Legislativo
Quién es Lucila Crexell: votó la Ley Bases y como premio será embajadora en Canadá
Casi dos años después del escándalo que sacudió la sesión más tensa del Senado de la era Milei, el Gobierno formalizó el premio prometido a la ex senadora neuquina. El pliego ingresó al Congreso el 13 de marzo con las firmas de Milei y el canciller Quirno. La polémica de 2024 vuelve al centro de la escena.
★ El gobierno de Javier Milei formalizó este mes lo que gran parte de la política argentina leyó como un acuerdo desde el primer día: el pliego de la ex senadora por Neuquén Lucila Crexell para ser designada embajadora en Canadá ingresó a la Cámara de Senadores el miércoles 11 de marzo, casi dos años después de que su voto favorable a la Ley Bases en junio de 2024 desatara uno de los escándalos más resonantes del período legislativo libertario. El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno y deberá pasar por la Comisión de Acuerdos, que preside el senador riojano Juan Carlos Pagotto, antes de llegar al recinto.
La secuencia que nadie olvidó
Para entender el presente hay que volver al 12 de junio de 2024. La sesión del Senado que trató la Ley Bases fue tensa y de resultado ajustado. La posición de Crexell era observada con especial atención porque su voto podía resultar decisivo para inclinar la balanza.
En ese contexto, trascendió que la Cancillería avanzaba con rapidez en un expediente para designarla como embajadora argentina ante la UNESCO, con sede en París. La información fue revelada inicialmente por el periodista Carlos Pagni y alimentó versiones sobre un eventual intercambio político entre el voto de la legisladora y un cargo diplomático.
El documento que circuló no dejaba mucho margen para la interpretación. Se trataba de un archivo del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) del Sector Público Nacional con un borrador de la designación, en el que constaba textualmente que «la señora Lucila Crexell será designada delegada permanente de la República ante la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, una vez obtenido el correspondiente acuerdo».
El pliego para la UNESCO entró al Senado a solo un día de la votación de la Ley Bases. El ex diputado Alejandro «Topo» Rodríguez sintetizó la lectura política dominante con una frase que recorrió el Congreso: «Más que la Banelco es la UNESCO.»
La denuncia penal y la causa que cayó en Lijo
La controversia no se quedó en el debate político. El abogado Federico Paruolo presentó una denuncia penal por el posible delito de cohecho por el supuesto canje del voto a la Ley Bases a cambio de la embajada. Por sorteo, la causa recayó en el juzgado del juez Ariel Lijo, candidateado por el propio Gobierno para integrar la Corte Suprema.
El argumento jurídico de la denuncia fue preciso: «Toda vez que no es posible que la senadora sea primero designada embajadora y luego vote, puesto que ello quitaría el control a quien da la dádiva, el mensaje que la propia Cancillería ‘filtró’ hace las veces de garantía de cumplimiento del acuerdo», argumentó Paruolo. «No ha sido una filtración inocente, sino la exteriorización de la voluntad del Poder Ejecutivo de cumplir el pago prometido a Crexell», añadió.
Se llegaron a abrir investigaciones por el tema. Sin embargo, según informaron fuentes del entorno de la ex senadora a La Nación este mes, las denuncias por sobornos quedaron archivadas.
La versión de Crexell: oferta anterior, voto independiente
Frente a la tormenta, Crexell sostuvo siempre la misma línea. «En abril de 2024 se retomó la posibilidad y me ofrecieron el lugar en la Unesco. Yo como legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales. Sí es verdad que hubo una oferta y una aceptación, pero no tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases», declaró en LN+ en el momento más álgido del escándalo. En el mismo sentido, ante las versiones de que la filtración del documento buscaba presionarla para que no votara a favor, Crexell respondió: «Si pensaban que con esto me iban a amedrentar, lo único que consiguieron es fidelizar mi voto al compromiso asumido.»
La secuencia de los hechos, sin embargo, habló por sí sola: Crexell votó a favor de la Ley Bases, la designación en la UNESCO se frenó por la polémica y, casi dos años después, tres meses después de haber concluido su mandato en el Congreso, el Ejecutivo envió su pliego como embajadora, esta vez con destino en Canadá.
De París a Ottawa: el mismo premio, otro destino
El cambio de destino tiene su propia lógica. Fuentes al tanto de la designación justificaron el nuevo destino en que Canadá tiene una fuerte ligazón con la energía y la minería, dos temas vinculados a la agenda de Crexell en su provincia, donde el sector minero está en plena expansión. La explicación técnica no disuelve la pregunta política: si el vínculo entre el voto y la embajada era inexistente en 2024, ¿qué explica que el premio llegue puntualmente a los tres meses de que Crexell dejara su banca sin posibilidad de ser útil legislativamente al oficialismo?
Vale el dato de contexto: la trayectoria de Crexell está ligada a una de las familias más influyentes de la política neuquina. Es nieta de Elías Sapag e hija de Luz Sapag, referentes históricos del Movimiento Popular Neuquino. Su mandato en la Cámara alta concluyó en diciembre de 2025 y con su salida se cerró una larga etapa de presencia de la familia Sapag en el Congreso, mantenida prácticamente ininterrumpida desde 1963.
El Senado vuelve a ser juez y parte
El trámite que se inicia este miércoles en el Senado tiene una ironía institucional difícil de ignorar: la misma Cámara que en 2024 debatió si Crexell debía abstenerse de votar la Ley Bases mientras existía la posibilidad de recibir un cargo diplomático que esa misma Cámara debía aprobar, es ahora la que deberá dar su acuerdo a esa designación. La polémica podría reactivarse cuando el Senado trate su nominación, primero en la Comisión de Acuerdos y luego cuando la someta a votación en el recinto. El kirchnerismo ya anticipó que el trámite no será tranquilo.
Puntos clave
- El pliego de Crexell como embajadora en Canadá ingresó al Senado el 13 de marzo de 2026, con las firmas de Milei y el canciller Quirno.
- Durante el debate de la Ley Bases en junio de 2024, un documento del GDE del Estado nacional reveló el inicio del trámite para designarla embajadora ante la UNESCO un día antes de la votación.
- La denuncia penal por cohecho presentada por el abogado Federico Paruolo recayó en el juzgado de Ariel Lijo; según el entorno de Crexell, fue archivada.
- Crexell negó siempre que su voto estuviera vinculado a la embajada, pero reconoció que hubo «una oferta y una aceptación» en abril de 2024.
- El pliego deberá tratarse en la Comisión de Acuerdos presidida por Juan Carlos Pagotto antes de su votación en el recinto.
Economía 💲
El secreto que duró dos años: Bausili confirmó en el Senado que el oro argentino está en Suiza
El presidente del Banco Central confirmó ante el Senado que parte de los lingotes de oro de las reservas nacionales fueron trasladados en 2024 al Bank for International Settlements (BIS), con sede en Suiza, donde permanecen depositados. La revelación, que el gobierno había mantenido bajo reserva durante dos años, llegó a raíz de una pregunta de la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio y en el marco del debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
El gobierno de Javier Milei guardó durante más de dos años un silencio que la oposición calificó de inexplicable: el destino de parte de las reservas de oro del Banco Central, trasladadas al exterior durante 2024. Recién el 9 de septiembre de 2026, ante las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, el propio presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, reveló que esos lingotes se encuentran depositados en el Bank for International Settlements (BIS), el organismo multilateral con sede en Suiza que funciona como banco de bancos centrales.
La pregunta la hizo la senadora nacional por Buenos Aires Juliana Di Tullio, integrante de Unión por la Patria, quien desde hacía dos años reclamaba respuesta a pedidos de acceso a la información pública sin que el gobierno le respondiera. «¿Qué carajos hicieron con las 13 toneladas de oro?», disparó Di Tullio, según consignaron medios presentes en la sesión. Fue en ese contexto que Bausili tomó la palabra y brindó la primera explicación oficial sobre el destino del metal.
Una «oportunidad de mercado» que durmió dos años en secreto
La explicación de Bausili construyó una narrativa técnica sobre la decisión: el BCRA contaba con dos tipos de tenencias de oro, una parte física depositada en sus propias bóvedas y otra que ya se encontraba en el BIS. En 2024, según el funcionario, las condiciones del mercado internacional del oro abrieron una ventana para convertir lingotes de menor aceptación comercial en otros de mayor pureza y mejor liquidez, a un costo inferior al histórico. «Se trasladó y se depositó en el BIS de Suiza, que es donde siguen estando», precisó.
«A nosotros se nos dio la circunstancia a principios de 2024 de que había alta demanda por lingotes de oro en el mercado de oro y en ese contexto se bajaron los costos asociados con la aceptación de lingotes viejos de calidad más dudosa o más cuestionable o más difícil de analizar», explicó Bausili. Y añadió: «Tomamos una oportunidad. Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo mucho más bajo del histórico, convertir esos oros de calidad más baja en oro de calidad más alta».
Lo que Bausili no explicó con la misma fluidez fue por qué esa operación, presentada como una rutina de administración de activos, permaneció sin comunicación oficial durante más de dos años, hasta que la presión parlamentaria lo obligó a dar la cara.
El silencio y la «sensibilidad» de los datos
Para justificar la falta de información pública, Bausili invocó razones estratégicas: divulgar las posiciones del BCRA en el mercado podría facilitar que otros actores operen en contra de los intereses de la entidad y encarezcan las transacciones. «Hay cierta información que se resguarda del mercado para que no le estén operando constantemente en contra», sostuvo, según informó El Economista.
El argumento, sin embargo, choca con una realidad política: Di Tullio había presentado pedidos formales de acceso a la información pública, un mecanismo de control parlamentario garantizado por la Ley 27.275, y el Poder Ejecutivo los ignoró durante dos años. La «sensibilidad» del dato no alcanza como justificativo legal frente a una obligación de respuesta que el gobierno incumplió sistemáticamente.
Bausili defendió además la trazabilidad de las operaciones y afirmó que los movimientos del oro fueron revisados por auditorías internas, externas y por la Auditoría General de la Nación (AGN) para los ejercicios 2023, 2024 y 2025. «2023, 2024 y 2025 están y no tienen comentarios», sostuvo. Sin embargo, Di Tullio volvió sobre el asunto tras la exposición del funcionario para señalar que la AGN indicó que no existe trazabilidad sobre lo que se hizo con el oro, en aparente contradicción con lo expuesto por el titular del BCRA.
La reforma del BCRA: el telón de fondo
La revelación sobre el oro no fue el único dato relevante de la jornada en el Senado. La exposición de Bausili y del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, se encuadró en el debate por la reforma de la Carta Orgánica de la entidad, que busca concentrar el mandato del Banco Central exclusivamente en la preservación del valor de la moneda y limitar de manera drástica los mecanismos de financiamiento al Tesoro. El proyecto avanzó con dictamen de mayoría en la Cámara.
Werning estimó en 550.000 millones de dólares el daño patrimonial acumulado por el histórico financiamiento del Banco Central al Tesoro, una cifra que el oficialismo utilizó como argumento para defender la reforma. Bausili fue más explícito: «Ni siquiera se pudo cumplir el número uno, que era preservar el valor de la moneda», dijo en referencia a los cinco objetivos vigentes desde la reforma kirchnerista de 2012, que la actual gestión pretende reemplazar por un mandato único.
La combinación de ambos debates, el destino del oro y la nueva arquitectura institucional del BCRA, reveló la lógica de fondo del proyecto libertario: reducir el margen de maniobra de cualquier gobierno futuro sobre los activos externos y la política monetaria, mientras el oro ya trasladado al exterior permanece bajo custodia de un organismo multilateral sin que el Congreso haya sido informado en tiempo y forma.
Bausili intentó desactivar las sospechas con una frase que sintetizó la postura oficial frente a dos años de silencio: «Lo que pasa es que es atractivo armar una telenovela o una conspiración alrededor de esa historia, pero la historia es muy simple, muy lineal y está toda documentada».
Puntos clave
- El presidente del BCRA, Santiago Bausili, confirmó ante el Senado que parte del oro de las reservas fue trasladado en 2024 al BIS, con sede en Suiza.
- El gobierno mantuvo la operación bajo reserva durante más de dos años, ignorando pedidos formales de información parlamentaria.
- La senadora Juliana Di Tullio señaló que la Auditoría General de la Nación indica que no existe trazabilidad sobre los movimientos del oro, en contradicción con los dichos de Bausili.
- La revelación se produjo en el marco del debate por la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que avanzó con dictamen de mayoría.
- Vladimir Werning estimó en 550.000 millones de dólares el daño patrimonial acumulado por el financiamiento del Banco Central al Tesoro.
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