Legislativo
Régimen penal juvenil: dictamen exprés y giro punitivo en Diputados
Con 75 firmas, el oficialismo y aliados avanzaron con un proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa y denunciaron un enfoque centrado en el castigo, con escaso sustento en políticas integrales de inclusión y derechos.
★ El oficialismo, junto a bloques aliados y sectores de la llamada oposición dialoguista, consiguió este martes firmar dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para avanzar con un nuevo Régimen Penal Juvenil, cuyo eje más controvertido es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El despacho reunió 75 firmas y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto en una sesión especial convocada para mañana a las 11.
El dictamen se firmó en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación Penal, Familia, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda, encabezado por la diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de Legislación Penal, quien confirmó el número de adhesiones durante el debate.
Mayoría legislativa y rechazo opositor
El texto fue respaldado por los bloques de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y el MID. En contraposición, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se negaron a acompañar la iniciativa y anticiparon dictámenes propios con un enfoque alternativo.
Desde esos espacios, las críticas apuntaron al sesgo punitivista del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y a la decisión de colocar el debate de la inseguridad juvenil casi exclusivamente en clave penal, sin una discusión de fondo sobre políticas sociales, educativas y de inclusión.
Qué propone el régimen impulsado por el Gobierno
Además de la baja en la edad de imputabilidad, el dictamen establece un régimen especial de minoridad que excluye la posibilidad de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para personas menores de edad.
El texto contempla un abanico de sanciones alternativas a la prisión, especialmente para delitos con penas menores a tres años, y prioriza medidas de carácter social y educativo en casos con penas de entre tres y diez años que no hayan provocado la muerte o lesiones graves. También establece que los menores no deben compartir lugares de detención con adultos e incorpora mecanismos orientados a la resocialización.
Uno de los puntos incorporados a pedido de bloques dialoguistas fue el financiamiento para la implementación del régimen. El dictamen prevé una asignación superior a 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia, según se informó durante el plenario.
Cruces, tensiones y un debate cargado
El tratamiento en comisión estuvo atravesado por fuertes cruces políticos. El intercambio más tenso se dio entre el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois y el legislador libertario Manuel Quintar, luego de que la presidencia del plenario diera inicio al debate sin la presencia de todos los integrantes.
Cuando Quintar comenzó a defender la baja de la edad de punibilidad, Grabois pidió esperar unos minutos para garantizar la participación completa de los legisladores. El diputado jujeño respondió con descalificaciones personales y acusaciones de montar un espectáculo político, lo que profundizó el clima de confrontación.
Más tarde, la diputada Victoria Tolosa Paz reconoció que el régimen penal juvenil vigente en Argentina es obsoleto, pero cuestionó con dureza la propuesta oficial. Señaló que el proyecto está “a la derecha de la derecha” y acusó al Gobierno de tener “una fijación con la pena y el castigo”. Además, confirmó que su bloque presentó un dictamen propio basado en criterios de especificidad, proporcionalidad de la pena, justicia restaurativa y reinserción social.
Desde el oficialismo, la diputada Silvana Giudici rechazó esas críticas y sostuvo que el proyecto no apunta a un castigo vengativo ni a la restricción de derechos. Afirmó que la iniciativa adecua el sistema penal juvenil a la Convención sobre los Derechos del Niño y al marco jurídico argentino. En ese sentido, citó experiencias comparadas y datos estadísticos utilizados por su bloque durante el debate parlamentario.
Un proyecto con respaldo numérico y cuestionamientos de fondo
Con el dictamen ya firmado, el oficialismo llega al recinto con una mayoría consolidada para aprobar la ley. Sin embargo, el debate dejó expuestas diferencias profundas sobre cómo abordar la problemática del delito juvenil y sobre el rol del Estado frente a niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.
Mientras el Gobierno y sus aliados insisten en la necesidad de endurecer el régimen como respuesta a la inseguridad, sectores de la oposición advierten que la baja de la edad de imputabilidad no resuelve las causas estructurales del problema y refuerza una lógica punitiva que, según sostienen, ya mostró sus límites.
Puntos clave
- El oficialismo logró 75 firmas para dictaminar el nuevo Régimen Penal Juvenil.
- El proyecto propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
- Se fija un máximo de 15 años de prisión y se excluye la perpetua.
- Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa y presentaron dictámenes alternativos.
- El texto incorpora partidas presupuestarias para su implementación. ★
Denuncia
Pagano contra la casta libertaria: “Karina tiene la lapicera y la llave de Olivos”
La diputada Marcela Pagano, que rompió con La Libertad Avanza y hoy lidera el monobloque Coherencia, disparó contra el corazón del poder libertario: acusó a Karina Milei de ser quien realmente gobierna, describió a los hermanos Menem como los «gerentes» del esquema y anticipó que habrá más denuncias contra funcionarios del Gobierno nacional.
Casi mil millones de pesos en contratos de mantenimiento adjudicados entre dos empresas del mismo grupo, sobrefacturación en catering presidencial, irregularidades en la Quinta de Olivos y un ex jefe de Gabinete imputado que tuvo que salir del Gobierno para explicar su patrimonio ante un fiscal. Son los cimientos de una arquitectura de denuncias que la diputada nacional Marcela Pagano viene construyendo, ladrillo a ladrillo, desde que rompió con La Libertad Avanza (LLA) en agosto de 2025.
Pagano conduce el monobloque Coherencia en la Cámara de Diputados y, en una entrevista difundida este fin de semana, apuntó con precisión quirúrgica contra la conducción del gobierno de Javier Milei. Su diagnóstico fue terminante: el proyecto que llevó al libertario a la Casa Rosada pasó de tener como eslogan «la casta tiene miedo» a convertirse en «la casta tiene despacho».
Karina manda, Javier pone la cara
El retrato más crudo del poder libertario que trazó Pagano tiene un nombre propio: Karina Milei, la secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario. «Javier tiene la banda y el micrófono; ella, la lapicera, la agenda y la llave de Olivos. Nadie la votó y decide quién entra y quién es candidato», aseguró la legisladora. En ese esquema, los hermanos Martín y Lule Menem funcionarían como los «gerentes» operativos: el primero manejando Diputados «como una escribanía» y el segundo armando las listas, con al menos 17 parientes en cargos públicos según información publicada en forma oficial.
El primer quiebre de Pagano con el oficialismo fue en abril de 2024, cuando fue postulada para presidir la Comisión de Juicio Político con el aval del entonces jefe de bloque Oscar Zago. El titular de la Cámara, Martín Menem, canceló la sesión de forma sorpresiva y la interna escaló, en particular con la diputada Lilia Lemoine, referente del entorno presidencial. Dieciséis meses después, Pagano formalizó su salida y en una carta pública le dijo al Presidente que estaba «cercado por oportunistas y aduladores» y que el proyecto original había sido abandonado.
El mapa de las denuncias
Pagano fue construyendo un expediente político y judicial de considerable alcance. Acusó penalmente al Presidente por «presunto desvío discrecional de fondos viales» orientado a comprar votos en el Congreso durante el debate de la Ley Bases. Solicitó el arresto del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien está imputado en el fuero federal por supuesto enriquecimiento ilícito e inconsistencias patrimoniales y tiene prohibición de salir del país. Y denunció licitaciones por casi 700 millones de pesos para el mantenimiento de Olivos y la Casa Rosada donde, según afirmó, las dos empresas «competidoras» pertenecían al mismo grupo empresario.
A ese mapa se sumaron las irregularidades en el catering presidencial, proveedores supuestamente falsificados, el contrato estatal de la asistente personal de Karina Milei y un crédito de 52.600 millones de pesos que el Banco Nación habría intentado otorgar a una empresa mientras trasladaba al gerente que se negó a firmarlo. «Va a haber más denuncias, pero yo no las anuncio, las presento: primero el sello de Comodoro Py, después el tuit», subrayó la diputada, precisando que ya concurrió dos veces a ampliar sus presentaciones por Olivos.
El miedo adentro de LLA y el silencio cómplice
Uno de los pasajes más reveladores de la entrevista fue la confirmación de que existen legisladores dentro de La Libertad Avanza que quieren desprenderse del espacio pero no pueden. «Son más de los que se imaginan», afirmó Pagano, quien reconoció mantener contacto con varios de ellos. Describió el clima interno como de «miedo real»: no solo al cargo perdido, sino al «carpetazo», al escrache desde cuentas anónimas y al cierre de puertas. «Yo también me callé un tiempo, hasta que entendí que el silencio me hacía cómplice. A ellos les digo lo mismo: las firmas quedan, y el que hoy firma por miedo mañana se lo va a tener que explicar a un juez», les advirtió.
2027 y el escenario de la herencia libertaria
Sobre el panorama electoral, Pagano rechazó la lectura de que el PRO estaría «copando» a LLA y planteó la hipótesis inversa: es Karina Milei quien usa al PRO, tomando sus dirigentes y votos mientras conserva la lapicera. Lo que sí está disuelto, según la diputada, es el proyecto original que la ciudadanía votó en 2023. Para 2027, anticipó una «pelea por la herencia» entre Milei y Macri, aunque descartó que eso cambie el contenido de fondo: «Es el mismo menú con distinto cocinero: ajuste al que labura, dólar barato y fábricas cerradas».
Respecto a la posibilidad de que los involucrados sean procesados, Pagano fue categórica: «Denunciados ya están porque yo misma denuncié al Presidente, a su hermana y a Adorni, y no soy la única». Aunque reconoció que en Argentina «las causas contra el poder suelen despertarse cuando el poder se termina», señaló que algo cambió: Adorni tuvo que renunciar y hoy explica su patrimonio ante un fiscal. Sobre la reelección, sintetizó: «La gente no vota expedientes, vota heladera, y con familias endeudadas y pymes que cierran, yo no la veo».
Lo que tenés que saber:
- La diputada Marcela Pagano afirmó que Karina Milei «es la que manda» en el Gobierno y que ningún ciudadano la votó para ese rol.
- Pagano confirmó que mantiene contacto con legisladores de LLA que quieren irse del espacio pero tienen miedo a represalias.
- Las denuncias de Pagano abarcan al Presidente, a su hermana, al ex jefe de Gabinete Adorni y a irregularidades en Olivos, catering y licitaciones millonarias.
- Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y está imputado en el fuero federal por enriquecimiento ilícito con prohibición de salida del país.
- Para 2027, Pagano anticipó disputa entre Milei y Macri por la «herencia» libertaria, pero sostuvo que ambos proyectos son «el mismo menú con distinto cocinero».
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