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Legislativo

El Senado debatirá la privatización de 11 empresas públicas

El proyecto de Ley Bases que debatirá mañana la Cámara de Senadores son las privatizaciones o concesiones de once empresas públicas, aunque hay dudas que se mantenga la venta Aerolíneas Argentinas.

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Uno de los puntos centrales contemplados en el proyecto de ley Bases que debatirá mañana la Cámara de Senadores son las privatizaciones o concesiones de once empresas públicas, aunque hay dudas que se mantenga la venta Aerolíneas Argentinas.

La libertad Avanza quiere mantener la propuesta contemplada en el dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General, pero hay resistencia de que pueda mantener en la lista a la empresa de aviación.

El oficialismo propone la privatización total de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa).

Pero en el caso de Aerolíneas Argentinas hay resistencias de los senadores del Sur como en caso del radical fueguino Pablo Blanco y de la chubutense Edith Terenzi que van a aprobar en general el dictamen de mayoría, pero se oponen a la venta de la empresa aérea al sostener que algunas provincias quedarán aisladas.

Si a ese rechazo se suman los 33 votos de UP y algún otro legislador dialoguista, el Gobierno corre el riesgo no solo que se elimina la privatización de Aerolíneas Argentinas, sino de las otras empresas que están comprendidas en el articulo 7 de la ley Base como RTA, Intercargo y Enarsa.

El resto de las empresas involucradas

En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA(Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales propone una concesión parcial es decir que estén abiertas a incorporar capital privado.

En cambio, en el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin.

En este caso se permite la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social, y además se exigirá que se requerirá el voto afirmativo para la toma de decisiones claves tanto para ampliar la capacidad de una central de generación eléctrica o para la construcción de una nueva.

Otra empresa sujeta a privatización será el Complejo Carbonífero, ferroviario y Portuario a cargo de de Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), aunque solo se permite también organizar un PPP y color una clase de acciones para ese fin debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación del mismo.

La Ley Bases establecerá que La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones deberá ser informada de la modalidad y procedimiento seleccionado conforme cualquier preferencia concedida a un potencial adquirente por parte del Poder Ejecutivo.

También las medidas adoptadas a fin de garantizar los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, igualdad, publicidad y gobierno abierto en los procesos de toma de decisión; y de toda otra circunstancia de relevancia vinculada al proceso de privatización, al tiempo que la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General la Nación actuarán en colaboración permanente con esta Comisión.

Economía 💲

El secreto que duró dos años: Bausili confirmó en el Senado que el oro argentino está en Suiza

El presidente del Banco Central confirmó ante el Senado que parte de los lingotes de oro de las reservas nacionales fueron trasladados en 2024 al Bank for International Settlements (BIS), con sede en Suiza, donde permanecen depositados. La revelación, que el gobierno había mantenido bajo reserva durante dos años, llegó a raíz de una pregunta de la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio y en el marco del debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

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El Argentino Diario-Oro Argentino a Suiza-BCRA.
Dos años de silencio y una pregunta del Senado destrabó el misterio: Bausili admitió que el oro del BCRA está en Suiza.

El gobierno de Javier Milei guardó durante más de dos años un silencio que la oposición calificó de inexplicable: el destino de parte de las reservas de oro del Banco Central, trasladadas al exterior durante 2024. Recién el 9 de septiembre de 2026, ante las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, el propio presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, reveló que esos lingotes se encuentran depositados en el Bank for International Settlements (BIS), el organismo multilateral con sede en Suiza que funciona como banco de bancos centrales.

La pregunta la hizo la senadora nacional por Buenos Aires Juliana Di Tullio, integrante de Unión por la Patria, quien desde hacía dos años reclamaba respuesta a pedidos de acceso a la información pública sin que el gobierno le respondiera. «¿Qué carajos hicieron con las 13 toneladas de oro?», disparó Di Tullio, según consignaron medios presentes en la sesión. Fue en ese contexto que Bausili tomó la palabra y brindó la primera explicación oficial sobre el destino del metal.

Una «oportunidad de mercado» que durmió dos años en secreto

La explicación de Bausili construyó una narrativa técnica sobre la decisión: el BCRA contaba con dos tipos de tenencias de oro, una parte física depositada en sus propias bóvedas y otra que ya se encontraba en el BIS. En 2024, según el funcionario, las condiciones del mercado internacional del oro abrieron una ventana para convertir lingotes de menor aceptación comercial en otros de mayor pureza y mejor liquidez, a un costo inferior al histórico. «Se trasladó y se depositó en el BIS de Suiza, que es donde siguen estando», precisó.

«A nosotros se nos dio la circunstancia a principios de 2024 de que había alta demanda por lingotes de oro en el mercado de oro y en ese contexto se bajaron los costos asociados con la aceptación de lingotes viejos de calidad más dudosa o más cuestionable o más difícil de analizar», explicó Bausili. Y añadió: «Tomamos una oportunidad. Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo mucho más bajo del histórico, convertir esos oros de calidad más baja en oro de calidad más alta».

Lo que Bausili no explicó con la misma fluidez fue por qué esa operación, presentada como una rutina de administración de activos, permaneció sin comunicación oficial durante más de dos años, hasta que la presión parlamentaria lo obligó a dar la cara.

El silencio y la «sensibilidad» de los datos

Para justificar la falta de información pública, Bausili invocó razones estratégicas: divulgar las posiciones del BCRA en el mercado podría facilitar que otros actores operen en contra de los intereses de la entidad y encarezcan las transacciones. «Hay cierta información que se resguarda del mercado para que no le estén operando constantemente en contra», sostuvo, según informó El Economista.

El argumento, sin embargo, choca con una realidad política: Di Tullio había presentado pedidos formales de acceso a la información pública, un mecanismo de control parlamentario garantizado por la Ley 27.275, y el Poder Ejecutivo los ignoró durante dos años. La «sensibilidad» del dato no alcanza como justificativo legal frente a una obligación de respuesta que el gobierno incumplió sistemáticamente.

Bausili defendió además la trazabilidad de las operaciones y afirmó que los movimientos del oro fueron revisados por auditorías internas, externas y por la Auditoría General de la Nación (AGN) para los ejercicios 2023, 2024 y 2025. «2023, 2024 y 2025 están y no tienen comentarios», sostuvo. Sin embargo, Di Tullio volvió sobre el asunto tras la exposición del funcionario para señalar que la AGN indicó que no existe trazabilidad sobre lo que se hizo con el oro, en aparente contradicción con lo expuesto por el titular del BCRA.

La reforma del BCRA: el telón de fondo

La revelación sobre el oro no fue el único dato relevante de la jornada en el Senado. La exposición de Bausili y del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, se encuadró en el debate por la reforma de la Carta Orgánica de la entidad, que busca concentrar el mandato del Banco Central exclusivamente en la preservación del valor de la moneda y limitar de manera drástica los mecanismos de financiamiento al Tesoro. El proyecto avanzó con dictamen de mayoría en la Cámara.

Werning estimó en 550.000 millones de dólares el daño patrimonial acumulado por el histórico financiamiento del Banco Central al Tesoro, una cifra que el oficialismo utilizó como argumento para defender la reforma. Bausili fue más explícito: «Ni siquiera se pudo cumplir el número uno, que era preservar el valor de la moneda», dijo en referencia a los cinco objetivos vigentes desde la reforma kirchnerista de 2012, que la actual gestión pretende reemplazar por un mandato único.

La combinación de ambos debates, el destino del oro y la nueva arquitectura institucional del BCRA, reveló la lógica de fondo del proyecto libertario: reducir el margen de maniobra de cualquier gobierno futuro sobre los activos externos y la política monetaria, mientras el oro ya trasladado al exterior permanece bajo custodia de un organismo multilateral sin que el Congreso haya sido informado en tiempo y forma.

Bausili intentó desactivar las sospechas con una frase que sintetizó la postura oficial frente a dos años de silencio: «Lo que pasa es que es atractivo armar una telenovela o una conspiración alrededor de esa historia, pero la historia es muy simple, muy lineal y está toda documentada».

Puntos clave

  • El presidente del BCRA, Santiago Bausili, confirmó ante el Senado que parte del oro de las reservas fue trasladado en 2024 al BIS, con sede en Suiza.
  • El gobierno mantuvo la operación bajo reserva durante más de dos años, ignorando pedidos formales de información parlamentaria.
  • La senadora Juliana Di Tullio señaló que la Auditoría General de la Nación indica que no existe trazabilidad sobre los movimientos del oro, en contradicción con los dichos de Bausili.
  • La revelación se produjo en el marco del debate por la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que avanzó con dictamen de mayoría.
  • Vladimir Werning estimó en 550.000 millones de dólares el daño patrimonial acumulado por el financiamiento del Banco Central al Tesoro.
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