Legislativo
Quién es Lucila Crexell: votó la Ley Bases y como premio será embajadora en Canadá
Casi dos años después del escándalo que sacudió la sesión más tensa del Senado de la era Milei, el Gobierno formalizó el premio prometido a la ex senadora neuquina. El pliego ingresó al Congreso el 13 de marzo con las firmas de Milei y el canciller Quirno. La polémica de 2024 vuelve al centro de la escena.
★ El gobierno de Javier Milei formalizó este mes lo que gran parte de la política argentina leyó como un acuerdo desde el primer día: el pliego de la ex senadora por Neuquén Lucila Crexell para ser designada embajadora en Canadá ingresó a la Cámara de Senadores el miércoles 11 de marzo, casi dos años después de que su voto favorable a la Ley Bases en junio de 2024 desatara uno de los escándalos más resonantes del período legislativo libertario. El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno y deberá pasar por la Comisión de Acuerdos, que preside el senador riojano Juan Carlos Pagotto, antes de llegar al recinto.
La secuencia que nadie olvidó
Para entender el presente hay que volver al 12 de junio de 2024. La sesión del Senado que trató la Ley Bases fue tensa y de resultado ajustado. La posición de Crexell era observada con especial atención porque su voto podía resultar decisivo para inclinar la balanza.
En ese contexto, trascendió que la Cancillería avanzaba con rapidez en un expediente para designarla como embajadora argentina ante la UNESCO, con sede en París. La información fue revelada inicialmente por el periodista Carlos Pagni y alimentó versiones sobre un eventual intercambio político entre el voto de la legisladora y un cargo diplomático.
El documento que circuló no dejaba mucho margen para la interpretación. Se trataba de un archivo del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) del Sector Público Nacional con un borrador de la designación, en el que constaba textualmente que «la señora Lucila Crexell será designada delegada permanente de la República ante la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, una vez obtenido el correspondiente acuerdo».
El pliego para la UNESCO entró al Senado a solo un día de la votación de la Ley Bases. El ex diputado Alejandro «Topo» Rodríguez sintetizó la lectura política dominante con una frase que recorrió el Congreso: «Más que la Banelco es la UNESCO.»
La denuncia penal y la causa que cayó en Lijo
La controversia no se quedó en el debate político. El abogado Federico Paruolo presentó una denuncia penal por el posible delito de cohecho por el supuesto canje del voto a la Ley Bases a cambio de la embajada. Por sorteo, la causa recayó en el juzgado del juez Ariel Lijo, candidateado por el propio Gobierno para integrar la Corte Suprema.
El argumento jurídico de la denuncia fue preciso: «Toda vez que no es posible que la senadora sea primero designada embajadora y luego vote, puesto que ello quitaría el control a quien da la dádiva, el mensaje que la propia Cancillería ‘filtró’ hace las veces de garantía de cumplimiento del acuerdo», argumentó Paruolo. «No ha sido una filtración inocente, sino la exteriorización de la voluntad del Poder Ejecutivo de cumplir el pago prometido a Crexell», añadió.
Se llegaron a abrir investigaciones por el tema. Sin embargo, según informaron fuentes del entorno de la ex senadora a La Nación este mes, las denuncias por sobornos quedaron archivadas.
La versión de Crexell: oferta anterior, voto independiente
Frente a la tormenta, Crexell sostuvo siempre la misma línea. «En abril de 2024 se retomó la posibilidad y me ofrecieron el lugar en la Unesco. Yo como legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales. Sí es verdad que hubo una oferta y una aceptación, pero no tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases», declaró en LN+ en el momento más álgido del escándalo. En el mismo sentido, ante las versiones de que la filtración del documento buscaba presionarla para que no votara a favor, Crexell respondió: «Si pensaban que con esto me iban a amedrentar, lo único que consiguieron es fidelizar mi voto al compromiso asumido.»
La secuencia de los hechos, sin embargo, habló por sí sola: Crexell votó a favor de la Ley Bases, la designación en la UNESCO se frenó por la polémica y, casi dos años después, tres meses después de haber concluido su mandato en el Congreso, el Ejecutivo envió su pliego como embajadora, esta vez con destino en Canadá.
De París a Ottawa: el mismo premio, otro destino
El cambio de destino tiene su propia lógica. Fuentes al tanto de la designación justificaron el nuevo destino en que Canadá tiene una fuerte ligazón con la energía y la minería, dos temas vinculados a la agenda de Crexell en su provincia, donde el sector minero está en plena expansión. La explicación técnica no disuelve la pregunta política: si el vínculo entre el voto y la embajada era inexistente en 2024, ¿qué explica que el premio llegue puntualmente a los tres meses de que Crexell dejara su banca sin posibilidad de ser útil legislativamente al oficialismo?
Vale el dato de contexto: la trayectoria de Crexell está ligada a una de las familias más influyentes de la política neuquina. Es nieta de Elías Sapag e hija de Luz Sapag, referentes históricos del Movimiento Popular Neuquino. Su mandato en la Cámara alta concluyó en diciembre de 2025 y con su salida se cerró una larga etapa de presencia de la familia Sapag en el Congreso, mantenida prácticamente ininterrumpida desde 1963.
El Senado vuelve a ser juez y parte
El trámite que se inicia este miércoles en el Senado tiene una ironía institucional difícil de ignorar: la misma Cámara que en 2024 debatió si Crexell debía abstenerse de votar la Ley Bases mientras existía la posibilidad de recibir un cargo diplomático que esa misma Cámara debía aprobar, es ahora la que deberá dar su acuerdo a esa designación. La polémica podría reactivarse cuando el Senado trate su nominación, primero en la Comisión de Acuerdos y luego cuando la someta a votación en el recinto. El kirchnerismo ya anticipó que el trámite no será tranquilo.
Puntos clave
- El pliego de Crexell como embajadora en Canadá ingresó al Senado el 13 de marzo de 2026, con las firmas de Milei y el canciller Quirno.
- Durante el debate de la Ley Bases en junio de 2024, un documento del GDE del Estado nacional reveló el inicio del trámite para designarla embajadora ante la UNESCO un día antes de la votación.
- La denuncia penal por cohecho presentada por el abogado Federico Paruolo recayó en el juzgado de Ariel Lijo; según el entorno de Crexell, fue archivada.
- Crexell negó siempre que su voto estuviera vinculado a la embajada, pero reconoció que hubo «una oferta y una aceptación» en abril de 2024.
- El pliego deberá tratarse en la Comisión de Acuerdos presidida por Juan Carlos Pagotto antes de su votación en el recinto.
Legislativo
Venta de tierras a extranjeros: Bullrich y Sturzenegger cierran filas para el cuarto intento en el Senado
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada naufragó cuatro veces en el Senado y acumula quince modificaciones. Con la sesión fijada para el 6 de agosto, la senadora libertaria y el ministro de Desregulación se reunieron para destrabar las diferencias, mientras la oposición y sectores del propio oficialismo alertan sobre el riesgo para la soberanía territorial.
Minutos antes de las cuatro de la tarde, con el Congreso casi vacío por el receso invernal, Federico Sturzenegger llegó al Senado de la Nación junto al secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. El objetivo era reunirse con Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la cámara alta, para intentar resolver los cortocircuitos que derivaron, la semana pasada, en el levantamiento de la sesión prevista para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, que habilita la compra de tierras argentinas por extranjeros sin límites, acumula cuatro intentos fallidos y quince versiones del texto. El Senado fijó el 6 de agosto como nueva fecha para el debate.
El detonante: federalismo o centralismo a la medida de Milei
El eje del conflicto interno fue la autonomía provincial para avalar o rechazar la venta de tierras a extranjeros. La senadora salteña Flavia Royón y una parte del radicalismo impulsaron un régimen de habilitación provincial para esas operaciones, propuesta incorporada en el último borrador que circuló antes de la sesión frustrada. Sturzenegger la rechazó. La interna fue pública y dejó a Bullrich negociando entre dos fuegos: el ministro de la motosierra y los aliados parlamentarios que necesita para sumar votos. La senadora se vio obligada a pedir un cuarto intermedio para evitar que el trabajo parlamentario acumulado desde mayo colapsara.
Tras el encuentro, Bullrich reconoció ante los periodistas que el ministro «aceptó las modificaciones» y explicó que los cambios apuntaban a «una mirada mucho más federal respecto del uso de la tierra». Sin embargo, el poroteo que circuló entre el oficialismo anticipó problemas para la votación en particular: los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se inclinarían a votar en contra. Misiones es, junto a Salta, una de las provincias con mayor porcentaje de tierras en manos extranjeras, según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia.
Una Constitución de uso selectivo
Bullrich defendió el proyecto amparándose en el artículo 20 de la Constitución Nacional, que garantiza a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos. «La soberanía está absolutamente resguardada», afirmó la senadora, y agregó que «uno no tiene limitaciones en los departamentos que posee o en las hectáreas. Es un concepto de propiedad, no de soberanía». La interpretación choca con los propios actos del oficialismo: el DNU 366/2025, que habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, invoca implícitamente la distinción entre ciudadanos y extranjeros que Bullrich ahora descarta cuando se trata de tierra. En la Legislatura bonaerense, el diputado libertario Agustín Romo presentó un proyecto para que los extranjeros sin residencia permanente paguen por el uso de hospitales públicos y universidades provinciales. El doble estándar es evidente: sin papeles, no accedés a la salud; con dólares, podés comprar territorio sin tope.
Lo que el proyecto elimina y lo que protege
La ley que el Gobierno impulsa busca derogar los límites establecidos por la Ley 26.737, vigente desde 2011. En términos concretos, elimina los topes sobre departamentos donde la extranjerización ya supera el 40 o el 50 por ciento; eso incluye zonas cordilleranas donde se concentran recursos estratégicos como el litio, el petróleo, los minerales críticos y los pasos bioceánicos. También suprime el porcentaje máximo por nacionalidad, un artículo que cobra relevancia dado que Estados Unidos es uno de los principales países de origen de los capitales extranjeros que poseen tierras rurales en Argentina.
Un estudio del CONICET y la UBA publicado en enero de 2026 reveló que 13 millones de hectáreas argentinas ya se encuentran en manos extranjeras y que 36 departamentos del país superaban el tope legal vigente. El proyecto de Milei no plantea revertir esa tendencia; la consolida sin freno normativo.
El andamiaje para los tecno-ricos que Milei admira
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no opera en el vacío. Junto con el Súper RIGI, la reforma de la Ley de Glaciares y la reforma de la Ley de Sociedades, constituye el paquete normativo diseñado para atraer a los grandes capitales de Silicon Valley que el presidente Javier Milei frecuenta y admira. La alarma llegó desde adentro del propio espacio opositor no kirchnerista: el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió en su cuenta de X que el modelo empuja hacia «una plutocracia, donde determinadas corporaciones concentran niveles crecientes de influencia, información privilegiada y capacidad de decisión sobre asuntos del Estado, derivando en una suerte de totalitarismo privado. Todo ello es incompatible y peligroso para una democracia republicana».
En las redes sociales comenzó a gestarse una convocatoria para el 6 de agosto, el día en que el Senado prevé volver a intentar aprobar la iniciativa. El recuerdo de movilizaciones previas contra proyectos similares, y la acumulación de cuatro intentos frustrados, sugieren que la resistencia social no está dispuesta a ceder terreno, literalmente.
Puntos clave
- El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada acumula cuatro sesiones frustradas y quince versiones del texto desde su dictamen en mayo.
- Sturzenegger y Bullrich se reunieron para destrabar diferencias sobre autonomía provincial en la venta de tierras a extranjeros; el Senado intentará aprobarlo el 6 de agosto.
- El proyecto elimina los topes a la extranjerización en zonas con recursos estratégicos como litio, petróleo y pasos bioceánicos.
- Un estudio del CONICET/UBA de enero de 2026 identificó 13 millones de hectáreas ya en manos extranjeras y 36 departamentos que superan el límite legal vigente.
- El gobierno aplica la Constitución de forma selectiva: sin límites para que millonarios extranjeros compren tierra, pero con aranceles y restricciones para migrantes que buscan salud y educación.
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