la UCR, el MID ni Innovación Federal ocupó su banca, bloqueando el mínimo de 129 legisladores requerido por el reglamento. La jugada se gestó en las 48 horas previas a la sesión, cuando el oficialismo y sus aliados acordaron derivar los expedientes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con reunión fijada para el martes 30 de junio.

El acuerdo que blindó a Adorni

La clave del boicot estuvo en una negociación silenciosa. LLA ofreció a los bloques aliados la apertura de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar los mismos seis expedientes vinculados al funcionario, sin obligación de dictaminar en plazos perentorios. El mecanismo garantiza al oficialismo el control de los tiempos parlamentarios: puede extender el debate hasta después del Mundial de fútbol y de las vacaciones de invierno, diluyendo la presión política sobre un jefe de Gabinete investigado judicialmente por enriquecimiento ilícito.

El objetivo inicial de la oposición era distinto: emplazar a las comisiones mediante mayoría simple con un cronograma urgente y plazos perentorios de dictamen. Al derivarse el tratamiento a la dinámica ordinaria de comisión, ese cronograma dejó de ser vinculante. Adorni quedó así protegido, al menos por ahora, de la obligación de concurrir al Congreso a dar las explicaciones que la oposición viene reclamando por su incremento patrimonial desde que asumió como funcionario público.

Los 117 que estuvieron: quiénes y quiénes no

Entre los 117 diputados presentes se contó la enorme mayoría del bloque de Unión por la Patria, los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los dos de la Coalición Cívica, un sector de Provincias Unidas, Miguel Pichetto, Marcela Pagano, Karina Banfi y algunos legisladores independientes. La ausencia más llamativa dentro del bloque de Provincias Unidas fue la de su jefa, Gisela Scaglia, junto a otros diputados que responden al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. La ausencia del PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal no sorprendió: era el resultado directo del acuerdo alcanzado con LLA.

Las voces de la oposición: «cómplices del delincuente»

Ya consumada la caída de la sesión, los diputados que permanecieron en el recinto iniciaron las expresiones de minoría y las críticas fueron contundentes. El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño enumeró los escandálos que no alcanzaron para mover a los aliados del Gobierno: las propiedades no declaradas, los pendrives, los flippers, las sábanas de 8 millones de pesos y los viajes que salieron a la luz. «Si no alcanzaba con todo lo que mencioné, Adorni confesó que no declaró miles de dólares. Lo dijo en televisión. Dijo que mintió en la declaración jurada. Y acá había dicho que había declarado todo. Le mintió al Parlamento y a todo el mundo», subrayó del Caño.

El jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, apuntó contra la contradicción pública de los aliados: el PRO, la UCR y el MID habían difundido comunicados criticando las mentiras y contradicciones de Adorni y advirtiendo que no podía permanecer en el cargo, pero en el recinto hicieron lo contrario. «Se dice una cosa en las redes y se hace otra cosa en el recinto. No es que esto no tiene costo. La totalidad del Congreso argentino y esta Cámara sí paga costos», señaló. «Tenemos un gobierno con una gran crisis política alrededor de este tema. La institución del jefe de Gabinete fue creada para funcionar como válvula de escape frente a estas situaciones. Esta crisis existe por más que la quieran meter abajo de la alfombra», agregó.

El diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola fue más directo: «Los que no están acá hoy son cómplices del delincuente, porque lo de la citación a comisiones es una maniobra para garantizar la complicidad». Pitrola recordó que con 129 diputados la oposición podía haber votado tanto la interpelación como la moción de censura en la sesión de este martes.

El Gobierno no sólo frustró la sesión, sino que ganó tiempo. La comisión de Asuntos Constitucionales no tiene obligación de dictaminar en plazos predeterminados, lo que le permite al oficialismo estirar el debate hasta que la presión mediada y el escrutinio público se disipen. La causa judicial que llevan adelante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por enriquecimiento ilícito continúa, sin embargo, independientemente del resultado parlamentario: la protección conseguida en Diputados no alcanza para detener la investigación penal en curso.

Lo que tenes que saber del Congreso hoy

  • La sesión especial para interpelar a Adorni se cayó a las 14.31 con apenas 117 diputados presentes, doce menos del mínimo requerido.
  • LLA acordó con el PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal para no dar quórum y derivar los expedientes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con reunión fijada para el 30 de junio.
  • El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño denunció que Adorni confesó públicamente haber mentido en su declaración jurada y que aun así los aliados del Gobierno se negaron a darle quórum a la oposición.
  • Germán Martínez (UxP) contrastó los comunicados críticos del PRO y la UCR contra Adorni con su ausencia en el recinto, calificando la actitud como una doble moral con costo institucional para toda la Cámara.
  • La causa penal por enriquecimiento ilícito que instruyen el juez Lijo y el fiscal Pollicita continúa al margen del resultado parlamentario.

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