★ En el límite del plazo legal, el Gobierno envió al Congreso el DNU 941/2025, con el que reformó la Ley de Inteligencia Nacional en el último día del año, aprovechando el inicio del receso parlamentario. El decreto amplía las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia para vigilar, perseguir y hasta detener personas, algo que constitucionalistas calificaron como ilegal. Sin embargo, el juez de feria Walter Lara Correa rechazó habilitar el tratamiento de los cinco amparos presentados para suspender de inmediato los efectos del DNU.

«La habilitación no deviene de automática aplicación por el solo hecho de tratarse de medidas cautelares», argumentó el magistrado. Será entonces la oposición en el Congreso la que deberá avanzar en el rechazo de la norma una vez que se cumplan los plazos legales.

Plazos legislativos y bicamerales incompletas

A partir del ingreso, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene otros diez días hábiles para tratarlo. Sin embargo, pese a los reclamos realizados desde los bloques opositores, ni la vicepresidenta Victoria Villarruel ni el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se ocuparon de completar la conformación de esa comisión. Tampoco de la de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que debería intervenir en este caso.

Desde la Casa Rosada dejaron trascender que no planean hacerlo hasta el inicio de las sesiones ordinarias, en marzo. De todos modos, cumplidos los diez días hábiles, el 29 de enero, ambas cámaras estarán en condiciones de tratarlo con el quórum necesario para abrir la sesión.

El escenario en Diputados: 119 votos a diez del quórum

Hasta el momento, donde se registraron más reacciones al DNU fue en Diputados. Además del rechazo de las bancadas de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, también sumaron la oposición del interbloque Unidos. Entre esos tres sectores llegan a 119 diputados, a apenas diez del quórum necesario para habilitar la sesión y avanzar en el rechazo del decreto, que se consigue con mayoría simple.

«¿Por qué es urgente que se trate el DNU 941/2025 en comisión bicameral? Porque atenta contra los consensos democráticos que previenen la concentración de poder y contra la libertad de nuestro pueblo», afirmó el senador justicialista Jorge Capitanich, luego de que el decreto ingresara al Congreso.

Cinco amparos rechazados en la Justicia

No sólo hubo rechazos en el plano parlamentario, sino que algunos legisladores presentaron amparos en la Justicia, como fue el caso de Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, del interbloque Unidos. A ellos se sumaron dirigentes radicales alfonsinistas como Leopoldo Moreau y Federico Storani, el CELS, el Llamamiento Argentino Judío y la Fundación Apolo, ligada al partido Republicanos Unidos.

Los cinco amparos, por separado, fueron rechazados este jueves por el juez federal Lara Correa, quien siguió el criterio que había dictaminado el fiscal Fabián Canda. En lo central, el magistrado sostuvo que resolver esas medidas implicaría pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, una competencia que corresponde a los jueces naturales de la causa y no a los tribunales de feria.

«Cada magistrado/a natural en el ámbito propio de su conocimiento, es el que deberá evaluar la existencia, o no, de convergencias o divergencias entre las distintas causas iniciadas a efectos de determinar el potencial proceso colectivo», se excusó el juez de feria en el amparo de los diputados.

«Hay urgencias y urgencias. Para el juez Lara Correa el DNU 941, que está vigente y suspende garantías constitucionales desde el 2 de enero pasado, no reviste ninguna urgencia para su tratamiento. Para el Gobierno sí hubo urgencia para dictarlo», le respondió el socialista Esteban Paulón.

El debate pasa al Congreso

Con la vía judicial demorada, será el Congreso quien tendrá la tarea de debatir cuanto antes un decreto que se encuentra vigente desde su publicación en el primer día hábil del año. Aunque la posibilidad de discutirlo en el recinto quedará habilitada el 29 de enero, el escenario más probable es que la sesión se realice en la primera semana de febrero, cuando todos los legisladores hayan regresado del receso veraniego y se encuentren en Buenos Aires, dado que el reinicio de las extraordinarias está previsto para esa fecha.

La decisión del juez de feria de rechazar los amparos sin habilitar su tratamiento deja en manos del Congreso la única vía para frenar el DNU 941/2025. La oposición enfrenta el desafío de sumar diez diputados más para alcanzar los 129 necesarios para el quórum, en un contexto donde el PRO mantiene una posición indefinida y la UCR no expresó su postura sobre el decreto.

La estrategia del Gobierno de enviar el DNU al límite del plazo legal y la decisión de no conformar las comisiones bicamerales hasta marzo configuran una maniobra dilatoria que busca dificultar el tratamiento parlamentario de una reforma que organizaciones de derechos humanos, constitucionalistas y bloques opositores calificaron como inconstitucional y peligrosa para las libertades democráticas.

Puntos clave

• El Gobierno envió el DNU 941/2025 al Congreso en el límite del plazo legal y la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días hábiles para tratarlo.

• El juez de feria Walter Lara Correa rechazó habilitar el tratamiento de cinco amparos para suspender los efectos del decreto.

• La oposición en Diputados suma 119 votos entre Unión por la Patria, Frente de Izquierda e interbloque Unidos, a diez del quórum necesario.

• Villarruel y Menem no conformaron las comisiones bicamerales pese a reclamos opositores, y desde la Casa Rosada trascendió que no lo harán hasta marzo.

• El escenario más probable es que el DNU se trate en la primera semana de febrero, cuando los legisladores regresen del receso veraniego.