Legislativo
Quién es Lucila Crexell: votó la Ley Bases y como premio será embajadora en Canadá
Casi dos años después del escándalo que sacudió la sesión más tensa del Senado de la era Milei, el Gobierno formalizó el premio prometido a la ex senadora neuquina. El pliego ingresó al Congreso el 13 de marzo con las firmas de Milei y el canciller Quirno. La polémica de 2024 vuelve al centro de la escena.
★ El gobierno de Javier Milei formalizó este mes lo que gran parte de la política argentina leyó como un acuerdo desde el primer día: el pliego de la ex senadora por Neuquén Lucila Crexell para ser designada embajadora en Canadá ingresó a la Cámara de Senadores el miércoles 11 de marzo, casi dos años después de que su voto favorable a la Ley Bases en junio de 2024 desatara uno de los escándalos más resonantes del período legislativo libertario. El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno y deberá pasar por la Comisión de Acuerdos, que preside el senador riojano Juan Carlos Pagotto, antes de llegar al recinto.
La secuencia que nadie olvidó
Para entender el presente hay que volver al 12 de junio de 2024. La sesión del Senado que trató la Ley Bases fue tensa y de resultado ajustado. La posición de Crexell era observada con especial atención porque su voto podía resultar decisivo para inclinar la balanza.
En ese contexto, trascendió que la Cancillería avanzaba con rapidez en un expediente para designarla como embajadora argentina ante la UNESCO, con sede en París. La información fue revelada inicialmente por el periodista Carlos Pagni y alimentó versiones sobre un eventual intercambio político entre el voto de la legisladora y un cargo diplomático.
El documento que circuló no dejaba mucho margen para la interpretación. Se trataba de un archivo del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) del Sector Público Nacional con un borrador de la designación, en el que constaba textualmente que «la señora Lucila Crexell será designada delegada permanente de la República ante la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, una vez obtenido el correspondiente acuerdo».
El pliego para la UNESCO entró al Senado a solo un día de la votación de la Ley Bases. El ex diputado Alejandro «Topo» Rodríguez sintetizó la lectura política dominante con una frase que recorrió el Congreso: «Más que la Banelco es la UNESCO.»
La denuncia penal y la causa que cayó en Lijo
La controversia no se quedó en el debate político. El abogado Federico Paruolo presentó una denuncia penal por el posible delito de cohecho por el supuesto canje del voto a la Ley Bases a cambio de la embajada. Por sorteo, la causa recayó en el juzgado del juez Ariel Lijo, candidateado por el propio Gobierno para integrar la Corte Suprema.
El argumento jurídico de la denuncia fue preciso: «Toda vez que no es posible que la senadora sea primero designada embajadora y luego vote, puesto que ello quitaría el control a quien da la dádiva, el mensaje que la propia Cancillería ‘filtró’ hace las veces de garantía de cumplimiento del acuerdo», argumentó Paruolo. «No ha sido una filtración inocente, sino la exteriorización de la voluntad del Poder Ejecutivo de cumplir el pago prometido a Crexell», añadió.
Se llegaron a abrir investigaciones por el tema. Sin embargo, según informaron fuentes del entorno de la ex senadora a La Nación este mes, las denuncias por sobornos quedaron archivadas.
La versión de Crexell: oferta anterior, voto independiente
Frente a la tormenta, Crexell sostuvo siempre la misma línea. «En abril de 2024 se retomó la posibilidad y me ofrecieron el lugar en la Unesco. Yo como legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales. Sí es verdad que hubo una oferta y una aceptación, pero no tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases», declaró en LN+ en el momento más álgido del escándalo. En el mismo sentido, ante las versiones de que la filtración del documento buscaba presionarla para que no votara a favor, Crexell respondió: «Si pensaban que con esto me iban a amedrentar, lo único que consiguieron es fidelizar mi voto al compromiso asumido.»
La secuencia de los hechos, sin embargo, habló por sí sola: Crexell votó a favor de la Ley Bases, la designación en la UNESCO se frenó por la polémica y, casi dos años después, tres meses después de haber concluido su mandato en el Congreso, el Ejecutivo envió su pliego como embajadora, esta vez con destino en Canadá.
De París a Ottawa: el mismo premio, otro destino
El cambio de destino tiene su propia lógica. Fuentes al tanto de la designación justificaron el nuevo destino en que Canadá tiene una fuerte ligazón con la energía y la minería, dos temas vinculados a la agenda de Crexell en su provincia, donde el sector minero está en plena expansión. La explicación técnica no disuelve la pregunta política: si el vínculo entre el voto y la embajada era inexistente en 2024, ¿qué explica que el premio llegue puntualmente a los tres meses de que Crexell dejara su banca sin posibilidad de ser útil legislativamente al oficialismo?
Vale el dato de contexto: la trayectoria de Crexell está ligada a una de las familias más influyentes de la política neuquina. Es nieta de Elías Sapag e hija de Luz Sapag, referentes históricos del Movimiento Popular Neuquino. Su mandato en la Cámara alta concluyó en diciembre de 2025 y con su salida se cerró una larga etapa de presencia de la familia Sapag en el Congreso, mantenida prácticamente ininterrumpida desde 1963.
El Senado vuelve a ser juez y parte
El trámite que se inicia este miércoles en el Senado tiene una ironía institucional difícil de ignorar: la misma Cámara que en 2024 debatió si Crexell debía abstenerse de votar la Ley Bases mientras existía la posibilidad de recibir un cargo diplomático que esa misma Cámara debía aprobar, es ahora la que deberá dar su acuerdo a esa designación. La polémica podría reactivarse cuando el Senado trate su nominación, primero en la Comisión de Acuerdos y luego cuando la someta a votación en el recinto. El kirchnerismo ya anticipó que el trámite no será tranquilo.
Puntos clave
- El pliego de Crexell como embajadora en Canadá ingresó al Senado el 13 de marzo de 2026, con las firmas de Milei y el canciller Quirno.
- Durante el debate de la Ley Bases en junio de 2024, un documento del GDE del Estado nacional reveló el inicio del trámite para designarla embajadora ante la UNESCO un día antes de la votación.
- La denuncia penal por cohecho presentada por el abogado Federico Paruolo recayó en el juzgado de Ariel Lijo; según el entorno de Crexell, fue archivada.
- Crexell negó siempre que su voto estuviera vinculado a la embajada, pero reconoció que hubo «una oferta y una aceptación» en abril de 2024.
- El pliego deberá tratarse en la Comisión de Acuerdos presidida por Juan Carlos Pagotto antes de su votación en el recinto.
Legislativo
Bregman convoca a movilizar al Congreso: «El gobierno y los jueces se ríen de nosotros»
La diputada del Frente de Izquierda llamó a movilizarse frente al Congreso el 15 de octubre, denunciando que el Poder Judicial actúa en sintonía con el gobierno de Milei y no como árbitro independiente. La frase condensa un clima político que viene creciendo: la impunidad como regla y la calle como única respuesta posible.
«Basta de que el gobierno y los jueces se rían de nosotros. El 15 de octubre tenemos que estar todos y todas frente al Congreso.» Con esa frase directa y sin eufemismos, la diputada nacional Myriam Bregman lanzó una convocatoria a movilizarse que circula en redes sociales y que condensa en pocas palabras una temperatura política que viene acumulándose: la percepción extendida en la oposición y en amplios sectores sociales de que la Justicia opera en sintonía con el poder, no como contrapeso.
Bregman es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), abogada con trayectoria en causas de derechos humanos y una de las voces más activas en el rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. Su declaración, publicada en la red social Threads, coloca en el mismo banco al Ejecutivo y al Poder Judicial, a quienes acusa de actuar en perjuicio de la ciudadanía y sin rendir cuentas ante nadie.
Un diagnóstico compartido: la Justicia como problema político
La declaración de Bregman no surge del vacío. La relación entre el Poder Judicial federal y el gobierno de Milei es uno de los nudos más tensos de la política argentina actual. Por un lado, el oficialismo envió al Senado cientos de pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos en un proceso de designaciones que la oposición cuestiona por su velocidad y por la falta de debate genuino sobre los perfiles propuestos. Por otro, causas que involucran a funcionarios del gobierno libertario, como las investigaciones en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la causa $Libra y los expedientes por enriquecimiento ilícito de funcionarios del gabinete, avanzan con una lentitud que contrasta con el ritmo de otras causas.
Ese cuadro alimenta una percepción que Bregman articula con claridad: cuando la Justicia no investiga a quienes gobiernan y simultáneamente actúa contra opositores o sectores vulnerables, pierde su condición de árbitro independiente y se convierte en un instrumento de poder. No es una lectura nueva en la política argentina, pero adquiere nueva urgencia en un contexto donde el ajuste fiscal golpea a la mayoría mientras los escándalos de corrupción se acumulan sin condenas.
La calle como respuesta a la impunidad
La convocatoria al Congreso para el 15 de octubre no es solo un gesto simbólico. En la tradición política argentina, la movilización frente al Congreso es el recurso de quienes sienten que los canales institucionales están cerrados o capturados. Bregman lo sabe y lo elige conscientemente: frente a una Justicia que, según su diagnóstico, «se ríe» de la ciudadanía, la respuesta es la presencia masiva en el espacio público.
El FIT-U viene sosteniendo una posición de oposición sin concesiones al gobierno de Milei desde el inicio de su gestión. A diferencia de otros bloques opositores que negociaron apoyos puntuales al oficialismo, el Frente de Izquierda no le votó ninguna medida de relevancia al gobierno libertario. Esa consistencia le da a Bregman una autoridad moral específica cuando llama a la calle: no convoca desde la comodidad de quien eventualmente cedió, sino desde una oposición sostenida en el recinto y fuera de él.
El Congreso como escenario de disputa
Elegir el Congreso como punto de concentración tiene una carga simbólica precisa. Es el lugar donde se aprueban los pliegos judiciales, donde se vota o se bloquea la legislación que define quiénes pueden ser procesados y con qué garantías, y donde las mayorías parlamentarias deciden qué causas avanzar y cuáles frenar. La convocatoria de Bregman instala la pregunta de fondo que el oficialismo prefiere no responder: ¿a quiénes sirven los jueces que el gobierno designa?
En ese marco, la frase «que el gobierno y los jueces se ríen de nosotros» es también una lectura sobre la impunidad como sistema. Cuando los funcionarios acumulan denuncias y las investigaciones no avanzan, y cuando simultáneamente la Justicia actúa con celeridad contra quienes protestan o reclaman, la ecuación se hace insostenible para cualquier noción básica de igualdad ante la ley. Bregman lo dice en público y convoca a decirlo en la calle. La pregunta es cuántos la escuchan.
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