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Legislativo

Régimen penal juvenil: dictamen exprés y giro punitivo en Diputados

Con 75 firmas, el oficialismo y aliados avanzaron con un proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa y denunciaron un enfoque centrado en el castigo, con escaso sustento en políticas integrales de inclusión y derechos.

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★ El oficialismo, junto a bloques aliados y sectores de la llamada oposición dialoguista, consiguió este martes firmar dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para avanzar con un nuevo Régimen Penal Juvenil, cuyo eje más controvertido es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El despacho reunió 75 firmas y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto en una sesión especial convocada para mañana a las 11.

El dictamen se firmó en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación Penal, Familia, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda, encabezado por la diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de Legislación Penal, quien confirmó el número de adhesiones durante el debate.

Mayoría legislativa y rechazo opositor

El texto fue respaldado por los bloques de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y el MID. En contraposición, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se negaron a acompañar la iniciativa y anticiparon dictámenes propios con un enfoque alternativo.

Desde esos espacios, las críticas apuntaron al sesgo punitivista del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y a la decisión de colocar el debate de la inseguridad juvenil casi exclusivamente en clave penal, sin una discusión de fondo sobre políticas sociales, educativas y de inclusión.

Qué propone el régimen impulsado por el Gobierno

Además de la baja en la edad de imputabilidad, el dictamen establece un régimen especial de minoridad que excluye la posibilidad de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para personas menores de edad.

El texto contempla un abanico de sanciones alternativas a la prisión, especialmente para delitos con penas menores a tres años, y prioriza medidas de carácter social y educativo en casos con penas de entre tres y diez años que no hayan provocado la muerte o lesiones graves. También establece que los menores no deben compartir lugares de detención con adultos e incorpora mecanismos orientados a la resocialización.

Uno de los puntos incorporados a pedido de bloques dialoguistas fue el financiamiento para la implementación del régimen. El dictamen prevé una asignación superior a 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia, según se informó durante el plenario.

Cruces, tensiones y un debate cargado

El tratamiento en comisión estuvo atravesado por fuertes cruces políticos. El intercambio más tenso se dio entre el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois y el legislador libertario Manuel Quintar, luego de que la presidencia del plenario diera inicio al debate sin la presencia de todos los integrantes.

Cuando Quintar comenzó a defender la baja de la edad de punibilidad, Grabois pidió esperar unos minutos para garantizar la participación completa de los legisladores. El diputado jujeño respondió con descalificaciones personales y acusaciones de montar un espectáculo político, lo que profundizó el clima de confrontación.

Más tarde, la diputada Victoria Tolosa Paz reconoció que el régimen penal juvenil vigente en Argentina es obsoleto, pero cuestionó con dureza la propuesta oficial. Señaló que el proyecto está “a la derecha de la derecha” y acusó al Gobierno de tener “una fijación con la pena y el castigo”. Además, confirmó que su bloque presentó un dictamen propio basado en criterios de especificidad, proporcionalidad de la pena, justicia restaurativa y reinserción social.

Desde el oficialismo, la diputada Silvana Giudici rechazó esas críticas y sostuvo que el proyecto no apunta a un castigo vengativo ni a la restricción de derechos. Afirmó que la iniciativa adecua el sistema penal juvenil a la Convención sobre los Derechos del Niño y al marco jurídico argentino. En ese sentido, citó experiencias comparadas y datos estadísticos utilizados por su bloque durante el debate parlamentario.

Un proyecto con respaldo numérico y cuestionamientos de fondo

Con el dictamen ya firmado, el oficialismo llega al recinto con una mayoría consolidada para aprobar la ley. Sin embargo, el debate dejó expuestas diferencias profundas sobre cómo abordar la problemática del delito juvenil y sobre el rol del Estado frente a niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Mientras el Gobierno y sus aliados insisten en la necesidad de endurecer el régimen como respuesta a la inseguridad, sectores de la oposición advierten que la baja de la edad de imputabilidad no resuelve las causas estructurales del problema y refuerza una lógica punitiva que, según sostienen, ya mostró sus límites.

Puntos clave

  • El oficialismo logró 75 firmas para dictaminar el nuevo Régimen Penal Juvenil.
  • El proyecto propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
  • Se fija un máximo de 15 años de prisión y se excluye la perpetua.
  • Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa y presentaron dictámenes alternativos.
  • El texto incorpora partidas presupuestarias para su implementación. ★

Geopolítica 🌎

Legisladores debaten el desembarco de Thiel y convocan a una audiencia sobre “tecnofascismo”

Liderados por el diputado Juan Marino, legisladores de Unión por la Patria convocan para este viernes a las 10 una audiencia en la Cámara de Diputados para analizar los intereses económicos detrás de la presencia del magnate tecnológico Peter Thiel en la Argentina, los riesgos ambientales de los data centers de inteligencia artificial y el uso del territorio nacional como plataforma del denominado «tecnofascismo».

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El Argentino Diario-Peter Thiel-Palantir.
Thiel se reúne con toda la cúpula económica de Milei, nadie informa nada, y el Congreso sale a exigir explicaciones.

La irrupción de Peter Thiel en Buenos Aires ya no es un asunto que circule únicamente en ámbitos financieros o tecnológicos. El cofundador de Palantir Technologies, que adquirió una mansión valuada en unos 12 millones de dólares en Palermo Chico y mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo, el secretario de Política Económica José Luis Daza, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, llega ahora al centro del debate parlamentario. Diputados nacionales de Unión por la Patria organizaron una audiencia para el viernes 29 de agosto, a las 10, en la Cámara baja, con una agenda que combina análisis económico, jurídico, ambiental y filosófico sobre las implicancias de esa presencia.

Marino lidera la convocatoria; los funcionarios no responden

La organización de la audiencia está a cargo del diputado nacional Juan Marino, e integran la convocatoria sus pares Hugo Yasky, Kelly Olmos, Sabrina Selva, Juan Carlos Molina, José Glinski y Carlos Castagneto. Todos pertenecen al principal bloque opositor. El encuentro tiene un número significativo de invitados confirmados, provenientes de los campos del periodismo de investigación, la inteligencia artificial, los derechos humanos, el derecho y el ambientalismo. También se cursaron invitaciones formales al propio Thiel y a los funcionarios del Gobierno nacional que se reunieron con él. Ninguno respondió. Los pedidos de informes parlamentarios dirigidos a esos mismos funcionarios tampoco obtuvieron respuesta.

Quién es Thiel y por qué genera alarma

Thiel se instaló en Buenos Aires a comienzos de abril de 2026, atraído por las ideas del gobierno libertario, según trascendió en ese entonces. Es cofundador de PayPal y de Palantir Technologies, empresa de análisis de datos e inteligencia artificial cuyos contratos con agencias de defensa y seguridad estadounidenses la vinculan a operaciones de vigilancia masiva. El nombre de la compañía, tomado directamente de los videntes de cristal de la saga El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, no es una anécdota inocua: Thiel es un reconocido fanático de Tolkien y diseñó su marca corporativa alrededor de esa mitología. Precisamente por eso, cuando a mediados de agosto un grupo de manifestantes se plantó frente a su mansión en Barrio Parque vestidos como Gandalf, el gesto adquirió una dimensión irónica que recorrió el mundo. Tras ese escrache, Thiel canceló su participación en la cumbre «Vientos de Cambio», donde tenía previsto compartir escenario con Milei, Caputo y Sturzenegger.

El magnate tiene detractores en todo el mundo por la inserción de sus negocios en la industria bélica y por los efectos humanitarios y ambientales asociados a la expansión de data centers de inteligencia artificial. En Argentina, la preocupación se focaliza además en la posibilidad de que el territorio y los recursos naturales del país sean utilizados como plataforma de operaciones sin regulación efectiva ni control legislativo.

Una agenda multidisciplinaria para diseccionar el fenómeno

La audiencia del viernes articula distintas dimensiones del problema. El panel sobre economía e intereses convoca a los periodistas especializados Fernando Krakowiak, Juan Luis González, Valeria Di Croce, Juan Alonso, Nicolás Lantos, Giselle Leclerq y Emilse Garzón. Otro bloque, dedicado a «Poder Tecnológico, Datos Personales y Vigilancia», reunirá a la politóloga y periodista Natalia Zuazo, a la abogada de Amnistía Internacional Argentina Paola García Rey, al periodista y docente Esteban Magnani y al becario doctoral Mariano Caputo. El doctor en Ciencias de la Computación e investigador del Conicet Diego Fernández Slezak expondrá sobre regulación de la inteligencia artificial.

Para abordar la dimensión filosófica, histórica y política del «tecnofascismo» fueron convocados el historiador Elías José Palti, el sociólogo Ariel Goldstein y los periodistas Gil Durán y Julián Varsavsky. La perspectiva ambiental estará representada por referentes de Jóvenes por el Clima, Mercedes Pombo y Luna Rey Cano, quienes pondrán el foco en los impactos territoriales y comunitarios de la infraestructura tecnológica. El abogado Pablo Serdán aportará un análisis jurídico sobre la Ley General de Sociedades, y el analista chileno Juan Pablo Sanhueza Tortella ofrecerá una mirada comparada desde la experiencia de Thiel en Chile.

El silencio oficial como señal política

La negativa implícita del Gobierno a participar de la audiencia, o siquiera a responder los pedidos de informes parlamentarios, refuerza una lógica que se repite en el vínculo de la gestión Milei con el universo tecnológico-financiero globalizado: decisiones de enorme impacto para la soberanía y los recursos del país se adoptan sin deliberación pública ni control legislativo. Las reuniones de Thiel con la cúpula económica del Ejecutivo no se tradujeron en ningún comunicado oficial que explique qué se acordó, qué condiciones se ofrecieron ni qué compromisos se asumieron. En ese vacío informativo, la audiencia del Congreso emerge como el único espacio institucional donde el asunto será debatido con transparencia.

Puntos clave

  • Diputados de UxP organizan una audiencia parlamentaria para el viernes 29 de agosto a las 10 en la Cámara baja sobre la presencia de Peter Thiel en Argentina.
  • Thiel se instaló en Buenos Aires en abril de 2026, adquirió una mansión de USD 12 millones y se reunió con Milei, Caputo, Sturzenegger, Daza y Bausili.
  • Los funcionarios involucrados no respondieron los pedidos de informes parlamentarios ni las invitaciones a la audiencia.
  • La convocatoria incluye periodistas, especialistas en IA, juristas, ambientalistas y expertos en derechos humanos para analizar el impacto del «tecnofascismo».
  • Thiel canceló su participación en el foro «Vientos de Cambio» tras el escrache protagonizado por manifestantes disfrazados de Gandalf frente a su residencia en Barrio Parque.
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