El proyecto de ley que apunta a modificar el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento para la adquisición de armas de destrucción masiva comenzó a ser debatido hoy por comisiones del Senado, donde funcionarios del Gobierno nacional ponderaron la medida y advirtieron sobre las consecuencias de no aprobar el proyecto ya sancionado por Diputados.

La reunión convocó esta tarde a los integrantes de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda con funcionarios del Ministerio de Economía, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El presidente de la Comisión de Justicia, el oficialista Oscar Parrilli, al dar comienzo al evento, anunció que se trataba de una audiencia “informativa” y anticipó que “eventualmente, en una próxima reunión, se emitirá dictamen”.

El proyecto sobre prevención y persecución de lavado de activos, que es impulsado por el Poder Ejecutivo y que fue aprobado por la Cámara de Diputados a mediados de abril, tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.

La sanción de esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe adaptar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.

El titular de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, dijo que “esta actualización tiende a cumplir con los estándares básicos que plantea GAFI que fijó como fecha del inicio de la evaluación para la Argentina, a partir de septiembre”.

“Aspiramos que esta evaluación sea positiva -señaló Casal-. Su resultado negativo traería consecuencias desagradables para nuestra patria y para el sector financiero”.

En el mismo sentido se expresó el titular de la UIF, Juan Carlos Otero, cuando aseguró que el GAFI “evalúa a un país, no a un gobierno” y aseveró que la evaluación, efectivamente, arranca en septiembre de este año y que, con una visita en marzo del año que viene, finaliza en octubre de 2024.

“Una mala evaluación generará sanciones económicas y otras medidas restrictivas como una reducción del acceso a los mercados internacionales, una merma en el acceso a ayuda y la posibilidad de que la Argentina sea catalogado como un país de alto riesgo”, enumeró Otero.

Además, por el contrario, agregó que la aprobación de la Ley le otorgará a la Argentina “mayores herramientas para combatir el crimen organizado y, en especial, el narcotráfico”.

Uno de los artículos del proyecto amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.

En ese sentido se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales que estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores que debe detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.

Al respecto, el director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Martín Breinlinger, enfatizó que, aunque es “información informal, hay alrededor de diez millones de cuentas de criptoactivos abiertas en la Argentina” y añadió que “es un número que iguala a las cuentas que existen en el mercado de capitales tradicional”.

“En la medida en que esta industria siga creciendo, la transmisibilidad de los shocks en la industria cripto tendrá un impacto en la estabilidad financiera de los países”, vaticinó Breinlinger.

Uno de los puntos del proyecto que generó mayor debate cuando fue tratado en Diputados fue por el artículo que incorpora a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y en ese sentido se estableció que no lo deberán hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación.

Al respecto, Luciana Trincheri, integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, señaló que, aunque los países tengan leyes específicas que regulan las labores de los profesionales del derecho, Argentina tiene que adoptar la recomendación del GAFI.

“Conforme a lo que exigen las normas internacionales, Argentina debe incluir a los abogados en esta ley. Los países que no lo tienen regulado (al trabajo de los abogados) les ha ido mal en las evaluaciones”, resaltó.