Legislativo
Legisladores de UxP buscarán dictamen en Diputados para el proyecto de «Empleo Mipyme»
La iniciativa enviada el jueves pasado al Parlamento por el ministro de Economía, Sergio Massa, busca promover la condonación del 100% de los aportes patronales.
Los legisladores del oficialismo buscarán esta semana avanzar en la Cámara de Diputados con el trámite parlamentario del proyecto de ley «Empleo Mipyme» enviado por el Poder Ejecutivo, con la convocatoria a una reunión de comisión en la que expondrán funcionarios nacionales, en la que se podría concretar la firma del dictamen para habilitar su tratamiento en el recinto.
La iniciativa enviada el jueves pasado al Parlamento por el ministro de Economía, Sergio Massa, busca promover la condonación del 100% de los aportes patronales por 24 meses a las pequeñas y medianas empresas que incorporen nuevos trabajadores y la eximición del pago de deudas a aquellas que regularicen a trabajadores no registrados.
En base a la agenda parlamentaria prevista para esta semana, el miércoles a las 15.30 la Comisión de Presupuesto y Hacienda iniciará el debate con las exposiciones de la ministra de Trabajo, Raquel Olmos; del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; del secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren; y de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Ballestrini.
Tras la exposición de los funcionarios, el oficialismo buscará emitir dictamen sobre el proyecto de ley a partir la mayoría de integrantes con el que cuenta en ese cuerpo de trabajo.
La bancada presidida por Germán Martínez cuenta con 24 de los 49 integrantes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda; Juntos por el Cambio tiene 23; mientras que los dos restantes pertenecen al interbloque Provincias Unidas (gobiernos provinciales de Misiones y Río Negro) y al interbloque Federal (oficialismo cordobés, socialismo santafesino y tres peronistas bonaerenses).
«Trataremos el proyecto de la incorporación de trabajadores con dos años sin aportes, van a venir los funcionarios a explicarlo, pero con la idea de dictaminar el mismo miércoles, de manera que – el texto- esté disponible, si las autoridades del bloque y de la Cámara la quieren llevar, para la posible sesión del 19 de septiembre», anticipó el presidente de la comisión, Carlos Heller.
En relación la posibilidad de que la iniciativa avance, el también oficialista Daniel Arroyo, señaló que «es un buen proyecto, de los que tendrían que tener un consenso muy amplio, de esos que cuando después uno ve el tablero, debería dar 250 votos a favor porque claramente es algo positivo, no creo que nadie se exprese e contra».
Desde la oposición, por su parte, adelantaron que analizarán detalladamente el proyecto, ya que ingresó hace tres días, y varios legisladores coincidieron en advertir sobre su tratamiento en período electoral.
El pampeano del PRO, Martín Maquieyra, dijo que «esperamos escuchar a las autoridades del Gobierno y después dar espacio a los diputados para poder opinar y debatir, teniendo en cuenta que el proyecto recién ha ingresado».
«Parece de carácter electoral el proyecto, teniendo en cuenta, a priori, que es un gobierno que está terminando. Pero bienvenido que se puede debatir más allá de eso», agregó Maquieyra.
«Hay varios proyectos de oficialistas y opositores, es el oficialismo el que debe buscar los consensos. Si la oposición propone modificaciones razonables, el oficialismo debe escuchar», completó el legislador pampeano.
Por su parte, el presidente del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, dijo que «la iniciativa es muy buena; ahora tenemos que encontrar la forma de sacar esta discusión de la puja electoral y tratar este tema como una política de Estado».
«Tanto la reducción de contribuciones patronales para alentar nuevos empleos, como el programa para facilitar la regularización de relaciones laborales, son políticas fundamentales para las Pymes, que sostienen más del 70% del empleo nacional», agregó el tandilense.
A priori, el diputado comparte esta posición con la cordobesa Natalia de la Sota, aunque aclaró que aún no se debatió la postura puertas adentro del interbloque.
En cuanto al radicalismo, días atrás el diputado Jorge Rizzotti presentó un proyecto de ley de Empleo Joven, para la creación y preservación de puestos de trabajo registrado de las generaciones jóvenes mediante incentivos fiscales a micro, pequeñas y medianas empresas, con bastantes similitudes al impulsado por el Poder Ejecutivo.
El jujeño Rizzotti, en su proyecto, postula que «las personas a las que apunta beneficiar son las que tienen entre 18 y 30 años, extendiéndose a 16 en los términos de la Ley nacional 20.744 y sus modificatorias, con menos de 48 meses de aporte (continuos o discontinuos), sin aportes aún de empleo debidamente registrado, y monotributistas sociales (a quienes no se les tomará como aporte los que se hayan realizado en este régimen)».
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que consta de 21 artículos, ingresó el pasado jueves a la Cámara baja, tras ser anunciado el miércoles por la noche por el ministro de Economía, Sergio Massa.
Entre sus objetivos, el programa incluye la incorporación al mercado de trabajo formal de quienes actualmente perciben programas sociales, planes y prestaciones de la seguridad social «para transformarlos en trabajo formal y de calidad».
«Por 12 meses, el trabajador o trabajadora que tenga el plan y entre al mercado de trabajo va a seguir cobrando el salario social complementario y el empleador completará el salario», señaló el ministro, que destacó que quiénes ingresen tendrán «ART y obra social».
Asimismo, el proyecto establece que podrán acceder a este mecanismo los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales y de la sociedad civil.
El beneficio se concede «por un plazo de 24 meses contados a partir del inicio de la relación laboral, inclusive, y la magnitud de la reducción varía en función del tamaño de la persona empleadora y del hecho de que el trabajador o la trabajadora haya sido o no beneficiario o beneficiaria de ciertos programas sociales y de empleo», entre otras cuestiones.
Cultura
Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías
Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.
El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.
Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera
La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.
La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.
El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.
El sector advirtió por el impacto de la derogación
La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.
Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.
En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.
La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.
Advierten por el futuro de las librerías de barrio
Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.
María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».
En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.
Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.
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